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Tumbas anónimas, el final de algunos migrantes en la frontera de EEUU

Foto: Allison Dinner / AFP

| Por AFP | Paula Ramon |

El cementerio de la fronteriza Eagle Pass, con estatuas y arreglos florales, a primera vista luce como cualquier otro. Pero al fondo, unas 40 cruces improvisadas con tuberías de PVC develan la tragedia en el sur de Texas, donde el sueño americano de muchos migrantes termina en tumbas anónimas.

En un mar de lápidas con nombres hispanos, las pequeñas placas rotuladas con «John Doe» -fórmula anglosajona para una persona sin identificación- y una bandera estadounidense clavada en la tierra junto a las rudimentarias cruces, acentúan la paradoja de estos migrantes enterrados sin identificación en el país donde buscaban una segunda oportunidad.

Estados Unidos registró un año récord en su frontera sur con más de 2,2 millones de aprehensiones. 

Pero otra marca, desgarradora, redimensiona la tragedia detrás de esta estadística: de octubre de 2021 a agosto, más de 700 migrantes murieron en el intento de llegar a Estados Unidos, 36% más que el año anterior.

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«[La travesía] Fue un calvario», dijo Alejandra, una colombiana de 35 años que, sin saber nadar, atravesó el impetuoso río Grande para llegar a Texas. «Pero más miedo daba volver».

Sedienta, y resguardándose del ardiente sol bajo un árbol, Alejandra clamaba por asilo por temor al crimen organizado en Colombia. «Si volvemos, nos matan», dijo mirando a sus tres hijos adolescentes sentados a su lado.

«El enterrador»

Por miedo a ser deportados, muchos siguen a los «coyotes», arrastrando la mortalidad Texas adentro.

A 112 kilómetros de la frontera, el año pasado 119 cadáveres fueron encontrados en el pequeño condado de Brooks, el 21% de todas las muertes fronterizas en 2021.

Para evitar a las autoridades en los puestos de control de Falfurrias, principal ciudad del condado, los migrantes se internan en las haciendas y sucumben ante temperaturas de más de 30 ºC, perdidos entre densa vegetación árida y arenas traicioneras.

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«Es mortal ahí afuera», dice el sheriff Urbino Martínez. Conocido como «Benny» en Falfurrias, fue apodado «El enterrador» en Washington.

«Comenzamos a registrar los cadáveres encontrados desde 2009», dijo señalando veinte gruesos volúmenes, donde su departamento archivó las informaciones de 913 casos.

«Yo multiplicaría eso por 5 o 10, para considerar los cuerpos que jamás vamos a encontrar», dijo el sheriff que el año pasado inauguró una morgue móvil.

Las carpetas están rotuladas como «restos humanos», y algunas fotos hacen justicia a la leyenda mostrando apenas torsos, cráneos o unos huesos. 

«Con este calor, un cuerpo se descompone completamente en 72 horas. Y los animales destruyen lo que queda. Jabalíes, ratas, lo que sea que esté allá afuera los destroza», dice el sheriff, de 66 años, en su oficina. «Hemos encontrado huesos hasta en cuevas de ratas».

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La mañana que recibió a AFP, Martínez volvía de recuperar un cadáver, elevando el saldo a 80. «Es menos comparado con [los 119 de] 2021. ¡Pero 80 son 80 de más!».

«Te pasa factura, no solo física pero mentalmente».

Sin identificación

«La causa más común de muerte es insolación o deshidratación», explicó la forense Corinne Stern, a cargo de la principal morgue en el sur de Texas. 

«Hasta cinco años atrás, la frontera ocupaba 30% de mi tiempo. Ahora, 75%», dice la médica, de cuyo cuello cuelga un collar con el carácter en hebreo para «vida». 

En la recepción de la morgue un cuadro reza «Dejad a los muertos enseñar a los vivos». 

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Adentro, una pizarra lista de decenas de «John Doe» y «Jane Doe». «Más del 95% de los casos fronterizos que recibimos no tienen identificación», dijo Stern.

El recinto es impecable, pero el olor a descomposición es insoportable, penetrando a través de la máscara. 

«El año pasado tuvimos unas 296 muertes relacionadas con la frontera. Este año vamos en 250», prosigue después de analizar un cuerpo, aún con ropa, pero reducido a huesos, casi sin piel ni órganos.

La «paciente» llevaba una pequeña mochila verde oliva. Cuando la doctora la levanta, caen dos chupetas de envoltorios brillantes y coloridos que desentonan escandalosamente con el ocre terroso que impregnó la ropa y los huesos.

Para intentar identificarla, se extraen muestras de ADN, pero por ahora será rotulada como otra «Jane Doe».

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«¿Dónde está mi esposa?»

En 2013, un año después de que 129 cadáveres fueran encontrados en Brooks, Eduardo Canales fundó el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas. 

El exsindicalista instaló estaciones de agua en las entrañas de varias haciendas para evitar que los migrantes se intoxicaran con los bebederos del ganado. 

Canales, de 74 años, abastece los barriles azules de plástico que tienen coordenadas de localización y un número telefónico para pedir ayuda.  

Pero cuando comenzó a recibir llamadas de familiares buscando a seres queridos desaparecidos tras cruzar la frontera, decidió ampliar su trabajo. 

«Para mí lo más importante es que las familias puedan cerrar el ciclo», dice con frustración.

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«Las familias no dejan de buscar, nunca desisten. No dejan de preguntarse ¿dónde está mi esposa? ¿mi hermano? ¿mi hija?».

Muchos fueron enterrados anónimamente en el cementerio de Falfurrias, pero una articulación con la Universidad Estatal de Texas y autoridades permitió exhumar decenas de cadáveres e identificarlos gracias a huellas dactilares o ADN.

El esfuerzo ha reducido las tumbas anónimas en Brooks: de los 119 migrantes encontrados en 2021, 107 fueron identificados.

«Pero muchos más mueren y desaparecen sin que nunca los encontremos», dice Canales señalando al mar de arbustos en vuelta. «Aquí lo único constante es la muerte».

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Internacionales

Moreno niega haber recibido sobornos y acusa al correísmo de usar la justicia para perseguirlo

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) reiteró este jueves que el proceso penal que enfrenta por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) responde a una “venganza” del correísmo, como represalia por haberse distanciado de ese proyecto político una vez que asumió la Presidencia. A su juicio, esa decisión evitó que “Ecuador se convierta en una dictadura perpetua y en otra Venezuela”.

Un juez deberá resolver el próximo lunes si Moreno es llamado a juicio dentro del denominado caso Sinohydro. La Fiscalía lo acusa de haber recibido, junto a miembros de su familia, más de un millón de dólares en sobornos por parte de la empresa estatal china Sinohydro, encargada de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.

En un video difundido en redes sociales, el exmandatario afirmó que ha entregado todas las pruebas a la Fiscalía y negó haber recibido dinero ilícito. “No se ha podido probar que yo haya recibido un solo centavo”, declaró, al tiempo que defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, quienes figuran entre los acusados.

Moreno cuestionó además por qué no han sido incluidos en el proceso el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios. “¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? Jorge Glas”, manifestó.

Recordó que el proyecto fue inaugurado en noviembre de 2016 con la presencia de Correa y Glas, sin que en ese momento se haya realizado una revisión técnica adecuada. “De forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de dólares en garantías”, aseguró.

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Añadió que, ya como presidente, se detectaron más de 17.000 fisuras en la obra, razón por la cual se negó a recibir oficialmente el proyecto e inició un proceso de arbitraje internacional. Actualmente, Moreno reside en Paraguay, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

La Fiscalía sostiene que los sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair ascienden presuntamente a más de 76 millones de dólares.

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Internacionales

EE. UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y aviva polémica por muertes en ofensiva antinarcóticos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundieron este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la creciente controversia en el Senado sobre la legalidad de las operaciones militares impulsadas por la Administración de Donald Trump contra este tipo de embarcaciones y sus tripulantes.

El ataque, que habría ocurrido este mismo jueves, fue confirmado por el Comando Sur a través de su cuenta oficial en la red social X. La acción forma parte de la ofensiva denominada “Lanza del Sur” y, según reportaron las autoridades militares, dejó un saldo de cuatro personas muertas, descritas por el Ejército como “narcoterroristas”.

De acuerdo con la publicación oficial, la orden para ejecutar el ataque fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra bajo fuerte escrutinio mediático luego de que el diario The Washington Post revelara que en septiembre pasado fuerzas estadounidenses habrían ordenado un segundo ataque en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de una primera incursión.

Hasta el momento, el Ejército no ha proporcionado detalles sobre la organización criminal que supuestamente operaba la embarcación atacada en esta ocasión.

Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado en una sesión a puerta cerrada, como parte de la investigación que analiza la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos impulsada por el presidente Trump.

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El mandatario estadounidense aseguró esta semana que su gobierno se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano con el objetivo de neutralizar blancos vinculados al narcotráfico.

La ofensiva militar desplegada por Estados Unidos en zonas cercanas a Venezuela y Colombia ha dejado, según reportes, al menos 80 personas muertas y ha generado acciones legales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, destaca una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, por la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de estas operaciones.

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Ofrecen salvoconducto a Maduro y su familia a cambio de renuncia inmediata

Donald Trump y Nicolás Maduro mantuvieron una llamada telefónica el 21 de noviembre, según informan medios estadounidenses y la agencia Reuters. El presidente Trump confirmó la conversación el fin de semana pasado, declarando: “No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”. La información fue difundida por el New York Times el 28 de noviembre.

De acuerdo con reportes del Miami Herald, la llamada tenía como objetivo ofrecer a Maduro una salida segura del poder si aceptaba renunciar sin resistencia. Se le garantizaría un salvoconducto a él, su esposa Cilia Flores y su hijo, siempre que accediera a dejar el país inmediatamente.

Por su parte, Nicolás Maduro confirmó la existencia de la llamada durante una comparecencia en Caracas, describiéndola como cordial y respetuosa. Sin embargo, las negociaciones se estancaron por tres puntos: primero, Maduro solicitó una amnistía global para él y su grupo, que fue rechazada; segundo, pidió mantener el control de las Fuerzas Armadas, similar a la transición en Nicaragua con Violeta Chamorro en 1991; y tercero, el momento de la renuncia, ya que Washington exigía una salida inmediata y Caracas se negó.

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