El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).

De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.

El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.

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Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.

El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.

En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.

Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.

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El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.

“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.

El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.

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Investigadores de la División de Información Policial de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con autoridades de Belice, localizaron y entregaron en la aduana de Melchor de Mencos, Petén, a un presunto pandillero de la mara Salvatrucha.

El detenido fue identificado como Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, quien será expulsado hacia El Salvador por medio de Migración Guatemala, a través de la frontera de Anguiatú, en Concepción Las Minas, Chiquimula, según el reporte oficial de la policía guatemalteca.

De acuerdo con las autoridades del país vecino, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron localizados 53 integrantes de estructuras criminales que permanecían de manera irregular en Guatemala. De ese total, 46 fueron entregados a la justicia salvadoreña, mientras que 47 guardan prisión en distintos centros penitenciarios guatemaltecos por delitos cometidos en ese territorio.

Entre los capturados durante el año recién finalizado en Guatemala y posteriormente devueltos a El Salvador figura Miguel Alexander González Escobar, alias «Chiky», perfilado como homeboy de la pandilla 18 Sureños y señalado como extorsionista. El sujeto habría huido de El Salvador tras la implementación del régimen de excepción.

González Escobar registra antecedentes penales desde 2016 por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito, según los registros oficiales.

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El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, destacó en su momento la coordinación regional en la lucha contra las estructuras criminales. «Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades de Guatemala y reafirmamos nuestro firme compromiso de encontrar a todos los miembros de grupos terroristas dentro y fuera de nuestras fronteras y hacer que rindan cuentas ante la ley», afirmó.

Villatoro agregó que «en este nuevo Estado de derecho no hay lugar para los terroristas. No permitiremos que quede ni un solo remanente que amenace la paz de nuestra sociedad de bien».