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Indígenas y afros atizan su disputa por la tierra en Colombia

JOAQUIN SARMIENTO / AFP

AFP | por Juan Sebastian SERRANO

En una hacienda tomada a la fuerza por indígenas nasa, el ganado avanza devorando la caña. Los nuevos ocupantes quieren destruir el monocultivo de la región azucarera de Colombia. Sus vecinos afro denuncian la «invasión» de sus predios.

El conflicto es latente en el fértil valle del norte del departamento de Cauca. Ambas comunidades se han enfrentado reclamando las tierras de sus ancestros.

El ascenso al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, muy popular entre los pueblos originarios, animó a los indígenas a «recuperar» nuevos territorios. 

Cuando irrumpen por decenas chocan con los trabajadores de la industria de la caña y los negros asentados en el valle desde hace más de un siglo. «¿De dónde pueden decir (los Nasa) que esto es de ellos? Si nuestros ancestros toda la vida han estado aquí», se queja un líder negro en entrevista con AFP.

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Alrededor de 2.500 afros viven en Severo Mulato, un terreno de 400 hectáreas que colinda con varias haciendas ocupadas. La mayoría se presenta como «pequeños y medianos cañicultores», el mismo cultivo que desprecian los Nasa porque, según ellos, seca los suelos y enriquece únicamente a los ingenios azucareros.

Los Nasa quieren «construir la casa de ellos sobre la nuestra», resume el afro, hablando bajo reserva por temor a los indígenas que, denuncia, usan bombas molotov en sus «invasiones».

«Piedra y garrote»

Las tomas son más frecuentes desde que se instaló el nuevo gobierno el 7 de agosto. Sólo en Cauca van 30, nueve de ellas en el último mes, según la policía. 

Petro prometió redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra, según la ONG inglesa Oxfam. 

El acceso a la tierra está en el corazón del conflicto que por casi seis décadas ha desangrado a Colombia. Primero, campesinos se levantaron en armas exigiendo equidad y luego paramilitares de ultraderecha despojaron violentamente a miles de familias de sus predios para venderlos a terratenientes.

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Ante el aumento de las invasiones, que se extienden a siete de los 32 departamentos colombianos, el gobierno manifestó su rechazo y advirtió que la policía hará desalojos «dentro de las 48 horas siguientes» a la toma.

Los Nasa «van cortando lo que se les viene a la cabeza (…) van construyendo rancho, quemando», relata el líder afro, señalando con su machete la caña chamuscada. Los indígenas, asegura, destruyeron cinco de sus hectáreas sembradas. 

Tras la abolición de la esclavitud, en 1851, los negros compraron terrenos a cambio de trabajo. Hoy la mayoría siembra caña y la vende a grandes ingenios de la región. «Cuando nos hemos enfrentado (con los indígenas) nos ha tocado con piedra porque no tenemos otra arma: piedra y garrote», detalla.

Vida por tierra

Hasta hace un año el asentamiento de Severo Mulato colindaba con una hacienda azucarera. Unas 400 familias «sin tierra» ocuparon la propiedad. Sin puertas ni ventanas, en la casa duermen mujeres y niños agobiados por los mosquitos.

Decidimos «venir a poner nuestras vidas (en riesgo) por un derecho a un pedazo de tierra», explica a la AFP el líder del grupo, que cubre su rostro por miedo a la «persecución judicial».   

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La colonización y los terratenientes nos hicieron «correr hacia las cordilleras» donde las tierras son para la conservación y no para la agricultura. Conforme crecieron las poblaciones, se vieron forzados a tumbar bosque para cultivar alimentos a costa de la fauna y fuentes hídricas, añade.

Decidieron entonces «recuperar» el valle, destruir la caña y sembrar plátano, arroz y maíz para subistir. Los resguardos indígenas abarcan casi el 20 % del departamento de Cauca. Los originarios -casi el 20 % de la población- alegan que el 80 % de sus terrenos son de «vocación forestal».

«Si repartimos ese 20 % de tierra que tenemos algo productiva, nos tocaría un tercio de hectárea por familia, entonces nosotros no tenemos tierra», explica un indígena encapuchado que coordina las ocupaciones por radioteléfono.

Desde 2005, cuando se tomaron las primeras haciendas, 12 indígenas han muerto en choques con la fuerza pública. Hoy se asientan en 1.500 hectáreas. Troncos y zanjas impiden el avance de la policía que intenta desalojarlos.

El gremio de los cañeros denuncia la pérdida de «cerca de 6.000 mil empleos». La industria lleva más de 50 años generando «desarrollo en estas comunidades», dice Juan Carlos Agudelo, vocero de los trabajadores que bloquearon por 20 días una carretera reclamando su «derecho al trabajo». 

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Sin embargo, en Cauca los indicadores de pobreza (58 %) son más altos que el promedio nacional (39,5 %).

Hay «comunidades que no tienen escuelas, que no tienen vivienda, que no tienen acueducto ¿Dónde está el desarrollo?», cuestiona el coordinador de las ocupaciones.

Dentro de su programa de reforma, Petro prevé ceder a los «colombianos más vulnerables» propiedades incautadas a narcotraficantes y ha llamado a negros e indígenas a bajar la tensión.

Si el diálogo propuesto por el gobierno no avanza «entonces vamos a seguir nuestro proceso porque tenemos miles de familias que carecen de un pedazo de tierra», anticipa uno de los líderes ocupantes. 

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El Departamento de Seguridad Nacional aclara error sobre libertad condicional de ucranianos en EE.UU.

Esta semana, varios ucranianos que residen legalmente en Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional humanitaria de la administración Biden recibieron un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instándolos a abandonar el país, lo que causó pánico entre ellos. El mensaje, recibido el jueves, indicaba que la libertad condicional de los destinatarios expiraría en siete días y advertía: «Es hora de que salgan de Estados Unidos», añadiendo que si no lo hacían, el gobierno federal los encontraría.

Sin embargo, al día siguiente, los afectados fueron informados de que el mensaje había sido enviado por error. En una nueva comunicación, el DHS aclaró que no se tomarían las acciones anunciadas previamente y que los términos de la libertad condicional de los ucranianos seguirían siendo los mismos por el momento.

Este error en la comunicación ocurre en medio de una administración estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump, que ha implementado políticas enérgicas contra la inmigración, incluida la deportación de inmigrantes acusados de pertenecer a pandillas y la detención de activistas estudiantiles y críticos de Israel que están legalmente en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a CNN que el mensaje enviado a los ucranianos fue un error y que no se ha cancelado el programa de libertad condicional. Un portavoz indicó que no hay planes para finalizar el programa, que fue suspendido en enero, poco después de que Trump asumiera la presidencia.

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ELN entrega casi 600 bombas como gesto de paz en proceso con el gobierno colombiano

Una disidencia de la guerrilla colombiana ELN, que actualmente negocia la paz con el gobierno de Colombia, entregó casi 600 bombas en un gesto de buena voluntad hacia la firma de la paz. Este acto tuvo lugar el sábado, cuando el presidente Gustavo Petro, en un evento público, ordenó la destrucción de los explosivos en una zona montañosa del país.

Este traspaso de material de guerra es un paso dentro del proceso de negociación con los Comuneros del Sur, un pequeño grupo disidente con el que el gobierno colombiano lleva negociando desde septiembre, como parte de su política de «Paz Total». Sin embargo, este acercamiento ha generado fuertes críticas dentro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla de Colombia, que se ha mostrado contrario a los esfuerzos del gobierno de Petro.

La entrega de los explosivos se formalizó en un acto en el coliseo de Pasto, en el departamento de Nariño, en el suroeste del país. En la ceremonia participaron diplomáticos, representantes de la OEA, miembros de la Iglesia católica, así como delegados del ELN. Tras una intervención del presidente Petro, quien habló durante más de una hora, ordenó al Ejército proceder con la destrucción de las bombas.

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Petro no reconoce a Maduro pero rechaza el bloqueo contra Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este sábado que no reconoce como legítimo al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien asumió en enero un tercer mandato tras unas elecciones ampliamente cuestionadas. Sin embargo, advirtió que el aislamiento económico no es la vía para resolver la situación en Venezuela.

«Yo no reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y a Venezuela. Están mandando al hambre a los pueblos y los pueblos no se dejan morir de hambre», expresó Petro durante un acto oficial en Pasto, capital del departamento de Nariño.

Desde comienzos de enero, el Gobierno colombiano ha sostenido que no hubo elecciones libres en Venezuela y, por lo tanto, no reconoce a Maduro como presidente. No obstante, ha optado por mantener relaciones diplomáticas con el país vecino.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria venezolana, denunció fraude en los comicios de julio y asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador. Según la PUD, cuenta con el respaldo del 85,18 % de las actas recolectadas por testigos y miembros de mesa durante el proceso electoral.

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