Internacionales
EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken
AFP
Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.
El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.
Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico, pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».
Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».
Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.
«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó.
Los verdaderos «dueños»
Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas.
En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico».
En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.
En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».
El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.
Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.
Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.
Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.
Venezuela en el radar
Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.
El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.
Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.
Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».
No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.
El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.
El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.
Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.
Internacionales
Cruce de acusaciones entre Colombia y Ecuador por bombardeos en zona fronteriza
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que bombardeos registrados en la zona fronteriza con Ecuador dejaron 27 cuerpos calcinados, en medio de versiones encontradas entre ambos gobiernos.
A través de la red social X, Petro aseguró que no autorizó dichas operaciones y descartó la participación de las fuerzas de seguridad colombianas. “Yo no he dado esa orden”, escribió el mandatario, al tiempo que señaló que los ataques no fueron ejecutados por su país.
Por su parte, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó las declaraciones de su homólogo colombiano y sostuvo que las acciones militares se desarrollan dentro del territorio ecuatoriano.
“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, publicó Noboa también en X, en respuesta a los señalamientos realizados por Petro la noche del lunes, cuando sugirió que Ecuador había llevado a cabo los bombardeos.
El mandatario ecuatoriano añadió que su gobierno mantiene operaciones contra grupos vinculados al narcotráfico, en el marco de su estrategia de seguridad interna.
Internacionales
Argentina oficializa su salida de la OMS tras cumplirse el plazo legal de un año
El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud, un año después de haber notificado oficialmente su decisión.
La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno a través de la red social X, donde explicó que el retiro se hace efectivo al cumplirse el plazo estipulado tras la notificación presentada el 17 de marzo de 2025 ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
Según detalló Quirno, la medida se enmarca en lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contempla un periodo de un año para la entrada en vigor de este tipo de decisiones.
A pesar de la salida del organismo internacional, el Gobierno argentino aseguró que continuará impulsando la cooperación en materia de salud mediante acuerdos bilaterales y mecanismos regionales, con el objetivo de preservar su soberanía en la toma de decisiones sanitarias.
La decisión fue justificada previamente por Milei como una respuesta a las “profundas diferencias” con la OMS durante la gestión de la pandemia de COVID-19. El mandatario ha sido crítico del organismo, al que calificó como “nefasto” y lo vinculó con lo que considera un “experimento de control social”.
El anuncio ha generado cuestionamientos por parte de expertos en salud, quienes calificaron la medida como perjudicial desde el punto de vista sanitario. No obstante, el Ejecutivo sostiene que la salida permitirá mayor flexibilidad y autonomía en la implementación de políticas públicas en el sector.
La postura del Gobierno argentino también refleja afinidades con la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el pasado ha impulsado decisiones similares respecto a la OMS.
Internacionales
EE. UU. dialoga con Japón y Corea del Sur sobre seguridad en el estrecho de Ormuz
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Japóny Corea del Sur, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio y tras el llamado del presidente Donald Trump a desplegar buques militares en el estrecho de Ormuz.
Las llamadas, realizadas la noche del lunes, incluyeron al canciller japonés, Toshimitsu Motegi, y al ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, quienes destacaron la importancia de garantizar la seguridad marítima en esta ruta estratégica para el suministro energético mundial.
Aunque ambos funcionarios evitaron pronunciarse directamente sobre la solicitud de Washington de enviar embarcaciones militares, coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad en la zona, dada su relevancia para el comercio global de petróleo.
Previamente, Trump reiteró su petición a Japón y Corea del Sur para que contribuyan a la protección del estrecho de Ormuz, subrayando que Estados Unidos mantiene presencia militar en ambos países como parte de su esquema de “protección”.
El mandatario también enfatizó que ambas naciones dependen en gran medida de las importaciones de petróleo provenientes de Oriente Medio, lo que refuerza la importancia estratégica de la ruta marítima.
Por su parte, el Gobierno japonés señaló que no existen planes inmediatos para desplegar fuerzas en la zona, argumentando la ausencia de una solicitud formal y la necesidad de evaluar la legalidad de la propuesta.
En tanto, Corea del Sur indicó que mantiene un diálogo cercano con Washington y que adoptará una “decisión cuidadosa” respecto a la petición.
Durante la conversación con Rubio, Motegi condenó las acciones de Irán, incluidos ataques a infraestructura civil y energética en países del Golfo, y ambas partes acordaron mantener una comunicación constante sobre la evolución de la crisis.
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