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EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken

Foto: Luisa González / Pool / AFP

AFP

Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.

El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.

Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico,  pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».  

Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».

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Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.

«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.

«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó. 

Los verdaderos «dueños»

Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas. 

En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico». 

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En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.

En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».

El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.

Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.

Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.

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Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.

Venezuela en el radar

Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.

El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.  

Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.

Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».

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No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.

El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.

El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.

Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.

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  • US Secretary of State Antony Blinken (R) and Colombian President Gustavo Petro greet each other after holding a press conference following a meeting to review cooperation on security, trade, and climate change issues, at the headquarters of the Colombian Presidency in Bogota, on October 3, 2022. (Photo by LUISA GONZALEZ / POOL / AFP)

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Sheinbaum llama a México a “estar alerta” ante intentos de injerencia extranjera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo que “el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores”, al asegurar que en el país “no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”.

Sheinbaum encabezó la conmemoración por los 200 años de la consolidación de la Independencia en el puerto de Veracruz, donde recordó las gestas que culminaron con la retirada definitiva de las tropas españolas en 1825 y reconoció el papel de la Marina Armada de México.

“Hoy como ayer estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”, afirmó. También señaló que “cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”.

Durante su discurso, la mandataria subrayó que la historia demuestra que tampoco prospera “quien convoca a la violencia como instrumento de presión” ni “el uso de la fuerza para acabar con la razón”.

En el acto estuvieron presentes integrantes de su gabinete; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz; así como las presidentas de la Cámara de Diputados y del Senado, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo.

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Las declaraciones de Sheinbaum se producen días después de que rechazara de manera tajante cualquier posibilidad de intervención militar de Estados Unidos en México. Ello, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico.

El jueves, durante el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, Sheinbaum reiteró que “se equivoca” quien convoque a una intervención extranjera. La semana pasada también recalcó que “cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada”, en referencia a opositores que han sugerido esa opción.

En medio de estas tensiones, sectores conservadores en Estados Unidos han insistido en una respuesta más firme contra el narcotráfico, mientras que el gobierno mexicano sostiene que la cooperación bilateral debe basarse en el intercambio de inteligencia, la reducción del tráfico de armas y el respeto absoluto a la soberanía nacional.

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EE. UU. designa al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que entrará en vigor este lunes y que forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 16 de noviembre que existen “bases fácticas suficientes” que vinculan al Cartel de los Soles con actividades terroristas, de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que regula este tipo de designaciones. La normativa establece que una organización extranjera puede ser catalogada como terrorista si participa en actos violentos y representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o para los intereses nacionales del país.

Esta decisión se suma a una medida previa del Departamento del Tesoro, que en julio clasificó al Cartel de los Soles como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). El Gobierno de Venezuela rechazó entonces la acusación y aseguró que se trataba de un “invento” de Washington.

Rubio señaló que este cartel, junto con estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, está detrás de acciones violentas en la región y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El Cartel de los Soles —cuyo nombre alude a las insignias de los generales venezolanos— estaría integrado principalmente por altos mandos militares desde la década de 1990. No obstante, fue hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente su existencia y señaló como líderes de la organización al presidente Nicolás Maduro y al ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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La designación como FTO ocurre en paralelo a un aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, donde Washington afirma haber destruido unas 20 embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico y causado la muerte de al menos 83 personas vinculadas a estas operaciones.

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Congresistas demócratas reciben amenazas tras acusaciones de sedición de Trump

Varios congresistas demócratas denunciaron este domingo haber recibido amenazas de muerte y alertas de bomba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los acusara de sedición y pidiera su arresto por instar al Ejército a no cumplir “órdenes ilegales”.

El congresista Jason Crow, de Colorado, afirmó en el programa Face the Press de CBS que tanto él como su familia han sido blanco de intimidaciones tras las declaraciones del mandatario. “Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con ejecutar, ahorcar y arrestar usando esta retórica, la gente lo escucha”, advirtió Crow.

Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero, señaló a seis legisladores demócratas por difundir un video en el que llamaban a los militares a respetar la Constitución y rechazar órdenes que consideren fuera del marco legal, sin especificar a qué acciones se referían. El presidente calificó el mensaje como un acto sedicioso y exigió su procesamiento.

Desde su retorno al poder, Trump ha ordenado despliegues militares en varias ciudades gobernadas por demócratas, con el argumento de contener disturbios, aunque diversos tribunales federales han declarado inconstitucionales estas operaciones.

La escalada verbal del presidente también coincide con un aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, destinado —según la Casa Blanca— a presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro y combatir el narcotráfico. Washington afirma haber destruido una veintena de embarcaciones y causado la muerte de 83 personas vinculadas a dichas operaciones.

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La senadora Elissa Slotkin, de Michigan, acusó a Trump de utilizar “el Departamento de Justicia como arma” para silenciar críticas. “Casi de inmediato, la situación cambió para todos nosotros… Si el presidente dice cosas así, imagínense lo que hace la gente, las llamadas a nuestra oficina”, denunció.

Por su parte, el senador Mark Kelly, de Arizona, destacó la gravedad de las palabras del mandatario y recordó que “tienen un peso enorme, más que las de cualquier otra persona en el país”.

Ante este clima de tensión, varios legisladores, incluido Crow, han presentado denuncias policiales por las publicaciones del presidente. Aunque es poco probable que estos procesos deriven en acciones legales inmediatas, reflejan el creciente deterioro de las relaciones entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso.

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