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Internacionales

Congreso de Perú decidirá en dos semanas si inicia antejuicio a presidente Castillo

AFP

El Congreso de Perú, dominado por la derecha, anunció el miércoles que decidirá en dos semanas si abre un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo después de que la fiscalía lo acusara por el presunto delito de organización criminal.

«Tenemos 10 días hábiles para determinar si procede o no», dijo a la prensa Lady Camones, quien encabeza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la que compete la decisión.

Esta subcomisión es la primera valla que debe superar en el Congreso la denuncia de la fiscal general, Patricia Benavides, contra Castillo, una situación sin precedentes en Perú.  

Tras avanzar en varias instancias, el proceso puede desembocar en su separación del cargo.

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Camones anunció que el viernes empezarán a evaluar el pedido. Si es declarado procedente se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses antes de que llegue al pleno del Congreso.

El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte de Castillo, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.  

El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola declaró al diario La República que la denuncia de la fiscalía «tiene elementos para que el Congreso califique la conducta del presidente como permanente incapacidad moral, que lo inhabilita para seguir en el cargo».

La Fiscal de la Nación presentó el martes una denuncia constitucional contra Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso. 

«Es un hecho histórico que pone en riesgo la democracia y la estabilidad política de nuestro país», dijo Camones sobre la situación actual.

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La denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia. 

Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.

Desde su llegada al poder, ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e intentó ya en dos ocasiones destituirlo.

El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

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MARN1

Entretenimiento

Shakira cancela su concierto en Medellín por problemas con el escenario

Shakira ha cancelado su concierto en Medellín, Colombia, previsto para el 24 de febrero, debido a problemas con la estructura del escenario. Se trata del segundo show de su gira mundial que debe ser suspendido.

La artista expresó su tristeza por la cancelación a través de un mensaje en redes sociales. “¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía”, escribió. También mencionó que sus hijos estaban emocionados por conocer la ciudad y lamentó el impacto del imprevisto en los fanáticos que habían planeado viajar para el evento.

La productora Páramo Presenta explicó que el techo del escenario sufrió un daño estructural durante el montaje, comprometiendo la seguridad de la cantante, su equipo y el público. “Los organizadores están trabajando en la reprogramación de la fecha. Entendemos que esta decisión puede ser molesta, pero la seguridad es nuestra prioridad”, indicaron en un comunicado.

Shakira aseguró que, aunque la situación escapa de su control, confía en que pronto podrá reencontrarse con su público colombiano.

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Centroamérica

Honduras: alertan sobre violencia política en la antesala de las elecciones primarias

Las elecciones primarias e internas que Honduras celebrará el próximo 9 de marzo han estado marcadas por la violencia política, con el asesinato de cuatro precandidatos y el auge de discursos de odio en las campañas. Aunque aún no se ha determinado el carácter político de estos crímenes, el proceso electoral se desarrolla en un clima de incertidumbre y tensión.

«Desafortunadamente, la violencia política ha sido una constante en los procesos electorales del país, a pesar de más de 40 años de una democracia formal», expresó a EFE el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.

Según Mejía, esta situación resalta la urgencia de implementar reformas electorales profundas que ayuden a prevenir futuros hechos de violencia y restaurar la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático. Además, advirtió que los discursos de odio en las campañas han exacerbado la crisis.

Datos del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) indican que, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, se han registrado cuatro homicidios, cinco atentados y amenazas contra Ana Paola Hall, una de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre las víctimas de la violencia política se encuentra Iván Zambrano, empresario y precandidato a alcalde del movimiento «Avanza», del opositor Partido Nacional, liderado por Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico y uso de armas.

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También fue asesinado a balazos Ebernor Santos Paredes, precandidato a la Alcaldía de Lamaní, en el departamento de Comayagua, por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), en noviembre pasado.

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Centroamérica

Indígenas Guna Yala exigen a Panamá y EE.UU. asumir responsabilidad por crisis migratoria

Las autoridades de la comarca indígena Guna Yala, en Panamá, solicitaron este domingo que se detenga la llegada masiva de migrantes a su territorio autónomo, alegando que no cuentan con los recursos necesarios para gestionar el creciente flujo de personas que intentan regresar al sur del continente tras fracasar en su intento de ingresar a Estados Unidos.

El llamado del Congreso General Gunayala se produce días después del naufragio de una lancha con 21 personas en la costa de la comarca. Entre los pasajeros, 19 eran migrantes de Colombia y Venezuela, y el accidente dejó como saldo la muerte de una niña venezolana de ocho años.

Guna Yala, una de las seis comarcas autónomas indígenas de Panamá, se ha convertido en un punto de tránsito marítimo para los migrantes que, ante el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, buscan retornar a sus países de origen.

En un comunicado, el Congreso General Gunayala instó a los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos, así como a organismos internacionales, a «suspender la llegada masiva de migrantes» a su territorio, subrayando que la gestión de la crisis migratoria es responsabilidad del Estado panameño.

«Hemos sido sorprendidos de que nuestro territorio, sobre todo la vía marítima, se ha convertido en una ruta migratoria de hermanos suramericanos que están regresando a sus países de origen», señala el documento, en el que se enfatiza la falta de infraestructura, equipos y transporte para atender la situación.

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Las autoridades indígenas también indicaron que esta semana sostuvieron una reunión con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para coordinar el manejo del flujo migratorio, pero hasta el momento no se han concretado medidas efectivas.

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