Centroamérica

La minería cambia ecosistemas, afirma opositor a explotar oro en Guatemala

AFP | por Edgar CALDERON

Oliver Corado votó como muchos de sus vecinos este domingo en contra de la explotación de una mina de oro de la canadiense Bluestone Resources por considerar que destruirá el ecosistema del municipio de Asunción Mita en donde nació y se crió.

A sus 23 años, Corado es uno de 28 mil ciudadanos de Asunción Mita, cerca de la frontera con El Salvador, llamados a pronunciarse sobre un proyecto minero rechazado unánimemente por ambientalistas.

«Se trata de una mina a cielo abierto, el proceso es remover capas de tierra, entonces aunque digan que pueden restaurar nuevamente el ecosistema, allí ya lo alteraron mucho», dijo a la AFP Corado tras votar.

Bluestone Resources le compró en 2017 a la también minera canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9 % del capital de Bluestone.

La mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

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Protegido por una mascarilla por el coronavirus Corado dice que votó «por el gran impacto ambiental que tiene» la explotación del yacimiento.

«Puede ocasionar un impacto negativo en el ambiente» por «la contaminación del agua por el hierro o cianuro», puntualizó.

Contaminación del agua

La iglesia católica local y ambientalistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se oponen al proyecto por la potencial contaminación del agua y los bosques del lugar.

Los más afectados serían el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.

El lago es un gran manto de agua dulce rodeado de una frondosa vegetación y sobre la cordillera instalaron aspas para generar energía con el viento (eólica).

El río Lempa, que nace en Guatemala, sirve a miles de campesinos guatemaltecos y salvadoreños para la agricultura y ganadería. Ademas, decenas de pescadores del lago temen una escasez o desaparición de los peces.

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Aunque el rechazo a las extracciones es fuerte, existen comunidades que la apoyan a la mina ante el desarrollo y empleo que pueda pueda generar.

«Si gana el «No» seguiremos atrasados otros 20 años, si gana el «Sí» hay muchas opciones de trabajo y desarrollo» que ayudarán a la educación de los niños y jóvenes, comentó a la AFP Marcelino Nájera, quien por el desempleo en Guatemala emigró a Estados Unidos.

«Desgraciadamente me tocó emigrar porque en nuestro país no hay fuentes de trabajo», afirmó, tras precisar que vivió durante 28 años en esa nación norteamericana.

Minería satanizada

A pesar de las críticas, el supervisor ambiental de la mina, Fredy García, descartó esas preocupaciones. Aseguró a la AFP que la empresa cuenta con plantas de tratamiento para eliminar los residuos tóxicos antes de descargar líquidos al rio Ostúa, tributario de la laguna de Güija y el río Lempa.

«La minería tristemente se ha satanizado», afirma en alusión que los mantos de agua ya están contaminados y tildan esa actividad como la responsable.

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Aunque reconoce que utilizarán unos tres mil galones de agua por hora para el proceso, la misma no será de ríos sino termal que estar ubicada en una cadena volcánica.

Según García, el cambio de subterránea a cielo abierto obedece a que en los túneles las aguas termales alcanzan hasta los 70 grados centígrados y además existen la filtración que ponía en peligro la vida de los trabajadores.

La mina tiene previsto operar durante 11 años, en los cuales extraer unos 2.2 millones de onzas de oro y una mayor cantidad de plata.

Sin ganadores

Para el equipo legal de la subsidiaria local Elevar Resources la consulta tiene irregularidades y por ello impugnarán el resultado ante los tribunales guatemaltecos si es rechazada.

En tanto, Nelly Rivera de la Asociación Ambientalista de El Salvador denunció una serie de irregularidades en el proceso de la consulta como el pago en efectivo para apoyar a la minera y la falta de un registro de habilitados para emitir el sufragio.

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«Si gana el Sí nos vamos a todas las instancias internacionales porque esta minería no va», sentenció Rivera a la AFP.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.