Centroamérica
Críticos de minera canadiense de oro en Guatemala lamentan aval del gobierno
AFP
Opositores de la explotación minera de Guatemala y El Salvador lamentaron este martes la posición del gobierno guatemalteco, que desconoció una consulta comunitaria donde rechazaron las operaciones de una firma canadiense en una zona fronteriza.
Esa postura demuestra que el Ejecutivo «se ensaña contra el sector civil, estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en un socavamiento de la frágil democracia que tiene este país», afirmó a la AFP el sacerdote católico Víctor Flores, un férreo crítico de ese proyecto.
El gobierno de Guatemala desconoció los resultados de una consulta de vecinos que el domingo rechazaron la operación de una minera canadiense de oro y plata en el municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) afirmó en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.
El proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco es propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá.
Los detractores temen que las operaciones de la mina contaminarán los cuerpos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.
Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.
Peligro de violencia
Para el religioso, la tesis del gobierno para desconocer el resultado es el mismo que maneja la minera y por ello pide que «se respete su soberana decisión» del pueblo.
De lo contrario, «podríamos entrar en una situación de consecuencias imprevisibles, estos autoritarismos del poder económico y político no se tientan el alma para reprimir al pueblo», advirtió.
«Están tan cegados, tan miopes que va a hacer sufrir al pueblo y el pueblo debe de estar consciente del alto riesgo que está corriendo», insistió, tras llamar a una «resistencia pacífica».
«Si el gobierno sabe que la gente no quiere la minería, ¿por qué el interés de imponer una política minera? Entonces, está gobernando en contra de la voluntad del pueblo y eso no es permitido en una democracia», dijo, a su vez, Julio González, del Colectivo Madre Selva.
El activista comentó que los daños de la minería «son irremediables y no hay forma de mitigarlos».
Asimismo, estimó que la población está en desacuerdo con estás prácticas «ante graves amenazas de contaminación de agua, impactos a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas».
En tanto, el gerente de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa de El Salvador, Héctor Aguirre, indicó a la AFP que el gobierno de Guatemala «no puede pasar por encima de la voluntad de todo el pueblo que ya se manifestó y dijo no a la minería».
Además, adelantó que como mancomunidad impulsará «varias actividades públicas ante el gobierno de Guatemala» para que se respete el resultado de la consulta.
Centroamérica
El riesgo país de El Salvador cae a su nivel más bajo desde 2018
El Salvador cerró 2025 con una mejora sostenida en su indicador de riesgo país, de acuerdo con el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), elaborado por el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan.
El país inició el año con un EMBI de 388 puntos en enero. Durante el primer semestre se mantuvo relativamente estable, aunque registró un repunte en julio, cuando alcanzó los 418 puntos. A partir de ese mes, el indicador comenzó a descender de forma gradual: en septiembre se ubicó en 375 puntos y en diciembre cerró en 328.
Este último dato representa la cifra más baja registrada por El Salvador desde 2018, cuando entre marzo y abril el indicador se situó en 372 puntos. Economistas atribuyen esta reducción a una serie de estrategias impulsadas por el Estado, entre ellas una gestión más eficiente de pasivos, la recompra de deuda y la consolidación de acuerdos internacionales, como el alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En términos anuales, el EMBI salvadoreño mostró una reducción cercana a los 60 puntos entre enero y diciembre de 2025, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los mercados financieros internacionales.
La tendencia a la baja ya se había comenzado a observar en 2024, año que arrancó con un indicador de 687 puntos y cerró por debajo de los 400. Esta disminución fue atribuida a una estrategia agresiva de manejo de pasivos que incluyó tres recompras de bonos realizadas en julio, octubre y noviembre de ese año.
El índice EMBI es una referencia clave para los inversionistas internacionales, ya que influye en la fijación de precios de las emisiones de deuda soberana y permite monitorear cambios en la percepción de solvencia y liquidez de un país. Así lo destacó en meses recientes el presidente de la República, Nayib Bukele.
“El índice EMBI rastrea la diferencia de rendimientos entre los bonos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica el nivel de riesgo de invertir en esos mercados. Cuanto mayor sea el EMBI, mayor será el riesgo percibido”, explicó el mandatario.
Centroamérica
El modelo penitenciario de El Salvador inspira prisiones de alta seguridad en la región
Los resultados del sistema penitenciario de El Salvador, particularmente tras la puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), han comenzado a influir en las políticas de seguridad de otros países de la región, cuyos gobiernos analizan o implementan prisiones de máxima seguridad inspiradas en el modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Uno de los casos más recientes es Ecuador, donde el pasado 8 de noviembre entró en funcionamiento una nueva cárcel de máxima seguridad, concebida bajo parámetros similares al esquema salvadoreño. Ese día fueron trasladados los primeros reclusos, según informaron medios locales.
El centro penitenciario, denominado Cárcel de Máxima Seguridad del Encuentro, fue construido en menos de dos años tras una promesa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Está ubicado en la provincia costera de Santa Elena, cuenta con una capacidad para 736 reclusos y su construcción inició en junio de 2024 con una inversión de 52 millones de dólares.
De acuerdo con el medio SWI swissinfo.ch, la prisión se extiende sobre 16.2 hectáreas en una zona inhóspita y boscosa de la costa ecuatoriana, a aproximadamente una hora por carretera desde la ciudad de Guayaquil. Se trata del primer centro carcelario construido en esa provincia.
El presidente Noboa confirmó que los primeros 300 internos trasladados corresponden a los reclusos considerados “más peligrosos” del sistema penitenciario ecuatoriano. El operativo se realizó con el traslado de los presos en 17 autobuses desde el complejo penitenciario de Guayaquil, bajo un fuerte dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El procedimiento recordó las imágenes registradas en El Salvador durante los traslados de pandilleros al Cecot, caracterizados por estrictas medidas de control, custodias militares y protocolos de máxima seguridad.
Desde su llegada al poder, Noboa anunció la construcción de dos cárceles de alta seguridad inspiradas en el Cecot, considerado uno de los proyectos más emblemáticos de la estrategia de seguridad salvadoreña y símbolo de la guerra contra las pandillas.
Centroamérica
Plan Control Territorial y régimen de excepción llevan al país a mínimos históricos de homicidios
Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido a las autoridades asestar duros golpes a las estructuras criminales, al tiempo que han contribuido a una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, estas medidas han derivado en la captura de 90,639 pandilleros y colaboradores, así como en la incautación de 5,162 armas de fuego, 11,822 vehículos y 23,917 teléfonos celulares utilizados por las estructuras delictivas. Paralelamente, los homicidios han registrado una disminución drástica en los últimos años.
En ese contexto, el experto en seguridad pública y criminólogo Ricardo Sosa proyectó que El Salvador cerrará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales, un hecho sin precedentes en los 204 años de vida republicana del país.
“El Salvador finalizará el año 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en su historia. Esto significa que, por primera ocasión, el país no registrará una cifra de tres dígitos en violencia homicida. Se trata de vidas salvadas y de evitar el luto y el dolor en las familias salvadoreñas, un resultado que muchos se resisten a reconocer como fruto del régimen de excepción y del Plan Control Territorial”, afirmó Sosa.
El especialista agregó que este enfoque orientado a la prevención y el control de la violencia también ha tenido impactos en otros ámbitos sociales. Según señaló, el país suma cuatro años sin reportes de asesinatos de estudiantes y ha logrado una reducción significativa en los niveles de deserción escolar, como consecuencia de la mejora en las condiciones de seguridad.
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