Centroamérica

Condenada a 19 años de cárcel por narcotráfico la Reina del Sur de Costa Rica

Foto: STRINGER / AFP

| Por AFP |

Un tribunal de Costa Rica impuso este viernes 19 años de prisión a la narcotraficante Cristel Yariella Gómez Espinoza, apodada en su país la Reina del Sur, en un juicio que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad por amenazas a jueces y que terminó con insultos a los togados.

La narcotraficante fue condenada por los delitos de tráfico internacional de drogas y asociación ilícita, según la resolución leída por Cristian Espinoza, juez presidente del Tribunal Penal de la capital San José que también sentenció a otros 23 integrantes de la banda.

Algunos condenados lanzaron insultos contra el tribunal y la prensa al escuchar la sentencia, y entre forcejeo con agentes de seguridad fueron retirados de la sala.

Es un fallo «irracional», dijo a la AFP Luis Venegas, abogado de Gómez, al señalar que el tribunal «no valoró aspectos esenciales» y anunció que apelarán la sentencia.

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El juicio, considerado uno de los más extensos en la historia judicial costarricense, se inició en agosto de 2021, dos años después de la captura de Gómez en un centro comercial de la provincia de Puntarenas.

Otros 13 acusados se acogieron a un proceso abreviado, por lo que ya fueron juzgados.

Gómez, de 27 años, y el resto de los condenados, pertenecían a una banda de narcotraficantes que fue liderada por Erwin Guido Toruño, alias Gringo, asesinado por rivales en diciembre de 2017 y con quien tuvo una relación sentimental.

La Reina del Sur costarricense era la principal proveedora de cocaína de la banda, al facilitar el trasiego de droga desde el poblado de Paso Canoas, fronterizo con Panamá, y además compraba armas para el grupo.

En el 2015 fue condenada a 15 años de prisión por traficar heroína, pero se le dejó en libertad tras una apelación.

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La banda del Gringo fue desarticulada en 2018 y este viernes las penas más altas se dictaron contra sus antiguos líderes, de apellidos Umaña Gómez y Díaz Noreña, quienes recibieron 146 y 126 años de cárcel, respectivamente.

Ambas penas fueron rebajadas a 50 años, el máximo que permite la legislación penal de Costa Rica.

El juicio se realizó en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) protegido por unidades caninas y un centenar de oficiales judiciales y policías debido a que jueces, fiscales, defensores e incluso imputados recibieron diversas amenazas durante el proceso.

Centroamérica

Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia

El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.

Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.

Llamado a la convivencia y al diálogo

Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.

El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.

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Centroamérica

Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.

Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.

Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado

De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.

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Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.

El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.

Centroamérica

Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.

Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.

Personas vinculadas al caso

El monto fue incautado a:

Santos Elías Guardado Flores
William Arnoldo Hernández Navidad
José Luis González Villalobos

Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.

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Otro caso reciente

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.

En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.

Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.