Centroamérica
Críticos de minera canadiense de oro en Guatemala lamentan aval del gobierno
AFP
Opositores de la explotación minera de Guatemala y El Salvador lamentaron este martes la posición del gobierno guatemalteco, que desconoció una consulta comunitaria donde rechazaron las operaciones de una firma canadiense en una zona fronteriza.
Esa postura demuestra que el Ejecutivo «se ensaña contra el sector civil, estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en un socavamiento de la frágil democracia que tiene este país», afirmó a la AFP el sacerdote católico Víctor Flores, un férreo crítico de ese proyecto.
El gobierno de Guatemala desconoció los resultados de una consulta de vecinos que el domingo rechazaron la operación de una minera canadiense de oro y plata en el municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) afirmó en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.
El proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco es propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá.
Los detractores temen que las operaciones de la mina contaminarán los cuerpos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.
Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.
Peligro de violencia
Para el religioso, la tesis del gobierno para desconocer el resultado es el mismo que maneja la minera y por ello pide que «se respete su soberana decisión» del pueblo.
De lo contrario, «podríamos entrar en una situación de consecuencias imprevisibles, estos autoritarismos del poder económico y político no se tientan el alma para reprimir al pueblo», advirtió.
«Están tan cegados, tan miopes que va a hacer sufrir al pueblo y el pueblo debe de estar consciente del alto riesgo que está corriendo», insistió, tras llamar a una «resistencia pacífica».
«Si el gobierno sabe que la gente no quiere la minería, ¿por qué el interés de imponer una política minera? Entonces, está gobernando en contra de la voluntad del pueblo y eso no es permitido en una democracia», dijo, a su vez, Julio González, del Colectivo Madre Selva.
El activista comentó que los daños de la minería «son irremediables y no hay forma de mitigarlos».
Asimismo, estimó que la población está en desacuerdo con estás prácticas «ante graves amenazas de contaminación de agua, impactos a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas».
En tanto, el gerente de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa de El Salvador, Héctor Aguirre, indicó a la AFP que el gobierno de Guatemala «no puede pasar por encima de la voluntad de todo el pueblo que ya se manifestó y dijo no a la minería».
Además, adelantó que como mancomunidad impulsará «varias actividades públicas ante el gobierno de Guatemala» para que se respete el resultado de la consulta.
Centroamérica
Panamá agradece respaldo internacional en disputa con China por el canal
El gobierno de Panamá agradeció este miércoles el respaldo recibido por parte de varios países, encabezados por Estados Unidos, en medio de la disputa con China relacionada con el canal de Panamá y la operación de puertos estratégicos en esa vía marítima.
La controversia surgió luego de que Panamá asumiera en febrero el control de dos puertos ubicados en el canal, anteriormente administrados por un conglomerado con sede en Hong Kong, tras una resolución emitida por la Corte Suprema panameña en enero.
Estados Unidos lideró una declaración conjunta junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que cuestionaron las acciones de Pekín y las calificaron como una amenaza para la soberanía regional.
“Las acciones de China son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló el comunicado divulgado por el Departamento de Estado estadounidense.
El documento agregó que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”.
Ante estas muestras de apoyo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento a los países aliados.
“Agradecemos la solidaridad de países amigos. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, manifestó el mandatario.
Por su parte, el gobierno chino reaccionó a las declaraciones estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, calificó las acusaciones como “totalmente infundadas”.
La situación mantiene la atención internacional debido a la importancia estratégica del canal de Panamá para el comercio marítimo mundial y la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en la región.
Centroamérica
SIP condena asesinato de periodista en Guatemala y exige investigación
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical y pidió a las autoridades de Guatemala identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.
A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que este tipo de hechos representan una grave amenaza para la libertad de prensa en la región.
“El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, expresó Manigault.
Carlos Cal Ical falleció el pasado domingo luego de ser atacado a tiros por desconocidos cerca de su vivienda en San Cristóbal Verapaz, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la asociación de periodistas locales, el comunicador no había denunciado amenazas previas. Sin embargo, la organización indicó que no se descarta que el ataque esté vinculado con su trabajo periodístico.
La SIP instó a las autoridades guatemaltecas a realizar una investigación exhaustiva y garantizar que el caso no quede en la impunidad.
Centroamérica
Panamá reconoce creciente influencia del crimen organizado en cárceles
Las autoridades de Panamá reconocieron este lunes la creciente influencia del crimen organizado dentro de las cárceles del país, luego de un tiroteo entre pandillas ocurrido en el principal complejo penitenciario panameño, que dejó un recluso fallecido.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que estructuras criminales continúan operando tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Según el funcionario, algunos cabecillas encarcelados siguen dirigiendo actividades ilícitas relacionadas con asesinatos y robos de droga entre organizaciones rivales.
El hecho más reciente se registró en el Centro Penitenciario La Joya, considerado el complejo carcelario más grande de Panamá, donde murió un interno presuntamente vinculado a un cartel internacional durante un enfrentamiento armado.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y fortalecido sus operaciones en los últimos años.
“Lamentablemente, el crimen organizado ha escalado, se ha perfeccionado”, expresó la funcionaria, quien además reconoció las limitaciones institucionales para enfrentar estas estructuras criminales.
La violencia dentro de las cárceles coincide con disputas territoriales entre pandillas en sectores como San Miguelito y la provincia de Colón.
Precisamente este lunes, en Colón, se reportó un doble homicidio relacionado con enfrentamientos entre grupos criminales, en una zona donde operan al menos 13 pandillas rivales.
Datos oficiales indican que Panamá registró 130 homicidios durante el primer trimestre del año, una reducción del 9 % en comparación con el mismo período de 2025.
No obstante, las autoridades mantienen a Colón, la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito entre las zonas con mayores niveles de violencia.
Según estimaciones oficiales, en el país operan más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico y al traslado de droga hacia Estados Unidos y Europa.
El reconocimiento por parte de las autoridades refleja los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario panameño frente al avance y control del crimen organizado.
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