Internacionales
EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken
AFP
Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.
El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.
Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico, pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».
Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».
Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.
«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó.
Los verdaderos «dueños»
Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas.
En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico».
En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.
En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».
El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.
Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.
Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.
Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.
Venezuela en el radar
Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.
El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.
Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.
Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».
No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.
El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.
El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.
Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.
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US Secretary of State Antony Blinken (R) and Colombian President Gustavo Petro greet each other after holding a press conference following a meeting to review cooperation on security, trade, and climate change issues, at the headquarters of the Colombian Presidency in Bogota, on October 3, 2022. (Photo by LUISA GONZALEZ / POOL / AFP)
Internacionales
Migrante guatemalteco fallece en hospital de El Paso tras semanas bajo custodia de ICE
Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.
El fallecimiento ocurrió a las 5:53 de la mañana en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre. ICE indicó que la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del centro la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones. La agencia sostuvo que el migrante recibió atención médica “constante y de alta calidad” desde que se detectó el deterioro de su salud.
Gaspar-Andres fue detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación conjunta de la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), la división de ICE encargada de la detención y deportación de migrantes. Según las autoridades, había ingresado de manera irregular a Estados Unidos tras cruzar desde México. Tras su arresto, fue enviado al centro de detención Krome South, en Miami, y posteriormente hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.
El 19 de septiembre fue trasladado a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios. Registros médicos incluidos en el informe señalan que recibió atención en múltiples ocasiones por reflujo, alergias, dolores de cabeza y otros malestares.
El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Gaspar-Andres fue intubado el 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales han documentado durante años condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en instalaciones de detención migratoria donde estuvo recluido el guatemalteco, entre ellas Krome y el campamento de ICE en Fort Bliss, conocido como Camp East Montana.
Los informes señalan un patrón constante: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o insalubres, acceso limitado a duchas, alimentación deficiente, luz encendida de manera permanente, uso extendido del aislamiento y demoras o negativas en la atención médica y de salud mental, algunas vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.
Durante el Gobierno de Donald Trump, múltiples organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluido el encierro de personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo.
En el año fiscal 2025, entre 20 y 22 personas han muerto bajo custodia de ICE, lo que convierte a este periodo en el más letal en dos décadas, solo por detrás de 2004, según datos oficiales.
Internacionales
María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Venezuela y denuncia el desmantelamiento democrático
La líder opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Premio Nobel de la Paz al pueblo de Venezuela y a los “héroes” que continúan luchando por la libertad y la democracia en su país. El mensaje fue leído en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en representación de su madre.
Sosa subió al estrado para recibir, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, el diploma y la medalla de oro, en medio de una ovación que contó con la presencia del rey Harald V de Noruega. En su discurso, transmitió la “infinita gratitud” de su familia y de Venezuela por el reconocimiento internacional a “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz”.
“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario”, expresó Sosa, antes de leer un mensaje que subrayó el valor cívico como base de la democracia. “Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, pero incluso la democracia más firme se debilita cuando los ciudadanos olvidan que la libertad no es algo por lo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos. Es una elección personal deliberada, y la suma de esas elecciones forma el ethos cívico que debe renovarse cada día”, señaló.
Machado, a través de las palabras de su hija, denunció que el “régimen” venezolano ha “desmantelado” la institucionalidad democrática en las últimas décadas, “violando la Constitución, falsificando la historia, corrompiendo al Ejército, purgando a jueces independientes, censurando a la prensa, manipulando elecciones, persiguiendo a los disidentes y destruyendo la biodiversidad del país”.
Asimismo, criticó el uso de la riqueza petrolera, que —según dijo— “no se utilizó para mejorar la vida de los venezolanos, sino para atarlos”. Afirmó que el petróleo se convirtió en una herramienta para “comprar lealtades fuera”, mientras que en Venezuela “grupos terroristas internacionales se fusionaron con el Estado”. Esto, añadió, ha contribuido a una pobreza que supera el 86 % y a la migración forzada de más de nueve millones de venezolanos.
Internacionales
Cámara baja de Brasil aprueba ley que podría reducir drásticamente la condena de Bolsonaro
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó durante la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que podría reducir de forma drástica la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La votación ocurrió en medio de una caótica sesión marcada por denuncias de boicot y tensión política.
Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por la Corte Suprema en septiembre por el intento de subvertir el orden democrático tras perder las elecciones de 2022 frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde finales de noviembre permanece encarcelado en instalaciones policiales en Brasilia.
El proyecto, incluido de forma sorpresiva en la agenda del día, propone una reducción significativa de las penas asociadas a varios delitos, entre ellos el de golpe de Estado. Según Paulinho da Força, parlamentario responsable de la iniciativa, de ser aprobado también en el Senado, la condena del exmandatario podría disminuir a “más o menos dos años y cuatro meses”. No obstante, el cálculo final dependerá del Poder Judicial.
La nueva normativa también abriría la puerta a la libertad condicional para más de cien seguidores bolsonaristas encarcelados por la asonada del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia, una semana después de la toma de posesión de Lula.
«Es un gesto de reconciliación. Un país no puede ser eternamente prisionero de su pasado reciente», defendió Paulinho da Força en el pleno legislativo.
Una sesión marcada por el caos
La sesión, celebrada en un Congreso de mayoría conservadora, estuvo lejos de la calma. El diputado izquierdista Glauber Braga fue expulsado a la fuerza por policías legislativos tras acusar a la mayoría de impulsar una “ofensiva golpista” en favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la Cámara para intentar boicotear la votación.
La transmisión oficial en vivo fue interrumpida, los periodistas fueron obligados a abandonar la sala y se registraron empujones y forcejeos entre legisladores y personal de seguridad. Ante estos hechos, la Federación de Periodistas de Brasil emitió un comunicado en el que «repudió vehementemente» la violencia ejercida contra varios de sus profesionales.
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