Centroamérica
De puente a productor de cocaína, Honduras enciende las alarmas
AFP | por Noe LEIVA
La primera plantación fue descubierta en 2017. Cinco años después, los hallazgos de sembradíos de hoja de coca y narcolaboratorios en remotas montañas son cada vez más frecuentes en Honduras, tradicional puente de las drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Desde hace décadas, el departamento de Gracias a Dios, habitado por indígenas misquitos, y otras regiones de Honduras han servido para descargar aeronaves y embarcaciones con cargamentos de cocaína, rumbo al norte.
Sin embargo, en 2017 también se empezaron «a observar los primeros sembradíos de coca. Se contabilizaron 10.000 plantas, que fueron cortadas e incineradas», explicó a la AFP el portavoz de las fuerzas armadas hondureñas, José Coello.
¿Pasar de puente a «consumidor y luego productor? Eso le va a causar muchos problemas a Honduras», alertó el exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Mike Vigil.
Encendidas las alarmas
El cultivo de coca «es muy alarmante porque Honduras no era un país productor de coca», reconoció el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. «Pero no es significativo, todavía. Afortunadamente, es muy reducida» la producción, argumentó.
«Eso demuestra en lo que Honduras se había convertido» en el anterior gobierno, lamenta el funcionario. «¿Cómo era posible que se hicieran esas plantaciones?», se preguntó.
«La gente que cultiva normalmente estas plantas ilícitas son campesinos, son gente pobre, no son los mafiosos grandes. Ellos nada más compran la pasta de coca para procesarla», dijo Vigil a la AFP.
La pobreza afecta a más del 70% de los 9,6 millones de hondureños. Eso es caldo de cultivo para los narcotraficantes y pandilleros que siembran la violencia en el país, que registra una tasa de homicidios de 37 personas por cada 100.000 habitantes, cuatro veces el promedio mundial.
Coello destacó que al tener fronteras terrestres con tres países y marítimas con nueve, Honduras «es un paso obligatorio para el tráfico de drogas, especialmente cocaína, procedente de Sudamérica» hacia Estados Unidos.
«Ha habido un debilitamiento de la institucionalidad y la idoneidad de los servidores públicos, por eso [hay un] narcopresidente, narcodiputados, narcoalcaldes, narcoempresarios» presos en Estados Unidos, dijo a la AFP el general retirado Luis Maldonado.
El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado en abril a Estados Unidos, acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína entre 2004 y 2022 al mercado estadounidense.
Su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue condenado en 2021 a cadena perpetua en una corte de Estados Unidos, donde están acusados cerca de medio centenar de hondureños por este mismo delito.
En el juicio, fiscales estadounidenses calificaron a Honduras de «narcoestado».
Es probable que los carteles de la droga ahora apoyen los cultivos en Honduras porque quieren «disponer de una plataforma de distribución más cercana a los mercados de consumo, los Estados Unidos y lo que pudiera ser Europa», explicó Maldonado.
Destrucción de cultivos
Coello asevera que las instituciones de seguridad «hacen su mayor esfuerzo» en el nuevo gobierno de Xiomara Castro, que asumió en enero.
«En 2022, un total de 4.681 kilos de cocaína han sido decomisados y 222.317 libras de marihuana, 22 narcolaboratorios desmantelados y 13 áreas clandestinas de aterrizaje» destruidas, detalló.
«Tenemos 302.600 plantas de marihuana que han sido cortadas e incineradas… en las plantaciones de arbustos de hojas de coca [han sido destruidas] 2.647.015″ unidades», agregó.
Vigil señala que antes de hacer erradicación de los cultivos se debe establecer medios de vida alternativos para los campesinos, a fin de no empujarlos «a una pobreza más profunda».
El portavoz de las fuerzas armadas destacó que los narcos operan en zonas remotas de los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios (noreste), accesibles únicamente en helicópteros y lanchas porque solo hay rutas fluviales.
«Estamos trabajando [con] la dedicación y la implementación de nuevas estrategias, sobre todo por la voluntad política actual (..). Se muestra con esos decomisos de cuatro toneladas de cocaína [en 2022] y el caso de un millón [700 mil] plantas» que fueron destruidas en agosto, sostuvo Sánchez, el director de la policía nacional.
Centroamérica
Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario
Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.
Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.
Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.
El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.
Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.
Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.
Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.
En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.
La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.
Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.
“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.
Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.
Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
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