Internacionales
EEUU y Colombia avanzan hacia una nueva política antidrogas durante visita de Blinken
AFP
Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken.
El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro, en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú, países gobernados por la izquierda al igual que Colombia.
Según Petro, durante el encuentro conversó con Blinken sobre el narcotráfico, pero «esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible».
Blinken apoyó las palabras del mandatario colombiano: «respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda».
Ambos gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema, tras cuatro décadas de lucha sin éxito contra el narcotráfico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
«Estamos invirtiendo en la prevención de quienes tienen adicciones en nuestros países y en otros sitios, para reducir los daños de las drogas ilícitas y para reducir la demanda en particular de los Estados Unidos, que da lugar a tanta actividad delictiva», declaró Blinken en la conferencia de prensa conjunta.
«Ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas (…) Estamos en sintonía al respecto», enfatizó.
Los verdaderos «dueños»
Desde su llegada al poder el 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas.
En ese sentido, Petro insistió en repartir tres millones de hectáreas de tierra fértil entre la población rural, para disuadir a los campesinos de cultivar la planta que sirve de materia prima a la cocaína, a quienes describió como el «proletariado del narcotráfico».
En cambio hay que «perseguir a los dueños del narcotráfico», lo que implica «aparatos de inteligencia capaces» y una interdicción efectiva de cargamentos en altamar, por donde pasa el 90% de la cocaína, comentó Petro.
En coincidencia, Blinken dijo que los países pueden «hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar», así como en la detención de los verdaderos «responsables del narcotráfico».
El gobierno colombiano busca el apoyo de Estados Unidos en su política de «paz total», a través de la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones del narco, respectivamente.
Petro iniciará en breve diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.
Entre esas ventajas está la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos.
Pero «nacotraficante que siga será extraditado; narcotraficante que se haya acogido a la justicia pero ser burle» del compromiso «debe ser extraditado», dijo el presidente.
Venezuela en el radar
Además del combate a las drogas, Petro y Blinken discutieron sobre seguridad regional y migración.
El secretario de Estado subrayó la «increíble generosidad» de Colombia con los venezolanos que huyeron en masa de la «catástrofe humanitaria» en su país. Cerca de dos millones de migrantes han cruzado la frontera, ante la severa crisis económica en el país petrolero.
Colombia definió un Estatuto de Protección Temporal por 10 años para los venezolanos, en un intento por regularizar la migración más grande de su historia.
Blinken insistió en el llamado de Estados Unidos para que Venezuela «vuelva a la democracia» mediante elecciones «libres e imparciales», tras desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta «reelección fraudulenta».
No obstante sus diferencias, Washington y Caracas anunciaron el sábado un canje de prisioneros.
El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá su visita a Colombia el miércoles y viajará ese día a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil de izquierda de 36 años, que se posesionó en marzo pasado.
El jueves y viernes estará en Lima para participar en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político de la región que depende de Washington para su presupuesto anual en más de 50%.
Está previsto que en la Asamblea, que reúne a todos los países del continente, se adopten varias resoluciones en contra de la invasión rusa a Ucrania -con reserva de algunos países-, sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y la crisis de seguridad en Haití.
Internacionales
ICE mantiene operativos en Minneapolis mientras crecen protestas y boicots económicos
Miles de residentes de Minneapolis salieron este viernes a las calles, pese a las gélidas temperaturas, para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abandone sus vecindarios. Las protestas se produjeron mientras el principal funcionario migratorio a cargo de los operativos reiteró que las detenciones no disminuirán.
Las manifestaciones se extendieron prácticamente por toda la ciudad. A lo largo de la jornada, habitantes de Minnesota marcharon por el centro de Minneapolis, realizaron una protesta en el aeropuerto, se concentraron en el estadio de los Minnesota Timberwolves de la NBA y participaron en un “apagón económico”, con el cierre de negocios como forma de boicot a la presencia de ICE.
A pesar del frío extremo provocado por una tormenta invernal, los manifestantes mantuvieron las movilizaciones para denunciar lo que consideran una campaña de persecución migratoria que ha afectado no solo a inmigrantes indocumentados, sino también —según activistas— a residentes legales, ciudadanos estadounidenses e incluso a un niño en edad preescolar.
Sin embargo, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aseguró que la ofensiva continuará. El funcionario redobló el mensaje de la administración al prometer que las operaciones no se detendrán y que seguirá la búsqueda de lo que describió como “extranjeros delincuentes”.
Las declaraciones de Bovino contrastan con las demandas de los manifestantes, quienes acusan a las autoridades federales de sembrar temor en comunidades enteras y de aplicar políticas migratorias de manera indiscriminada.
Internacionales
Gobierno de Trump amplía la “regla mordaza global” para incluir políticas de DEI e ideología de género
El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, anunció este viernes que el Gobierno de Donald Trump ampliará la denominada Política de la Ciudad de México para extender la prohibición de financiamiento federal no solo a organizaciones que realizan o promueven el aborto, sino también a aquellas que, según la administración, impulsan políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la denominada “ideología de género”.
El anuncio fue realizado durante la Marcha por la Vida en Washington, en un intento por apaciguar las críticas de activistas contrarios al aborto, quienes consideran que el Gobierno no ha avanzado lo suficiente en la restricción de este derecho.
“Vamos a empezar a bloquear a toda organización internacional que realice o promueva el aborto en el extranjero para que no reciba ni un dólar de dinero estadounidense”, afirmó Vance ante los asistentes. Agregó que la ampliación de la política busca también “proteger la vida y combatir las políticas de DEI y las ideologías de género radicales que afectan a nuestros niños”.
La administración Trump ha convertido la oposición a las políticas y programas de diversidad, equidad e inclusión en uno de los ejes de su agenda. La medida anunciada esta semana supone una expansión significativa de la Política de la Ciudad de México, conocida por sus detractores como la “regla mordaza global”. Esta política fue instaurada durante el gobierno de Ronald Reagan y ha sido revocada por administraciones demócratas y restablecida por gobiernos republicanos.
Según un funcionario del Gobierno, la política ampliada se aplicará no solo a organizaciones no gubernamentales extranjeras, sino también a organismos internacionales y ONG estadounidenses.
El mismo funcionario detalló que la expansión va más allá de los aproximadamente 8.000 millones de dólares destinados a programas de salud global, para abarcar más de 30.000 millones de dólares en asistencia exterior.
Las declaraciones de Vance, junto con un mensaje en video pregrabado del presidente Trump —en el que destacó sus nombramientos judiciales—, se producen en medio de crecientes presiones de sectores conservadores para que el Ejecutivo adopte medidas más severas contra el acceso al aborto con medicamentos. Entre ellas figura un plazo próximo para justificar su oposición a una demanda que busca poner fin a la disponibilidad de píldoras abortivas por correo.
Internacionales
Oposición venezolana afirma que el país sigue en lucha por una transición democrática
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, afirmó este viernes que el país continúa luchando por “abrir un camino cierto hacia una transición”, al conmemorarse el 68 aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y en un contexto marcado por el ejercicio del poder de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la coalición señaló que Venezuela atraviesa una “realidad compleja” y que la democracia “aún no ha sido restituida”.
“El país continúa luchando por abrir un camino cierto hacia una transición que permita recuperar la libertad, la justicia y el Estado de Derecho”, expresó el bloque opositor.
La PUD, integrada entre otros por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sostuvo que Venezuela necesita un proceso de “redemocratización”, así como instituciones “legítimas” e “independientes”. Para ello, indicó, se requiere “libertad, justicia, instituciones sólidas y reglas claras que permitan que la voz del pueblo se exprese con fuerza”.
La coalición subrayó que no bastan medidas aisladas o simbólicas para avanzar en ese proceso.
“No se trata de gestos simbólicos ni de anuncios parciales, sino de compromisos verificables que respondan al anhelo de la sociedad venezolana”, añadió.
El pronunciamiento se produce en momentos en que el Gobierno ha anunciado la excarcelación de presos políticos como un “gesto” para abrir espacios de diálogo, sin que hasta ahora se haya publicado un listado oficial de los beneficiados.
En ese contexto, la PUD insistió en que “no puede hablarse de democracia mientras existan más de 939 presos políticos y persistan la persecución y el uso del sistema de justicia como herramienta de control”.
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