Centroamérica

Ya son más de 12 mil las personas evacuadas por lluvias que han desbordado ríos en Honduras

AFP

Más de 12 mil personas habían sido evacuadas hasta este lunes en el norte de Honduras por los desbordamientos de ríos caudalosos, causados por aguaceros que ocurrieron el fin de semana por efectos del huracán Ian, informaron las autoridades.

La estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) indicó en un informe que 12,395 personas fueron evacuadas por el desbordamiento de los ríos Ulúa y Chamelecón, que bañan el productivo valle de Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, la capital.

Y en total, 19,388 personas resultaron afectadas por las lluvias, que dejaron 1,650 comunidades incomunicadas, 193 viviendas dañadas y 73 destruidas, cinco puentes dañados y cuatro destruidos, según el reporte.

En la zona de El Progreso, los socorristas de Cruz Roja y Bomberos rescataron desde el fin de semana en lanchas con motor fuera de borda a numerosas personas de viviendas inundadas para trasladarlas a albergues o a casas de familiares, constató un fotógrafo de la AFP.

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En tanto Copeco extendió la «alerta roja» vigente para seguir las evacuaciones por otras 24 horas a partir del lunes en los departamentos de Santa Bárbara y Copán (noroeste), así como en los municipios aledaños al río Ulúa, en los departamentos de Cortés y Yoro.

Además, 13 departamentos, incluido el de la capital, Francisco Morazán, fueron declarados en alerta amarilla, según la cual los residentes deben prepararse para evacuar en caso de necesidad.

Las alertas fueron declaradas por la continuación de «precipitaciones» asociadas al huracán Ian, que se ubicaba a 370 km de la costa hondureña por el departamento de Gracias a Dios y que afecta a Cuba, según un comunicado de la Copeco.

Honduras lleva varias semanas azotado por fuertes lluvias que han causado la muerte de 13 personas, ahogadas o atrapadas en derrumbes, en diferentes zonas del país, de acuerdo con reportes de oficinas regionales de la Copeco.

La presidenta Xiomara Castro publicó el sábado en el diario oficial La Gaceta un decreto que declara «un estado de emergencia en todo el territorio nacional por el periodo de 90 días, que se estima durará la temporada ciclónica».

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La declaración permite agilizar la movilización de recursos para atender la emergencia.

La presidenta visitó el sábado unos albergues temporales en donde se alojaban más de dos mil personas.

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.