Centroamérica
Guatemala protege de la Navidad al pinabete, árbol nativo cerca de desaparecer
| Por AFP | Johan Ordoñez, con Edgar Calderón en Ciudad de Guatemala |
Los responsables de áreas protegidas y la policía de Guatemala buscan reforzar la protección del pinabete, un árbol nativo al borde de la extinción por la tala ilegal, en particular en la temporada de Navidad.
Al acercarse las fiestas de fin de año, numerosos comerciantes informales se adentran en los bosques para cortar ramas de pinabete («Abies guatemalensis») con el fin de venderlas en las calles y mercados.
Esta especie, conocida también como abeto guatemalteco, se usa en el país como árbol navideño.
«La costumbre y cultura es tener un pinabete en casa» en Navidad, explica a la AFP Elmer Álvarez, director regional del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
«Cuando las personas talan ilegalmente, de las ramas se caen las semillas y ese procedimiento hace que el riesgo de extinción sea mayor», advierte Álvarez.
En 1979 sonaron en el país las primeras alarmas sobre el futuro de esta especie, que también crece en zonas de México, Honduras y El Salvador.
Viveros
Para paliar el riesgo, en Guatemala se han autorizado viveros privados que siembran pinabetes para la venta legal. Entre ellos está la finca Helvetia, situada en Tecpán, a unos 90 km al oeste de la capital.
Cada ejemplar vendido en esta finca lleva una etiqueta otorgada por el INAB que certifica que se trata de una transacción legal.
Conocido también como Tzin´ chaj o Pachac en idiomas mayas Quiché y Mam, este árbol está incluido en el Anexo I (de prohibición total de venta) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
En Panamá comenzó el lunes la 19ª Conferencia de la CITES, en la que se debatirán propuestas para elevar los niveles de protección de algunos árboles. Sin embargo, el abeto guatemalteco no figura en la agenda, pues se mantendrá en el Anexo I, por lo que su exportación seguirá prohibida.
Por esta razón, el desafío para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es detener la comercialización ilegal dentro de Guatemala, actividad que aumenta al acercarse la Navidad.
El aroma
El aroma especial que desprenden las ramas del pinabete fomenta su alta demanda. Debido a que la mayoría del comercio de esta especie es ilegal, no hay cifras sobre la tala.
Sus ramas no son baratas. Sus ramas cuestan entre 20 y 55 dólares, e incluso algunas veces hasta 200 dólares, en un país donde el 60 % de sus 17 millones de habitantes vive en la pobreza y el salario mínimo ronda los 400 dólares.
Si bien los elevados precios han abierto las puertas a los árboles navideños artificiales, muchos guatemaltecos se resisten a dejar la tradición de comprar uno natural.
«En casa siempre hemos colocado un pinabete por su aroma, es el distintivo de la Navidad (…) no lo cambiamos por uno moderno de plástico, que al final también sale caro», explica a la AFP Jaime Reyna, un empleado que reside en la capital.
Controles en rutas
De cara a la temporada navideña, el Conap y la División de Protección de la Naturaleza de la Policía (Diprona) empezaron a realizar controles en las rutas para evitar el tráfico ilegal de estos árboles.
Las autoridades revisan camiones, camionetas y autobuses, explica a la AFP Erick Alvarado, un técnico del Consejo.
Los infractores son detenidos y se enfrentan a condenas de entre tres y ocho años de cárcel, además de multas, según el agente de la Diprona Gymi Marroquín.
El pinabete, que puede alcanzar hasta 50 metros de altura y un metro de diámetro, crece en bosques húmedos de las montañas del altiplano occidental, entre 2 400 y 3 500 metros sobre el nivel del mar, según el Conap.
En la actualidad los bosques nativos de pinabetes ocupan cerca 27 500 hectáreas distribuidas en nueve de los 22 departamentos de Guatemala, mientras que a mediados del siglo XX había más de un millón de hectáreas.
Centroamérica
Corte de Guatemala anula nómina de candidatos a fiscal general
Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar que se repita la fase de evaluación de los aspirantes.
La resolución responde a un recurso de amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la manera en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria en la judicatura.
Con la decisión, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá regresar a la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.
El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación aprobada, sin considerar automáticamente los años de servicio como jueces equivalentes a la experiencia profesional requerida para el cargo.
“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes”, señala la resolución.
La Corte también enfatizó que el proceso debe regirse por principios de mérito, capacidad e idoneidad, además de garantizar mayor transparencia en la asignación de puntajes.
“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”, añade el fallo judicial.
La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina de candidatos que había recibido el miércoles, lo que retrasará la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.
Centroamérica
Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos
Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.
El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.
Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.
Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.
Centroamérica
Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.
Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.
El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.
La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.
Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.
El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.
Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.
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