Centroamérica
Dos franco-nicaragüenses detenidas en Nicaragua, según ONG

AFP
Dos mujeres con doble nacionalidad francesa y nicaragüense fueron detenidas el martes por la policía de Nicaragua cuando buscaban a un familiar, según informó una ONG nicaragüense exiliada en Costa Rica.
«Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa fueron detenidas» el martes, dijo la ONG «Nicaragua Nunca mas» que funciona en Costa Rica.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, dijo que «sigue cerca la situación de nuestras dos compatriotas y nos hemos puesto en contacto con las autoridades nicaragüenses»
«La embajada está totalmente movilizada, en conjunto con la oficina consular en Costa Rica», según el comunicado divulgado este sábado en París.
Las autoridades de Nicaragua no informaron recientemente sobre detenciones.
«Nicaragua Nunca Más», dijo que las autoridades irrumpieron de noche en la vivienda de la familia Álvarez Horvilleur, en busca del esposo y padre, Javier Álvarez, quien salió al exilio, y al no encontrarlo se llevaron a las mujeres.
La entidad no explicó la razones del exilio de Álvarez.
El organismo además recibió la denuncia de que el viernes también fue detenido el esposo de Ana Álvarez, Félix Roiz.
No regresará a Nicaragua
Álvarez, quien dijo estar en Costa Rica, en declaraciones al medio digital 100% Noticias, se dijo «alarmado» por lo que sucede con su familia y responsabilizó al gobierno por lo que le suceda.
Aunque se declara opositor por no gustarle el gobierno, Álvarez dijo desconocer por qué lo busca la policía ya que no participa en política y -según él- las autoridades han puesto su regreso al país como condición para liberar a sus familiares.
«No voy a regresar a Nicaragua…mi vida corre peligro si regreso (…) hay una objetividad, una acción específica hacia mi persona que no entiendo de dónde viene», añadió.
Nicaragua vive en tensión política desde hace cuatro años cuando la oposición salió a las calles reclamar la renuncia del presidente izquierdista Daniel Ortega en manifestaciones que dejaron manos 350 muertos.
Organismos de derechos humanos y familiares, estiman que al menos 200 personas, entre opositores y críticos al gobierno, están detenidos y acusados de traición a la patria y menoscabo de la soberanía.
Ortega, un exguerrillero de 76 años, que gobierna desde 2007, acusa sus rivales de haber intentado un golpe de estado en 2018 con ayuda de Washington.
En 2021, Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo en una elección en la que todos sus principales oponentes estuvieron ausentes, al haber sido arrestados u obligados a exiliarse
Centroamérica
Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario
Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.
Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.
Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.
El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.
Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.
Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.
Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.
En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.
La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.
Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.
“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.
Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.
Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
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