Centroamérica
Corte IDH condena a Honduras a pagar indemnización por asesinato de dirigente comunista en 1983
AFP
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras a pagar una indemnización por el asesinato de Herminio Deras García, dirigente del Partido Comunista asesinado en 1983, que supera el millón de dólares, anunció este lunes el organismo.
«El Estado de Honduras pagará las cantidades fijadas» en la sentencia, expresó el presidente de la Corte, Ricardo Pérez, al notificar oficialmente, de manera virtual, el fallo a favor de la familia y el organismo denunciante, el no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
La sentencia detalla una indemnización de 1.116.000 dólares que beneficia a 17 familiares de Deras, maestro de 42 años, detenido por agentes estatales y posteriormente ejecutado el 29 de enero de 1983 en su vehículo.
El fallo también obliga al Estado hondureño a investigar y sancionar a los responsables de la ejecución, construir un mausoleo en el cementerio a la víctima e introducir en el pénsum educativo clases sobre «el pasado de violencia» del país centroamericano.
Explica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 20 de agosto del 2020 el caso «de la ejecución extrajudicial, en enero de 1983, de Herminio Deras García, maestro y dirigente del Partido Comunista de Honduras (…) así como las amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de su familia».
Deras fue ejecutado por policías en San Pedro Sula (norte), después de ser interceptado por un agente de tránsito que recibió instrucciones de un capitán del Batallón 3-16, relata el documento.
Los días 10 y 11 de mayo del 2022 «el Estado de Honduras presentó un reconocimiento de la responsabilidad», lo que facilitó el juicio, cuya sentencia fue emitida por unanimidad de los jueces el pasado 22 de agosto, notificada este lunes.
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, dijo a la AFP «que el asesinato de Herminio Deras y la persecución y tortura contra su familia fue en la época más oscura de la historia de Honduras».
«Era la época de las ejecuciones, la persecución y las desapariciones forzadas por motivaciones políticas», agregó.
Según un informe presentado en diciembre de 1993 por el estatal Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), entre 1979 y 1989, escuadrones de la muerte del ejército y la policía de Honduras, integrantes del batallón 3-16, entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el marco de la guerra fría, desaparecieron 184 personas.
Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Detenidos más de 140 pandilleros en ciudad cercada de El Salvador
| Por AFP |
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en la noche del domingo que más de 140 pandilleros han sido detenidos en la ciudad de Soyapango después de dos días de estar cercada por militares.
«En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco», aseguró el gobernante en su cuenta de Twitter.
Desde la madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías, establecieron un cerco para buscar detener a presuntos pandilleros en el populoso municipio de Soyapango, vecino a la capital San Salvador, en el marco de la guerra que el gobierno mantiene desde marzo en contra de esas agrupaciones criminales.
Bukele recordó que Soyapango, una de las localidades más pobladas del departamento de San Salvador con 242.000 habitantes y donde también se ubica la capital del mismo nombre, «está totalmente cercado».
Las autoridades, por el momento, no han presentado públicamente a los detenidos, como usualmente hacen en operaciones de seguridad pública.
El gobierno no ha mencionado, por aspectos de seguridad, hasta cuándo se mantendrá el cerco militar en Soyapango.
En El Salvador está vigente un régimen de excepción desde el 27 de marzo y que permite detenciones sin orden judicial.
El régimen de excepción, con el que se impulsa la guerra contra las pandillas, fue declarado en respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
Cuestionado por organismos humanitarios, la medida fue prorrogada recientemente por el Congreso hasta mediados de diciembre y la misma ha permitido la detención de 58.800 personas, presuntos pandilleros, según cifras del gobierno.
Centroamérica
Guatemala incauta 264 kilos de cocaína en puerto del Caribe
| Por AFP |
Guatemala incautó 264 kilos de cocaína oculta en un contenedor en el Puerto Barrios, sobre el Caribe guatemalteco (noreste), informó este lunes la Fiscalía.
«El hallazgo se produjo tras la inspección realizada en un contenedor en Puerto Barrios. La droga se encontraba en un compartimiento oculto en la parte del piso de dicho contenedor», dijo a periodistas el portavoz del ministerio Público (Fiscalía), Moisés Ortiz.
El funcionario comentó que la cocaína localizada la noche del domingo tiene un valor estimado en unos cuatro millones de dólares, según el mercado guatemalteco.
Sin embargo, Ortiz no indicó el país la procedencia del contenedor.
Las fuerzas antinarcóticas de Guatemala decomisaron 11 011 kilos de cocaína durante 2021, una reducción en casi el 20 % en comparación al año anterior, de acuerdo a datos del ministerio del Interior local.
Los cárteles internacionales utilizan a Guatemala y el resto de Centroamérica -con la ayuda de narcotraficantes locales- como países de tránsito de drogas hacia México y Estados Unidos.
Según Estados Unidos, el 90 % de la cocaína que ingresa en su territorio pasa por México y Centroamérica en avionetas, lanchas y submarinos.
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