Centroamérica
Críticos de minera canadiense de oro en Guatemala lamentan aval del gobierno
AFP
Opositores de la explotación minera de Guatemala y El Salvador lamentaron este martes la posición del gobierno guatemalteco, que desconoció una consulta comunitaria donde rechazaron las operaciones de una firma canadiense en una zona fronteriza.
Esa postura demuestra que el Ejecutivo «se ensaña contra el sector civil, estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en un socavamiento de la frágil democracia que tiene este país», afirmó a la AFP el sacerdote católico Víctor Flores, un férreo crítico de ese proyecto.
El gobierno de Guatemala desconoció los resultados de una consulta de vecinos que el domingo rechazaron la operación de una minera canadiense de oro y plata en el municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) afirmó en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.
El proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco es propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá.
Los detractores temen que las operaciones de la mina contaminarán los cuerpos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.
Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.
Peligro de violencia
Para el religioso, la tesis del gobierno para desconocer el resultado es el mismo que maneja la minera y por ello pide que «se respete su soberana decisión» del pueblo.
De lo contrario, «podríamos entrar en una situación de consecuencias imprevisibles, estos autoritarismos del poder económico y político no se tientan el alma para reprimir al pueblo», advirtió.
«Están tan cegados, tan miopes que va a hacer sufrir al pueblo y el pueblo debe de estar consciente del alto riesgo que está corriendo», insistió, tras llamar a una «resistencia pacífica».
«Si el gobierno sabe que la gente no quiere la minería, ¿por qué el interés de imponer una política minera? Entonces, está gobernando en contra de la voluntad del pueblo y eso no es permitido en una democracia», dijo, a su vez, Julio González, del Colectivo Madre Selva.
El activista comentó que los daños de la minería «son irremediables y no hay forma de mitigarlos».
Asimismo, estimó que la población está en desacuerdo con estás prácticas «ante graves amenazas de contaminación de agua, impactos a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas».
En tanto, el gerente de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa de El Salvador, Héctor Aguirre, indicó a la AFP que el gobierno de Guatemala «no puede pasar por encima de la voluntad de todo el pueblo que ya se manifestó y dijo no a la minería».
Además, adelantó que como mancomunidad impulsará «varias actividades públicas ante el gobierno de Guatemala» para que se respete el resultado de la consulta.
Centroamérica
El Salvador suma 273 días sin homicidios en 2025
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 22 y domingo 23 de noviembre no se reportaron homicidios en el territorio salvadoreño.
“Finalizamos el domingo 23 de noviembre con 0 homicidios en el país”, destacó la institución a través de su cuenta oficial en X, señalando que con estas cifras El Salvador acumula 273 días sin muertes a causa de la violencia en lo que va del año.
En el caso de noviembre, los días sin homicidios corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de este mes.
Las estadísticas también reflejan resultados sostenidos en periodos anteriores:
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Enero: 25 días sin homicidios
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Febrero: 26
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Marzo: 22
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Abril: 25
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Mayo: 25
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Junio: 25
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Julio: 29
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Agosto: 27
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Septiembre: 23
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Octubre: 24
Las autoridades destacan que estas cifras son parte de la reducción histórica en los índices de violencia que experimenta el país.
Centroamérica
Al menos ocho muertos en accidente durante caravana política en Honduras
Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas este domingo luego de que un camión que transportaba simpatizantes de los partidos opositores Liberal y Nacional se volcara durante una caravana política en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
La secretaria del Parlamento hondureño, Angélica Smith, confirmó el trágico incidente y expresó sus condolencias a las familias afectadas. “Un trágico accidente en la caravana de los partidos PNH y PLH ha dejado, hasta el momento, un saldo de 8 personas fallecidas”, publicó en la red social X.
Según información preliminar, los ocupantes del vehículo regresaban de un mitin político y se dirigían hacia la aldea San Miguel de Lajas cuando ocurrió el percance. Las autoridades no han detallado si entre las víctimas hay menores de edad.
Smith aseguró que mantiene comunicación con los alcaldes Luis Perdomo y Amable de Jesús Hernández, quienes activaron equipos de emergencia para atender a los lesionados y trasladarlos a distintos centros asistenciales.
Cuerpos de socorro y agentes de tránsito permanecen en la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte analiza si el accidente pudo haber sido provocado por exceso de velocidad o sobrecarga del camión.
Los accidentes de tránsito continúan siendo la segunda causa de muertes violentas en Honduras, impulsados por la velocidad inadecuada, la distracción de los conductores, el consumo de alcohol y la imprudencia de peatones. Ninguna carretera del país está clasificada como de alta velocidad.
Centroamérica
Honduras vota entre tensión política y denuncias anticipadas de fraude
Honduras se encamina a elegir a su próximo presidente el domingo 30 de noviembre, en un contexto marcado por la tensión política, denuncias anticipadas de fraude y episodios de violencia reportados por organizaciones civiles. Más de seis millones de ciudadanos están convocados a las urnas para definir el rumbo del país, mientras el mandato de la presidenta Xiomara Castro finaliza el 27 de enero.
En esta recta final, tres aspirantes concentran la mayor intención de voto: Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry Asfura, del Partido Nacional. Los dos últimos representan históricas fuerzas conservadoras del país, mientras que Moncada, abogada de profesión, propone dar continuidad al modelo de socialismo democrático promovido por Castro y el expresidente Manuel Zelaya, su esposo y actual coordinador de Libre. Nasralla, ingeniero, y Asfura, empresario, enfocan sus propuestas en la economía y la seguridad desde una línea conservadora.
La campaña electoral, que inició el 1 de septiembre, ha estado marcada por un clima crispado, ataques verbales y pocas propuestas programáticas. Los candidatos han intercambiado acusaciones de preparar fraudes, sin ofrecer a los votantes una hoja de ruta clara para enfrentar la crisis social y económica que atraviesa el país.
El proceso también ha reflejado tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por tres consejeros que han mostrado divisiones internas. Aun así, el organismo inició el jueves el traslado del material electoral hacia los 18 departamentos, bajo custodia de las Fuerzas Armadas, tal como establece la legislación hondureña.
Organizaciones como el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), registraron entre septiembre y noviembre más de 1,000 incidentes vinculados al proceso electoral, de los cuales 275 corresponden a hechos de violencia política. Aunque no todos derivaron en homicidios, incluyen amenazas, coacción, acoso y agresiones físicas o simbólicas.
Las denuncias de fraude se han adelantado incluso antes de la votación. El exconsejero electoral Denis Gómez explicó a EFE que este proceso es inédito: “Lo nuevo es que se denuncie un fraude antes de la elección y que tanto el oficialismo como la oposición estén lanzando esas acusaciones”.
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