Centroamérica
Guatemala protege de la Navidad al pinabete, árbol nativo cerca de desaparecer
| Por AFP | Johan Ordoñez, con Edgar Calderón en Ciudad de Guatemala |
Los responsables de áreas protegidas y la policía de Guatemala buscan reforzar la protección del pinabete, un árbol nativo al borde de la extinción por la tala ilegal, en particular en la temporada de Navidad.
Al acercarse las fiestas de fin de año, numerosos comerciantes informales se adentran en los bosques para cortar ramas de pinabete («Abies guatemalensis») con el fin de venderlas en las calles y mercados.
Esta especie, conocida también como abeto guatemalteco, se usa en el país como árbol navideño.
«La costumbre y cultura es tener un pinabete en casa» en Navidad, explica a la AFP Elmer Álvarez, director regional del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
«Cuando las personas talan ilegalmente, de las ramas se caen las semillas y ese procedimiento hace que el riesgo de extinción sea mayor», advierte Álvarez.
En 1979 sonaron en el país las primeras alarmas sobre el futuro de esta especie, que también crece en zonas de México, Honduras y El Salvador.
Viveros
Para paliar el riesgo, en Guatemala se han autorizado viveros privados que siembran pinabetes para la venta legal. Entre ellos está la finca Helvetia, situada en Tecpán, a unos 90 km al oeste de la capital.
Cada ejemplar vendido en esta finca lleva una etiqueta otorgada por el INAB que certifica que se trata de una transacción legal.
Conocido también como Tzin´ chaj o Pachac en idiomas mayas Quiché y Mam, este árbol está incluido en el Anexo I (de prohibición total de venta) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
En Panamá comenzó el lunes la 19ª Conferencia de la CITES, en la que se debatirán propuestas para elevar los niveles de protección de algunos árboles. Sin embargo, el abeto guatemalteco no figura en la agenda, pues se mantendrá en el Anexo I, por lo que su exportación seguirá prohibida.
Por esta razón, el desafío para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es detener la comercialización ilegal dentro de Guatemala, actividad que aumenta al acercarse la Navidad.
El aroma
El aroma especial que desprenden las ramas del pinabete fomenta su alta demanda. Debido a que la mayoría del comercio de esta especie es ilegal, no hay cifras sobre la tala.
Sus ramas no son baratas. Sus ramas cuestan entre 20 y 55 dólares, e incluso algunas veces hasta 200 dólares, en un país donde el 60 % de sus 17 millones de habitantes vive en la pobreza y el salario mínimo ronda los 400 dólares.
Si bien los elevados precios han abierto las puertas a los árboles navideños artificiales, muchos guatemaltecos se resisten a dejar la tradición de comprar uno natural.
«En casa siempre hemos colocado un pinabete por su aroma, es el distintivo de la Navidad (…) no lo cambiamos por uno moderno de plástico, que al final también sale caro», explica a la AFP Jaime Reyna, un empleado que reside en la capital.
Controles en rutas
De cara a la temporada navideña, el Conap y la División de Protección de la Naturaleza de la Policía (Diprona) empezaron a realizar controles en las rutas para evitar el tráfico ilegal de estos árboles.
Las autoridades revisan camiones, camionetas y autobuses, explica a la AFP Erick Alvarado, un técnico del Consejo.
Los infractores son detenidos y se enfrentan a condenas de entre tres y ocho años de cárcel, además de multas, según el agente de la Diprona Gymi Marroquín.
El pinabete, que puede alcanzar hasta 50 metros de altura y un metro de diámetro, crece en bosques húmedos de las montañas del altiplano occidental, entre 2 400 y 3 500 metros sobre el nivel del mar, según el Conap.
En la actualidad los bosques nativos de pinabetes ocupan cerca 27 500 hectáreas distribuidas en nueve de los 22 departamentos de Guatemala, mientras que a mediados del siglo XX había más de un millón de hectáreas.
Centroamérica
El Salvador registra una fuerte caída en deportaciones desde 2017
Un análisis de los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador revela que las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, México y otros países se mantienen muy por debajode los niveles registrados entre 2014 y 2016, cuando el país enfrentó los picos más altos de retornos forzados.
Durante ese trienio, El Salvador recibió más de 50,000 deportados por año, tanto por vía aérea como terrestre. Aunque las cifras incluyen expulsiones desde distintos países, la mayoría provenía de Estados Unidos, según los registros oficiales.
En contraste, en los últimos tres años las deportaciones han oscilado entre 13,000 y 15,000 personas anuales. En 2023 se contabilizaron 13,358 deportados, en 2024 la cifra aumentó ligeramente a 14,986, y en 2025 se proyecta un nivel similar, ya que entre enero y septiembre se han registrado 10,162 deportaciones.
De acuerdo con la DGME, entre enero de 2013 y septiembre de 2025 El Salvador ha recibido un total de 334,557 personas deportadas. La institución publica estas estadísticas de forma trimestral y anual a través de su sitio web, en documentos en formato PDF.
La caída más pronunciada en las deportaciones se produjo a partir de 2017. Tras alcanzar 52,938 deportados en 2016, la cifra se desplomó en 2017 a 15,809, una reducción cercana al 70 %. Posteriormente, en 2019 se registró un repunte significativo, con 37,348 deportados, lo que representó un aumento del 131 % respecto al año previo. Sin embargo, esta alza fue temporal, ya que en 2020 las deportaciones volvieron a caer un 71 %, hasta 10,716 personas.
En cuanto a las vías de retorno, los datos indican que 209,454 salvadoreños fueron deportados por vía aérea y 136,298 por vía terrestre entre 2013 y 2025. Las deportaciones terrestres, en particular, se redujeron drásticamente a partir de 2020, al pasar de 16,938 casos en 2019 a solo 1,750 en 2020, una caída abrupta que marcó un punto de inflexión en la tendencia migratoria.
Centroamérica
Mulino da por superada la crisis con EE. UU. y reafirma que el canal seguirá siendo panameño
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este viernes que la crisis diplomática con Estados Unidos ha quedado superada, tras las amenazas lanzadas en 2025 por el entonces presidente Donald Trump, quien llegó a plantear la posibilidad de recuperar el canal de Panamá al considerar que estaba bajo influencia china.
Durante su discurso de inicio de año ante la Asamblea Nacional, Mulino afirmó que su gobierno logró recomponer la relación bilateral mediante el diálogo y la diplomacia. “Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad, y el canal siguió siendo panameño, como en efecto lo seguirá siendo”, sostuvo el mandatario.
Desde su regreso a la presidencia, Trump impulsó una ofensiva diplomática contra Panamá, al señalar que China ejercía control indirecto sobre la ruta interoceánica a través de la empresa hongkonesa Hutchison Holdings, concesionaria de dos puertos estratégicos ubicados en el Pacífico y el Atlántico.
Las reiteradas advertencias del líder republicano generaron preocupación en Panamá, tradicional aliado de Washington. Incluso, Estados Unidos llegó a solicitar —sin éxito— que sus buques cruzaran el canal sin pagar peaje, una exigencia que contraviene los tratados bilaterales vigentes.
Mulino destacó que, gracias al trabajo diplomático y al manejo prudente de la situación, Panamá mantiene actualmente una colaboración activa con Estados Unidos en la lucha contra el crimen internacional. “Con pulso y tiempo se recompuso la relación”, afirmó.
El presidente también respondió a las críticas internas por la gestión del conflicto, al asegurar que “atrás quedaron los malos augurios y las declaraciones rimbombantes con mirada cortoplacista”.
Estados Unidos construyó e inauguró el canal de Panamá en 1914, pero lo transfirió oficialmente al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados firmados entre ambos países.
Centroamérica
El riesgo país de El Salvador cae a su nivel más bajo desde 2018
El Salvador cerró 2025 con una mejora sostenida en su indicador de riesgo país, de acuerdo con el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), elaborado por el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan.
El país inició el año con un EMBI de 388 puntos en enero. Durante el primer semestre se mantuvo relativamente estable, aunque registró un repunte en julio, cuando alcanzó los 418 puntos. A partir de ese mes, el indicador comenzó a descender de forma gradual: en septiembre se ubicó en 375 puntos y en diciembre cerró en 328.
Este último dato representa la cifra más baja registrada por El Salvador desde 2018, cuando entre marzo y abril el indicador se situó en 372 puntos. Economistas atribuyen esta reducción a una serie de estrategias impulsadas por el Estado, entre ellas una gestión más eficiente de pasivos, la recompra de deuda y la consolidación de acuerdos internacionales, como el alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En términos anuales, el EMBI salvadoreño mostró una reducción cercana a los 60 puntos entre enero y diciembre de 2025, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los mercados financieros internacionales.
La tendencia a la baja ya se había comenzado a observar en 2024, año que arrancó con un indicador de 687 puntos y cerró por debajo de los 400. Esta disminución fue atribuida a una estrategia agresiva de manejo de pasivos que incluyó tres recompras de bonos realizadas en julio, octubre y noviembre de ese año.
El índice EMBI es una referencia clave para los inversionistas internacionales, ya que influye en la fijación de precios de las emisiones de deuda soberana y permite monitorear cambios en la percepción de solvencia y liquidez de un país. Así lo destacó en meses recientes el presidente de la República, Nayib Bukele.
“El índice EMBI rastrea la diferencia de rendimientos entre los bonos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica el nivel de riesgo de invertir en esos mercados. Cuanto mayor sea el EMBI, mayor será el riesgo percibido”, explicó el mandatario.
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