Internacionales
Juez toma declaración a 5 tripulantes de un avión venezolano y sobresee a otros 14
AFP
Un juez argentino que desde junio investiga a la tripulación de un avión de carga venezolano que aterrizó en Buenos Aires tomó declaración indagatoria esta semana a tres iraníes y dos venezolanos, y sobreseyó el caso de otros 14, informó el viernes la prensa argentina.
El juez federal Federico Villena dictó además el sobreseimiento de 12 venezolanos y dos iraníes tripulantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur, informaron fuentes judiciales citadas por la agencia oficial Telam.
Doce de los 14 tripulantes sobreseído ya habían sido autorizados a irse del país y llegaron a Caracas el pasado 16 de septiembre. Otro dos, un iraní y un venezolano, recién podrán hacerlo ahora.
En sendas audiencias esta semana, el juez tomó declaración indagatoria a los iraníes Gholamreza Ghasemi, señalado como miembro de la Guardia Revolucionaria iraní; Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohamamadi, así como a los venezolanos Mario Arraga y Víctor Pérez Gómez.
En la indagatoria, los iraníes se limitaron a presentar un escrito mientras que los dos venezolanos aceptaron responder las preguntas, según las fuentes.
En su fallo divulgado por la prensa argentina, el juez explicó que avanzó en las indagatorias y los sobreseímientos pese a considerarlo «prematuro» porque la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata lo emplazó con diez días hábiles a resolver la situación de los tripulantes.
En su escrito, el juez aclara que aún le «resta recibir respuesta de los exhortos internacionales librados a Paraguay, España, República Dominicana y Aruba».
Antes de su viaje a Argentina, el avión había estado en mayo en Paraguay, de donde llevó a la isla caribeña de Aruba un cargamento de cigarrillos.
El avión llegó a Argentina procedente de México el pasado 6 de junio de un Boeing 747 con un cargamento de autopartes, ya entregado a una fábrica automotriz, y una tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes.
Debido a las sanciones estadounidenses, el avión no pudo repostar combustible en Buenos Aires por lo que el avión partió hacia Uruguay el 8 de junio, pero Montevideo le negó el ingreso y volvió al aeropuerto argentino de Ezeiza.
El aparato pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air.
A mediados de agosto el juez Villena admitió un pedido de Estados Unidos para incautar el Boeing 747, que permanece varado en el aeropuerto de Buenos Aires.
La justicia argentina inició entonces una investigación en la que aceptó como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y prohibió la salida del país de la tripulación, que quedó alojada en un hotel cercano al aeropuerto.
Argentina acusa a exgobernantes iraníes por el atentado contra el centro judío AMIA -también sede de la DAIA-, que dejó 85 muertos y unos 300 heridos en 1994 en Buenos Aires.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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