Internacionales
Estados Unidos acusa a Irán de conspirar para matar a exasesor de la Casa Blanca
AFP
Estados Unidos anunció cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por supuestamente conspirar para matar al exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton, una acusación que Teherán calificó el jueves como «ficción».
El Departamento de Justicia dijo el miércoles que Shahram Poursafi, de 45 años, había ofrecido a pagarle a una persona en Estados Unidos 300.000 dólares para matar a Bolton, exembajador ante las Naciones Unidas.
El plan aparentemente era en represalia por la muerte de Qasem Soleimani, destacada figura y comandante de la Guardia, asesinado en enero de 2020 en Irak en un ataque estadounidense. Según los cargos, Poursafi es miembro de la Fuerza Quds de élite de la Guardia.
El Departamento de Justicia dijo que sigue prófugo, presumiblemente en Irán.
Pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, acusó a Estados Unidos de hacer «acusaciones sin proporcionar pruebas válidas, creando una nueva obra de ficción».
«La República Islámica advierte contra cualquier acción que tenga como objetivo a los ciudadanos iraníes recurriendo a acusaciones ridículas», agregó.
La acusación contra Poursafi tiene lugar cuando Irán evalúa un acuerdo internacional propuesto en las conversaciones de Viena para revivir el pacto internacional de 2015 que busca evitar que Teherán desarrolle armas nucleares.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018.
Durante meses, Teherán ha retrasado el acuerdo, exigiendo que Estados Unidos elimine su designación oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización patrocinadora del terrorismo.
Documentos judiciales estadounidenses señalan que en octubre de 2021 Poursafi, desde Irán, se puso en contacto con una persona no identificada en Estados Unidos diciendo que quería encargar fotografías de Bolton.
Esa persona contactó a Poursafi con otra persona, a quien Poursafi luego le pidió que matara a Bolton por 300.000 dólares. También le planteó la posibilidad de un segundo objetivo que le daría al presunto asesino un millón de dólares.
Los documentos judiciales no identificaron a ese objetivo pero, según el medio de comunicación estadounidense Axios, se trataba del exsecretario de Estado y exdirector de la CIA Mike Pompeo.
Pero la persona con la que estaba en contacto Poursafi era un informante de la Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, policía federal), de acuerdo con los documentos judiciales.
Una declaración jurada del FBI describe cómo el informante puso evasivas durante meses mientras los investigadores parecían buscar más información sobre Poursafi, su organización, sus superiores, y su aparente red en Estados Unidos.
Poursafi fue acusado del uso de facilidades de comercio interestatal en la comisión de asesinato a sueldo, que conlleva hasta 10 años de prisión, y de intentar proporcionar apoyo material a un complot de asesinato transnacional, que conlleva una sentencia de 15 años.
«Si Irán ataca a cualquiera de nuestros ciudadanos, incluidos aquellos que continúan sirviendo a Estados Unidos o los que sirvieron anteriormente, Irán enfrentará graves consecuencias», dijo el actual asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, después de que se anunciaran los cargos.
Internacionales
Operativo internacional deja más de 8,700 detenidos y miles de armas decomisadas
Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3,308 armas de fuego ilegales, 56 toneladas de drogas y la captura de más de 8,700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, informó la Organización Internacional de Policía Criminal.
La operación, denominada “Orca XI”, se desarrolló durante seis semanas, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos.
Según el informe divulgado por Interpol desde su sede en Lyon, además de las armas decomisadas, las fuerzas de seguridad confiscaron cerca de 200,000 municiones, 256,025 dólares en efectivo y 210 vehículos.
La organización destacó que el tráfico ilícito de armas en la región mantiene una estrecha relación con otros delitos como narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos cibernéticos.
El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, afirmó que las armas retiradas de circulación y la droga decomisada representan “un progreso real en la lucha contra el crimen organizado”.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó que la operación demuestra que “la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados”.
Entre los casos más relevantes reportados durante el operativo, Colombia informó sobre la captura de 22 personas investigadas por financiación del terrorismo y tráfico de armas.
En Panamá, dos sospechosos fueron arrestados por presunto contrabando de armas mediante servicios de mensajería y correo, mientras que en Brasil las autoridades desmantelaron una red criminal vinculada al narcotráfico y posesión ilegal de armas.
Asimismo, en Chile una investigación permitió la captura de tres personas y el decomiso de 580 kilogramos de drogas valoradas en aproximadamente 5.6 millones de dólares, además de nueve pistolas. Las autoridades chilenas también congelaron 11 cuentas bancarias relacionadas con operaciones de lavado de dinero.
En el operativo participaron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam, entre otros países de la región.
Centroamérica
Félix Ulloa se reúne con representante japonés para abordar desarrollo y modernización
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, recibió al asesor del ministro y director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, con quien abordó diversos temas relacionados con la transformación y desarrollo del país.
En el encuentro también participaron el embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, y el embajador salvadoreño en Japón, Diego Dalton.
De acuerdo con información de la vicepresidencia, Ulloa expuso el momento histórico que atraviesa El Salvador tras los avances alcanzados en materia de seguridad, y señaló que el país se encuentra en una nueva etapa orientada hacia el crecimiento económico y la modernización del Estado.
Durante la reunión, el vicepresidente también destacó el potencial energético nacional, especialmente en áreas como energías renovables y geotermia, como parte de la estrategia para atraer inversión y fortalecer el desarrollo económico.
Por su parte, Motoyuki Ishize expresó la disposición del Gobierno japonés de continuar fortaleciendo la cooperación con El Salvador, resaltando la importancia de acompañar el desarrollo de los países aliados bajo principios de respeto mutuo y crecimiento compartido.
El funcionario japonés también compartió la visión de su país sobre la relevancia estratégica del océano Pacífico para el crecimiento económico global y las oportunidades de integración regional.
Asimismo, la Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que avanzar en la agenda bilateral y consolidar los históricos lazos de amistad fue el principal objetivo de la II Reunión de Consultas Políticas entre ambas naciones.
El encuentro fue presidido por la vicecanciller Adriana Mira y el asesor japonés Motoyuki Ishize, como parte de los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la cooperación entre ambos países.
Internacionales
Estados Unidos acusa a Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
La acusación fue presentada ante una corte federal del Distrito Sur de Florida y sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, habría ordenado la operación que provocó la muerte de cuatro aviadores, entre ellos tres cubano-estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.
El caso trascendió previo a un acto encabezado en Miami por el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, en la emblemática Torre de la Libertad.
La acusación también incluye a varios militares cubanos señalados como presuntos participantes en el derribo de las aeronaves.
Mientras el Gobierno cubano sostuvo en su momento que las avionetas habían ingresado a su espacio aéreo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.
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