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Centroamérica

De puente a productor de cocaína, Honduras enciende las alarmas

ORLANDO SIERRA / AFP

AFP | por Noe LEIVA

La primera plantación fue descubierta en 2017. Cinco años después, los hallazgos de sembradíos de hoja de coca y narcolaboratorios en remotas montañas son cada vez más frecuentes en Honduras, tradicional puente de las drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Desde hace décadas, el departamento de Gracias a Dios, habitado por indígenas misquitos, y otras regiones de Honduras han servido para descargar aeronaves y embarcaciones con cargamentos de cocaína, rumbo al norte. 

Sin embargo, en 2017 también se empezaron «a observar los primeros sembradíos de coca. Se contabilizaron 10.000 plantas, que fueron cortadas e incineradas», explicó a la AFP el portavoz de las fuerzas armadas hondureñas, José Coello. 

¿Pasar de puente a «consumidor y luego productor? Eso le va a causar muchos problemas a Honduras», alertó el exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Mike Vigil. 

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Encendidas las alarmas

El cultivo de coca «es muy alarmante porque Honduras no era un país productor de coca», reconoció el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. «Pero no es significativo, todavía. Afortunadamente, es muy reducida» la producción, argumentó. 

«Eso demuestra en lo que Honduras se había convertido» en el anterior gobierno, lamenta el funcionario. «¿Cómo era posible que se hicieran esas plantaciones?», se preguntó. 

«La gente que cultiva normalmente estas plantas ilícitas son campesinos, son gente pobre, no son los mafiosos grandes. Ellos nada más compran la pasta de coca para procesarla», dijo Vigil a la AFP.

La pobreza afecta a más del 70% de los 9,6 millones de hondureños. Eso es caldo de cultivo para los narcotraficantes y pandilleros que siembran la violencia en el país, que registra una tasa de homicidios de 37 personas por cada 100.000 habitantes, cuatro veces el promedio mundial. 

Coello destacó que al tener fronteras terrestres con tres países y marítimas con nueve, Honduras «es un paso obligatorio para el tráfico de drogas, especialmente cocaína, procedente de Sudamérica» hacia Estados Unidos. 

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«Ha habido un debilitamiento de la institucionalidad y la idoneidad de los servidores públicos, por eso [hay un] narcopresidente, narcodiputados, narcoalcaldes, narcoempresarios» presos en Estados Unidos, dijo a la AFP el general retirado Luis Maldonado.

El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado en abril a Estados Unidos, acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína entre 2004 y 2022 al mercado estadounidense.

Su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue condenado en 2021 a cadena perpetua en una corte de Estados Unidos, donde están acusados cerca de medio centenar de hondureños por este mismo delito.

En el juicio, fiscales estadounidenses calificaron a Honduras de «narcoestado».

Es probable que los carteles de la droga ahora apoyen los cultivos en Honduras porque quieren «disponer de una plataforma de distribución más cercana a los mercados de consumo, los Estados Unidos y lo que pudiera ser Europa», explicó Maldonado.

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Destrucción de cultivos

Coello asevera que las instituciones de seguridad «hacen su mayor esfuerzo» en el nuevo gobierno de Xiomara Castro, que asumió en enero. 

«En 2022, un total de 4.681 kilos de cocaína han sido decomisados y 222.317 libras de marihuana, 22 narcolaboratorios desmantelados y 13 áreas clandestinas de aterrizaje» destruidas, detalló. 

«Tenemos 302.600 plantas de marihuana que han sido cortadas e incineradas… en las plantaciones de arbustos de hojas de coca [han sido destruidas] 2.647.015″ unidades», agregó.

Vigil señala que antes de hacer erradicación de los cultivos se debe establecer medios de vida alternativos para los campesinos, a fin de no empujarlos «a una pobreza más profunda». 

El portavoz de las fuerzas armadas destacó que los narcos operan en zonas remotas de los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios (noreste), accesibles únicamente en helicópteros y lanchas porque solo hay rutas fluviales.

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«Estamos trabajando [con] la dedicación y la implementación de nuevas estrategias, sobre todo por la voluntad política actual (..). Se muestra con esos decomisos de cuatro toneladas de cocaína [en 2022] y el caso de un millón [700 mil] plantas» que fueron destruidas en agosto, sostuvo Sánchez, el director de la policía nacional. 

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Centroamérica

El Salvador alcanza 1,000 días sin homicidios bajo el régimen de excepción

A casi cuatro años de la implementación del régimen de excepción, las autoridades de Seguridad de El Salvador reportaron 1,000 días sin homicidios durante la vigencia de esta medida, un resultado que refleja una reducción sostenida de la violencia letal en el país. Bajo toda la gestión del presidente Nayib Bukele, el acumulado asciende a 1,114 jornadas sin homicidios.

La marca de los 1,000 días sin muertes violentas durante el régimen de excepción se alcanzó el jueves 15 de enero, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) no registró ningún homicidio a escala nacional.

El régimen de excepción fue solicitado por el presidente Bukele el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios atribuidos a las pandillas entre el 25 y 26 de marzo, período en el que se contabilizaron 76 asesinatos. La medida fue implementada con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, y, 46 meses después, continúa vigente y cuenta con el respaldo mayoritario de la población.

Diversas encuestas reflejan ese nivel de aprobación. A los 30 días de ejecución, el régimen obtuvo una calificación de 7.99, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Por su parte, un sondeo de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) registró una aceptación del 83.7 % tras tres meses de vigencia, porcentaje que aumentó al 89.9 % a finales de 2022.

Al cumplirse el primer año, la calificación fue de 7.92, y en el segundo año subió a 8.13, de acuerdo con datos del Iudop. En noviembre de 2023, la encuestadora CID Gallup informó que el 96 % de los salvadoreños estaba de acuerdo, en alguna medida, con las acciones del Gobierno contra las pandillas.

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En 2024, el 84 % de los encuestados por CID Gallup se mostró a favor de la continuidad del régimen, mientras que en diciembre de 2025, el 96 % consideró como “muy” o “algo positivas” las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.

Asimismo, la encuesta del Iudop de 2024 reveló que el 85.1 % de la población consideró que el régimen ayudó a controlar la delincuencia. Para 2025, la misma institución otorgó una calificación de 7.78, y el 60 % de los consultados señaló que la medida debía prorrogarse por más tiempo.

Hasta la fecha, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 46 ocasiones, siendo la más reciente la que comprende del 1 al 31 de enero de 2026.

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Centroamérica

Bukele afirma que las reformas de su gobierno permitieron superar un “Estado fallido” en El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó los avances que ha experimentado El Salvador durante los últimos seis años como resultado de los cambios impulsados desde la administración pública, los cuales —aseguró— permitieron superar un Estado fallido heredado en 2019.

Durante su reciente visita oficial a Costa Rica, el mandatario señaló que al asumir el Ejecutivo se encontró con un sistema institucional incapaz de responder a las necesidades de la población, lo que obligó a realizar transformaciones profundas en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Indicó que dichas reformas fueron posibles gracias al respaldo otorgado por los salvadoreños en las urnas, lo que le permitió contar con gobernabilidad.

«Teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea; en las elecciones, por supuesto, elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, OEA, países desarrollados que tienen interés en observar elecciones», expresó Bukele.

El presidente sostuvo que el sistema judicial anterior no garantizaba justicia para las víctimas de la violencia y, por el contrario, facilitaba la liberación de personas acusadas de delitos. Como ejemplo, relató que agentes policiales capturaban a pandilleros que recuperaban su libertad en cuestión de horas, lo que derivaba en represalias contra los propios policías y sus familias.

«Había muchos policías buenos en El Salvador, y como me cuenta historias el ministro [de Justicia, Gustavo Villatoro], iban y agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al siguiente día salían 101; los 100 que metieron y otro que sacaron», afirmó.

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Bukele aseguró que la implementación del Plan Control Territorial, reforzado posteriormente con el régimen de excepción, transformó de manera radical la seguridad pública, al punto de convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental, condición que —dijo— es reconocida por otras naciones y organismos internacionales.

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Centroamérica

Asamblea aprueba ley que otorga incentivos fiscales a empresas que amplíen sus inversiones

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa que otorga beneficios fiscales a empresas que ya operan en el país desde hace más de una década y que amplíen su inversión y capacidad productiva.

La ley está dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones por un monto superior a un millón de dólares. Entre los principales incentivos se incluye una deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculada en función del monto de la inversión realizada.

De acuerdo con el decreto, las empresas que inviertan entre un millón y diez millones de dólares podrán deducir el 10 % del ISR; aquellas cuya inversión supere los diez millones y alcance hasta veinte millones recibirán una deducción del 20 %; mientras que las inversiones mayores a veinte millones de dólares tendrán una deducción del 30 % del impuesto.

Este beneficio fiscal podrá ser utilizado durante un período de hasta diez años, contados a partir de la obtención de la calificación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

La normativa también contempla la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces para los inmuebles adquiridos con fines de expansión. Para acceder a este incentivo, las empresas deberán utilizar el bien durante un plazo mínimo de cinco años y conservar su propiedad durante ese mismo período.

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Entre los requisitos establecidos, los interesados deberán comprobar la antigüedad de sus operaciones en el país, no estar acogidos a otros regímenes de incentivos fiscales, contar con la calificación Invest y no mantener obligaciones pendientes con el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la ley prohíbe a los beneficiarios sustituir activos o reducir las operaciones con las que inicien el proceso de expansión, como condición para mantener los incentivos otorgados.

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