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Centroamérica

La minería cambia ecosistemas, afirma opositor a explotar oro en Guatemala

Foto: Johan ORDONEZ / AFP

AFP | por Edgar CALDERON

Oliver Corado votó como muchos de sus vecinos este domingo en contra de la explotación de una mina de oro de la canadiense Bluestone Resources por considerar que destruirá el ecosistema del municipio de Asunción Mita en donde nació y se crió.

A sus 23 años, Corado es uno de 28 mil ciudadanos de Asunción Mita, cerca de la frontera con El Salvador, llamados a pronunciarse sobre un proyecto minero rechazado unánimemente por ambientalistas.

«Se trata de una mina a cielo abierto, el proceso es remover capas de tierra, entonces aunque digan que pueden restaurar nuevamente el ecosistema, allí ya lo alteraron mucho», dijo a la AFP Corado tras votar.

Bluestone Resources le compró en 2017 a la también minera canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9 % del capital de Bluestone.

La mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

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Protegido por una mascarilla por el coronavirus Corado dice que votó «por el gran impacto ambiental que tiene» la explotación del yacimiento.

«Puede ocasionar un impacto negativo en el ambiente» por «la contaminación del agua por el hierro o cianuro», puntualizó.

Contaminación del agua

Foto: Johan ORDONEZ / AFP

La iglesia católica local y ambientalistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se oponen al proyecto por la potencial contaminación del agua y los bosques del lugar.

Los más afectados serían el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.

El lago es un gran manto de agua dulce rodeado de una frondosa vegetación y sobre la cordillera instalaron aspas para generar energía con el viento (eólica).

El río Lempa, que nace en Guatemala, sirve a miles de campesinos guatemaltecos y salvadoreños para la agricultura y ganadería. Ademas, decenas de pescadores del lago temen una escasez o desaparición de los peces.

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Aunque el rechazo a las extracciones es fuerte, existen comunidades que la apoyan a la mina ante el desarrollo y empleo que pueda pueda generar.

«Si gana el «No» seguiremos atrasados otros 20 años, si gana el «Sí» hay muchas opciones de trabajo y desarrollo» que ayudarán a la educación de los niños y jóvenes, comentó a la AFP Marcelino Nájera, quien por el desempleo en Guatemala emigró a Estados Unidos.

«Desgraciadamente me tocó emigrar porque en nuestro país no hay fuentes de trabajo», afirmó, tras precisar que vivió durante 28 años en esa nación norteamericana.

Minería satanizada

A pesar de las críticas, el supervisor ambiental de la mina, Fredy García, descartó esas preocupaciones. Aseguró a la AFP que la empresa cuenta con plantas de tratamiento para eliminar los residuos tóxicos antes de descargar líquidos al rio Ostúa, tributario de la laguna de Güija y el río Lempa.

«La minería tristemente se ha satanizado», afirma en alusión que los mantos de agua ya están contaminados y tildan esa actividad como la responsable.

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Aunque reconoce que utilizarán unos tres mil galones de agua por hora para el proceso, la misma no será de ríos sino termal que estar ubicada en una cadena volcánica.

Según García, el cambio de subterránea a cielo abierto obedece a que en los túneles las aguas termales alcanzan hasta los 70 grados centígrados y además existen la filtración que ponía en peligro la vida de los trabajadores.

La mina tiene previsto operar durante 11 años, en los cuales extraer unos 2.2 millones de onzas de oro y una mayor cantidad de plata.

Sin ganadores

Para el equipo legal de la subsidiaria local Elevar Resources la consulta tiene irregularidades y por ello impugnarán el resultado ante los tribunales guatemaltecos si es rechazada.

En tanto, Nelly Rivera de la Asociación Ambientalista de El Salvador denunció una serie de irregularidades en el proceso de la consulta como el pago en efectivo para apoyar a la minera y la falta de un registro de habilitados para emitir el sufragio.

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«Si gana el Sí nos vamos a todas las instancias internacionales porque esta minería no va», sentenció Rivera a la AFP.

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Centroamérica

Colocan primera piedra de “El Nido”, centro de maternidad pionero en la región

La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca convertirse en referente nacional y pionero en América Latina.

Durante el acto, destacó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la transformación del sistema de salud materno-perinatal del país, al apostar por un modelo centrado en la madre, el recién nacido y su familia.

El proyecto tiene como objetivo brindar atención integral y gratuita en un solo espacio, además de formar a profesionales de la salud bajo este enfoque y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

En ese contexto, la primera dama señaló que el modelo responde a la necesidad de transformar la forma en que se atiende el nacimiento, en línea con la Ley Nacer con Cariño, la cual promueve una atención más humana y centrada en la familia.

De acuerdo con información oficial, el complejo estará conformado por dos torres. La primera se enfocará en la atención materno-perinatal, acompañando a las madres desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, además de funcionar como un centro de formación especializado.

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Las autoridades subrayaron que el proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de salud y ofrecer experiencias de nacimiento más seguras y dignas para las familias salvadoreñas.

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Centroamérica

Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político

El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.

La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.

El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.

Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.

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De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.

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Centroamérica

FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.

Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.

La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.

Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.

El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.

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Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.

De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.

Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.

El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.

Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.

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