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Justicia de EEUU condena a 16 meses de cárcel a excapo del fútbol salvadoreño Reynaldo Vásquez

Foto: Diario 1

AFP

La justicia estadounidense condenó este jueves al expresidente de la Federación de Fútbol salvadoreña, Reynaldo Vásquez, a 16 meses de cárcel por aceptar decenas de miles de dólares en sobornos a cambio de derechos televisivos de la selección de ese país.

Según el tribunal de Brooklyn, donde fue juzgado por la instructora del megaescándalo de corrupción de la FIFA, la jueza Pamela Chen, Vásquez recibió junto a otros responsables del fútbol salvadoreño 350.000 dólares de una empresa estadounidense a cambio de la venta de los derechos de transmisión de los partidos de clasificación y amistosos de la selección nacional de cara al Mundial de Rusia-2018. 

En agosto del pasado año, Vásquez, de 66 años, se declaró culpable de conspiración de crimen organizado y acordó devolver 360.000 dólares al gobierno.

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En enero de 2021 había sido extraditado a Estados Unidos, que desde 2015 lo acusaba de violar la ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción (RICO por sus siglas en inglés), creada para combatir el crimen organizado, así como de varios delitos de fraude bancario y lavado de dinero.

Sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos solo para ser juzgado por el primer delito de crimen organizado, precisó la fiscalía cuando llegó al país.

«Muy avergonzado»

En la audiencia celebrada este jueves, el excapo del fútbol salvadoreño le dijo a la jueza Chan que se sentía «muy avergonzado» de su conducta. 

Vásquez, que presidió la máxima instancia del fútbol salvadoreño de 2009 a 2011, podría quedar libre rápidamente dado el tiempo que ha estado encarcelado en El Salvador.

Según la justicia estadounidense, Vásquez y sus compinches que participaron en el esquema corrupto, solicitaron y recibieron sobornos y comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de lucrativos contratos de medios de comunicación y marketing. 

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Según la justicia estadounidense, Vásquez recibió en 2012 una parte de los 350.000 dólares que fueron transferidos desde la cuenta bancaria de una empresa de marketing deportivo en Estados Unidos por los partidos de clasificación de la selección para Rusia-2018.

«En 2014 y 2015, Vásquez y otras personas acordaron recibir decenas de miles de dólares en sobornos en relación con la participación de la selección nacional salvadoreña en partidos amistosos que se jugarían en Estados Unidos», señala la justicia estadounidense.

La FIFA suspendió de por vida en octubre de 2019 a Vásquez de realizar cualquier actividad ligada al fútbol y le impuso una multa de 522.000 dólares.

En marzo de 2017, el dirigente fue condenado a ocho años de prisión en El Salvador por malversación de cotizaciones sociales de más de 200 empleados, por un monto cercano a 400.000 dólares.

El escándalo conocido como FIFAgate destapado por Estados Unidos en mayo de 2015 dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol de las Américas a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos, entre ellos la Copa América y la Copa Libertadores.

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En el marco del caso, que provocó la caída del jefe del organismo, Joseph Blatter, el gobierno estadounidense ha acusado a unas 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.

De los cerca de 45 acusados, un total de 26 se declararon culpables, y de ellos al menos seis han sido sentenciados.

Otros tres se declararon inocentes y fueron a un histórico juicio en Nueva York a fines de 2017: el exjefe del fútbol brasileño José Marin y el expresidente del fútbol paraguayo y de la Conmebol Juan Ángel Napout fueron hallados culpables y encarcelados, mientras el exjefe del fútbol peruano Manuel Burga fue absuelto.

Una decena aún están en sus países, donde fueron procesados por la justicia local o están en libertad mientras combaten la extradición.

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Olvidar el miedo: el peligroso viaje a pie de migrantes sin visa hacia el Darién y EEUU

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AFP

Unos 40 migrantes avanzan en grupo hacia un paso ilegal en la frontera de Venezuela con Colombia, primera escala de un viaje sin visa hacia Estados Unidos en una odisea a pie que incluirá al peligroso Tapón del Darién.

«El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida», dice a la AFP Eiden Serrada, un joven de 18 años en el pelotón, consciente de casos de muertes, desapariciones y abusos en el pasaje selvático de 266 km entre Colombia y Panamá, cada vez más atractivo para los venezolanos.

Este cruce, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fue atravesado por unos 28 mil venezolanos en el primer semestre de 2022, salto gigantesco en comparación con los poco más de 2,800 que lo hicieron en 2021.

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Cerca de la trocha, como llaman en la zona a los senderos limítrofes ilegales, Venezuela y Colombia reabrían la frontera a vehículos de carga tras restablecer relaciones diplomáticas.

Pero nada cambia para los caminantes.

Un registro del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera (Odisef) estima que apenas el  1 % tiene pasaporte, documento que cuesta 200 dólares, así que no pueden emplear cruces formales.

Más de seis millones de venezolanos han migrado desde 2015 por una crisis económica sin precedentes, calcula la ONU, aunque el gobierno de Nicolás Maduro desestima ese número.

El fenómeno de los migrantes a pie surgió con fuerza en 2017, con rutas a otros países de América Latina en principio, pero Estados Unidos ha pasado a ser destino cotizado.

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Los venezolanos, de hecho, quedaron atrapados en la batalla política en ese país, con gobernadores republicanos enviando a miles de migrantes a bastiones demócratas para protestar contra la política del presidente Joe Biden, acusado de haber convertido a la frontera en un colador sin control.

«Mami, me voy a Estados Unidos»

De «un día para otro», Jonathan Gil empezó a caminar. 

«Necesitaba comprarle comida a mi mamá y como no me vi con plata, me sentí mal, y le dije: ‘Mami, yo me voy a Estados Unidos y cuando esté allá le mando todo lo que necesite’», relata a la AFP este exmilitar de 24 años, en la carretera hacia la fronteriza población de San Antonio (estado Táchira).

Jonathan salió seis días antes a pie desde El Tocuyo, un pueblo a unos 600 km, con su pareja, un amigo y un chico de 15 años. Andan en chancletas, con pequeños morrales, y llevan un perro.

Horas después paran en un albergue de migrantes en San Antonio, administrado por la católica Diócesis de San Cristóbal y la OIM en un proyecto nacido en 2018. Allí tienen comida y cama… al menos una noche.

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Con 19 literas y dos corralitos para bebés, el refugio recibe a los migrantes, a quienes dan pastillas potabilizadoras, jabón, protector solar y otros artículos que les ayudarán en la ruta; charlas sobre mecanismos de protección y organizaciones internacionales que pueden asistirles; y asesoría legal.

«¡Ayúdennos para comer! ¡Somos caminantes!», grita al día siguiente un hombre en las calles de San Antonio con su niña de un año en brazos. Su familia es el primero de cuatro grupos, todos con menores, que llegan a este albergue esa mañana.

Negocios en esta población de 60 mil habitantes ofrecen baños y duchas por cuatro mil pesos colombianos (un dólar), pues el depreciado bolívar venezolano prácticamente desapareció en la frontera. Por el terminal de buses se mueven diariamente viajeros que inician su travesía a pie al extranjero o vuelven, también caminando, a Venezuela.

Ida y vuelta

Un millar de migrantes pasa por el albergue cada mes, dice a la AFP Cristhian Pastrán, vocero de la diócesis, quien destaca que el flujo aumenta y muta: «ya no es solo de ida, sino también de vuelta».

El 58 % de los grupos de caminantes que contabilizó Odisef entre junio y agosto salían y el 42 % entraban a un país cuya economía ganó oxígeno tras la flexibilización de asfixiantes controles. 

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Casi la mitad de estos migrantes eran niños y adolescentes, muy vulnerables al tráfico humano.

Carteles y folletos advierten de ese peligro en el refugio.

La diócesis tiene otro albergue -focalizado en víctimas de trata o abusos sexuales- y siete puntos móviles de asistencia. Hasta 10.000 personas, apunta Pastrán, han sido atendidas en un mes por toda la red.

Belén González, de 25 años, llega al albergue de San Antonio con su niña y su esposo, en su retorno al país a pie tras migrar a Ecuador en 2020. Su marido quedó desempleado.

«No teníamos para el arriendo y nos sacaron a la calle», cuenta.

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En una ruta sin fin, retornados como Belén contemplan volver a migrar sin visa, ahora con el Darién en el horizonte. «No sabemos si nos vamos a ir otra vez. Pensamos en Estados Unidos».

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Internacionales

Imputan con prisión preventiva al jefe de custodia del presidente uruguayo

Foto: BBC

AFP

El jefe de la seguridad personal del presidente de Uruguay fue imputado con 30 días de prisión preventiva este martes en el marco de una investigación sobre una red de ciudadanos uruguayos y rusos dedicada a la falsificación de documentos. 

Alejandro Astesiano, de 48 años, expolicía y quien trabaja con la familia Lacalle desde más de dos décadas, fue formalizado por «la presunta comisión de un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor (…), asociación para delinquir y tráfico de influencias», informó la Fiscalía. 

El custodio había sido detenido el domingo en la residencia presidencial por orden de la fiscal Gabriela Fossati, quien lleva adelante la investigación de un caso que se avizora, indicó, «largo y complejo». 

La investigación comenzó dos años atrás, cuando llamó la atención una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de ciudadanos rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos, lo que los habilitaba a obtener pasaportes del país sudamericano.

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«Adulteraban partidas rusas originales, inscribiéndose como hijos naturales de un ciudadano uruguayo», indicó Fiscalía, aclarando que todavía no se ha podido conocer si esta actividad se realizaba en Uruguay o en el extranjero. 

La fiscal aseguró que «se ha reunido evidencia de alta calidad que permite conectar» a Astesiano con el grupo «por lo menos a partir del 30 de agosto de 2021».

La causa ya imputó a otros tres individuos, un uruguayo y dos rusos. 

Astesiano acumula desde 2002 más de 25 indagatorias por hurto, estafa, apropiación indebida y daño. Se trata de «anotaciones» policiales, ya que en ningún caso se probó delito, por lo que técnicamente no tiene antecedentes penales, algo que Lacalle Pou remarcó el lunes en conferencia de prensa. 

El custodio fue procesado sin prisión por estafa en 2002, pero de acuerdo a la legislación uruguaya luego de cinco años de cometido el delito, si no hay reincidencia, el legajo queda limpio.

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El mandatario contó que conoció a Astesiano durante una campaña electoral en 1999, y que luego trabajó en campañas para su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle, y para su propio equipo en 2004, 2009 y 2014. Trabaja como su jefe de custodia desde 2019.

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Internacionales

Chile decide en plebiscito entre una sociedad liberal o más solidaria

AFP || por Paula BUSTAMANTE

Chile decide este domingo si aprueba una nueva Constitución tras un debate que apasionó a sus ciudadanos, nacido en 2019 de la rabia popular contra un modelo de éxito económico pero con grandes desigualdades sociales.

La Carta Magna sometida a referéndum busca reemplazar una vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que a pesar de varias reformas en democracia dejó atada a las leyes del mercado la educación, la salud y el sistema de pensiones, sin que el Estado pueda regular la actividad privada.

Con ventaja al rechazo en las encuestas, el partido está lejos de definirse con el resultado del domingo.

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Como reflejan Anadriel Hernández (18) y Tomás Ortega (19), ambos primeros votantes, la elección pasa por la esperanza de cambio o el miedo a ese giro. Ortega dice que votará Rechazo decepcionado por el proceso y por «la eliminación del Senado» o por una lógica «casi separatista en el trato de temas indígenas».

Convencida por el Apruebo, Hernández admite que los cambios no serán «de la noche a la mañana, porque eso sería imposible, pero siempre se comienza por algo y la nueva Constitución es un gran paso para empezar a cambiar la modalidad con la que se rige el país».

Ambos jóvenes consideran importantes las reformas en medio ambiente, educación y salud, pero para Ortega el texto fue muy lejos en algunas y se quedó corto en otras. Cree que es necesario un cambio constitucional «pero no como quedó esta propuesta».

Hernández defiende que se incluyeron temas «porque no se tomaron en cuenta en gobiernos anteriores».

El texto sometido al voto de más de 15 millones de personas fue redactado durante un año por una convención elegida con paridad e inclusión de indígenas, que dio como resultado un texto progresista, elogiado por economistas como Thomas Piketty y Mariana Mazzucato, filósofos y estrellas internacionales, pero que polarizó a la dirigencia política chilena, muy desacreditada en la calle.

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– «Escenario abierto» –

Las encuestas divulgadas hasta el 20 de agosto, sin excepción, pronostican un triunfo del Rechazo.

Pero en las calles, la campaña del voto negativo no ha movilizado a su gente. Al contrario, el Apruebo ha convocado multitudes en fiestas de barrios y plazas del país.

«El escenario está totalmente abierto y a medida que se acerca el día del referendum se confirman datos de que habrá un gran número de votantes», explicó a la AFP la politóloga Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. 

Será la primera elección con voto obligatorio en una década y en un país con altísima tasa de abstención en las consultas más recientes. Pero la firma Criteria indicó en las últimas horas que 84% (12,6 millones) de personas tendrían intenciones de ir a votar, lo que podría significar una «revolución participativa».

La campaña por el Rechazo del grupo «Amarillos por Chile» quitó del primer plano a grandes figuras de la derecha para exponer mejor las dudas de intelectuales y dirigentes de centro e izquierda. 

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La última evaluación del texto realizado por Criteria indicó que 42% de los encuestados reprueba su contenido según lo que ha escuchado o leído; un 28% lo aprueba aunque lo considera regular y 26% le da una nota sobresaliente.

Los defensores del nuevo texto creen que con este se cambiará un país otrora conservador y con marcadas fracturas sociales por el origen étnico y económico. Consideran que se sientan las bases para un Chile más equitativo. 

Sus detractores temen en cambio que con su aprobación Chile se dirija al abismo.

– Ambición progresista que asusta –

Si bien los chilenos dieron señales electorales claras de voluntad de cambio tras el estallido social de 2019, aprobando con 79% de apoyo la redacción de una nueva Constitución por independientes e integrantes electos por la ciudadanía, llegan al cierre de este ciclo sin certezas sobre el resultado del domingo. 

Los cambios que mayores divisiones crearon e hicieron que el Rechazo ganara terreno fueron los ajenos a la demanda de derechos sociales, donde hay respaldo transversal. 

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Pero el planteamiento de una mayor autonomía para los indígenas, derecho a decidir la interrupción del embarazo y controles más estrictos en el poderoso sector minero u otras industrias, en beneficio del cuidado medioambiental, atemorizaron a muchos.

Todo ello en un escenario de desaceleración económica y alta inflación (13% anual).

«No quiero que sea otra Venezuela, tenemos mucho que perder. Son necesarias las reformas sociales, pero tampoco cambiar las reglas de un país que anda bien», dijo a la AFP Patricio Gutiérrez, un ingeniero de 40 años empleado en una minera trasnacional. 

Cualquiera sea el resultado del domingo, el proceso constituyente seguirá marcando la agenda, porque detractores y partidarios parecen convencidos de la necesidad de las reformas, e incluso los sectores de derecha más conservadores no podrán esquivar esos pedidos de cambio que mantienen a este país en un clima de agitación.

A solo tres días del plebiscito, el periodista Simón Boric, hermano del presidente de Chile Gabriel Boric, fue agredido por manifestantes en el centro de Santiago, en medio de protestas aisladas pero varias con mucha violencia.

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