El despliegue de agentes armados, encapuchados y con chalecos antibalas en operativos urbanos ha llevado a especialistas en derecho internacional a cuestionar las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Las acciones, desarrolladas durante la administración del presidente Donald Trump, han abierto un debate sobre los límites legales en la aplicación de la política migratoria.

Las imágenes de agentes con apariencia militar patrullando distintas ciudades han generado preocupación entre juristas y organizaciones civiles. “Campan a sus anchas por las calles. De algún modo se sienten libres para perfilar étnicamente a la gente y decir: ‘Pareces hispano, aumentan las probabilidades de que seas inmigrante ilegal’”, afirmó a EFE Kenneth Manusama, experto en derecho constitucional e internacional.

La reciente muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good reactivó la discusión pública sobre el uso de la fuerza por parte de la agencia, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Para Manusama, el organismo opera ahora con “un estilo mucho más paramilitar y una dirección política clara: deportaciones masivas; para eso necesitas una agencia masiva, y esa es ICE”.

El académico advirtió sobre el riesgo de que la forma y función del cuerpo lo conviertan en un brazo represivo del Estado. “El hecho de que vayan equipados como militares, patrullen las calles y pidan documentos de forma aleatoria, siendo además un brazo del Gobierno, los convierte en un grupo paramilitar, algo muy de régimen autocrático”, sostuvo.

Manusama añadió que algunos comparan su accionar con el de “la Gestapo alemana de la época nazi”, aunque aclaró que no se trata de deportaciones hacia centros de exterminio. “Quieren deportar, pero se ha concentrado claramente en personas negras y de piel oscura, eso es innegable”, dijo.

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Asimismo, cuestionó los procesos de formación del personal. Según el experto, un joven de 18 años puede integrarse a la agencia tras apenas ocho semanas de entrenamiento. “Es una receta para el desastre”, afirmó, al advertir que algunos ingresan con posturas extremas y actitudes agresivas hacia los inmigrantes.

Desde una perspectiva legal, el exabogado de la Corte Penal Internacional James A. Godson también expresó preocupación por el volumen de denuncias acumuladas contra la institución.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el sábado a su homólogo hondureño, Nasry “Tito” Asfura, luego de sostener una reunión en el resort de Mar-a-Lago, en Florida. El mandatario republicano fue uno de los principales respaldos internacionales del líder centroamericano durante la campaña electoral.

Asfura, empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa, juró el cargo la semana pasada tras imponerse en las elecciones celebradas en noviembre. Durante el proceso, Trump había advertido que podría cortar la ayuda al país más pobre de Centroamérica si su “amigo” resultaba derrotado.

“Tuve una reunión muy importante con mi amigo, y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Una vez que le di mi sólido respaldo, ¡ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘America First’. Tenemos una estrecha asociación en materia de seguridad”, añadió.

Por su parte, Asfura calificó el encuentro como “productivo” y aseguró que ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de fortalecer la inversión y el comercio bilateral.

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“Honduras está lista para crecer, atraer inversión y consolidarse como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad”, expresó el mandatario el domingo.

La Presidencia hondureña difundió además una fotografía en la que ambos líderes aparecen sonrientes y levantando el pulgar.

En declaraciones a periodistas en Florida, Asfura explicó que también abordó con Trump la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños. El beneficio fue revocado el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional, aunque posteriormente la medida quedó sin efecto tras la intervención de un juez federal.

Alrededor de 60,000 hondureños se amparan en el TPS, otorgado a quienes llegaron a Estados Unidos luego de que el huracán Mitch devastara el país centroamericano en 1998, lo que les permite residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

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El Salvador se ubicó entre los países con las tasas de homicidios más bajas de América Latina durante 2025, según cifras oficiales presentadas por el Gobierno y comparaciones regionales. El país cerró el año con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, resultado de una reducción sostenida de la violencia en años recientes.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Ampliado, en 2025 se registraron 82 homicidios en todo el territorio nacional, y las autoridades afirmaron que el 100 % de estos casos fueron resueltos. Esto representa un cambio significativo en los indicadores de seguridad y sitúa a El Salvador entre las naciones con mejores resultados en materia de criminalidad en la región.

Las autoridades atribuyen esta baja sostenida a la continuidad de estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele que han permitido disminuir de forma constante los índices de violencia desde 2019.

La situación en otros países latinoamericanos fue distinta durante 2025. Por ejemplo, Argentina se ubicó entre los países con tasas de violencia homicida más altas que El Salvador, aunque también registró cifras relativamente bajas en comparación con décadas anteriores.

En Chile, las cifras preliminares mostraron una reducción en tasa de homicidios en 2025 en comparación con años anteriores, aunque aún se mantiene por encima de la registrada en El Salvador. Venezuela reportó tasas superiores y también mostró disminuciones respecto a 2024. En Uruguay, la violencia homicida se redujo ligeramente, pero las tasas se mantuvieron más elevadas que en El Salvador. (Comparaciones basadas en informes regionales)

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Los datos reflejan una tendencia de mejora en la seguridad en varios países de la región, aunque El Salvador destaca por sus cifras históricamente bajas y el avance en la resolución de casos de homicidio.