Centroamérica

Llaman a juicio a 36 personas en Panamá por sobornos de Odebrecht

| Por AFP |

Un juzgado de Panamá decidió este lunes llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales para la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo donde están imputados los expresidentes panameños, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

La jueza Baloisa Marquínez «resolvió abrir causa penal» contra 35 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales y a una por delitos contra la economía nacional, informó el Órgano Judicial en un comunicado difundido en la noche del lunes.

Marquínez también «sobreseyó provisionalmente» a otras once personas, según la nota, donde no aparecen nombres ni detalles de las personas llamadas a juicio ni las sobreseídas.

El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.

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Por este caso, están imputados los expresidentes panameños, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó en la audiencia preliminar, celebrada en septiembre, enviar a juicio por presuntamente blanquear capitales provenientes de Odebrecht.

Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de la constructora a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 y 2014.

En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.

En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.

Los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mientras su padre era presidente de Panamá.

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Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la empresa brasileña «se dieron sobrecostos» durante el gobierno de Martinelli, en el que Varela fungió como vicepresidente. Este último también habría recibido dinero durante su primer año de mandato.

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Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.