Centroamérica

«Crisis migratoria sin precedentes” en Honduras por migrantes venezolanos

Foto: La Voz de América

| Redacción |

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras, Ricardo López, señaló que los venezolanos constituyen el 35 % de los inmigrantes irregulares que ingresan al país y más de 44 000 lo han hecho irregularmente en el 2022, según nota del medio La Voz de América.

En Honduras sigue la ola migratoria desde Venezuela y según las autoridades de Tegucigalpa más de 43 315 migrantes del país sudamericano en situación irregular ingresaron a la nación centroamericana en lo que va de año hasta octubre.

“El Estado hondureño debe garantizar que las rutas utilizadas sean seguras y que se brinde protección a las personas en movilidad humana y no hacer cobros ilegales desde todo punto de vista”, recomendó López.

La entidad se basa en datos oficiales que apuntan a que “Honduras vive una crisis migratoria sin precedentes” debido a que desde principio del 2022 hasta mediados de octubre se registró el ingreso de 124 865 migrantes procedentes de Asia, África, el Caribe, Centroamérica y Suramérica. Del total de estos, unos 44 315 que representan el 35 %, son de nacionalidad venezolana.

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CONADEH ha informado que recientemente hubo denuncias de migrantes sobre supuestos abusos de las autoridades, así como de individuos que lo que han hecho es desviarlos a rutas altamente peligrosas para sus vidas.

Los migrantes usan la vía centroamericana para llegar a la frontera de México y de ahí a Estados Unidos como destino final, principalmente. La semana pasada la Casa Blanca estableció un nuevo modelo migratorio exclusivamente para los venezolanos al otorgarles 24 000 visas por medio de un registro en línea, sin embargo, miles de ellos habrían quedado atrapados en el Tapón del Darién, una peligroso paso selvático entre Colombia y Panamá.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.