Internacionales
Asesinan en Ecuador a fiscal que investigaba feminicidios
AFP | por Santiago PIEDRA SILVA
Un fiscal que investigaba feminicidios en Ecuador fue asesinado este lunes por pistoleros frente a la sede de la Fiscalía en el puerto de Guayaquil, informó la autoridad judicial.
Édgar Escobar, que formaba parte de una unidad a cargo de crímenes de odio y de mujeres por razón de género, fue «baleado esta mañana» a las afueras del edificio donde trabajaba, indicó la Fiscalía en Twitter.
Según el organismo, dos de los presuntos agresores ya fueron detenidos en un populoso cerro de Guayaquil, azotado por una ola de crímenes vinculados con el tráfico de drogas que también ha golpeado las prisiones del puerto con cientos de muertos en matanzas carcelarias entre pandillas rivales.
«En la acción policial se incautaron una motocicleta y el arma con la que habrían disparado a la víctima», agregó la Fiscalía.
El asesinato del fiscal Escobar estremece a un país todavía en shock por la desaparición hace una semana de la abogada María Belén Bernal en una sede policial en Quito.
La mujer ingresó a la Escuela Superior de Policía (ESP) para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, y desde entonces no hay rastros de su paradero.
Ante las sospechas de que pudiera tratarse de un feminicidio, el teniente rindió declaración judicial, tras lo cual está prófugo. El gobierno destituyó a Cáceres y removió del cargo al jefe de la escuela de formación de oficiales.
Ecuador registra altos índices de violencia de género. Según la Fiscalía, al menos 573 mujeres han sido asesinadas desde 2014 en casos tipificados como feminicidios.
Solo en lo que va 2022 se han registrado 206 asesinatos de mujeres, según Geraldine Guerra, de la Fundación Aldea que mapea feminicidios en el país.
Dos fiscales y un juez asesinados
En medio de la alarma por las agresiones a las mujeres en Ecuador, el asesinato de Escobar también pone de relieve la violencia contra el poder judicial.
Desde mayo último han sido asesinados tres funcionarios: además de Escobar, un juez en la localidad amazónica de Lago Agrio (noreste ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia) y una fiscal de tránsito en el puerto pesquero de Manta (suroeste). Los tres murieron baleados.
A la par con el narcotráfico, la criminalidad ha crecido en el país con 18 millones de habitantes y ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo.
En 2021 se registró una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.
Cruentos enfrentamientos entre presos con vínculos con el narco dejan cerca de 400 muertos desde febrero de 2021, desde cuando se han producido siete masacres, algunas de las cuales han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Las autoridades ecuatorianas decomisaron el récord anual de 210 toneladas de drogas en 2021 y en lo que va de este año cerca de 150 toneladas.
Internacionales
José Antonio Kast invita a Nayib Bukele a su toma de posesión como «invitado de honor»
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha oficializado una invitación de honor al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para asistir a su ceremonia de investidura el próximo 11 de marzo de 2026. El evento marcará el inicio de la administración de Kast, quien asumirá la presidencia de la nación sudamericana en sustitución de Gabriel Boric.
Kast, quien ha manifestado públicamente su admiración por el modelo de seguridad implementado en El Salvador, destacó la importancia de contar con la presencia de Bukele en el cambio de mando. «Espero que nos pueda acompañar él y otros presidentes», afirmó el líder chileno, subrayando la «transformación positiva» que, a su juicio, ha liderado el gobernante salvadoreño.
La lista de invitados de alto nivel incluye también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque Kast aclaró que aún no ha conversado directamente con el republicano, confirmó que mantiene una relación estrecha con el secretario de Estado, Marco Rubio. «Tenemos la mejor de las relaciones», señaló Kast al referirse a sus vínculos con la administración estadounidense.
La ceremonia de marzo se perfila como un encuentro clave para las fuerzas conservadoras del continente, consolidando un eje de cooperación entre el futuro gobierno chileno, la administración Trump y el liderazgo de Bukele en la región.
Internacionales
EE. UU. endurece postura contra Venezuela: «Maduro tiene que salir», afirma Kristi Noem
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, envió ayer un contundente mensaje hacia Caracas al afirmar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «tiene que salir» del poder. Las declaraciones de la funcionaria refuerzan la política de máxima presión que la administración de Donald Trump ha retomado contra el gobierno venezolano.
Esta postura política viene acompañada de acciones directas en altamar. A principios de este mes, el presidente Trump ordenó un bloqueo estricto contra los «buques petroleros sancionados» que operan rutas desde y hacia Venezuela, con el fin de cortar las vías de financiamiento del gobierno de Maduro.
Operaciones militares en curso
La ejecución del bloqueo ya ha dado los primeros resultados operativos. Según informes oficiales, fuerzas militares estadounidenses han capturado dos embarcaciones vinculadas a la industria petrolera venezolana y mantienen la persecución de un tercer buque que intentaba evadir los controles en la región.
Escalada de la presión internacional
El despliegue de activos militares para interceptar cargamentos de crudo marca un nuevo capítulo en la confrontación bilateral. La secretaria Noem subrayó que estas medidas son parte de una estrategia integral de seguridad nacional que busca desestabilizar la estructura económica que sostiene al mandatario venezolano.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha detallado el destino de las tripulaciones capturadas ni el volumen de carga confiscada, pero se espera que la vigilancia en las rutas marítimas del Caribe se intensifique en las próximas semanas.
Internacionales
Petro declara «Emergencia Económica» en Colombia tras el hundimiento de su reforma tributaria
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes el Estado de Emergencia Económica por un periodo de 30 días, argumentando una «inminente crisis fiscal». La medida surge como respuesta directa a la decisión del Congreso de archivar la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba financiar el presupuesto de 2026.
Mediante este decreto, el Gobierno adquiere facultades extraordinarias para adoptar impuestos especiales sin pasar por el legislativo. El objetivo es alcanzar una meta de 41,000 millones de dólares, cifra que, según el mandatario, es indispensable para estabilizar las finanzas del país el próximo año y evitar un «ajuste drástico» que afecte el bienestar social.
Contraste económico: Crecimiento vs. Déficit
La decisión se toma en un contexto de señales mixtas para la economía colombiana. Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) muestra resiliencia con proyecciones de crecimiento de entre 2.6% y 2.7% para el cierre de este año, las cuentas fiscales del Estado presentan un deterioro acelerado.
El gasto público y el endeudamiento han superado con creces la recaudación actual. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal aumentó 2.5 puntos porcentuales, y los analistas advierten que el indicador podría superar el 7% en 2025, una cifra que enciende las alarmas en los mercados internacionales.
El fracaso de la vía legislativa
A inicios de este mes, el Congreso hundió el proyecto de ley que pretendía recaudar 4,000 millones de dólaresadicionales. Ante la negativa de los legisladores, Petro advirtió que la falta de recursos obligaría a realizar recortes masivos en la inversión pública.
«El gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte», sentenció el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
Incertidumbre en los mercados
A pesar de la declaratoria, aún no se han especificado los alcances de los nuevos tributos ni qué sectores serán los más afectados por los impuestos especiales. La medida de emergencia económica ha generado un intenso debate sobre la seguridad jurídica en el país y la separación de poderes, mientras los agentes económicos esperan detalles técnicos sobre la implementación del decreto.
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