Internacionales
EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken
AFP
Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.
El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.
Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico, pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».
Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».
Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.
«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó.
Los verdaderos «dueños»
Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas.
En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico».
En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.
En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».
El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.
Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.
Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.
Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.
Venezuela en el radar
Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.
El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.
Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.
Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».
No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.
El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.
El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.
Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.
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US Secretary of State Antony Blinken (R) and Colombian President Gustavo Petro greet each other after holding a press conference following a meeting to review cooperation on security, trade, and climate change issues, at the headquarters of the Colombian Presidency in Bogota, on October 3, 2022. (Photo by LUISA GONZALEZ / POOL / AFP)
Internacionales
José Antonio Kast pone a El Salvador como referente en combate a la violencia
El candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, resaltó la reducción de la tasa de homicidios en El Salvador durante el actual Gobierno, al atribuir los resultados a la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.
Durante un debate transmitido en vivo de cara a la segunda vuelta electoral, Kast cuestionó la efectividad de las leyes aprobadas por el Congreso chileno para enfrentar la inseguridad. “Hoy en día Chile tiene más homicidios que los que tenía antes”, afirmó el aspirante presidencial, quien el próximo 14 de diciembre disputará el balotaje con la candidata de izquierda Jeannette Jara.
En ese momento, la moderadora del debate le señaló que se estaba abordando específicamente el tema de los femicidios y no el de los homicidios. Kast respondió que también han aumentado los femicidios y criticó la legislación vigente: “¿Y cuál fue el resultado de la ley? Aumentaron los femicidios porque no consideraron nuestras opiniones, nuestras observaciones de cómo hacerlo para que efectivamente bajaran”.
Luego, el candidato tomó como referencia el caso salvadoreño y preguntó: “¿Usted sabe cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de femicidios y disputas familiares? Casi cero”, se respondió.
De acuerdo con datos divulgados por el presidente Nayib Bukele, con base en registros del gabinete de seguridad, la tasa de homicidios en El Salvador cerró en 2024 con 1.9 por cada 100,000 habitantes.
La moderadora expresó que desconocía si el modelo de seguridad salvadoreño era el más adecuado para ser analizado o aplicado en la realidad chilena. No obstante, Kast sostuvo que “el ejemplo de Bukele es el mejor para todos los chilenos” y aseguró que, si los ciudadanos pudieran elegirlo en las urnas, lo harían.
Según el Gobierno salvadoreño, la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción ha permitido no solo una reducción de homicidios, sino también de otros delitos como extorsiones y privaciones de libertad. Estas medidas, sin embargo, no cuentan con el respaldo de los partidos de oposición ARENA, FMLN y VAMOS.
Internacionales
Moreno niega haber recibido sobornos y acusa al correísmo de usar la justicia para perseguirlo
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) reiteró este jueves que el proceso penal que enfrenta por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) responde a una “venganza” del correísmo, como represalia por haberse distanciado de ese proyecto político una vez que asumió la Presidencia. A su juicio, esa decisión evitó que “Ecuador se convierta en una dictadura perpetua y en otra Venezuela”.
Un juez deberá resolver el próximo lunes si Moreno es llamado a juicio dentro del denominado caso Sinohydro. La Fiscalía lo acusa de haber recibido, junto a miembros de su familia, más de un millón de dólares en sobornos por parte de la empresa estatal china Sinohydro, encargada de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
En un video difundido en redes sociales, el exmandatario afirmó que ha entregado todas las pruebas a la Fiscalía y negó haber recibido dinero ilícito. “No se ha podido probar que yo haya recibido un solo centavo”, declaró, al tiempo que defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, quienes figuran entre los acusados.
Moreno cuestionó además por qué no han sido incluidos en el proceso el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios. “¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? Jorge Glas”, manifestó.
Recordó que el proyecto fue inaugurado en noviembre de 2016 con la presencia de Correa y Glas, sin que en ese momento se haya realizado una revisión técnica adecuada. “De forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de dólares en garantías”, aseguró.
Añadió que, ya como presidente, se detectaron más de 17.000 fisuras en la obra, razón por la cual se negó a recibir oficialmente el proyecto e inició un proceso de arbitraje internacional. Actualmente, Moreno reside en Paraguay, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
La Fiscalía sostiene que los sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair ascienden presuntamente a más de 76 millones de dólares.
Internacionales
EE. UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y aviva polémica por muertes en ofensiva antinarcóticos
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundieron este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la creciente controversia en el Senado sobre la legalidad de las operaciones militares impulsadas por la Administración de Donald Trump contra este tipo de embarcaciones y sus tripulantes.
El ataque, que habría ocurrido este mismo jueves, fue confirmado por el Comando Sur a través de su cuenta oficial en la red social X. La acción forma parte de la ofensiva denominada “Lanza del Sur” y, según reportaron las autoridades militares, dejó un saldo de cuatro personas muertas, descritas por el Ejército como “narcoterroristas”.
De acuerdo con la publicación oficial, la orden para ejecutar el ataque fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra bajo fuerte escrutinio mediático luego de que el diario The Washington Post revelara que en septiembre pasado fuerzas estadounidenses habrían ordenado un segundo ataque en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de una primera incursión.
Hasta el momento, el Ejército no ha proporcionado detalles sobre la organización criminal que supuestamente operaba la embarcación atacada en esta ocasión.
Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado en una sesión a puerta cerrada, como parte de la investigación que analiza la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos impulsada por el presidente Trump.
El mandatario estadounidense aseguró esta semana que su gobierno se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano con el objetivo de neutralizar blancos vinculados al narcotráfico.
La ofensiva militar desplegada por Estados Unidos en zonas cercanas a Venezuela y Colombia ha dejado, según reportes, al menos 80 personas muertas y ha generado acciones legales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, destaca una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, por la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de estas operaciones.
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