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Centroamérica

Expresidentes de Costa Rica rechazan candidato de Nicaragua para liderar el SICA

Ocho expresidentes costarricenses rechazaron este domingo la recomendación divulgada por el Gobierno actual de nombrar al nicaragüense Werner Vargas como secretario general del Consejo de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Los exmandatarios, que hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), argumentaron que resulta «incongruente (…) avalar la elección de un candidato propuesto por el régimen despótico y opresor que gobierna Nicaragua, para que ocupe el principal cargo del sistema de la integración centroamericana».

En una carta abierta dirigida al presidente, Rodrigo Chaves, los ex jefes de Estado Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier, Laura Chinchilla, Abel Pacheco, José María Figueres, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado Quesada, externaron los motivos por los que rechazan el nombramiento de Vargas.

En primer lugar, recordaron que, en el informe de marzo pasado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, documentó los casos de 43 personas aún detenidas en Nicaragua en el contexto de las elecciones de 2021, como también la muerte de uno de ellos en prisión.

Así mismo, recordaron que reseñó igualmente «34 personas sentenciadas a cárcel sin las garantías procesales, 92 casos de personerías jurídicas canceladas a Universidades, ONGs y fundaciones, y cerca de 150.000 nicaragüenses que tan sólo en el 2021 huyeron del país».

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El pasado 23 de junio el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA adoptó la decisión de recomendar la elección de Vargas, según informó la Cancillería de Costa Rica.

«Dicha elección resultaría altamente inconveniente a la luz de los principios que han orientado nuestra política exterior, de los instrumentos regionales que velan por la seguridad y estabilidad de Centroamérica, y de los intereses de seguridad nacional de nuestro país», señalaron los expresidentes.

Ocho expresidentes costarricenses rechazaron este domingo la recomendación divulgada por el Gobierno actual de nombrar al nicaragüense Werner Vargas como secretario general del Consejo de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Los exmandatarios, que hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), argumentaron que resulta «incongruente (…) avalar la elección de un candidato propuesto por el régimen despótico y opresor que gobierna Nicaragua, para que ocupe el principal cargo del sistema de la integración centroamericana».

En una carta abierta dirigida al presidente, Rodrigo Chaves, los ex jefes de Estado Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier, Laura Chinchilla, Abel Pacheco, José María Figueres, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado Quesada, externaron los motivos por los que rechazan el nombramiento de Vargas.

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En primer lugar, recordaron que, en el informe de marzo pasado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, documentó los casos de 43 personas aún detenidas en Nicaragua en el contexto de las elecciones de 2021, como también la muerte de uno de ellos en prisión.

Así mismo, recordaron que reseñó igualmente «34 personas sentenciadas a cárcel sin las garantías procesales, 92 casos de personerías jurídicas canceladas a Universidades, ONGs y fundaciones, y cerca de 150.000 nicaragüenses que tan sólo en el 2021 huyeron del país».

El pasado 23 de junio el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA adoptó la decisión de recomendar la elección de Vargas, según informó la Cancillería de Costa Rica.

«Dicha elección resultaría altamente inconveniente a la luz de los principios que han orientado nuestra política exterior, de los instrumentos regionales que velan por la seguridad y estabilidad de Centroamérica, y de los intereses de seguridad nacional de nuestro país», señalaron los expresidentes.

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Centroamérica

Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

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Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

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Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

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Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

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