Centroamérica
Críticos de minera canadiense de oro en Guatemala lamentan aval del gobierno
AFP
Opositores de la explotación minera de Guatemala y El Salvador lamentaron este martes la posición del gobierno guatemalteco, que desconoció una consulta comunitaria donde rechazaron las operaciones de una firma canadiense en una zona fronteriza.
Esa postura demuestra que el Ejecutivo «se ensaña contra el sector civil, estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en un socavamiento de la frágil democracia que tiene este país», afirmó a la AFP el sacerdote católico Víctor Flores, un férreo crítico de ese proyecto.
El gobierno de Guatemala desconoció los resultados de una consulta de vecinos que el domingo rechazaron la operación de una minera canadiense de oro y plata en el municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) afirmó en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.
El proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco es propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá.
Los detractores temen que las operaciones de la mina contaminarán los cuerpos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.
Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.
Peligro de violencia
Para el religioso, la tesis del gobierno para desconocer el resultado es el mismo que maneja la minera y por ello pide que «se respete su soberana decisión» del pueblo.
De lo contrario, «podríamos entrar en una situación de consecuencias imprevisibles, estos autoritarismos del poder económico y político no se tientan el alma para reprimir al pueblo», advirtió.
«Están tan cegados, tan miopes que va a hacer sufrir al pueblo y el pueblo debe de estar consciente del alto riesgo que está corriendo», insistió, tras llamar a una «resistencia pacífica».
«Si el gobierno sabe que la gente no quiere la minería, ¿por qué el interés de imponer una política minera? Entonces, está gobernando en contra de la voluntad del pueblo y eso no es permitido en una democracia», dijo, a su vez, Julio González, del Colectivo Madre Selva.
El activista comentó que los daños de la minería «son irremediables y no hay forma de mitigarlos».
Asimismo, estimó que la población está en desacuerdo con estás prácticas «ante graves amenazas de contaminación de agua, impactos a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas».
En tanto, el gerente de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa de El Salvador, Héctor Aguirre, indicó a la AFP que el gobierno de Guatemala «no puede pasar por encima de la voluntad de todo el pueblo que ya se manifestó y dijo no a la minería».
Además, adelantó que como mancomunidad impulsará «varias actividades públicas ante el gobierno de Guatemala» para que se respete el resultado de la consulta.
Centroamérica
Dos franco-nicaragüenses serán juzgadas por «conspiración» en Nicaragua
AFP
La justicia nicaragüense dictó prisión preventiva y admitió una acusación penal contra dos mujeres con doble nacionalidad francesa y nicaragüense por supuestamente conspirar para menoscabar la integridad nacional y propagar noticias falsas, informó este lunes una fuente oficial.
El Juez VI Distrito Penal de Audiencias de Managua, Rolando Sanarrusia, admitió la acusación contra Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, en base a una petición hecha por la Fiscalía, indicó el Complejo Judicial de Managua en una nota de prensa.
Jeannine Horvilleur es esposa del opositor exiliado en Costa Rica Javier Álvarez.
Según el opositor, cuando la policía lo buscó a mediados de septiembre en su casa y no lo encontró, decidió llevarse detenidas a su esposa y a su hija y luego a su yerno Félix Roiz, quien fue también fue acusado por los mismos delitos.
Los tres familiares del opositor fueron acusados junto a otros 10 opositores nicaragüenses, quienes fueron inculpados por el Ministerio Público (Fiscalía) unos por menoscabo a la integridad nacional, otros por publicación de noticias falsas y otros por ambos delitos.
Las acusaciones fueron presentadas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre «por el Ministerio Público en contra de 13 personas (..) por los delitos de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas a través (..) en perjuicio del Estado», precisa la nota.
Entre los acusados está Álvarez, contra quien el juez dictó orden de detención por encontrarse fuera del país.
El opositor exiliado dijo en septiembre pasado desde Costa Rica que no puede regresar a Nicaragua porque su «vida corre peligro» y que desconoce por qué el gobierno lo persigue.
Admitió, sin embargo, que no está de acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo en septiembre que seguía de cerca la situación de las dos compatriotas francesas y estaban en contacto con las autoridades nicaragüenses
Las audiencias preliminares y las audiencias iniciales, en la que se revisarán las pruebas y la fecha del juicio contra el grupo de opositores acusados, están programadas entre el 13, 18 y 21 de octubre, informó el complejo judicial.
Más de 200 opositores están presos en Nicaragua en el contexto de la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales del 2018.
Centroamérica
Corte IDH condena a Honduras a pagar indemnización por asesinato de dirigente comunista en 1983
AFP
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras a pagar una indemnización por el asesinato de Herminio Deras García, dirigente del Partido Comunista asesinado en 1983, que supera el millón de dólares, anunció este lunes el organismo.
«El Estado de Honduras pagará las cantidades fijadas» en la sentencia, expresó el presidente de la Corte, Ricardo Pérez, al notificar oficialmente, de manera virtual, el fallo a favor de la familia y el organismo denunciante, el no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
La sentencia detalla una indemnización de 1.116.000 dólares que beneficia a 17 familiares de Deras, maestro de 42 años, detenido por agentes estatales y posteriormente ejecutado el 29 de enero de 1983 en su vehículo.
El fallo también obliga al Estado hondureño a investigar y sancionar a los responsables de la ejecución, construir un mausoleo en el cementerio a la víctima e introducir en el pénsum educativo clases sobre «el pasado de violencia» del país centroamericano.
Explica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 20 de agosto del 2020 el caso «de la ejecución extrajudicial, en enero de 1983, de Herminio Deras García, maestro y dirigente del Partido Comunista de Honduras (…) así como las amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de su familia».
Deras fue ejecutado por policías en San Pedro Sula (norte), después de ser interceptado por un agente de tránsito que recibió instrucciones de un capitán del Batallón 3-16, relata el documento.
Los días 10 y 11 de mayo del 2022 «el Estado de Honduras presentó un reconocimiento de la responsabilidad», lo que facilitó el juicio, cuya sentencia fue emitida por unanimidad de los jueces el pasado 22 de agosto, notificada este lunes.
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, dijo a la AFP «que el asesinato de Herminio Deras y la persecución y tortura contra su familia fue en la época más oscura de la historia de Honduras».
«Era la época de las ejecuciones, la persecución y las desapariciones forzadas por motivaciones políticas», agregó.
Según un informe presentado en diciembre de 1993 por el estatal Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), entre 1979 y 1989, escuadrones de la muerte del ejército y la policía de Honduras, integrantes del batallón 3-16, entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el marco de la guerra fría, desaparecieron 184 personas.
Centroamérica
Dos guatemaltecos se declaran culpables de tráfico de migrantes en EEUU
AFP
Dos guatemaltecos se declararon culpables de tráfico de personas que provocó la muerte de una migrante en 2021 en Estados Unidos, informó el viernes 30 de septiembre el Departamento de Justicia estadounidense.
En mayo de 2021 se descubrió el cuerpo de una joven indígena guatemalteca en un área remota a las afueras de Odessa, en Texas (sur). Además de la víctima, dentro del camión había más migrantes que habían entrado ilegalmente en el país, libros de contabilidad detallados y más de 100 teléfonos celulares.
En agosto de ese año, Armando Gael Galicia, de 26 años, y José Diego Tercero González, de 22, fueron detenidos en Texas, donde residían.
Ambos se declararon culpables ante un tribunal federal de Texas «de conspiración para transportar y albergar extranjeros con fines de lucro y con resultado de muerte», informa el Departamento de Justicia en un comunicado. Se exponen a cadena perpetua. Los acusados admitieron ser responsables del transporte de la migrante fallecida.
La operación corrió a cargo de la Fuerza de Tareas Conjunta Alpha, creada en junio de 2021 para combatir el creciente tráfico de migrantes procedentes de Centroamérica. Desde entonces detuvo a más de 100 personas.
En el comunicado, el Departamento de Justicia califica de «fundamental» la colaboración de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la operación.
Esta investigación está relacionada con la detención de cuatro personas en agosto de este año en Guatemala.
Se les acusa de facilitar el viaje de muchos migrantes desde Guatemala hasta Estados Unidos a través de México cobrándoles entre $10,000 mil y $12,000 mil. También se les considera responsables de la muerte de la indígena guatemalteca transportada por Gael Galicia y Tercero González.
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