Internacionales
EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken
AFP
Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.
El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.
Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico, pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».
Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».
Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.
«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó.
Los verdaderos «dueños»
Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas.
En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico».
En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.
En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».
El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.
Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.
Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.
Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.
Venezuela en el radar
Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.
El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.
Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.
Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».
No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.
El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.
El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.
Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.
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US Secretary of State Antony Blinken (R) and Colombian President Gustavo Petro greet each other after holding a press conference following a meeting to review cooperation on security, trade, and climate change issues, at the headquarters of the Colombian Presidency in Bogota, on October 3, 2022. (Photo by LUISA GONZALEZ / POOL / AFP)
Internacionales
Operativo internacional deja más de 8,700 detenidos y miles de armas decomisadas
Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3,308 armas de fuego ilegales, 56 toneladas de drogas y la captura de más de 8,700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, informó la Organización Internacional de Policía Criminal.
La operación, denominada “Orca XI”, se desarrolló durante seis semanas, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos.
Según el informe divulgado por Interpol desde su sede en Lyon, además de las armas decomisadas, las fuerzas de seguridad confiscaron cerca de 200,000 municiones, 256,025 dólares en efectivo y 210 vehículos.
La organización destacó que el tráfico ilícito de armas en la región mantiene una estrecha relación con otros delitos como narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos cibernéticos.
El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, afirmó que las armas retiradas de circulación y la droga decomisada representan “un progreso real en la lucha contra el crimen organizado”.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó que la operación demuestra que “la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados”.
Entre los casos más relevantes reportados durante el operativo, Colombia informó sobre la captura de 22 personas investigadas por financiación del terrorismo y tráfico de armas.
En Panamá, dos sospechosos fueron arrestados por presunto contrabando de armas mediante servicios de mensajería y correo, mientras que en Brasil las autoridades desmantelaron una red criminal vinculada al narcotráfico y posesión ilegal de armas.
Asimismo, en Chile una investigación permitió la captura de tres personas y el decomiso de 580 kilogramos de drogas valoradas en aproximadamente 5.6 millones de dólares, además de nueve pistolas. Las autoridades chilenas también congelaron 11 cuentas bancarias relacionadas con operaciones de lavado de dinero.
En el operativo participaron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam, entre otros países de la región.
Centroamérica
Félix Ulloa se reúne con representante japonés para abordar desarrollo y modernización
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, recibió al asesor del ministro y director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, con quien abordó diversos temas relacionados con la transformación y desarrollo del país.
En el encuentro también participaron el embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, y el embajador salvadoreño en Japón, Diego Dalton.
De acuerdo con información de la vicepresidencia, Ulloa expuso el momento histórico que atraviesa El Salvador tras los avances alcanzados en materia de seguridad, y señaló que el país se encuentra en una nueva etapa orientada hacia el crecimiento económico y la modernización del Estado.
Durante la reunión, el vicepresidente también destacó el potencial energético nacional, especialmente en áreas como energías renovables y geotermia, como parte de la estrategia para atraer inversión y fortalecer el desarrollo económico.
Por su parte, Motoyuki Ishize expresó la disposición del Gobierno japonés de continuar fortaleciendo la cooperación con El Salvador, resaltando la importancia de acompañar el desarrollo de los países aliados bajo principios de respeto mutuo y crecimiento compartido.
El funcionario japonés también compartió la visión de su país sobre la relevancia estratégica del océano Pacífico para el crecimiento económico global y las oportunidades de integración regional.
Asimismo, la Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que avanzar en la agenda bilateral y consolidar los históricos lazos de amistad fue el principal objetivo de la II Reunión de Consultas Políticas entre ambas naciones.
El encuentro fue presidido por la vicecanciller Adriana Mira y el asesor japonés Motoyuki Ishize, como parte de los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la cooperación entre ambos países.
Internacionales
Estados Unidos acusa a Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
La acusación fue presentada ante una corte federal del Distrito Sur de Florida y sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, habría ordenado la operación que provocó la muerte de cuatro aviadores, entre ellos tres cubano-estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.
El caso trascendió previo a un acto encabezado en Miami por el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, en la emblemática Torre de la Libertad.
La acusación también incluye a varios militares cubanos señalados como presuntos participantes en el derribo de las aeronaves.
Mientras el Gobierno cubano sostuvo en su momento que las avionetas habían ingresado a su espacio aéreo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.
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