Centroamérica

La minería cambia ecosistemas, afirma opositor a explotar oro en Guatemala

AFP | por Edgar CALDERON

Oliver Corado votó como muchos de sus vecinos este domingo en contra de la explotación de una mina de oro de la canadiense Bluestone Resources por considerar que destruirá el ecosistema del municipio de Asunción Mita en donde nació y se crió.

A sus 23 años, Corado es uno de 28 mil ciudadanos de Asunción Mita, cerca de la frontera con El Salvador, llamados a pronunciarse sobre un proyecto minero rechazado unánimemente por ambientalistas.

«Se trata de una mina a cielo abierto, el proceso es remover capas de tierra, entonces aunque digan que pueden restaurar nuevamente el ecosistema, allí ya lo alteraron mucho», dijo a la AFP Corado tras votar.

Bluestone Resources le compró en 2017 a la también minera canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9 % del capital de Bluestone.

La mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

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Protegido por una mascarilla por el coronavirus Corado dice que votó «por el gran impacto ambiental que tiene» la explotación del yacimiento.

«Puede ocasionar un impacto negativo en el ambiente» por «la contaminación del agua por el hierro o cianuro», puntualizó.

Contaminación del agua

La iglesia católica local y ambientalistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se oponen al proyecto por la potencial contaminación del agua y los bosques del lugar.

Los más afectados serían el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.

El lago es un gran manto de agua dulce rodeado de una frondosa vegetación y sobre la cordillera instalaron aspas para generar energía con el viento (eólica).

El río Lempa, que nace en Guatemala, sirve a miles de campesinos guatemaltecos y salvadoreños para la agricultura y ganadería. Ademas, decenas de pescadores del lago temen una escasez o desaparición de los peces.

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Aunque el rechazo a las extracciones es fuerte, existen comunidades que la apoyan a la mina ante el desarrollo y empleo que pueda pueda generar.

«Si gana el «No» seguiremos atrasados otros 20 años, si gana el «Sí» hay muchas opciones de trabajo y desarrollo» que ayudarán a la educación de los niños y jóvenes, comentó a la AFP Marcelino Nájera, quien por el desempleo en Guatemala emigró a Estados Unidos.

«Desgraciadamente me tocó emigrar porque en nuestro país no hay fuentes de trabajo», afirmó, tras precisar que vivió durante 28 años en esa nación norteamericana.

Minería satanizada

A pesar de las críticas, el supervisor ambiental de la mina, Fredy García, descartó esas preocupaciones. Aseguró a la AFP que la empresa cuenta con plantas de tratamiento para eliminar los residuos tóxicos antes de descargar líquidos al rio Ostúa, tributario de la laguna de Güija y el río Lempa.

«La minería tristemente se ha satanizado», afirma en alusión que los mantos de agua ya están contaminados y tildan esa actividad como la responsable.

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Aunque reconoce que utilizarán unos tres mil galones de agua por hora para el proceso, la misma no será de ríos sino termal que estar ubicada en una cadena volcánica.

Según García, el cambio de subterránea a cielo abierto obedece a que en los túneles las aguas termales alcanzan hasta los 70 grados centígrados y además existen la filtración que ponía en peligro la vida de los trabajadores.

La mina tiene previsto operar durante 11 años, en los cuales extraer unos 2.2 millones de onzas de oro y una mayor cantidad de plata.

Sin ganadores

Para el equipo legal de la subsidiaria local Elevar Resources la consulta tiene irregularidades y por ello impugnarán el resultado ante los tribunales guatemaltecos si es rechazada.

En tanto, Nelly Rivera de la Asociación Ambientalista de El Salvador denunció una serie de irregularidades en el proceso de la consulta como el pago en efectivo para apoyar a la minera y la falta de un registro de habilitados para emitir el sufragio.

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«Si gana el Sí nos vamos a todas las instancias internacionales porque esta minería no va», sentenció Rivera a la AFP.

Centroamérica

Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

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Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

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Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.