Centroamérica
Fenómenos climáticos extremos empujan a millones de personas al límite de la pobreza en Centroamérica
| Por AFP | Noe Leiva |
Miguel rescató solo dos mazorcas de su plantación de maíz, aún cubierta por el agua achocolatada. El campesino hondureño fue víctima de la tormenta tropical Julia que hace un mes azotó Centroamérica, donde los fenómenos climáticos son cada vez más recurrentes.
Julia ingresó el 9 de octubre a Nicaragua como huracán categoría 1, pasó como tormenta tropical por El Salvador y se disipó en Guatemala.
Las bandas de lluvia desbordaron los caudalosos ríos Ulúa y Chamelecón, provocando los mayores daños en el Valle de Sula, al norte de Honduras, la zona más vulnerable ante los fenómenos climáticos.
Muerte y cultivos arrasados
Según entes estatales, Julia dejó medio centenar de muertos en los cuatro países, así como miles de hectáreas de cultivos dañados.
Las siete hectáreas de Miguel Mejía, de 58 años, Antonio Alemán, de 53, y otros ocho campesinos hondureños, está a 30 kilómetros de donde desbordó el Ulúa, cerca de El Progreso, unos 200 km al norte de Tegucigalpa. Hasta allí llegaron las crecidas.
Un mes después, el panorama en esa zona es desolador: viviendas de miles de personas muy pobres cubiertas de tierra y otros desechos que arrastraron las corrientes, que también arrasaron con cultivos de granos básicos, palma africana, plátanos, yuca y otros productos.
«Perdimos la cosecha. Solo pude localizar unas dos mazorcas mediabuenas y las otras están totalmente podridas», se quejó el campesino. «Vamos a tener una crisis alimentaria», deploró Miguel, quien vive con su esposa y dos hijos ya adultos.
Estimó las pérdidas en más de 400 000 lempiras, unos 16 000 dólares, para los diez campesinos, quienes no podrán sembrar en el segundo ciclo del año porque las tierras siguen inundadas.
El trabajo de dos ciclos anuales es «para tener el maicito para comer uno las tortillas y ayudarse de alguna manera con lo que vende de lo que cosecha», explicó.
Tras las pérdidas, Miguel se compra la comida con dinero que percibe al arreglar cercos dañados por las corrientes. Allí «nos están dando un sueldito (…) para poder sobrevivir».
Por su parte, a Antonio el agua le cubrió su vivienda hasta el techo. «Sembramos con semilla comprada, fertilizamos y todo eso lo perdimos», se quejó.
Ahora el campesino trabaja en una cooperativa de palma africana. También reparando cercos, chapeando y cortando frutas, donde le pagan 10 dólares al día. «Allí vamos a estar trabajando, por mientras».
Otro campesino de la zona, Camilo Chávez, de 64 años, dijo que se las arregla «para comer con ayuda de algunos amigos, y la municipalidad que nos ha invitado a un poquito de comida».
Demasiada agua
En El Salvador, uno de los afectados fue Víctor Carranza, de 44 años. Perdió su cultivo de una hectárea en El Zamorano, unos 100 km al sureste de San Salvador.
«Ahí se queda uno más fregado, sin recurso de poder tener su maicito», sostuvo. Aspira a una donación del gobierno para sembrar de nuevo.
«Ha habido demasiada agua (…) este año ha sido bastante copioso, ningún año ha habido agua como en este», deploró el también campesino salvadoreño Alfredo Hernández, de 51 años.
En Nicaragua, el ministerio de Hacienda y Crédito Público estimó en 367,8 millones de dólares las pérdidas causadas por Julia en producción, daños al ambiente e infraestructura en salud, educación, telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento.
El ministro guatemalteco de Agricultura, José Ángel López, contabilizó entre los efectos de Julia «60.000 hectáreas afectadas en diferentes niveles, que incluye maíz, frijol, cardamomo, café, banano, plátano y pastos».
«Se perdieron todos los cultivos de maíz, porque aquí solo eso trabajamos (…) solo logramos sacar un poquito», lamentó el agricultor Elías Coc, de 31 años, padre de cinco pequeños, residente en la aldea Santa Marta Salinas, al norte.
Cambio climático
«Las llenas grandes se han dado cada 20 años pero esta vez apenas habían pasado dos años» de las tormentas tropicales Eta y Iota. «Desde el Mitch habían pasado 24 años», recordó Miguel.
Después del huracán Mitch, que azotó en 1998, la peor tragedia climática que ha experimentado Centroamérica, las autoridades hondureñas construyeron unos muros de tierra a la orilla del Ulúa y el Chamelecón, para proteger las poblaciones.
En 2020, las crecientes por las tormentas Eta y Iota rompieron fragmentos de esas barreras y los ríos se desbordaron hacia las poblaciones del Valle de Sula, la más pujante zona productiva de Honduras, país de 9,6 millones de habitantes, con más del 70 % en la pobreza.
«El cambio climático está profundamente vinculado con el desarrollo y el bienestar humano. Si no se controla, sus impactos podrían empujar a 132 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años», advierte un informe del Banco Mundial de julio de 2022.
Centroamérica
Homicidios bajan 50 % y extorsiones 32 % durante el estado de sitio en Guatemala
Las autoridades guatemaltecas informaron este miércoles que los homicidios se redujeron en un 50 % y las extorsiones en un 32 % desde la entrada en vigor del estado de sitio decretado el pasado 18 de enero, tras un ataque atribuido a pandilleros que dejó 11 policías muertos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó en conferencia de prensa que, en comparación con el mismo período del año anterior, la estrategia de seguridad aplicada bajo la medida de excepción, vigente hasta el 18 de febrero, refleja una mejora en la situación del país.
Según el funcionario, desde el inicio del régimen especial se contabilizan 95 homicidios menos, mientras que las denuncias de extorsión vinculadas a pandillas han disminuido en casi un tercio. En ese mismo lapso, las fuerzas de seguridad ejecutaron 3,548 operativos que derivaron en cerca de 3,000 capturas.
Villeda detalló que entre los detenidos hay 78 presuntos pandilleros —catalogados como terroristas por el Estado guatemalteco—, 100 personas acusadas de extorsión y seis individuos requeridos en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También reportó la desactivación de 15 cámaras de videovigilancia que, según las autoridades, eran operadas clandestinamente por estructuras criminales en un sector popular de la capital.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el estado de sitio permitió interrumpir las comunicaciones entre los reclusos y sus colaboradores en el exterior, lo que calificó como un paso clave para desarticular redes de alta peligrosidad.
“El éxito se demuestra en operativos ejecutados de manera quirúrgica para no interferir con la normalidad de los ciudadanos”, sostuvo el mandatario.
El Gobierno decretó la medida excepcional luego de la crisis provocada por motines simultáneos en tres cárceles del país, encabezados por integrantes del Barrio 18 el 17 de enero. Los disturbios derivaron, al día siguiente, en ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, que dejaron 11 agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, en represalia por las acciones estatales para retomar el control de los penales.
Centroamérica
Honduras lamenta decisión de EE. UU. de cancelar el TPS para sus ciudadanos
El gobierno de Honduras expresó este lunes su pesar ante la decisión de la administración del presidente Donald Trump de mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que residen en Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional afirmó que los beneficiarios del programa «han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley» y que su permanencia dentro del sistema constituye «una prueba irrefutable de conducta intachable».
«Lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal», reiteró la cancillería.
Más temprano, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de retirar el beneficio del TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal que viven en ese país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la resolución como «una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos». Añadió que el TPS fue concebido, como su nombre lo indica, para ser temporal, pero sostuvo que «administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas».
La administración estadounidense argumentó que Honduras ya no cumple las condiciones que justificaban mantener la designación del TPS.
Centroamérica
Fuerzas de seguridad retiran cámaras presuntamente instaladas por el Barrio 18 en la zona 18
Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), junto a agentes de la Comisaría 12, la Policía Municipal y miembros de las Fuerzas Armadas, desinstalaron cámaras de videovigilancia colocadas en postes de distintas colonias de la zona 18 de la capital guatemalteca.
El operativo se desarrolló este lunes tras una denuncia ciudadana recibida en el centro de llamadas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los puntos intervenidos figuran la 31 avenida y 9ª calle de la colonia Paraíso II, así como la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, sectores que, según las autoridades, son dominados por la organización Barrio 18.
De acuerdo con la PNC, se presume que estos dispositivos eran utilizados por integrantes de la pandilla para vigilar a los habitantes y, dependiendo de sus intereses, convertirlos posteriormente en víctimas.
Hasta las 18:00 horas del lunes, las autoridades reportaban nueve cámaras incautadas: una en la colonia Paraíso II y ocho más en San Rafael II.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha intensificado las acciones contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 desde la instauración del estado de sitio el pasado 18 de enero. La medida fue adoptada tras la ofensiva de estos grupos, que incluyó la toma de tres prisiones y el asesinato de diez agentes policiales, en protesta por la recuperación del control penitenciario y la negativa a otorgarles concesiones especiales dentro de los centros penales.
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