Internacionales
EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken
AFP
Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.
El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.
Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico, pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».
Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».
Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.
«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó.
Los verdaderos «dueños»
Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas.
En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico».
En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.
En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».
El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.
Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.
Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.
Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.
Venezuela en el radar
Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.
El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.
Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.
Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».
No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.
El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.
El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.
Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.
Internacionales
Al menos 21 muertos tras la caída de un autobús a un abismo en Ecuador
La cifra de víctimas mortales por la caída de un autobús a un abismo en el sur andino de Ecuador aumentó de 12 a 21, informó el lunes el servicio de emergencias estatal.
El accidente ocurrió el domingo cuando el vehículo, lleno de pasajeros, transitaba por la vía que conecta las localidades de Guaranda y Ambato.
«El saldo de víctimas (…) asciende, lamentablemente, a 21 fallecidos y 40 personas heridas», indicó el servicio de emergencias ECU911 a través de un grupo de prensa en WhatsApp. La Secretaría de Riesgos había reportado inicialmente 12 muertos y 10 heridos.
En Ecuador, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte, con un promedio de un fallecido cada cuatro horas, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Durante el año pasado se registraron 21,220 accidentes que dejaron 2,302 fallecidos y 18,312 heridos, frente al récord de 2,373 muertes en 2023.
Internacionales
Haití: miedo y calles vacías tras amenazas de la coalición pandillera Viv ansanm
Puerto Príncipe amaneció este lunes con actividades casi paralizadas, luego de que las pandillas que dominan gran parte de la capital haitiana amenazaran con atacar a la policía tras una operación dirigida contra uno de sus grupos.
Jimmy Chérisier, alias «Barbecue», líder de la coalición pandillera Viv ansanm, publicó un video durante el fin de semana anunciando que sus hombres «saldrían a las calles para enfrentarse a las fuerzas de seguridad» y pidió a los habitantes que permanecieran en sus hogares.
La población tomó en serio la advertencia: la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas y solo algunos transportes públicos circulaban por la ciudad.
Ante la amenaza, organismos internacionales adoptaron medidas preventivas. Naciones Unidas recomendó a su personal en Puerto Príncipe teletrabajar, la embajada de Francia permanecerá cerrada, y la de Estados Unidos solicitó a sus empleados trabajar desde casa.
La policía haitiana, por su parte, suspendió vacaciones y permisos de sus agentes hasta nuevo aviso.
Estas tensiones se producen después de una operación policial el viernes en un suburbio de la capital, controlado por la pandilla 400 Mawozo. En el operativo murieron siete pandilleros y las fuerzas de seguridad debieron destruir un helicóptero de apoyo para evitar que cayera en manos de los criminales.
Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace tiempo la violencia de bandas organizadas que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política crónica.
Internacionales
Bangladesh condena a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad
La justicia de Bangladesh condenó este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios de 2024 que provocaron su caída y en los que murieron al menos 1.400 personas, según datos de la ONU.
El juez del tribunal de Daca, Golam Mortuza Mozumder, señaló que «todos los elementos (…) constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos» y anunció la imposición de «una sola pena, la pena de muerte».
Hasina, de 78 años, siempre negó los cargos y fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero a India en el verano de 2024. Tras la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh solicitó al gobierno indio la extradición inmediata de Hasina y de su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte y refugiado en India. La cancillería india se limitó a declarar que había «tomado nota del veredicto pronunciado».
La ONU calificó la sentencia como un «momento importante para las víctimas», pero expresó su oposición a la pena de muerte en todas las circunstancias, según declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los jueces consideraron a Hasina culpable de varios cargos relacionados con crímenes contra la humanidad, incluyendo incitación y orden de asesinatos durante los disturbios.
En un comunicado tras la sentencia, la ex primera ministra afirmó que el veredicto tenía «motivaciones políticas» y denunció que fue dictado por «un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático».
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