Centroamérica
Guatemala protege de la Navidad al pinabete, árbol nativo cerca de desaparecer
| Por AFP | Johan Ordoñez, con Edgar Calderón en Ciudad de Guatemala |
Los responsables de áreas protegidas y la policía de Guatemala buscan reforzar la protección del pinabete, un árbol nativo al borde de la extinción por la tala ilegal, en particular en la temporada de Navidad.
Al acercarse las fiestas de fin de año, numerosos comerciantes informales se adentran en los bosques para cortar ramas de pinabete («Abies guatemalensis») con el fin de venderlas en las calles y mercados.
Esta especie, conocida también como abeto guatemalteco, se usa en el país como árbol navideño.
«La costumbre y cultura es tener un pinabete en casa» en Navidad, explica a la AFP Elmer Álvarez, director regional del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
«Cuando las personas talan ilegalmente, de las ramas se caen las semillas y ese procedimiento hace que el riesgo de extinción sea mayor», advierte Álvarez.
En 1979 sonaron en el país las primeras alarmas sobre el futuro de esta especie, que también crece en zonas de México, Honduras y El Salvador.
Viveros
Para paliar el riesgo, en Guatemala se han autorizado viveros privados que siembran pinabetes para la venta legal. Entre ellos está la finca Helvetia, situada en Tecpán, a unos 90 km al oeste de la capital.
Cada ejemplar vendido en esta finca lleva una etiqueta otorgada por el INAB que certifica que se trata de una transacción legal.
Conocido también como Tzin´ chaj o Pachac en idiomas mayas Quiché y Mam, este árbol está incluido en el Anexo I (de prohibición total de venta) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
En Panamá comenzó el lunes la 19ª Conferencia de la CITES, en la que se debatirán propuestas para elevar los niveles de protección de algunos árboles. Sin embargo, el abeto guatemalteco no figura en la agenda, pues se mantendrá en el Anexo I, por lo que su exportación seguirá prohibida.
Por esta razón, el desafío para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es detener la comercialización ilegal dentro de Guatemala, actividad que aumenta al acercarse la Navidad.
El aroma
El aroma especial que desprenden las ramas del pinabete fomenta su alta demanda. Debido a que la mayoría del comercio de esta especie es ilegal, no hay cifras sobre la tala.
Sus ramas no son baratas. Sus ramas cuestan entre 20 y 55 dólares, e incluso algunas veces hasta 200 dólares, en un país donde el 60 % de sus 17 millones de habitantes vive en la pobreza y el salario mínimo ronda los 400 dólares.
Si bien los elevados precios han abierto las puertas a los árboles navideños artificiales, muchos guatemaltecos se resisten a dejar la tradición de comprar uno natural.
«En casa siempre hemos colocado un pinabete por su aroma, es el distintivo de la Navidad (…) no lo cambiamos por uno moderno de plástico, que al final también sale caro», explica a la AFP Jaime Reyna, un empleado que reside en la capital.
Controles en rutas
De cara a la temporada navideña, el Conap y la División de Protección de la Naturaleza de la Policía (Diprona) empezaron a realizar controles en las rutas para evitar el tráfico ilegal de estos árboles.
Las autoridades revisan camiones, camionetas y autobuses, explica a la AFP Erick Alvarado, un técnico del Consejo.
Los infractores son detenidos y se enfrentan a condenas de entre tres y ocho años de cárcel, además de multas, según el agente de la Diprona Gymi Marroquín.
El pinabete, que puede alcanzar hasta 50 metros de altura y un metro de diámetro, crece en bosques húmedos de las montañas del altiplano occidental, entre 2 400 y 3 500 metros sobre el nivel del mar, según el Conap.
En la actualidad los bosques nativos de pinabetes ocupan cerca 27 500 hectáreas distribuidas en nueve de los 22 departamentos de Guatemala, mientras que a mediados del siglo XX había más de un millón de hectáreas.
Centroamérica
Zamora denuncia irregularidades y pide su liberación ante la Corte Suprema de Guatemala
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022, exigió este martes su liberación durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva, en un proceso que calificó como plagado de irregularidades.
“Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora ante el pleno, al denunciar que su caso se desarrolla dentro de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” donde la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.
Durante la diligencia, la defensa del periodista sostuvo que se han vulnerado sus derechos constitucionales, particularmente con la revocatoria de medidas sustitutivas basada en lo que calificaron como premisas falsas. El abogado Francisco Vivar aseguró que el Ministerio Público argumentó la existencia de audios escuchados en audiencias en las que Zamora nunca estuvo presente, lo que, según la defensa, evidencia una manipulación del proceso judicial para mantenerlo en prisión.
Zamora también denunció las condiciones de reclusión en la base militar Mariscal Zavala, donde permanece detenido. Según relató, se restringen visitas familiares sin previo aviso, se impide el ingreso de medicamentos y se aplican tratos que calificó de “sádicos” contra los internos, por órdenes arbitrarias del comandante de la instalación.
El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta además nuevas acusaciones, entre ellas una denuncia por discriminación presentada por la fiscal general Consuelo Porras. Al respecto, Zamora afirmó que su derecho a la crítica debe prevalecer en una democracia y calificó la actuación de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, sostuvo.
La detención del periodista ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —relacionados con presunto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como fabricados y carentes de sustento. Zamora fue arrestado cinco días después de que elPeriódico publicara investigaciones que señalaban presuntos actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.
Centroamérica
Informe acusa a Ortega y Murillo de profundizar el autoritarismo y perseguir la disidencia
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha profundizado su carácter autoritario mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y una intensificación de las medidas represivas contra la disidencia, según un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
El documento advierte que el presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, y Murillo —recientemente designada como “copresidenta” tras las enmiendas constitucionales— han reforzado la persecución contra críticos del régimen, incluso aquellos que se encuentran en el exilio. Además, señala un proceso continuo de desmantelamiento de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, sostiene el informe de HRW.
La organización recuerda que, en enero del año pasado, la Asamblea Nacional —controlada por el partido oficialista— aprobó una reforma constitucional que designó a Murillo, entonces vicepresidenta y esposa de Ortega, como “copresidenta”, además de otorgar a la Presidencia la facultad de coordinar los poderes Judicial y Legislativo.
HRW subraya que Ortega gobierna sin límites de mandato desde que una enmienda constitucional aprobada en 2014eliminó las restricciones a la reelección presidencial.
El informe también denuncia que, durante 2025, el Ejecutivo amplió la represión para incluir a antiguos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre de ese año, se contabilizaban al menos 77 presos políticos en el país.
Asimismo, HRW alertó que en agosto murieron bajo custodia el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, tras permanecer semanas en condición de desaparición forzada. Con estos casos, el número de muertes bajo custodia estatal asciende a seis desde 2019, según la organización defensora de derechos humanos.
Centroamérica
PNC reporta un nuevo día sin muertes violentas en El Salvador
El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este 4 de febrero, a través de su cuenta oficial en la red social X.
De acuerdo con la institución de seguridad, durante la jornada del martes 3 de febrero no se registraron muertes violentas en el territorio nacional. “Finalizamos el martes 03 de febrero, con 0 homicidios en el país”, informó la corporación policial.
Con este resultado, el país suma dos días sin homicidios en lo que va del mes de febrero, correspondientes a los días 1 y 3, según el recuento oficial.
El Salvador ha sido señalado en los últimos años por la implementación de diversas estrategias de seguridad, que han permitido reducir de manera sostenida los índices de violencia y devolver la tranquilidad a las familias salvadoreñas, tras la captura de miles de pandilleros.
Entre las principales medidas destacan el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que han sido observadas por otros países interesados en conocer el modelo de seguridad aplicado para el combate del crimen.
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