Centroamérica

La minería cambia ecosistemas, afirma opositor a explotar oro en Guatemala

AFP | por Edgar CALDERON

Oliver Corado votó como muchos de sus vecinos este domingo en contra de la explotación de una mina de oro de la canadiense Bluestone Resources por considerar que destruirá el ecosistema del municipio de Asunción Mita en donde nació y se crió.

A sus 23 años, Corado es uno de 28 mil ciudadanos de Asunción Mita, cerca de la frontera con El Salvador, llamados a pronunciarse sobre un proyecto minero rechazado unánimemente por ambientalistas.

«Se trata de una mina a cielo abierto, el proceso es remover capas de tierra, entonces aunque digan que pueden restaurar nuevamente el ecosistema, allí ya lo alteraron mucho», dijo a la AFP Corado tras votar.

Bluestone Resources le compró en 2017 a la también minera canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9 % del capital de Bluestone.

La mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

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Protegido por una mascarilla por el coronavirus Corado dice que votó «por el gran impacto ambiental que tiene» la explotación del yacimiento.

«Puede ocasionar un impacto negativo en el ambiente» por «la contaminación del agua por el hierro o cianuro», puntualizó.

Contaminación del agua

La iglesia católica local y ambientalistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se oponen al proyecto por la potencial contaminación del agua y los bosques del lugar.

Los más afectados serían el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.

El lago es un gran manto de agua dulce rodeado de una frondosa vegetación y sobre la cordillera instalaron aspas para generar energía con el viento (eólica).

El río Lempa, que nace en Guatemala, sirve a miles de campesinos guatemaltecos y salvadoreños para la agricultura y ganadería. Ademas, decenas de pescadores del lago temen una escasez o desaparición de los peces.

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Aunque el rechazo a las extracciones es fuerte, existen comunidades que la apoyan a la mina ante el desarrollo y empleo que pueda pueda generar.

«Si gana el «No» seguiremos atrasados otros 20 años, si gana el «Sí» hay muchas opciones de trabajo y desarrollo» que ayudarán a la educación de los niños y jóvenes, comentó a la AFP Marcelino Nájera, quien por el desempleo en Guatemala emigró a Estados Unidos.

«Desgraciadamente me tocó emigrar porque en nuestro país no hay fuentes de trabajo», afirmó, tras precisar que vivió durante 28 años en esa nación norteamericana.

Minería satanizada

A pesar de las críticas, el supervisor ambiental de la mina, Fredy García, descartó esas preocupaciones. Aseguró a la AFP que la empresa cuenta con plantas de tratamiento para eliminar los residuos tóxicos antes de descargar líquidos al rio Ostúa, tributario de la laguna de Güija y el río Lempa.

«La minería tristemente se ha satanizado», afirma en alusión que los mantos de agua ya están contaminados y tildan esa actividad como la responsable.

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Aunque reconoce que utilizarán unos tres mil galones de agua por hora para el proceso, la misma no será de ríos sino termal que estar ubicada en una cadena volcánica.

Según García, el cambio de subterránea a cielo abierto obedece a que en los túneles las aguas termales alcanzan hasta los 70 grados centígrados y además existen la filtración que ponía en peligro la vida de los trabajadores.

La mina tiene previsto operar durante 11 años, en los cuales extraer unos 2.2 millones de onzas de oro y una mayor cantidad de plata.

Sin ganadores

Para el equipo legal de la subsidiaria local Elevar Resources la consulta tiene irregularidades y por ello impugnarán el resultado ante los tribunales guatemaltecos si es rechazada.

En tanto, Nelly Rivera de la Asociación Ambientalista de El Salvador denunció una serie de irregularidades en el proceso de la consulta como el pago en efectivo para apoyar a la minera y la falta de un registro de habilitados para emitir el sufragio.

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«Si gana el Sí nos vamos a todas las instancias internacionales porque esta minería no va», sentenció Rivera a la AFP.

Centroamérica

Régimen de Ortega ante posible continuidad, control pactado o democracia en 2027

Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral y eliminación de la oposición, enfrenta tres posibles escenarios políticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroaméricadivulgado este miércoles.

El informe sostiene que la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas, representa “un golpe estratégico” al entramado internacional que ha sostenido al régimen sandinista, dado que Venezuela fue un aliado clave tanto en lo económico como en lo político durante las últimas dos décadas.

Según el centro de pensamiento, esa pérdida de respaldo marca un punto de inflexión para el régimen, que ya enfrentaba aislamiento regional y presión internacional, especialmente desde Estados Unidos.

Tres escenarios posibles

Primer escenario: consolidación del régimen.
El informe plantea que la administración orteguista podría afianzarse en el poder pese a su falta de legitimidad interna y externa. Bajo este escenario, Murillo —con o sin Ortega en primera línea— consolidaría el control mediante el aparato represivo como principal sostén del régimen. Las elecciones de noviembre de 2027 se desarrollarían sin garantías democráticas. La Cetcam considera este escenario como el menos probable debido al aislamiento internacional y a la presión de Washington, pero no lo descarta.

Segundo escenario: transición controlada.
Esta opción supondría ajustes limitados impulsados por figuras cercanas al orteguismo, que preservarían intereses como la impunidad y el patrimonio acumulado por la élite gobernante. La represión adoptaría formas menos visibles y sectores de la oposición aceptarían concesiones parciales. Las elecciones de 2027 incluirían reformas superficiales y la participación de fuerzas filtradas, aunque se conservaría el núcleo del poder actual.

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Tercer escenario: transición democrática.
El informe también contempla la posibilidad de una apertura real hacia una democracia plena, impulsada por la presión internacional y por la acción de fuerzas prodemocráticas internas. En ese contexto, el régimen se vería obligado a restituir libertades, organizar elecciones transparentes observadas internacionalmente en 2027 y permitir una reconstrucción institucional.

Los expertos subrayan que el rumbo final dependerá de la intensidad de la presión externa —particularmente de Estados Unidos— y de la capacidad de la oposición para articular una alternativa política viable, mientras la falta de apoyo venezolano obliga a Managua a redefinir su estrategia ante unos comicios que definirán el futuro político de la nación.

Centroamérica

Gobierno de Guatemala pide investigar a fiscal general por presuntas adopciones ilegales en los años 80

El Gobierno de Guatemala informó este miércoles que solicitó al Ministerio Público investigar una presunta participación de la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales ocurridas en la década de 1980, según señalamientos de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), entidad que actúa como abogado del Estado. No obstante, analistas consideran poco probable que el proceso avance en los tres meses restantes del mandato de Porras, quien calificó las acusaciones como “espurias”.

Señalamientos de expertos de la ONU

Relatores y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron, en un comunicado divulgado en Ginebra, una investigación independiente sobre la supuesta participación de la fiscal en adopciones ilegales cuando se desempeñó como directora, administradora y “tutora” de un hogar estatal para menores en 1982.

Según los expertos, recibieron información sobre “al menos 80 niños indígenas” que habrían sido sometidos a adopciones internacionales ilegales tras su “captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”, durante el conflicto armado interno guatemalteco.

Postura oficial

El titular de la PGN, Julio Saavedra, explicó en rueda de prensa que la institución activó “el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso”.

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Además, indicó que la PGN solicitó ser reconocida como “querellante adhesivo” para colaborar en la investigación.

Por su parte, Porras rechazó “categóricamente” las acusaciones y pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que las alegaciones “sean objeto de revisión, aclaración y corrección”.

Contexto político

La denuncia se conoció el mismo día en que Porras fracasó en su intento de ser electa magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, cargo que le habría otorgado inmunidad.

La fiscal general también ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la señalan por presuntos actos de corrupción y por acciones consideradas antidemocráticas, incluyendo procesos penales contra exfuncionarios, periodistas y líderes sociales, así como intentos de obstaculizar la investidura del presidente Bernardo Arévalo.

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Centroamérica

El Salvador suma 15 días sin homicidios en febrero

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que el miércoles 18 de febrero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.

Con esta jornada, El Salvador acumula 15 días sin asesinatos en lo que va del mes y un total de 41 días sin homicidios en lo que transcurre de 2026, según datos oficiales.

Las autoridades también han señalado que el país cerró 2025 con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, así como con un índice de impunidad del 0 % en el delito de homicidio.

De acuerdo con el Gobierno, estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas que forman parte de la estrategia de seguridad pública impulsada en los últimos años.

Las autoridades sostienen que las políticas adoptadas han permitido una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.