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Centroamérica

Corte IDH condena a Honduras a pagar indemnización por asesinato de dirigente comunista en 1983

Foto: Diario La Tribuna

AFP

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras a pagar una indemnización por el asesinato de Herminio Deras García, dirigente del Partido Comunista asesinado en 1983, que supera el millón de dólares, anunció este lunes el organismo.

«El Estado de Honduras pagará las cantidades fijadas» en la sentencia, expresó el presidente de la Corte, Ricardo Pérez, al notificar oficialmente, de manera virtual, el fallo a favor de la familia y el organismo denunciante, el no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

La sentencia detalla una indemnización de 1.116.000 dólares que beneficia a 17 familiares de Deras, maestro de 42 años, detenido por agentes estatales y posteriormente ejecutado el 29 de enero de 1983 en su vehículo.

El fallo también obliga al Estado hondureño a investigar y sancionar a los responsables de la ejecución, construir un mausoleo en el cementerio a la víctima e introducir en el pénsum educativo clases sobre «el pasado de violencia» del país centroamericano.

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Explica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 20 de agosto del 2020 el caso «de la ejecución extrajudicial, en enero de 1983, de Herminio Deras García, maestro y dirigente del Partido Comunista de Honduras (…) así como las amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de su familia».

Deras fue ejecutado por policías en San Pedro Sula (norte), después de ser interceptado por un agente de tránsito que recibió instrucciones de un capitán del Batallón 3-16, relata el documento.

Los días 10 y 11 de mayo del 2022 «el Estado de Honduras presentó un reconocimiento de la responsabilidad», lo que facilitó el juicio, cuya sentencia fue emitida por unanimidad de los jueces el pasado 22 de agosto, notificada este lunes.

La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, dijo a la AFP «que el asesinato de Herminio Deras y la persecución y tortura contra su familia fue en la época más oscura de la historia de Honduras».

«Era la época de las ejecuciones, la persecución y las desapariciones forzadas por motivaciones políticas», agregó.

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Según un informe presentado en diciembre de 1993 por el estatal Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), entre 1979 y 1989, escuadrones de la muerte del ejército y la policía de Honduras, integrantes del batallón 3-16, entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el marco de la guerra fría, desaparecieron 184 personas.

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Centroamérica

Colocan primera piedra de “El Nido”, centro de maternidad pionero en la región

La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca convertirse en referente nacional y pionero en América Latina.

Durante el acto, destacó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la transformación del sistema de salud materno-perinatal del país, al apostar por un modelo centrado en la madre, el recién nacido y su familia.

El proyecto tiene como objetivo brindar atención integral y gratuita en un solo espacio, además de formar a profesionales de la salud bajo este enfoque y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

En ese contexto, la primera dama señaló que el modelo responde a la necesidad de transformar la forma en que se atiende el nacimiento, en línea con la Ley Nacer con Cariño, la cual promueve una atención más humana y centrada en la familia.

De acuerdo con información oficial, el complejo estará conformado por dos torres. La primera se enfocará en la atención materno-perinatal, acompañando a las madres desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, además de funcionar como un centro de formación especializado.

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Las autoridades subrayaron que el proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de salud y ofrecer experiencias de nacimiento más seguras y dignas para las familias salvadoreñas.

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Centroamérica

Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político

El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.

La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.

El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.

Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.

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De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.

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Centroamérica

FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.

Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.

La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.

Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.

El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.

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Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.

De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.

Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.

El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.

Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.

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