Centroamérica

Ya son más de 12 mil las personas evacuadas por lluvias que han desbordado ríos en Honduras

AFP

Más de 12 mil personas habían sido evacuadas hasta este lunes en el norte de Honduras por los desbordamientos de ríos caudalosos, causados por aguaceros que ocurrieron el fin de semana por efectos del huracán Ian, informaron las autoridades.

La estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) indicó en un informe que 12,395 personas fueron evacuadas por el desbordamiento de los ríos Ulúa y Chamelecón, que bañan el productivo valle de Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, la capital.

Y en total, 19,388 personas resultaron afectadas por las lluvias, que dejaron 1,650 comunidades incomunicadas, 193 viviendas dañadas y 73 destruidas, cinco puentes dañados y cuatro destruidos, según el reporte.

En la zona de El Progreso, los socorristas de Cruz Roja y Bomberos rescataron desde el fin de semana en lanchas con motor fuera de borda a numerosas personas de viviendas inundadas para trasladarlas a albergues o a casas de familiares, constató un fotógrafo de la AFP.

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En tanto Copeco extendió la «alerta roja» vigente para seguir las evacuaciones por otras 24 horas a partir del lunes en los departamentos de Santa Bárbara y Copán (noroeste), así como en los municipios aledaños al río Ulúa, en los departamentos de Cortés y Yoro.

Además, 13 departamentos, incluido el de la capital, Francisco Morazán, fueron declarados en alerta amarilla, según la cual los residentes deben prepararse para evacuar en caso de necesidad.

Las alertas fueron declaradas por la continuación de «precipitaciones» asociadas al huracán Ian, que se ubicaba a 370 km de la costa hondureña por el departamento de Gracias a Dios y que afecta a Cuba, según un comunicado de la Copeco.

Honduras lleva varias semanas azotado por fuertes lluvias que han causado la muerte de 13 personas, ahogadas o atrapadas en derrumbes, en diferentes zonas del país, de acuerdo con reportes de oficinas regionales de la Copeco.

La presidenta Xiomara Castro publicó el sábado en el diario oficial La Gaceta un decreto que declara «un estado de emergencia en todo el territorio nacional por el periodo de 90 días, que se estima durará la temporada ciclónica».

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La declaración permite agilizar la movilización de recursos para atender la emergencia.

La presidenta visitó el sábado unos albergues temporales en donde se alojaban más de dos mil personas.

Centroamérica

Colocan primera piedra de “El Nido”, centro de maternidad pionero en la región

La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca convertirse en referente nacional y pionero en América Latina.

Durante el acto, destacó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la transformación del sistema de salud materno-perinatal del país, al apostar por un modelo centrado en la madre, el recién nacido y su familia.

El proyecto tiene como objetivo brindar atención integral y gratuita en un solo espacio, además de formar a profesionales de la salud bajo este enfoque y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

En ese contexto, la primera dama señaló que el modelo responde a la necesidad de transformar la forma en que se atiende el nacimiento, en línea con la Ley Nacer con Cariño, la cual promueve una atención más humana y centrada en la familia.

De acuerdo con información oficial, el complejo estará conformado por dos torres. La primera se enfocará en la atención materno-perinatal, acompañando a las madres desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, además de funcionar como un centro de formación especializado.

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Las autoridades subrayaron que el proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de salud y ofrecer experiencias de nacimiento más seguras y dignas para las familias salvadoreñas.

Centroamérica

Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político

El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.

La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.

El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.

Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.

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De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.

Centroamérica

FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.

Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.

La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.

Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.

El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.

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Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.

De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.

Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.

El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.

Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.