Centroamérica

De puente a productor de cocaína, Honduras enciende las alarmas

AFP | por Noe LEIVA

La primera plantación fue descubierta en 2017. Cinco años después, los hallazgos de sembradíos de hoja de coca y narcolaboratorios en remotas montañas son cada vez más frecuentes en Honduras, tradicional puente de las drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Desde hace décadas, el departamento de Gracias a Dios, habitado por indígenas misquitos, y otras regiones de Honduras han servido para descargar aeronaves y embarcaciones con cargamentos de cocaína, rumbo al norte.

Sin embargo, en 2017 también se empezaron «a observar los primeros sembradíos de coca. Se contabilizaron 10.000 plantas, que fueron cortadas e incineradas», explicó a la AFP el portavoz de las fuerzas armadas hondureñas, José Coello.

¿Pasar de puente a «consumidor y luego productor? Eso le va a causar muchos problemas a Honduras», alertó el exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Mike Vigil.

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Encendidas las alarmas

El cultivo de coca «es muy alarmante porque Honduras no era un país productor de coca», reconoció el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. «Pero no es significativo, todavía. Afortunadamente, es muy reducida» la producción, argumentó.

«Eso demuestra en lo que Honduras se había convertido» en el anterior gobierno, lamenta el funcionario. «¿Cómo era posible que se hicieran esas plantaciones?», se preguntó.

«La gente que cultiva normalmente estas plantas ilícitas son campesinos, son gente pobre, no son los mafiosos grandes. Ellos nada más compran la pasta de coca para procesarla», dijo Vigil a la AFP.

La pobreza afecta a más del 70% de los 9,6 millones de hondureños. Eso es caldo de cultivo para los narcotraficantes y pandilleros que siembran la violencia en el país, que registra una tasa de homicidios de 37 personas por cada 100.000 habitantes, cuatro veces el promedio mundial.

Coello destacó que al tener fronteras terrestres con tres países y marítimas con nueve, Honduras «es un paso obligatorio para el tráfico de drogas, especialmente cocaína, procedente de Sudamérica» hacia Estados Unidos.

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«Ha habido un debilitamiento de la institucionalidad y la idoneidad de los servidores públicos, por eso [hay un] narcopresidente, narcodiputados, narcoalcaldes, narcoempresarios» presos en Estados Unidos, dijo a la AFP el general retirado Luis Maldonado.

El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado en abril a Estados Unidos, acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína entre 2004 y 2022 al mercado estadounidense.

Su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue condenado en 2021 a cadena perpetua en una corte de Estados Unidos, donde están acusados cerca de medio centenar de hondureños por este mismo delito.

En el juicio, fiscales estadounidenses calificaron a Honduras de «narcoestado».

Es probable que los carteles de la droga ahora apoyen los cultivos en Honduras porque quieren «disponer de una plataforma de distribución más cercana a los mercados de consumo, los Estados Unidos y lo que pudiera ser Europa», explicó Maldonado.

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Destrucción de cultivos

Coello asevera que las instituciones de seguridad «hacen su mayor esfuerzo» en el nuevo gobierno de Xiomara Castro, que asumió en enero.

«En 2022, un total de 4.681 kilos de cocaína han sido decomisados y 222.317 libras de marihuana, 22 narcolaboratorios desmantelados y 13 áreas clandestinas de aterrizaje» destruidas, detalló.

«Tenemos 302.600 plantas de marihuana que han sido cortadas e incineradas… en las plantaciones de arbustos de hojas de coca [han sido destruidas] 2.647.015″ unidades», agregó.

Vigil señala que antes de hacer erradicación de los cultivos se debe establecer medios de vida alternativos para los campesinos, a fin de no empujarlos «a una pobreza más profunda».

El portavoz de las fuerzas armadas destacó que los narcos operan en zonas remotas de los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios (noreste), accesibles únicamente en helicópteros y lanchas porque solo hay rutas fluviales.

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«Estamos trabajando [con] la dedicación y la implementación de nuevas estrategias, sobre todo por la voluntad política actual (..). Se muestra con esos decomisos de cuatro toneladas de cocaína [en 2022] y el caso de un millón [700 mil] plantas» que fueron destruidas en agosto, sostuvo Sánchez, el director de la policía nacional.

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.