Internacionales
Asesinan en Ecuador a fiscal que investigaba feminicidios
AFP | por Santiago PIEDRA SILVA
Un fiscal que investigaba feminicidios en Ecuador fue asesinado este lunes por pistoleros frente a la sede de la Fiscalía en el puerto de Guayaquil, informó la autoridad judicial.
Édgar Escobar, que formaba parte de una unidad a cargo de crímenes de odio y de mujeres por razón de género, fue «baleado esta mañana» a las afueras del edificio donde trabajaba, indicó la Fiscalía en Twitter.
Según el organismo, dos de los presuntos agresores ya fueron detenidos en un populoso cerro de Guayaquil, azotado por una ola de crímenes vinculados con el tráfico de drogas que también ha golpeado las prisiones del puerto con cientos de muertos en matanzas carcelarias entre pandillas rivales.
«En la acción policial se incautaron una motocicleta y el arma con la que habrían disparado a la víctima», agregó la Fiscalía.
El asesinato del fiscal Escobar estremece a un país todavía en shock por la desaparición hace una semana de la abogada María Belén Bernal en una sede policial en Quito.
La mujer ingresó a la Escuela Superior de Policía (ESP) para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, y desde entonces no hay rastros de su paradero.
Ante las sospechas de que pudiera tratarse de un feminicidio, el teniente rindió declaración judicial, tras lo cual está prófugo. El gobierno destituyó a Cáceres y removió del cargo al jefe de la escuela de formación de oficiales.
Ecuador registra altos índices de violencia de género. Según la Fiscalía, al menos 573 mujeres han sido asesinadas desde 2014 en casos tipificados como feminicidios.
Solo en lo que va 2022 se han registrado 206 asesinatos de mujeres, según Geraldine Guerra, de la Fundación Aldea que mapea feminicidios en el país.
Dos fiscales y un juez asesinados
En medio de la alarma por las agresiones a las mujeres en Ecuador, el asesinato de Escobar también pone de relieve la violencia contra el poder judicial.
Desde mayo último han sido asesinados tres funcionarios: además de Escobar, un juez en la localidad amazónica de Lago Agrio (noreste ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia) y una fiscal de tránsito en el puerto pesquero de Manta (suroeste). Los tres murieron baleados.
A la par con el narcotráfico, la criminalidad ha crecido en el país con 18 millones de habitantes y ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo.
En 2021 se registró una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.
Cruentos enfrentamientos entre presos con vínculos con el narco dejan cerca de 400 muertos desde febrero de 2021, desde cuando se han producido siete masacres, algunas de las cuales han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Las autoridades ecuatorianas decomisaron el récord anual de 210 toneladas de drogas en 2021 y en lo que va de este año cerca de 150 toneladas.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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