Una amplia mayoría de 137 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas exigió este jueves que Israel permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y los territorios palestinos. La resolución, promovida por Noruega y apoyada por 23 países, incluidos España, Chile, Colombia y Brasil, solicita además a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emita un dictamen sobre las obligaciones legales de Israel como potencia ocupante para facilitar la asistencia vital.

Frente a la mayoría a favor, 12 países, incluidos Estados Unidos, Argentina, Hungría y República Checa, votaron en contra, mientras que otros 12 se abstuvieron. Los países de la Unión Europea emitieron votos descoordinados, reflejando sus diferencias internas sobre el tema.

Aunque no es vinculante, la resolución subraya el consenso internacional para pedir a Israel que alivie las restricciones impuestas a Gaza, donde apenas permite la entrada de menos del 10 % de la ayuda solicitada por las agencias de la ONU.

Obstáculos en Gaza

El viceministro de Exteriores de Noruega, Andreas Kravik, calificó la situación en Gaza como una «pesadilla distópica» y criticó la falta de cooperación por parte de Israel. “No es falta de voluntad de la comunidad internacional, sino de acceso”, aseguró, señalando la persistente negativa de Israel a facilitar el ingreso de asistencia humanitaria.

Por su parte, Danny Danon, representante de Israel, rechazó la resolución argumentando que “no construye puentes, sino muros de división” y acusó al texto de centrarse exclusivamente en socavar el derecho de Israel a defenderse.

La resolución busca que la CIJ determine si Israel tiene una obligación legal de permitir el acceso humanitario en Gaza, un paso que podría influir en las futuras discusiones sobre el conflicto en la región.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estableció un récord con 271,484 deportaciones de migrantes durante el año fiscal 2024, que finalizó en septiembre. Esta cifra supera cualquier año de las deportaciones realizadas bajo la administración de Donald Trump, marcando un hito en la última década, según un informe citado por The Washington Post.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) duplicó el número de deportaciones en comparación con el año anterior, cuando 142,580 personas fueron enviadas de regreso a sus países de origen. El récord de deportaciones anual de la era Trump se había registrado en 2019 con 267,258 casos.

Los datos muestran un incremento significativo en las deportaciones bajo Biden, quien en sus primeros años en el cargo tuvo cifras más bajas: 59,011 deportaciones en 2021 y 72,177 en 2022. Durante el año fiscal 2024, ICE ejecutó deportaciones a 192 países.

Patrick J. Lechleitner, director del ICE, enfatizó que la agencia opera de manera «apolítica» y cumple con las leyes establecidas por el Congreso. Sin embargo, advirtió que una “crónica falta de fondos” podría complicar los planes de deportación masiva prometidos por el presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero.

Además de las deportaciones del ICE, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) reportó más de 700,000 retornos a países de origen, incluyendo otras formas de remoción. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), esta cifra es la más alta registrada en cualquier año fiscal desde 2010.

El balance migratorio de la administración Biden contrasta con las cifras del gobierno de Trump, que comenzó en 2017 con 226,119 deportaciones. Estas cifras reflejan las continuas tensiones en torno a la política migratoria en Estados Unidos, mientras el país se prepara para el próximo cambio de administración.

Los legisladores republicanos en Estados Unidos han anunciado un nuevo acuerdo para evitar el cierre del Gobierno, tras intensas negociaciones marcadas por la presión del presidente electo, Donald Trump. La medida incluye la Ley de Ayuda Estadounidense de 2024, que garantizará el funcionamiento del Gobierno y proporcionará financiamiento a agricultores y afectados por recientes huracanes.

Trump, quien compartió la noticia a través de su red social Truth Social, destacó que esta ley “mantendrá abierto el Gobierno y brindará apoyo a quienes más lo necesitan”. Sin embargo, el camino para lograr este pacto no ha estado exento de tensiones. El miércoles, Trump bloqueó un proyecto bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado que proponía extender los fondos hasta el 14 de marzo, devolviendo las negociaciones al punto de partida.

El mandatario electo condicionó la continuidad de Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes al cumplimiento de sus exigencias, incluyendo la eliminación del techo de deuda y recortes al gasto burocrático. “Es mejor un cierre temporal que aceptar las imposiciones demócratas”, afirmó Trump, enfatizando la reciente victoria republicana en las elecciones.

El acuerdo alcanzado por los republicanos propone una resolución que extendería el presupuesto por tres meses y suspendería el techo de deuda durante dos años. Este pacto debe ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. De no lograrse, cientos de miles de empleados públicos quedarían sin sueldo, y múltiples servicios se paralizarían.

El cierre administrativo no es un fenómeno nuevo en EE. UU. Desde 1976, ha ocurrido en unas 20 ocasiones, aunque la mayoría han sido de corta duración. El cierre más largo, de 35 días, se produjo durante el primer mandato de Trump, debido a desacuerdos sobre los fondos para el muro fronterizo con México.

Trump ha instado a los legisladores a aprobar el acuerdo de inmediato: “¡Todos los republicanos, e incluso los demócratas, deberían votar ‘sí’ esta noche por el bien del país!”, expresó el presidente electo, quien asumirá el cargo el 20 de enero.