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Centroamérica

Instalan audiencia preliminar contra expresidente salvadoreño Mauricio Funes

Redacción

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador instaló el pasado lunes la audiencia preliminar contra el expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y otras personas por supuesta malversación de más de 108 mdd, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los otros implicados son Ada Mitchell Guzmán, pareja de Funes; Leopoldo Samour, el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); José Efraín Quinteros y Mario Federico Pieragostini, representantes de la constructora italiana Astaldi, acusados también por actos de corrupción en el caso conocido como “El Chaparral”.

Asimismo, los ya mencionados fueron declarados rebeldes el pasado 12 de septiembre, misma fecha en que el juzgado los separó del proceso y mandó a que solo siga en audiencia el empresario José Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, quien es el único imputado presente. La separación de los acusados fue confirmada tanto por la FGR como por el defensor del empresario Menéndez.

El proceso penal es por los delitos de peculado, lavado de dinero y cohecho propio por supuesto manejo irregular de los fondos de la construcción de la represa «El Chaparral».

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El juzgado dictó un receso hasta el 21 de septiembre por el estado de salud del exfuncionario y empresario Miguel Menéndez Avelar.

La acusación de la Fiscalía señala que Funes habría recibido 3,5 mdd en «dádivas» de la empresa Astaldi que, presuntamente, fueron movidos mediante empresas «fachadas» en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.

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Centroamérica

Dos franco-nicaragüenses serán juzgadas por «conspiración» en Nicaragua

Imagen ilustrativa

AFP

La justicia nicaragüense dictó prisión preventiva y admitió una acusación penal contra dos mujeres con doble nacionalidad francesa y nicaragüense por supuestamente conspirar para menoscabar la integridad nacional y propagar noticias falsas, informó este lunes una fuente oficial.

El Juez VI Distrito Penal de Audiencias de Managua, Rolando Sanarrusia, admitió la acusación contra Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, en base a una petición hecha por la Fiscalía, indicó el Complejo Judicial de Managua en una nota de prensa.

Jeannine Horvilleur es esposa del opositor exiliado en Costa Rica Javier Álvarez.

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Según el opositor, cuando la policía lo buscó a mediados de septiembre en su casa y no lo encontró, decidió llevarse detenidas a su esposa y a su hija y luego a su yerno Félix Roiz, quien fue también fue acusado por los mismos delitos.

Los tres familiares del opositor fueron acusados junto a otros 10 opositores nicaragüenses, quienes fueron inculpados por el Ministerio Público (Fiscalía) unos por menoscabo a la integridad nacional, otros por publicación de noticias falsas y otros por ambos delitos.

Las acusaciones fueron presentadas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre «por el Ministerio Público en contra de 13 personas (..) por los delitos de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas a través (..) en perjuicio del Estado», precisa la nota.

Entre los acusados está Álvarez, contra quien el juez dictó orden de detención por encontrarse fuera del país.

El opositor exiliado dijo en septiembre pasado desde Costa Rica que no puede regresar a Nicaragua porque su «vida corre peligro» y que desconoce por qué el gobierno lo persigue.

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Admitió, sin embargo, que no está de acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo en septiembre que seguía de cerca la situación de las dos compatriotas francesas y estaban en contacto con las autoridades nicaragüenses 

Las audiencias preliminares y las audiencias iniciales, en la que se revisarán las pruebas y la fecha del juicio contra el grupo de opositores acusados, están programadas entre el 13, 18 y 21 de octubre, informó el complejo judicial.

Más de 200 opositores están presos en Nicaragua en el contexto de la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales del 2018.

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Centroamérica

Corte IDH condena a Honduras a pagar indemnización por asesinato de dirigente comunista en 1983

Foto: Diario La Tribuna

AFP

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras a pagar una indemnización por el asesinato de Herminio Deras García, dirigente del Partido Comunista asesinado en 1983, que supera el millón de dólares, anunció este lunes el organismo.

«El Estado de Honduras pagará las cantidades fijadas» en la sentencia, expresó el presidente de la Corte, Ricardo Pérez, al notificar oficialmente, de manera virtual, el fallo a favor de la familia y el organismo denunciante, el no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

La sentencia detalla una indemnización de 1.116.000 dólares que beneficia a 17 familiares de Deras, maestro de 42 años, detenido por agentes estatales y posteriormente ejecutado el 29 de enero de 1983 en su vehículo.

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El fallo también obliga al Estado hondureño a investigar y sancionar a los responsables de la ejecución, construir un mausoleo en el cementerio a la víctima e introducir en el pénsum educativo clases sobre «el pasado de violencia» del país centroamericano.

Explica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 20 de agosto del 2020 el caso «de la ejecución extrajudicial, en enero de 1983, de Herminio Deras García, maestro y dirigente del Partido Comunista de Honduras (…) así como las amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de su familia».

Deras fue ejecutado por policías en San Pedro Sula (norte), después de ser interceptado por un agente de tránsito que recibió instrucciones de un capitán del Batallón 3-16, relata el documento.

Los días 10 y 11 de mayo del 2022 «el Estado de Honduras presentó un reconocimiento de la responsabilidad», lo que facilitó el juicio, cuya sentencia fue emitida por unanimidad de los jueces el pasado 22 de agosto, notificada este lunes.

La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, dijo a la AFP «que el asesinato de Herminio Deras y la persecución y tortura contra su familia fue en la época más oscura de la historia de Honduras».

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«Era la época de las ejecuciones, la persecución y las desapariciones forzadas por motivaciones políticas», agregó.

Según un informe presentado en diciembre de 1993 por el estatal Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), entre 1979 y 1989, escuadrones de la muerte del ejército y la policía de Honduras, integrantes del batallón 3-16, entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el marco de la guerra fría, desaparecieron 184 personas.

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Centroamérica

Dos guatemaltecos se declaran culpables de tráfico de migrantes en EEUU

Foto: El País

AFP

Dos guatemaltecos se declararon culpables de tráfico de personas que provocó la muerte de una migrante en 2021 en Estados Unidos, informó el viernes 30 de septiembre el Departamento de Justicia estadounidense.

En mayo de 2021 se descubrió el cuerpo de una joven indígena guatemalteca en un área remota a las afueras de Odessa, en Texas (sur). Además de la víctima, dentro del camión había más migrantes que habían entrado ilegalmente en el país, libros de contabilidad detallados y más de 100 teléfonos celulares.

En agosto de ese año, Armando Gael Galicia, de 26 años, y José Diego Tercero González, de 22, fueron detenidos en Texas, donde residían.

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Ambos se declararon culpables ante un tribunal federal de Texas «de conspiración para transportar y albergar extranjeros con fines de lucro y con resultado de muerte», informa el Departamento de Justicia en un comunicado. Se exponen a cadena perpetua. Los acusados admitieron ser responsables del transporte de la migrante fallecida.

La operación corrió a cargo de la Fuerza de Tareas Conjunta Alpha, creada en junio de 2021 para combatir el creciente tráfico de migrantes procedentes de Centroamérica. Desde entonces detuvo a más de 100 personas.

En el comunicado, el Departamento de Justicia califica de «fundamental» la colaboración de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la operación. 

Esta investigación está relacionada con la detención de cuatro personas en agosto de este año en Guatemala.

Se les acusa de facilitar el viaje de muchos migrantes desde Guatemala hasta Estados Unidos a través de México cobrándoles entre $10,000 mil y $12,000 mil. También se les considera responsables de la muerte de la indígena guatemalteca transportada por Gael Galicia y Tercero González. 

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