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Centroamérica

Críticos de minera canadiense de oro en Guatemala lamentan aval del gobierno

AFP

Opositores de la explotación minera de Guatemala y El Salvador lamentaron este martes la posición del gobierno guatemalteco, que desconoció una consulta comunitaria donde rechazaron las operaciones de una firma canadiense en una zona fronteriza.

Esa postura demuestra que el Ejecutivo «se ensaña contra el sector civil, estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en un socavamiento de la frágil democracia que tiene este país», afirmó a la AFP el sacerdote católico Víctor Flores, un férreo crítico de ese proyecto.

El gobierno de Guatemala desconoció los resultados de una consulta de vecinos que el domingo rechazaron la operación de una minera canadiense de oro y plata en el municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) afirmó en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

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El proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco es propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá.

Los detractores temen que las operaciones de la mina contaminarán los cuerpos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.

Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.

Peligro de violencia

Para el religioso, la tesis del gobierno para desconocer el resultado es el mismo que maneja la minera y por ello pide que «se respete su soberana decisión» del pueblo.

De lo contrario, «podríamos entrar en una situación de consecuencias imprevisibles, estos autoritarismos del poder económico y político no se tientan el alma para reprimir al pueblo», advirtió.

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«Están tan cegados, tan miopes que va a hacer sufrir al pueblo y el pueblo debe de estar consciente del alto riesgo que está corriendo», insistió, tras llamar a una «resistencia pacífica».

«Si el gobierno sabe que la gente no quiere la minería, ¿por qué el interés de imponer una política minera? Entonces, está gobernando en contra de la voluntad del pueblo y eso no es permitido en una democracia», dijo, a su vez, Julio González, del Colectivo Madre Selva.

El activista comentó que los daños de la minería «son irremediables y no hay forma de mitigarlos».

Asimismo, estimó que la población está en desacuerdo con estás prácticas «ante graves amenazas de contaminación de agua, impactos a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas».

En tanto, el gerente de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa de El Salvador, Héctor Aguirre, indicó a la AFP que el gobierno de Guatemala «no puede pasar por encima de la voluntad de todo el pueblo que ya se manifestó y dijo no a la minería».

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Además, adelantó que como mancomunidad impulsará «varias actividades públicas ante el gobierno de Guatemala» para que se respete el resultado de la consulta.

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Centroamérica

Más de 100 solicitantes de asilo retenidos en Panamá sin saber su destino final

Más de 100 solicitantes de asilo provenientes de distintas partes del mundo se encuentran retenidos en un campamento ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, en una zona aislada al borde de la peligrosa selva del Darién. Estos migrantes, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, fueron rápidamente deportados a Centroamérica, convirtiéndose en parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunos de los migrantes más difíciles de deportar.

El campamento, rodeado por vallas y guardias armados, alberga a los solicitantes en condiciones precarias, durmiendo en catres o bancos duros. La entrada a periodistas ha sido prohibida, y los abogados han denunciado que se les ha impedido hablar con sus clientes. A pesar de ser una operación organizada por grupos de ayuda internacional, las autoridades panameñas aseguran que el gobierno está a cargo de la gestión del campamento.

De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, mientras que los demás siguen en la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo permanecerán en el campamento ni adónde podrían ser enviados finalmente.

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Centroamérica

Costa Rica postula a Arnoldo André como candidato a la Secretaría General de la OEA solo si no hay ganador

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, anunció este lunes que solo se postulará para el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) si no se logra un ganador en la elección programada para el próximo 10 de marzo. Según un comunicado emitido por la Cancillería costarricense, la candidatura de André será considerada únicamente en el caso de que ninguno de los cinco candidatos alcance los 18 votos necesarios durante las primeras cinco rondas de votación.

Este anuncio responde a la demanda de varios países que han mostrado interés en apoyar una candidatura de Costa Rica para la Secretaría General. A día de hoy, los candidatos principales para sustituir a Luis Almagro son el canciller de Surinam, Albert Ramdin, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

De acuerdo con las normas de la OEA, nuevos candidatos pueden postularse antes del inicio de la Asamblea General Extraordinaria o después de la finalización de las rondas de votación, si ningún candidato obtiene los votos requeridos.

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Centroamérica

Ortega y Murillo consolidan su control en la Policía Nacional con nuevos nombramientos

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, ascendieron este lunes a tres nuevos comisionados generales en la Policía Nacional. Este hecho marca la primera ocasión en la que Murillo, también primera dama, firma un ascenso dentro del cuerpo de seguridad.

Murillo obtuvo el título de copresidenta mediante una reforma constitucional impulsada por Ortega. El grado de comisionado general es el segundo en importancia dentro de la jerarquía policial, solo por debajo del primer comisionado.

La semana pasada, Murillo encabezó la juramentación de 30.000 «policías voluntarios» durante la toma de posesión de su consuegro, Francisco Díaz, quien asumió un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional.

Según el Acuerdo Presidencial 37-2025, publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo aprobaron la propuesta de ascensos presentada por Díaz, con el objetivo de «fortalecer el mando institucional» de la Policía.

Los oficiales ascendidos son Mauricio Lenin Soza Robelo, Álvaro José Pérez Marenco y Oscar José Alemán Márquez. Soza Robelo ha sido designado nuevo inspector general de la Policía Nacional, Pérez Marenco ocupará el cargo de jefe de Asesoría Legal y Alemán Márquez será co-jefe de la delegación policial del departamento de León.

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Estos cambios se producen luego del retiro del anterior inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, y del anterior co-jefe de la delegación policial de León, comisionado general Fidell de Jesús Domínguez Álvarez.

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