AFP | por Juan RESTREPO

La Armada colombiana realizó este fin de semana una «demostración de fuerza» en varios barrios de Buenaventura, principal puerto del Pacífico asolado por dos bandas rivales con armamento pesado que libran una guerra sin cuartel a costa de una población atemorizada. 

Los «Shottas» y los «Espartanos» llevan meses luchando por el control del narcotráfico y otras actividades ilegales, entre ellas extorsión y secuestro.

El martes el presidente de izquierda Gustavo Petro visitará el puerto principal sobre el Pacífico,  por donde pasa el 40 % del comercio internacional de Colombia y la mayor parte de la cocaína con destino a Estados Unidos.

Con la actividad mercantil y criminal avanza la violencia. La tasa de homicidios es una de las más altas de Colombia (576 entre 2017 y 2021, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares, sin contar los secuestros y otras desapariciones forzadas).

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«Los dos grupos se han hecho con el comercio legal, sobre todo de alimentos: huevos, queso, fruta… Nada se les escapa. Hasta el punto de que son capaces de fijar el precio de ciertos alimentos básicos», dijo a la AFP Juan Manuel Torres, investigador de Pares. 

«Lo que estamos presenciando en estos momentos es una nueva guerra urbana, en la que lo que está en juego es el control territorial de los barrios», explica Torres, quien advierte que «la situación se ha descontrolado». 

Casas de pique

El incidente más reciente fue cuando miembros de las dos bandas se enfrentaron durante varias horas con armas automáticas el 30 de agosto, una «noche de terror».

Ahogada en el corazón del manglar, Buenaventura (entre 350.000 y 500.000 habitantes, el 90% afrocolombianos) se extiende hasta su estratégico puerto, a lo largo de una avenida superpoblada, con barrios populares a ambos costados donde reina las mafias. 

«Shottas» y «Espartanos» se reparten el control de estas modestas casas de ladrillo, edificios a medio terminar protegidos por barras de hierro, casuchas de madera sobre pilotes y refugios de hojalata rodeados de agua y basura. 

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Sucedieron a los paramilitares y a la guerrilla, que ya se financiaban con el narcotráfico y aterrorizaban a la población local con masacres y atentados hasta la década de 2000.

Nacidas en el seno del mismo grupo criminal («La Local»), las dos bandas han extendido considerablemente su dominio desde finales de 2020 a los numerosos rincones de los pantanos que bordean la ciudad, sometiendo a Buenaventura con una violencia hecha de tiroteos, secuestros, extorsiones.

También siniestras «casas de pique», como los llaman los habitantes, donde los cuerpos de los secuestrados acaban siendo descuartizados antes de ser arrojados, lejos de la vista, al agua.

Según datos oficiales, al menos 880 personas han desparecido en Buenaventura en las últimas dos décadas, la mayoría a la fuerza.

Fronteras invisibles

Mientras el presidente Petro es esperado en Buenaventura el martes para intentar implementar su gran proyecto de «paz total» para el país, la policía y la Armada colombiana patrullan los barrios día y noche. 

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Su presencia se concentra en las calles más afectadas por la violencia, a menudo las zonas de enfrentamiento entre los dos grupos, conocidas aquí como «fronteras invisibles». Los disparos son casi diarios y los asustados habitantes se atrincheran en sus casas al caer la noche. 

Durante el recorrido, los miembros de la fuerza pública avanzan con cautela. «Los bandidos pueden disparar contra nosotros en cualquier momento», advierte el teniente coronel Samuel Aguilar, comandante del Batallón de Infantería de Marina 24. 

«Las dos bandas están en guerra entre sí aquí y no les gusta que interfiramos con ellas. Junto con la policía, intervenimos para que no se posicionen en los barrios y pongan en peligro a la población civil», añade el oficial, obligado a reconocer la dificultad de su misión.

«Ha habido muchos cambios en Buenaventura en el último año, y lamentablemente no a favor de la comunidad», concluye el uniformado.

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