El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández recuperó su libertad a finales de 2025, luego de recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, decisión que dejó sin efecto la condena por narcotráfico que cumplía en Estados Unidos. El perdón marcó un giro abrupto en un caso que durante años fue presentado por fiscales estadounidenses como un ejemplo de que incluso exmandatarios extranjeros podían rendir cuentas ante la justicia.

A casi un mes de su salida de prisión, Hernández mantiene un perfil público selectivo, sin responder de manera directa a las interrogantes que hoy concentran la atención: qué hace actualmente, cuáles son sus planes a futuro y si contempla regresar a Honduras o reincorporarse a la política.

Desde su liberación, el exmandatario ha reaparecido en entrevistas y pódcasts de medios conservadores estadounidenses, entre ellos One America News y The Roger Stone Show. En esos espacios ha reiterado que fue víctima de una persecución política y ha cuestionado el proceso judicial en su contra, asegurando que su condena se basó en testimonios de narcotraficantes que —según sostiene— buscaban beneficios legales a cambio de incriminarlo.

Paralelamente, Hernández ha reforzado ese mensaje a través de sus redes sociales, donde ha publicado videos en plataformas como X y TikTok. En ellos agradece públicamente a Trump por el indulto y describe su encarcelamiento como una prueba personal y espiritual. Sin embargo, evita pronunciarse sobre planes concretos relacionados con su futuro político o personal.

De acuerdo con publicaciones en X del asesor conservador Roger Stone, aliado político de Trump que promovió activamente el caso de Hernández antes del indulto, el expresidente se encuentra actualmente en Miami, sin poder regresar a Honduras por supuestos motivos de seguridad. Tanto su familia como su equipo legal han señalado que enfrenta amenazas de muerte en su país, las cuales atribuyen a su pasado político y judicial.

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Stone afirmó además que las visas de la esposa e hijos de Hernández habrían sido revocadas, lo que ha impedido su reunificación familiar. Esta versión fue respaldada públicamente por Ana García de Hernández, quien también se refirió al tema en redes sociales.

Costa Rica acudirá a las urnas el próximo domingo para elegir a su nuevo presidente, en un proceso electoral marcado por la inseguridad y el avance del narcotráfico, con una candidata de derecha como clara favorita, impulsada por su promesa de aplicar una política de mano dura contra el crimen organizado.

La oficialista Laura Fernández, politóloga de 39 años, encabeza las encuestas con cerca del 40 % de la intención de voto, porcentaje mínimo requerido para ganar en primera vuelta. La aspirante ha expresado admiración por la estrategia de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y ha convertido el combate frontal a las pandillas y al narcotráfico en el eje central de su campaña.

De confirmarse su victoria, Fernández ampliaría la presencia de gobiernos de derecha en América Latina, tras recientes triunfos en países como Chile, Bolivia, Perú y Honduras. No obstante, el panorama electoral aún presenta incertidumbre, ya que aproximadamente un tercio del electorado permanece indeciso, de acuerdo con los sondeos.

Unos 3.7 millones de costarricenses están convocados a votar para elegir presidente y a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030. El proceso se desarrolla en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la inseguridad y la percepción de retroceso en los logros sociales que durante décadas distinguieron al país como uno de los más seguros de la región.

En total, 20 aspirantes presidenciales compiten por el cargo. Sin embargo, Fernández mantiene una amplia ventaja de alrededor de 30 puntos sobre su rival más cercano, el economista de centroderecha Álvaro Ramos.

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Analistas atribuyen su liderazgo al respaldo implícito del presidente Rodrigo Chaves, cuya popularidad se sustenta en una retórica confrontativa y sarcástica que conecta con un amplio sector de la población, especialmente en medio del descontento por el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico.

El Gobierno de España ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático acreditado en ese país, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en respuesta a la decisión previa de Managua de expulsar al embajador español y a su segundo jefe de misión.

La Cancillería española calificó la medida como “estrictamente recíproca” y consideró injusta la decisión adoptada por el Gobierno nicaragüense. En un comunicado oficial, el ministerio señaló que la expulsión de los diplomáticos nicaragüenses se produce como respuesta directa a la acción tomada por Managua un día antes.

“España decidió ordenar la expulsión del embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua”, indicó la cartera de Estado.

Pese a la escalada diplomática, el Gobierno español reiteró su disposición a mantener relaciones cordiales con la población nicaragüense. “El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”, agregó el comunicado.

Las relaciones entre ambos países se han mantenido tensas durante los últimos años, principalmente por las reiteradas críticas de España a la represión del presidente Daniel Ortega contra dirigentes de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. Madrid también ha respaldado las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y el deterioro del sistema democrático.

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Este nuevo episodio se suma a fricciones diplomáticas previas, como la llamada a consultas del embajador español en Managua en 2021. Aunque las relaciones fueron restablecidas posteriormente con el nombramiento de nuevos embajadores en 2023, el vínculo bilateral volvió a deteriorarse tras las recientes expulsiones.

El embajador español en Nicaragua, Sergio Farré, había sido designado en el cargo en diciembre, según el Boletín Oficial del Estado. Hasta el momento, el Gobierno nicaragüense no ha ofrecido una explicación oficial sobre la expulsión de los diplomáticos españoles.