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Internacionales

Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera

AFP

La Corte Interamericana de Dererchos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves los alegatos finales en el caso que enfrenta a habitantes del pueblo peruano La Oroya, que denuncian graves problemas de salud causados por la contaminación de una empresa minera, con el Estado peruano, al cual responsabilizan por falta de fiscalización.

La Oroya, una localidad de 30.000 habitantes situada 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, ha sido catalogada como «uno de los lugares más contaminados del planeta», dijo ante el tribunal la abogada Liliana Ávila, de la oenegé AIDA, que representa legalmente a los demandantes en el caso. 

La polución proveniente de un complejo metalúrgico que ha tenido varios operadores, públicos y privados, a lo largo de 100 años «ha permeado» tierra, agua y aire, agregó. 

En ese marco, los pobladores de esta comunidad, expuestos a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, han absorbido «múltiples sustancias tóxicas». 

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Los niveles de metales pesados, que en La Oroya superan largamente los estándares internacionales, pueden provocar problemas respiratorios, dolencias musculares, infertilidad, convulsiones o parálisis, así como problemas cognitivos, enumeró entre otros.

«Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes», señaló.

Para los pobladores, «el daño ya está causado y es irreversible (…) No hay vuelta atrás», agregó Ávila.

A su turno, la representación del Estado peruano, liderada por el abogado Carlos Reaño, alegó que «no toda presencia de metales pesados implica un daño a la salud». 

Para imputar responsabilidad internacional «debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias» y no es el caso, argumentó, pues, según afirmó, las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación. 

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«La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para reparaciones (…) por tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad», indicó. 

Los siete jueces de la CorteIDH escucharon a las partes en el último día de audiencia pública sobre este caso en Uruguay, donde se lleva a cabo el 153 período ordinario de sesiones del tribunal.

Se espera que dicten sentencia en unos seis meses, antes de los cuales manifestaron su intención de visitar el terreno.

El caso se inició en 2006, cuando un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 remitió el caso a la CorteIDH. 

Los demandantes argumentan que el Estado incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú, empresa que operó el complejo metalúrgico desde 1997, y a sus predecesoras, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de su salud. 

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Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco, se declaró en bancarrota en 2009 y fue cedida este año a sus trabajadores, que aspiran a retomar las actividades.

Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados. 

Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.

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MARN1

Entretenimiento

Shakira cancela su concierto en Medellín por problemas con el escenario

Shakira ha cancelado su concierto en Medellín, Colombia, previsto para el 24 de febrero, debido a problemas con la estructura del escenario. Se trata del segundo show de su gira mundial que debe ser suspendido.

La artista expresó su tristeza por la cancelación a través de un mensaje en redes sociales. “¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía”, escribió. También mencionó que sus hijos estaban emocionados por conocer la ciudad y lamentó el impacto del imprevisto en los fanáticos que habían planeado viajar para el evento.

La productora Páramo Presenta explicó que el techo del escenario sufrió un daño estructural durante el montaje, comprometiendo la seguridad de la cantante, su equipo y el público. “Los organizadores están trabajando en la reprogramación de la fecha. Entendemos que esta decisión puede ser molesta, pero la seguridad es nuestra prioridad”, indicaron en un comunicado.

Shakira aseguró que, aunque la situación escapa de su control, confía en que pronto podrá reencontrarse con su público colombiano.

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Centroamérica

Honduras: alertan sobre violencia política en la antesala de las elecciones primarias

Las elecciones primarias e internas que Honduras celebrará el próximo 9 de marzo han estado marcadas por la violencia política, con el asesinato de cuatro precandidatos y el auge de discursos de odio en las campañas. Aunque aún no se ha determinado el carácter político de estos crímenes, el proceso electoral se desarrolla en un clima de incertidumbre y tensión.

«Desafortunadamente, la violencia política ha sido una constante en los procesos electorales del país, a pesar de más de 40 años de una democracia formal», expresó a EFE el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.

Según Mejía, esta situación resalta la urgencia de implementar reformas electorales profundas que ayuden a prevenir futuros hechos de violencia y restaurar la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático. Además, advirtió que los discursos de odio en las campañas han exacerbado la crisis.

Datos del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) indican que, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, se han registrado cuatro homicidios, cinco atentados y amenazas contra Ana Paola Hall, una de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre las víctimas de la violencia política se encuentra Iván Zambrano, empresario y precandidato a alcalde del movimiento «Avanza», del opositor Partido Nacional, liderado por Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico y uso de armas.

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También fue asesinado a balazos Ebernor Santos Paredes, precandidato a la Alcaldía de Lamaní, en el departamento de Comayagua, por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), en noviembre pasado.

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Centroamérica

Indígenas Guna Yala exigen a Panamá y EE.UU. asumir responsabilidad por crisis migratoria

Las autoridades de la comarca indígena Guna Yala, en Panamá, solicitaron este domingo que se detenga la llegada masiva de migrantes a su territorio autónomo, alegando que no cuentan con los recursos necesarios para gestionar el creciente flujo de personas que intentan regresar al sur del continente tras fracasar en su intento de ingresar a Estados Unidos.

El llamado del Congreso General Gunayala se produce días después del naufragio de una lancha con 21 personas en la costa de la comarca. Entre los pasajeros, 19 eran migrantes de Colombia y Venezuela, y el accidente dejó como saldo la muerte de una niña venezolana de ocho años.

Guna Yala, una de las seis comarcas autónomas indígenas de Panamá, se ha convertido en un punto de tránsito marítimo para los migrantes que, ante el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, buscan retornar a sus países de origen.

En un comunicado, el Congreso General Gunayala instó a los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos, así como a organismos internacionales, a «suspender la llegada masiva de migrantes» a su territorio, subrayando que la gestión de la crisis migratoria es responsabilidad del Estado panameño.

«Hemos sido sorprendidos de que nuestro territorio, sobre todo la vía marítima, se ha convertido en una ruta migratoria de hermanos suramericanos que están regresando a sus países de origen», señala el documento, en el que se enfatiza la falta de infraestructura, equipos y transporte para atender la situación.

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Las autoridades indígenas también indicaron que esta semana sostuvieron una reunión con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para coordinar el manejo del flujo migratorio, pero hasta el momento no se han concretado medidas efectivas.

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