Centroamérica
Llaman a juicio a 36 personas en Panamá por sobornos de Odebrecht
| Por AFP |
Un juzgado de Panamá decidió este lunes llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales para la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo donde están imputados los expresidentes panameños, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
La jueza Baloisa Marquínez «resolvió abrir causa penal» contra 35 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales y a una por delitos contra la economía nacional, informó el Órgano Judicial en un comunicado difundido en la noche del lunes.
Marquínez también «sobreseyó provisionalmente» a otras once personas, según la nota, donde no aparecen nombres ni detalles de las personas llamadas a juicio ni las sobreseídas.
El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.
Por este caso, están imputados los expresidentes panameños, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó en la audiencia preliminar, celebrada en septiembre, enviar a juicio por presuntamente blanquear capitales provenientes de Odebrecht.
Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de la constructora a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 y 2014.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
Los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mientras su padre era presidente de Panamá.
Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la empresa brasileña «se dieron sobrecostos» durante el gobierno de Martinelli, en el que Varela fungió como vicepresidente. Este último también habría recibido dinero durante su primer año de mandato.
Centroamérica
Más de 100,000 elementos serán desplegados en Plan Verano 2026 por Semana Santa
A las puertas de la Semana Santa, el Gobierno de El Salvador desplegará más de 100,000 profesionales como parte del Plan Verano 2026, informó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
El operativo contempla la presencia de personal en playas, parques recreativos, carreteras, centros de salud, así como en actividades religiosas y eventos de alta concentración de personas.
“Con el objetivo de brindar atención oportuna a todas las personas, tanto salvadoreños como extranjeros, estamos lanzando este día el Plan Verano, que es un esfuerzo articulado de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil”, afirmó Amaya.
El funcionario detalló que el plan priorizará escenarios vinculados a la Semana Santa, especialmente en ciudades con alta tradición religiosa como Sonsonate, San Miguel, San Vicente y San Salvador.
En cuanto a la seguridad en destinos turísticos, se desplegarán equipos de la Unidad de Guardavidas en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos. En total, se habilitarán cerca de 180 puntos de monitoreo con 342 especialistas.
Además, se implementarán controles vehiculares para reducir la siniestralidad vial durante el periodo vacacional.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional permanecerá activo desde este viernes hasta el 6 de abril, coordinando la respuesta interinstitucional y la toma de decisiones operativas.
Centroamérica
Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario
Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.
Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.
Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.
El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.
Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.
Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.
Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.
En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.
La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.
Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.
“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.
Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.
Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.
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