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Uruguay frena el narcotráfico de cannabis, pero la compra ilegal sigue siendo mayoritaria

Foto: AFP

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La despenalización de la marihuana en Uruguay contribuyó a expulsar a narcotraficantes del mercado, pero una oferta estatal insuficiente y de débil potencia en las farmacias lleva hoy a una mayoría de consumidores a recurrir al mercado negro.

En 2013 Uruguay hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción y el consumo de cannabis, medida que comenzó a aplicarse hace poco más de 5 años.

Impulsada por el expresidente José Mujica, un exguerrillero, la medida fue presentada como una alternativa a la fracasada «guerra contra las drogas» y ha representado para la economía de Uruguay más de 20 millones de dólares que antes quedaban en manos de narcos.

También ha permitido el nacimiento de una incipiente industria exportadora de marihuana que crece año a año. 

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La legislación implementó tres mecanismos para adquirir marihuana: el autocultivo, los clubes cannábicos y la compra en farmacias, todos bajo regulación estatal y restringidos a quienes residen en el país, aunque el Parlamento está considerando abrir el mercado a los turistas.

«La regulación de cannabis ha sido más efectiva que la represión en cuanto a golpe al narcotráfico. (La legalización) ha supuesto un impacto de 20 millones de dólares en la economía que antes iban al mercado ilícito», explica Mercedes Ponce de León, directora del Cannabis Business Hub y de la ExpoCannabis Uruguay.

Variedad con más «pegue»

El mercado negro continúa siendo la principal vía para comprar cannabis por la facilidad de la gestión, la variedad del producto y el anonimato.

Por ello, el gobierno propone vender a finales de año cannabis con más «pegue» en las farmacias para atraer un mayor número de consumidores recreacionales al mercado formal.

Hoy en día, solo el 27 % de las personas que adquieren esta droga lo hacen de forma legal, según apunta un estudio publicado por el IRCCA que recoge los datos anuales de 2021. 

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Esta cifra corresponde a las personas registradas en alguna de las tres opciones del mercado regulado, ya sea la compra en farmacias, la membresía en un club cannábico o el autocultivo. 

El porcentaje se eleva hasta el 39 % si se tiene en cuenta que los compradores comparten o regalan el producto con amigos y conocidos.

Uno de los motivos que más influye en el bajo consumo legal es el bajo contenido de THC de las flores de cannabis que se venden en las farmacias. 

«Hay algunos usuarios que reclaman una mayor porcentaje de THC o más variedad y eso conspira contra la eficacia del sistema porque determina que algunos usuarios que podrían comprar en farmacias vayan a otras opciones del mercado regulado o bien al mercado negro», asegura Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Pocas farmacias

La falta de stock es otro factor a tener en cuenta. Los usuarios registrados deben reservar hora para la compra de flores de cannabis en farmacias, ya que la oferta no abastece la demanda.

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Joaquín, nombre ficticio de un consumidor de cannabis que compra en el mercado negro, explica que «muchas veces es muy difícil conseguir sin sacar hora para ir a la farmacia a retirar la marihuana». «El mercado negro es simplemente tener un contacto, hablarle y en el día, o al día siguiente, coordinar y comprarlo», añade.

Además las farmacias habilitadas son pocas en relación a la población total y persisten las dificultades para acceder al sistema financiero a causa de las legislaciones internacionales. 

El problema de los datos también afecta a los consumidores. Para acceder a las tres vías de compra legal hay que registrarse, una medida que algunos prefieren evitar aunque esta información se usa únicamente para el estudio del consumo.

En el caso de los clubes, existe una cifra limitada de socios (entre 15 y 45), y hay incluso una lista de espera para ingresar. 

Autocultivo clandestino

«Pulla», apodo que recibe el tesorero y responsable técnico de un club cannábico de Montevideo, explica que la lista de espera «es un indicador de que la demanda no está satisfecha. Hay mucha más gente queriendo acceder al mercado legal que todavía no puede».

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La normativa también establece que el acopio de cada miembro no puede superar los 40 gramos mensuales y, en muchos casos, también hay un mínimo. Para que alguien sea socio «nos tiene que asegurar que va a retirar por lo menos 20 gramos de los 40 que podría retirar todos los meses», asegura «Pulla».

Del mismo modo que se ha ido normalizando el consumo, la percepción del mercado ilegal también ha cambiado. Los expertos indican que los mayores abastecedores del mercado son los cultivadores locales.

Agus, nombre ficticio de una consumidora de 28 años, explica que se registró para comprar cannabis en farmacias pero que ahora lo adquiere en el mercado negro a la vez que cultiva sus propias plantas sin estar registrada.

«Yo no lo veo como mercado negro tampoco. Entiendo que es cercano, tiene buenos precios para lo que se vende y no parece que uno esté haciendo uso del narcotráfico», dice. Hay «un amigo o un conocido que te pasa un contacto de alguien que tiene flores y las vende».

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Nueva masacre carcelaria deja 15 presos muertos y 21 heridos en Ecuador

Foto: Rodrigo Buendia / AFP

AFP

Al menos 15 presos murieron y otros 21 acabaron heridos durante un amotinamiento registrado el lunes en una penitenciaría de Ecuador, constituyéndose en la octava matanza carcelaria desde febrero de 2021 que deja más de 400 fallecidos.

«Se tiene como información preliminar que 21 personas resultaron heridas y 15 fallecidas» a causa del enfrentamiento entre reclusos, señaló en un comunicado el organismo que administra las prisiones SNAI, en las que bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder.

La revuelta se produjo en la moderna cárcel de la localidad de Latacunga (en el centro andino y capital de la provincia de Cotopaxi), con unos 4.300 presos, siendo una de las más importantes del país.

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«Luego de los enfrentamientos registrados en el CPL (Centro de Privación de Libertad) #Cotopaxi, 15 cadáveres de PPL (personas privadas de la libertad) se levantaron en el lugar», confirmó la Fiscalía por Twitter.

En una entrevista concedida el lunes a un canal de televisión, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso presentó «un mensaje de condolencia y de solidaridad con los familiares de aquellos que han muerto hoy en (la cárcel de) Cotopaxi».

Reos treparon sobre las cubiertas mientras se escuchaban detonaciones, según imágenes retransmitidas por telenoticieros.

Ese reclusorio fue escenario de dos masacres en 2021.

Jefe narco

Momentos antes, el subdirector del SNAI, Jorge Flores, dijo a la prensa que «de lo que podemos conocer, preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas».

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Norero, conocido con el alias de «El Patrón», fue arrestado en mayo pasado por el presunto delito de lavado de activos, en una operación en la que se decomisaron 6,4 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.

Al parecer, el hombre con nexos con el narcotráfico y que afrontaba una orden de prisión en Perú pasó a ser uno de los jefes entre los reclusos.

«Respecto a la muerte del procesado #LeandroN., #FiscalíaEc informa que luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso», apuntó la entidad acusadora.

Las cárceles ecuatorianas, con capacidad para unas 30.000 personas, pero en las que hay 1.900 reos más, se han convertido en los últimos años en campos de batalla donde bandas vinculadas al narcotráfico se disputan el poder a sangre y fuego.

Esa guerra se extiende también a las calles de varias ciudades como el puerto de Guayaquil (suroeste), donde opera un gran complejo carcelario con unos 13.100 detenidos y en el que desde el año pasado se han dado las mayores masacres con cuerpos desmembrados y calcinados, que han pasado a figurar entre las principales de Latinoamérica.

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Retoman el control

Más temprano, el SNAI reportó «incidentes» en el reclusorio de Latacunga e indicó que «las unidades tácticas (policiales) siguen en operativo interno para recuperar el control».

Militares también actuaron ante el amotinamiento, encargándose del control del perímetro externo, según el SNAI.

«El control fue retomado», anunció por la noche el gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel.

Un comité de pacificación creado por el gobierno, que no logró su cometido, señaló en abril que las prisiones ecuatorianas «se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura».

Ecuador, con 18 millones de habitantes, decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga en 2021, cuando la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas.

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La nación, localizada entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, ha incautado unas 150 toneladas de estupefacientes en lo que va de este año.

En agosto, el gobierno inició un censo penitenciario con miras a mejorar las condiciones de vida ante el hacimiento en las prisiones.

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Internacionales

EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken

Foto: Luisa González / Pool / AFP

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Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.

El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.

Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico,  pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».  

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Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».

Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.

«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.

«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó. 

Los verdaderos «dueños»

Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas. 

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En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico». 

En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.

En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».

El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.

Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.

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Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.

Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.

Venezuela en el radar

Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.

El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.  

Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.

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Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».

No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.

El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.

El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.

Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.

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«Incidentes» en prisión de Ecuador escenario de dos masacres desde 2021

Foto: La Razón

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Policías y militares actuaron este lunes ante «incidentes» registrados en una cárcel de Ecuador donde se han registrado dos masacres desde 2021, informó el organismo encargado de administrar las prisiones SNAI.

«Ante incidentes registrados en el #CPLCotopaxi N° 1, ingresan equipos tácticos de la Policía Ecuador», señaló el SNAI en su cuenta de Twitter.

Agregó que «Fuerzas Armadas apoya en la contención, en el perímetro externo» de la cárcel ubicada en las afueras de la andina ciudad de Latacunga (sur).

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Esa penitenciaría, con unos 4.300 presos y de las más importantes del país, ha sido uno de los escenarios de las siete matanzas carcelarias registradas en Ecuador desde febrero de 2021. Los enfrentamientos dejan alrededor de 400 reos muertos, algunos de ellos desmembrados y calcinados.

El SNAI informó también que el ministerio de Salud acude con su «contingente» al reclusorio.

Un comité de pacificación creado por el gobierno señaló en abril que las prisiones ecuatorianas «se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura».

Las cárceles ecuatorianas, con capacidad para unas 30.000 personas, pero en las que hay 1.900 reos más, se han convertido en los últimos años en campos de batalla donde bandas vinculadas al narcotráfico se disputan territorio para la venta de drogas.

Ecuador, con 18 millones de habitantes, decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga en 2021, cuando la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas.

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La nación, localizada entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, ha incautado unas 150 toneladas de estupefacientes en lo que va de este año.

En agosto, el gobierno del presidente Guillermo Lasso inició un censo penitenciario con miras a mejorar las condiciones de vida ante el hacimiento en las prisiones.

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