Centroamérica
Dos franco-nicaragüenses serán juzgadas por «conspiración» en Nicaragua
AFP
La justicia nicaragüense dictó prisión preventiva y admitió una acusación penal contra dos mujeres con doble nacionalidad francesa y nicaragüense por supuestamente conspirar para menoscabar la integridad nacional y propagar noticias falsas, informó este lunes una fuente oficial.
El Juez VI Distrito Penal de Audiencias de Managua, Rolando Sanarrusia, admitió la acusación contra Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, en base a una petición hecha por la Fiscalía, indicó el Complejo Judicial de Managua en una nota de prensa.
Jeannine Horvilleur es esposa del opositor exiliado en Costa Rica Javier Álvarez.
Según el opositor, cuando la policía lo buscó a mediados de septiembre en su casa y no lo encontró, decidió llevarse detenidas a su esposa y a su hija y luego a su yerno Félix Roiz, quien fue también fue acusado por los mismos delitos.
Los tres familiares del opositor fueron acusados junto a otros 10 opositores nicaragüenses, quienes fueron inculpados por el Ministerio Público (Fiscalía) unos por menoscabo a la integridad nacional, otros por publicación de noticias falsas y otros por ambos delitos.
Las acusaciones fueron presentadas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre «por el Ministerio Público en contra de 13 personas (..) por los delitos de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas a través (..) en perjuicio del Estado», precisa la nota.
Entre los acusados está Álvarez, contra quien el juez dictó orden de detención por encontrarse fuera del país.
El opositor exiliado dijo en septiembre pasado desde Costa Rica que no puede regresar a Nicaragua porque su «vida corre peligro» y que desconoce por qué el gobierno lo persigue.
Admitió, sin embargo, que no está de acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo en septiembre que seguía de cerca la situación de las dos compatriotas francesas y estaban en contacto con las autoridades nicaragüenses
Las audiencias preliminares y las audiencias iniciales, en la que se revisarán las pruebas y la fecha del juicio contra el grupo de opositores acusados, están programadas entre el 13, 18 y 21 de octubre, informó el complejo judicial.
Más de 200 opositores están presos en Nicaragua en el contexto de la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales del 2018.
Centroamérica
Homicidios bajan 50 % y extorsiones 32 % durante el estado de sitio en Guatemala
Las autoridades guatemaltecas informaron este miércoles que los homicidios se redujeron en un 50 % y las extorsiones en un 32 % desde la entrada en vigor del estado de sitio decretado el pasado 18 de enero, tras un ataque atribuido a pandilleros que dejó 11 policías muertos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó en conferencia de prensa que, en comparación con el mismo período del año anterior, la estrategia de seguridad aplicada bajo la medida de excepción, vigente hasta el 18 de febrero, refleja una mejora en la situación del país.
Según el funcionario, desde el inicio del régimen especial se contabilizan 95 homicidios menos, mientras que las denuncias de extorsión vinculadas a pandillas han disminuido en casi un tercio. En ese mismo lapso, las fuerzas de seguridad ejecutaron 3,548 operativos que derivaron en cerca de 3,000 capturas.
Villeda detalló que entre los detenidos hay 78 presuntos pandilleros —catalogados como terroristas por el Estado guatemalteco—, 100 personas acusadas de extorsión y seis individuos requeridos en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También reportó la desactivación de 15 cámaras de videovigilancia que, según las autoridades, eran operadas clandestinamente por estructuras criminales en un sector popular de la capital.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el estado de sitio permitió interrumpir las comunicaciones entre los reclusos y sus colaboradores en el exterior, lo que calificó como un paso clave para desarticular redes de alta peligrosidad.
“El éxito se demuestra en operativos ejecutados de manera quirúrgica para no interferir con la normalidad de los ciudadanos”, sostuvo el mandatario.
El Gobierno decretó la medida excepcional luego de la crisis provocada por motines simultáneos en tres cárceles del país, encabezados por integrantes del Barrio 18 el 17 de enero. Los disturbios derivaron, al día siguiente, en ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, que dejaron 11 agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, en represalia por las acciones estatales para retomar el control de los penales.
Centroamérica
Honduras lamenta decisión de EE. UU. de cancelar el TPS para sus ciudadanos
El gobierno de Honduras expresó este lunes su pesar ante la decisión de la administración del presidente Donald Trump de mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que residen en Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional afirmó que los beneficiarios del programa «han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley» y que su permanencia dentro del sistema constituye «una prueba irrefutable de conducta intachable».
«Lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal», reiteró la cancillería.
Más temprano, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de retirar el beneficio del TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal que viven en ese país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la resolución como «una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos». Añadió que el TPS fue concebido, como su nombre lo indica, para ser temporal, pero sostuvo que «administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas».
La administración estadounidense argumentó que Honduras ya no cumple las condiciones que justificaban mantener la designación del TPS.
Centroamérica
Fuerzas de seguridad retiran cámaras presuntamente instaladas por el Barrio 18 en la zona 18
Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), junto a agentes de la Comisaría 12, la Policía Municipal y miembros de las Fuerzas Armadas, desinstalaron cámaras de videovigilancia colocadas en postes de distintas colonias de la zona 18 de la capital guatemalteca.
El operativo se desarrolló este lunes tras una denuncia ciudadana recibida en el centro de llamadas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los puntos intervenidos figuran la 31 avenida y 9ª calle de la colonia Paraíso II, así como la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, sectores que, según las autoridades, son dominados por la organización Barrio 18.
De acuerdo con la PNC, se presume que estos dispositivos eran utilizados por integrantes de la pandilla para vigilar a los habitantes y, dependiendo de sus intereses, convertirlos posteriormente en víctimas.
Hasta las 18:00 horas del lunes, las autoridades reportaban nueve cámaras incautadas: una en la colonia Paraíso II y ocho más en San Rafael II.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha intensificado las acciones contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 desde la instauración del estado de sitio el pasado 18 de enero. La medida fue adoptada tras la ofensiva de estos grupos, que incluyó la toma de tres prisiones y el asesinato de diez agentes policiales, en protesta por la recuperación del control penitenciario y la negativa a otorgarles concesiones especiales dentro de los centros penales.
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