Las familias mexicanas encabezaron el número de detenciones de migrantes en Estados Unidos durante 2025, en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se registraron 39,034 familias mexicanas detenidas, superando a otras nacionalidades de la región. En segundo lugar se ubicaron las familias venezolanas, con 27,953 detenciones, seguidas por Honduras con 13,209 y Guatemala con 9,643.

El informe señala además que los ciudadanos mexicanos se mantuvieron como el principal grupo nacional detenido por las autoridades fronterizas durante ese año, con una proporción significativamente mayor frente al resto de países.

Este comportamiento se produce en medio del endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos, las cuales han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos. La Human Rights Watch denunció que el Gobierno estadounidense ha impulsado una campaña de redadas y detenciones a nivel nacional orientada a promover deportaciones masivas.

Según la organización, estas acciones se intensificaron inicialmente en ciudades como Los Ángeles y luego se extendieron a otras localidades del país, basándose en operativos que, en algunos casos, estarían dirigidos por criterios como la raza, etnia u origen nacional percibido.

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Asimismo, advirtió que estos operativos han provocado la separación de familias y generado un clima de temor en comunidades migrantes, especialmente entre la población latina.

El aumento en las detenciones refleja el impacto de políticas migratorias más estrictas y mantiene abierto el debate sobre sus implicaciones sociales y humanitarias en Estados Unidos.

La defensa del expresidente venezolano Nicolás Maduro buscará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra durante la audiencia programada para este jueves en un tribunal federal de Nueva York.

El proceso judicial se desarrolla en un contexto de cauteloso acercamiento entre Washington y Caracas. Entre los puntos clave de la audiencia figura la definición sobre quién asumirá el pago de los honorarios legales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con la defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, el Gobierno venezolano pretende cubrir dichos gastos; sin embargo, para ello se requiere una licencia de la administración estadounidense debido a las sanciones vigentes contra el país sudamericano.

Pollack argumentó ante el tribunal que esta exigencia vulnera el derecho constitucional del exmandatario a contar con representación legal, por lo que solicitó la desestimación del caso por razones procesales.

Maduro enfrenta acusaciones en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y conspiración, en un proceso que inició tras su captura y traslado a territorio estadounidense en enero de 2026, donde se declaró inocente de los cargos.

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Según las imputaciones, el exgobernante habría mantenido vínculos con grupos armados, principalmente de Colombia, catalogados como organizaciones terroristas por Washington.

La audiencia forma parte de una serie de diligencias judiciales que han sido reprogramadas por motivos logísticos, mientras avanza el intercambio de pruebas entre la Fiscalía y la defensa.

La Fuerza Armada informó que la Marina Nacional ejecutó una operación humanitaria para trasladar a 16 náufragos de nacionalidad ecuatoriana, quienes fueron rescatados en alta mar.

Según el reporte oficial, dos de los rescatados fueron evacuados de manera prioritaria hacia la Base Naval de La Unión debido a que presentaban lesiones. Uno de ellos sufrió heridas en ambos pies, mientras que el otro registró quemaduras en la espalda, por lo que fueron remitidos a un centro asistencial para recibir atención médica oportuna.

Las autoridades detallaron que el resto del grupo será trasladado en las próximas horas, momento en el cual se verificará su estado de salud y su situación migratoria en el país.

La institución destacó que este tipo de operativos forma parte de las acciones humanitarias que impulsa El Salvador para salvaguardar la vida de personas en situaciones de emergencia en el mar.