Centroamérica
De puente a productor de cocaína, Honduras enciende las alarmas
AFP | por Noe LEIVA
La primera plantación fue descubierta en 2017. Cinco años después, los hallazgos de sembradíos de hoja de coca y narcolaboratorios en remotas montañas son cada vez más frecuentes en Honduras, tradicional puente de las drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Desde hace décadas, el departamento de Gracias a Dios, habitado por indígenas misquitos, y otras regiones de Honduras han servido para descargar aeronaves y embarcaciones con cargamentos de cocaína, rumbo al norte.
Sin embargo, en 2017 también se empezaron «a observar los primeros sembradíos de coca. Se contabilizaron 10.000 plantas, que fueron cortadas e incineradas», explicó a la AFP el portavoz de las fuerzas armadas hondureñas, José Coello.
¿Pasar de puente a «consumidor y luego productor? Eso le va a causar muchos problemas a Honduras», alertó el exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Mike Vigil.
Encendidas las alarmas
El cultivo de coca «es muy alarmante porque Honduras no era un país productor de coca», reconoció el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. «Pero no es significativo, todavía. Afortunadamente, es muy reducida» la producción, argumentó.
«Eso demuestra en lo que Honduras se había convertido» en el anterior gobierno, lamenta el funcionario. «¿Cómo era posible que se hicieran esas plantaciones?», se preguntó.
«La gente que cultiva normalmente estas plantas ilícitas son campesinos, son gente pobre, no son los mafiosos grandes. Ellos nada más compran la pasta de coca para procesarla», dijo Vigil a la AFP.
La pobreza afecta a más del 70% de los 9,6 millones de hondureños. Eso es caldo de cultivo para los narcotraficantes y pandilleros que siembran la violencia en el país, que registra una tasa de homicidios de 37 personas por cada 100.000 habitantes, cuatro veces el promedio mundial.
Coello destacó que al tener fronteras terrestres con tres países y marítimas con nueve, Honduras «es un paso obligatorio para el tráfico de drogas, especialmente cocaína, procedente de Sudamérica» hacia Estados Unidos.
«Ha habido un debilitamiento de la institucionalidad y la idoneidad de los servidores públicos, por eso [hay un] narcopresidente, narcodiputados, narcoalcaldes, narcoempresarios» presos en Estados Unidos, dijo a la AFP el general retirado Luis Maldonado.
El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado en abril a Estados Unidos, acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína entre 2004 y 2022 al mercado estadounidense.
Su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue condenado en 2021 a cadena perpetua en una corte de Estados Unidos, donde están acusados cerca de medio centenar de hondureños por este mismo delito.
En el juicio, fiscales estadounidenses calificaron a Honduras de «narcoestado».
Es probable que los carteles de la droga ahora apoyen los cultivos en Honduras porque quieren «disponer de una plataforma de distribución más cercana a los mercados de consumo, los Estados Unidos y lo que pudiera ser Europa», explicó Maldonado.
Destrucción de cultivos
Coello asevera que las instituciones de seguridad «hacen su mayor esfuerzo» en el nuevo gobierno de Xiomara Castro, que asumió en enero.
«En 2022, un total de 4.681 kilos de cocaína han sido decomisados y 222.317 libras de marihuana, 22 narcolaboratorios desmantelados y 13 áreas clandestinas de aterrizaje» destruidas, detalló.
«Tenemos 302.600 plantas de marihuana que han sido cortadas e incineradas… en las plantaciones de arbustos de hojas de coca [han sido destruidas] 2.647.015″ unidades», agregó.
Vigil señala que antes de hacer erradicación de los cultivos se debe establecer medios de vida alternativos para los campesinos, a fin de no empujarlos «a una pobreza más profunda».
El portavoz de las fuerzas armadas destacó que los narcos operan en zonas remotas de los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios (noreste), accesibles únicamente en helicópteros y lanchas porque solo hay rutas fluviales.
«Estamos trabajando [con] la dedicación y la implementación de nuevas estrategias, sobre todo por la voluntad política actual (..). Se muestra con esos decomisos de cuatro toneladas de cocaína [en 2022] y el caso de un millón [700 mil] plantas» que fueron destruidas en agosto, sostuvo Sánchez, el director de la policía nacional.
Centroamérica
El Salvador acumula 1,174 días sin homicidios desde el régimen de excepción
El Salvador acumuló 1,174 días sin registrar homicidios desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las estructuras criminales y reforzar la seguridad en el territorio nacional.
Según el reporte diario de la Policía Nacional Civil (PNC), el jueves 6 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional. Con esta jornada, el país suma nuevos registros de días sin muertes violentas desde la implementación de la medida.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y contempla la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales, lo que amplió las facultades de las autoridades para realizar capturas de personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales.
Las autoridades atribuyen a esta estrategia una reducción significativa de los homicidios y de otros delitos como las extorsiones y los robos.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, en junio de 2019, las estadísticas oficiales muestran una tendencia descendente en los homicidios. Durante su administración, la PNC contabiliza 1,288 jornadas sin asesinatos.
La tendencia también se mantiene durante 2026. En lo que va del año, las autoridades reportan 185 días sin homicidios, mientras que 2025 también cerró con indicadores favorables en materia de seguridad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado que el Gobierno mantendrá las acciones para localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que aún permanezcan activos.
“Todos aquellos que pretendan continuar con esa cultura de muerte que las pandillas impusieron en el pasado, sepan que ahora tenemos un Estado que será implacable en hacer cumplir la ley”, afirmó Villatoro.
El funcionario sostuvo que las autoridades continuarán trabajando para erradicar las estructuras criminales y mantener la reducción de los índices de violencia registrados en los últimos años.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios, reporta la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el jueves 6 de agosto sin registrar homicidios a nivel nacional, con lo que el país acumuló tres días consecutivos sin asesinatos.
A través de sus redes sociales, la institución confirmó el resultado con el mensaje: “Finalizamos el jueves 06 de agosto con cero homicidios en el país”.
Con esta jornada, las autoridades suman tres días consecutivos sin reportes de homicidios, un indicador que, según el Gobierno, refleja el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en el territorio nacional.
La PNC señaló que los resultados forman parte de la tendencia registrada en los últimos años, durante los cuales los días sin homicidios se han vuelto cada vez más frecuentes.
Las autoridades sostienen que la reducción de los índices de violencia responde a las medidas de seguridad y a las acciones desarrolladas para combatir la criminalidad en el país.
Centroamérica
OCDE ubica a Panamá entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina
Panamá se mantiene entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026: Panamá», elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El reporte sitúa al país en el penúltimo lugar de la región en ingresos fiscales como porcentaje del producto interno bruto (PIB), solo por encima de Guyana.
Según el estudio, la recaudación tributaria panameña representó el 11.3 % del PIB en 2024, cifra que se ubica 10.4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional, que alcanzó el 21.7 %, y muy distante del promedio de los países miembros de la OCDE, que fue del 34.1 %.
El informe también evidencia un deterioro en la capacidad recaudatoria del país durante las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2024, la carga tributaria cayó de 15 % a 11.3 % del PIB, una reducción de 3.7 puntos porcentuales, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe aumentó de 16.8 % a 21.7 % en el mismo período.
Asimismo, entre 2023 y 2024 la recaudación tributaria panameña disminuyó de 11.9 % a 11.3 % del PIB, en contraste con el incremento de 0.2 puntos porcentuales registrado por el promedio regional.
Los datos coinciden con las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que muestran una tendencia descendente en los ingresos del Gobierno Central. La relación entre los ingresos tributarios y el PIB pasó de 13 % en 2012 a 7.1 % en 2025, mientras que los ingresos totales del Gobierno Central disminuyeron de 18.7 % a 11.7 % en el mismo período.
Especialistas consultados atribuyen este desempeño a la amplia cantidad de incentivos y exoneraciones fiscales vigentes en el país.
El economista Aristides Hernández sostuvo que Panamá mantiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo debido a los beneficios fiscales otorgados a sectores como los puertos, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, el turismo, las empresas multinacionales, las energías renovables, el sector inmobiliario, el ferrocarril y otras actividades económicas.
En la misma línea, el exdirector general de Ingresos, Publio R. Cortés Carvajal, calificó el sistema tributario panameño como un «archipiélago de exonerados fiscales», al considerar que numerosos incentivos permanecen sin evaluaciones sobre su impacto económico y terminan generando inequidades en la carga tributaria.
Cortés también señaló que la administración tributaria enfrenta limitaciones institucionales y de recursos que dificultan combatir la evasión fiscal, especialmente en casos relacionados con empresas multinacionales y precios de transferencia.
Por su parte, Hernández estimó que por cada punto porcentual del PIB que el Estado deja de recaudar se pierden aproximadamente 900 millones de dólares en ingresos fiscales. Bajo esa estimación, la reducción de cerca de cinco puntos porcentuales en la capacidad recaudatoria durante los últimos 15 años representaría pérdidas cercanas a 4,500 millones de dólares anuales para las finanzas públicas.
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