Centroamérica
Guatemala protege de la Navidad al pinabete, árbol nativo cerca de desaparecer
| Por AFP | Johan Ordoñez, con Edgar Calderón en Ciudad de Guatemala |
Los responsables de áreas protegidas y la policía de Guatemala buscan reforzar la protección del pinabete, un árbol nativo al borde de la extinción por la tala ilegal, en particular en la temporada de Navidad.
Al acercarse las fiestas de fin de año, numerosos comerciantes informales se adentran en los bosques para cortar ramas de pinabete («Abies guatemalensis») con el fin de venderlas en las calles y mercados.
Esta especie, conocida también como abeto guatemalteco, se usa en el país como árbol navideño.
«La costumbre y cultura es tener un pinabete en casa» en Navidad, explica a la AFP Elmer Álvarez, director regional del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
«Cuando las personas talan ilegalmente, de las ramas se caen las semillas y ese procedimiento hace que el riesgo de extinción sea mayor», advierte Álvarez.
En 1979 sonaron en el país las primeras alarmas sobre el futuro de esta especie, que también crece en zonas de México, Honduras y El Salvador.
Viveros
Para paliar el riesgo, en Guatemala se han autorizado viveros privados que siembran pinabetes para la venta legal. Entre ellos está la finca Helvetia, situada en Tecpán, a unos 90 km al oeste de la capital.
Cada ejemplar vendido en esta finca lleva una etiqueta otorgada por el INAB que certifica que se trata de una transacción legal.
Conocido también como Tzin´ chaj o Pachac en idiomas mayas Quiché y Mam, este árbol está incluido en el Anexo I (de prohibición total de venta) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
En Panamá comenzó el lunes la 19ª Conferencia de la CITES, en la que se debatirán propuestas para elevar los niveles de protección de algunos árboles. Sin embargo, el abeto guatemalteco no figura en la agenda, pues se mantendrá en el Anexo I, por lo que su exportación seguirá prohibida.
Por esta razón, el desafío para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es detener la comercialización ilegal dentro de Guatemala, actividad que aumenta al acercarse la Navidad.
El aroma
El aroma especial que desprenden las ramas del pinabete fomenta su alta demanda. Debido a que la mayoría del comercio de esta especie es ilegal, no hay cifras sobre la tala.
Sus ramas no son baratas. Sus ramas cuestan entre 20 y 55 dólares, e incluso algunas veces hasta 200 dólares, en un país donde el 60 % de sus 17 millones de habitantes vive en la pobreza y el salario mínimo ronda los 400 dólares.
Si bien los elevados precios han abierto las puertas a los árboles navideños artificiales, muchos guatemaltecos se resisten a dejar la tradición de comprar uno natural.
«En casa siempre hemos colocado un pinabete por su aroma, es el distintivo de la Navidad (…) no lo cambiamos por uno moderno de plástico, que al final también sale caro», explica a la AFP Jaime Reyna, un empleado que reside en la capital.
Controles en rutas
De cara a la temporada navideña, el Conap y la División de Protección de la Naturaleza de la Policía (Diprona) empezaron a realizar controles en las rutas para evitar el tráfico ilegal de estos árboles.
Las autoridades revisan camiones, camionetas y autobuses, explica a la AFP Erick Alvarado, un técnico del Consejo.
Los infractores son detenidos y se enfrentan a condenas de entre tres y ocho años de cárcel, además de multas, según el agente de la Diprona Gymi Marroquín.
El pinabete, que puede alcanzar hasta 50 metros de altura y un metro de diámetro, crece en bosques húmedos de las montañas del altiplano occidental, entre 2 400 y 3 500 metros sobre el nivel del mar, según el Conap.
En la actualidad los bosques nativos de pinabetes ocupan cerca 27 500 hectáreas distribuidas en nueve de los 22 departamentos de Guatemala, mientras que a mediados del siglo XX había más de un millón de hectáreas.
Centroamérica
Honduras incauta 40,000 plantas de coca y JIFE advierte crecimiento del narcotráfico en la región
La erradicación de aproximadamente 40,000 plantas presuntamente de coca en Honduras, en julio de 2025, confirma el crecimiento sostenido de este cultivo en Centroamérica, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena.
El organismo señaló que en julio de 2025 las fuerzas armadas hondureñas incautaron las plantaciones en el municipio de Olanchito, lo que evidencia un “aumento significativo” del arbusto en una región históricamente utilizada como corredor del narcotráfico.
El informe también cita un estudio publicado en 2024 en la revista Environmental Research Letters, el cual estima que el 47 % del norte de Centroamérica —Belice, Guatemala y Honduras— reúne condiciones biofísicas adecuadas para el cultivo de hoja de coca.
Por su posición estratégica entre los principales centros de producción en Sudamérica y los mercados de consumo en Norteamérica y Europa, Centroamérica ha sido durante décadas un punto clave de tránsito. La JIFE destaca a Panamá como un espacio estratégico, al señalar que hasta el 40 % de la cocaína colombiana destinada al norte cruza por su zona económica exclusiva, utilizando rutas marítimas y el flujo comercial del Canal de Panamá.
Honduras es descrita como un “país de tránsito clave” para la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, mientras que Guatemala figura como territorio de paso para cargamentos terrestres procedentes de El Salvador y Honduras, así como para envíos marítimos desde Colombia y Ecuador.
El documento añade que en 2024 continuó el uso de lanchas rápidas y la participación de organizaciones criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, en coordinación con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.
Asimismo, la JIFE advierte una diversificación hacia drogas sintéticas. Guatemala reportó incrementos en decomisos de precursores químicos y el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.
En cuanto al consumo, la cocaína representa el 49.2 % de los casos en tratamiento en la región, seguida del cannabis con 43.5 %, los opioides con 2.6 % y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes con 2 %.
Centroamérica
Guatemala registra 628 casos de sarampión y el virus ya alcanza el 95 % del país
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de Guatemala informó que el brote de sarampión en el país alcanzó 628 casos confirmados hasta el 24 de febrero, lo que evidencia una acelerada propagación del virus.
La cifra supone un incremento del 75.4 % respecto a los 358 contagios reportados el 17 de febrero, es decir, 270 nuevos casos en apenas una semana. El brote se originó en diciembre pasado durante una actividad religiosa masiva en el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.
Aunque el foco inicial se ubicó en el occidente del país, el departamento de Guatemala —que incluye la capital— se ha convertido en el principal epicentro con 281 casos, equivalentes al 44.7 % del total nacional. Sololá reporta 122 contagios, seguido de Huehuetenango con 39 y Escuintla con 32. De acuerdo con el Mspas, el virus ya está presente en el 95 % del territorio y Suchitepéquez es el único departamento sin reportes oficiales.
El análisis por grupos etarios indica que las personas entre 20 y 29 años concentran 220 casos (35 %), mientras que el grupo de 15 a 19 años suma 88 contagios. Las autoridades sanitarias también manifestaron preocupación por 36 casos detectados en menores de un año, quienes aún no han recibido la primera dosis de la vacuna SPR contra sarampión, parotiditis y rubéola.
El Mspas mantiene activa una estrategia de “vacunación de bloqueo” para contener la transmisión y recordó que el último gran brote en Guatemala se registró en 1990.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 3 de febrero una alerta epidemiológica ante el marcado incremento de casos en las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, e instó a una respuesta inmediata y coordinada.
Según datos del organismo regional, en 2025 se contabilizaron 14,891 casos de sarampión en el continente, con 29 muertes. México lidera la lista con 6,428 contagios y 24 fallecimientos, seguido de Canadá con 5,436 casos y dos muertes, y Estados Unidos con 2,242 casos y tres decesos. Antes de la introducción de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba alrededor de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, 12,000 de ellas en las Américas.
Centroamérica
Washington amplía sanciones contra figuras clave del gobierno de Ortega
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo de Nicaragua y varios altos funcionarios vinculados a áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones, a quienes acusa de permitir la represión ejercida por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Departamento del Tesoro informó que las medidas alcanzan a la ministra Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez.
Según el comunicado oficial, Flores, quien asumió el cargo en agosto, es señalada de facilitar la “explotación” de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de “competencia desleal” derivadas de las condiciones laborales en el país.
En el caso del mayor general Gutiérrez, el Tesoro lo identifica como responsable del directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, considerado una de las estructuras más opacas del Ejército. De acuerdo con Washington, esta instancia, junto con los servicios de seguridad, ha participado en el monitoreo de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.
El Departamento del Tesoro también indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por oficiales militares, ha sido utilizada para controlar y emplear las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero con el fin de perseguir a opositores políticos.
Respecto al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, lo describe como un componente central de un amplio aparato de vigilancia y espionaje. Su directora general, Nahima Janett Díaz, fue sancionada en 2022, y ahora se suma a la lista la vicedirectora Celia Margarita Reyes.
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