Centroamérica
Guatemala protege de la Navidad al pinabete, árbol nativo cerca de desaparecer
| Por AFP | Johan Ordoñez, con Edgar Calderón en Ciudad de Guatemala |
Los responsables de áreas protegidas y la policía de Guatemala buscan reforzar la protección del pinabete, un árbol nativo al borde de la extinción por la tala ilegal, en particular en la temporada de Navidad.
Al acercarse las fiestas de fin de año, numerosos comerciantes informales se adentran en los bosques para cortar ramas de pinabete («Abies guatemalensis») con el fin de venderlas en las calles y mercados.
Esta especie, conocida también como abeto guatemalteco, se usa en el país como árbol navideño.
«La costumbre y cultura es tener un pinabete en casa» en Navidad, explica a la AFP Elmer Álvarez, director regional del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
«Cuando las personas talan ilegalmente, de las ramas se caen las semillas y ese procedimiento hace que el riesgo de extinción sea mayor», advierte Álvarez.
En 1979 sonaron en el país las primeras alarmas sobre el futuro de esta especie, que también crece en zonas de México, Honduras y El Salvador.
Viveros
Para paliar el riesgo, en Guatemala se han autorizado viveros privados que siembran pinabetes para la venta legal. Entre ellos está la finca Helvetia, situada en Tecpán, a unos 90 km al oeste de la capital.
Cada ejemplar vendido en esta finca lleva una etiqueta otorgada por el INAB que certifica que se trata de una transacción legal.
Conocido también como Tzin´ chaj o Pachac en idiomas mayas Quiché y Mam, este árbol está incluido en el Anexo I (de prohibición total de venta) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
En Panamá comenzó el lunes la 19ª Conferencia de la CITES, en la que se debatirán propuestas para elevar los niveles de protección de algunos árboles. Sin embargo, el abeto guatemalteco no figura en la agenda, pues se mantendrá en el Anexo I, por lo que su exportación seguirá prohibida.
Por esta razón, el desafío para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es detener la comercialización ilegal dentro de Guatemala, actividad que aumenta al acercarse la Navidad.
El aroma
El aroma especial que desprenden las ramas del pinabete fomenta su alta demanda. Debido a que la mayoría del comercio de esta especie es ilegal, no hay cifras sobre la tala.
Sus ramas no son baratas. Sus ramas cuestan entre 20 y 55 dólares, e incluso algunas veces hasta 200 dólares, en un país donde el 60 % de sus 17 millones de habitantes vive en la pobreza y el salario mínimo ronda los 400 dólares.
Si bien los elevados precios han abierto las puertas a los árboles navideños artificiales, muchos guatemaltecos se resisten a dejar la tradición de comprar uno natural.
«En casa siempre hemos colocado un pinabete por su aroma, es el distintivo de la Navidad (…) no lo cambiamos por uno moderno de plástico, que al final también sale caro», explica a la AFP Jaime Reyna, un empleado que reside en la capital.
Controles en rutas
De cara a la temporada navideña, el Conap y la División de Protección de la Naturaleza de la Policía (Diprona) empezaron a realizar controles en las rutas para evitar el tráfico ilegal de estos árboles.
Las autoridades revisan camiones, camionetas y autobuses, explica a la AFP Erick Alvarado, un técnico del Consejo.
Los infractores son detenidos y se enfrentan a condenas de entre tres y ocho años de cárcel, además de multas, según el agente de la Diprona Gymi Marroquín.
El pinabete, que puede alcanzar hasta 50 metros de altura y un metro de diámetro, crece en bosques húmedos de las montañas del altiplano occidental, entre 2 400 y 3 500 metros sobre el nivel del mar, según el Conap.
En la actualidad los bosques nativos de pinabetes ocupan cerca 27 500 hectáreas distribuidas en nueve de los 22 departamentos de Guatemala, mientras que a mediados del siglo XX había más de un millón de hectáreas.
Centroamérica
Consuelo Porras busca tercer mandato como fiscal general en Guatemala
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo señalamientos de “corrupción” y conductas “antidemocráticas”, se postuló para un tercer periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, informó el viernes la comisión encargada de conformar la nómina de candidatos.
El comité deberá entregar un listado de seis aspirantes entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general. El mandatario mantiene un enfrentamiento con Porras desde hace dos años, luego de que la funcionaria impulsara investigaciones que pusieron en duda su investidura.
Washington y la UE sancionaron a Porras —en el cargo desde 2018 y reelecta en 2022— al considerar que intentó obstaculizar la toma de posesión de Arévalo y promovió, según sus señalamientos, acciones contra exfuncionarios anticorrupción, periodistas y líderes sociales, varios de los cuales se encuentran actualmente en el exilio.
59 aspirantes al cargo
La secretaria de la comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, informó en conferencia de prensa que al cierre del período de recepción de expedientes se registraron 59 postulaciones para el cargo.
El funcionario que resulte electo asumirá el próximo 17 de mayo.
De acuerdo con el listado oficial divulgado por la comisión, la candidatura de Porras fue incluida pese a que no presentó personalmente su documentación. Según medios locales, la fiscal envió a una representante para completar el trámite.
Señalamientos y revés electoral
La funcionaria perdió recientemente una elección interna en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima instancia judicial del país, aunque podría optar nuevamente mediante la vía de la Corte Suprema.
Ese mismo día, expertos de la ONU vincularon a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurrido en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca, acusación que la fiscal rechazó.
El proceso de selección se desarrolla en un contexto de tensión política y escrutinio internacional sobre el sistema de justicia guatemalteco.
Centroamérica
El Salvador y Acnur celebran 45 años de cooperación en protección internacional
El Gobierno de El Salvador y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoraron 45 años de trabajo conjunto y cooperación en materia de protección internacional y asistencia humanitaria.
La agencia de la ONU llegó al país en la década de los ochenta, en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada. Desde entonces, ha acompañado distintos proyectos orientados a la protección de personas refugiadas y desplazadas.
“Conmemorar 45 años de historia y trabajo conjunto entre El Salvador y Acnur es reconocer una alianza sólida que ha puesto la protección internacional y la salvaguarda de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de nuestra visión de país”, expresó la vicecanciller Adriana Mira.
La diplomática destacó que esta cooperación ha permitido fortalecer la institucionalidad nacional, dando paso a la creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (Coder), liderada por la Cancillería de la República y articulada con diversas entidades del Estado.
Entre las instituciones que integran este esfuerzo se encuentran la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Procuraduría General de la República de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con determinación y responsabilidad, consolidando a El Salvador como un referente regional de dignidad, esperanza y solidaridad, donde la protección de las personas sea una realidad permanente y sostenible”, enfatizó Mira.
Las autoridades señalaron que la alianza continuará enfocada en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad.
Centroamérica
CUBO impulsan becas y formación para jóvenes salvadoreños
El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, informó en la entrevista de Diálogo 21 que los 11 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) registraron alrededor de 15,000 usuarios durante el mes de enero.
De acuerdo con el funcionario, del total de asistentes el 54 % fueron hombres y el 46 % mujeres. La mayoría de quienes frecuentan estos espacios son adolescentes.
“Estamos hablando que la mayoría de los usuarios que tenemos en los CUBOS son adolescentes. Entonces esto es un centro de entretenimiento, piensan algunos. Pero no, es un punto de trabajo con la generación perdida a causa de la violencia”, expresó Marroquín.
El director señaló que los CUBO funcionan como semilleros de oportunidades para jóvenes que durante años estuvieron excluidos, permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades y acceder a herramientas formativas.
Asimismo, destacó el apoyo interinstitucional para ampliar oportunidades educativas. “Hoy, gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), las becas están llegando a salvadoreños que antes no podían acceder. Acá les brindamos acompañamiento legal y técnico para que realmente aprovechen estas oportunidades”, explicó.
Marroquín agregó que recientemente, con el respaldo de la Embajada de China, tres jóvenes usuarios de los CUBO viajarán a ese país asiático para continuar su formación académica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Las autoridades reiteraron que estos centros forman parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social, orientada a generar espacios seguros y de desarrollo para la juventud salvadoreña.
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