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Chile sumergido en su laberinto constitucional

Foto: Javier Torres / AFP

AFP | Paulina Abramovich

Chile está sumergido en negociaciones para lanzar un nuevo proceso Constitucional, pero a casi un mes de la contundente derrota en las urnas de la propuesta de nueva Carta Magna, no logra encontrar una fórmula de consenso entre una élite política cada vez más polarizada.

Conocido el resultado electoral del plebiscito del 4 de septiembre, que por un 62 % rechazó la propuesta de nueva Constitución que buscaba reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), los partidos políticos comprometieron un rápido acuerdo para establecer un nuevo itinerario electoral.

Pero transcurridas varias rondas de negociaciones y cerca de un mes después del referéndum, no hay aún un acuerdo sobre los llamados «bordes» (límites) o nuevos principios generales que regirían al nuevo proceso: cuál será el órgano que redacte la nueva Carta Magna, quiénes lo integrarían y en qué plazos realizará su trabajo, entre otros aspectos.

«Es un momento bastante prematuro para decir que tenemos cerrado un nuevo proceso constituyente en Chile. Estamos en lo que son las etapas preliminares», dijo a la AFP el politólogo de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza.

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Los extremos políticos, tanto desde la izquierda como la derecha, han agudizado los argumentos a favor y en contra del proceso, haciendo más difícil llegar a consensos.

«La complejidad que tiene este proceso es que por ambos lados, tanto la izquierda extrema como la derecha extrema, generan costos para que este acuerdo sea posible», dice a la AFP el politólogo de la Universidad de Santiago, Marcello Mella.

«Y aíslar a los extremos requiere su tiempo», agrega este analista.

«Bordes» o límites

La oposición de derecha -en minoría y sin poder de decisión en la Convención Constitucional que redactó la fracasada nueva Carta Magna- se apropió del contundente triunfo del «Rechazo» y estableció una serie de límites y condiciones para relanzar un nuevo proceso constitucional, entre ellos que no se trate de un texto «refundacional» como considera que fue el anterior.

«Ni siquiera el más optimista del mundo del ‘Rechazo’ pensó que la diferencia (electoral) del plebiscito de salida iba a ser tan grande, y eso fortaleció la postura de los sectores mas duros», dijo Rodrigo Espinoza, para explicar la demora en llegar a acuerdos.

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La coalición opositora propone que haya asuntos que se respeten en el proceso constituyente futuro como la «unidad de la nación chilena; la existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes; la existencia de un Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado y la protección del derecho a la vida».

La propuesta contradice aspectos consagrados en la fracasada propuesta constitucional, que establecía el derecho al aborto y terminaba después de 200 años con el Senado de la República (y lo sustituía por una cámara de las regiones). Establecía, además, un Estado plurinacional, con el reconocimiento de 11 naciones originarias.

«Sin principios ordenadores, es muy difícil que la ciudadanía perciba que este proceso es diferente al que fracasó rotundamente el 4 de septiembre», explico el senador y presidente del ultraconservador partido Unión Demócrata Indepeniente UDI, Javier Macaya. 

Contenido del acuerdo

El presidente Gabriel Boric pidió también un proceso constituyente «con bordes más claros» que el anterior, que partió de una hoja en blanco, aunque con límites distintos a los que propone la derecha.

«No pretendo pautear cómo los congresistas tienen que llegar al contenido de este acuerdo» pero «hay cosas evidentes. Uno: el pueblo chileno se pronunció mayoritariamente en el plebiscito de (de octubre de) 2020 por una nueva Constitución escrita por un órgano 100% electo para ese fin», afirmó el mandatario.

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Todavía las coaliciones políticas no fijan los mínimos comunes, aunque hay señales de acuerdo para que sea redactado por un órgano paritario, con votaciones regulares y acompañado por una comisión de expertos, la que no operó en el proceso anterior.

Este viernes, cinco representantes del oficialismo y de la oposición se reunían para seguir con las conversaciones.

¿Podría quedar en nada el proceso?

«Es posible que esto pudiera quedar en nada, pero hay un temor de que pudiera revivir el ‘octubrismo’», advere Espiniza, en referencia a las masivas manifestaciones sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019 y que dieron inicio al primer y fracasado proceso constitucional.

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El Vaticano honra a Juan Pablo II a 20 años de su partida

El Vaticano conmemoró este miércoles el vigésimo aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II con una misa en la basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano. La ceremonia se llevó a cabo sin la presencia del papa Francisco, quien continúa su convalecencia en la Casa Santa Marta tras haber estado hospitalizado durante 38 días debido a problemas respiratorios.

Entre los asistentes destacaron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una delegación del Gobierno de Polonia y el cardenal Stanislaw Dziwisz, quien fue secretario personal del papa polaco durante décadas.

Juan Pablo II lideró la Iglesia católica durante casi 27 años, hasta su fallecimiento el 2 de abril de 2005. Fue beatificado en 2011 por Benedicto XVI y canonizado en 2014 por el papa Francisco.

En su homilía, Parolin recordó a Juan Pablo II como «un santo» y «un peregrino incansable» que llevó la Iglesia al tercer milenio a través de sus numerosos viajes apostólicos. Además, destacó su firme postura ante los líderes mundiales en defensa de la justicia, la dignidad humana y la paz.

«Recordamos con gratitud y admiración su incansable servicio por la paz, sus llamamientos apasionados y sus esfuerzos diplomáticos para evitar conflictos, aunque muchos de sus llamados, como los de los grandes profetas, no fueron escuchados», expresó el cardenal.

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Elon Musk y Trump sugieren el fin del Departamento de Eficiencia Gubernamental

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) podría estar en sus últimos días.

Elon Musk insinuó recientemente que su labor en el organismo pronto llegará a su fin, mientras que el expresidente Donald Trump declaró esta semana a los periodistas que el empresario «en algún momento, va a volver» a dirigir sus compañías. Sobre el destino del DOGE, Trump fue claro: «llegará a su fin».

Estas declaraciones se dieron antes de que Musk sufriera un revés en Wisconsin, donde su candidato para la Corte Suprema estatal fue derrotado a pesar de una inversión personal de más de 21 millones de dólares y su participación en un evento de campaña el fin de semana. Además, Tesla, su compañía de autos eléctricos, reportó una caída del 13 % en ventas durante el primer trimestre del año, aumentando los desafíos para el multimillonario.

Aunque la Casa Blanca no ha anunciado una fecha exacta para el cierre del DOGE, desde su creación nunca se contempló como un organismo permanente en Washington. Su operación estaba originalmente prevista hasta el 4 de julio de 2026, pero su final podría llegar antes de lo esperado.

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Tribunal ordena restablecer servicios legales para niños migrantes tras demanda contra el gobierno de Trump

Las clínicas de asistencia legal que demandaron al gobierno del expresidente Donald Trump tras la cancelación de servicios jurídicos para niños migrantes no acompañados siguen en la incertidumbre, a pesar de un fallo judicial que ordenó restablecer la asistencia legal directa.

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, dictaminó el martes por la noche que los servicios deben reactivarse, en respuesta a la demanda interpuesta por organizaciones de defensa de migrantes. La controversia surgió luego de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, junto con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, pusiera fin al contrato con Acacia Center for Justice el pasado 21 de marzo.

En su fallo, la jueza destacó que los grupos demandantes plantearon preocupaciones legítimas sobre la posible violación de una ley de 2008 destinada a combatir la trata de personas. Argumentó que cancelar la financiación sin garantizar la disponibilidad de abogados podría justificar el restablecimiento de los servicios mientras el litigio avanza.

La orden judicial, que entró en vigor este miércoles, se mantendrá hasta el 16 de abril. «El tribunal también considera que la financiación continua de la representación legal para niños no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema de inmigración», subrayó la jueza en su resolución.

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