Internacionales
Congreso de Perú admite denuncia de fiscalía contra presidente Castillo
| Por AFP |
Una comisión del Congreso de Perú aprobó este miércoles tramitar una denuncia de la fiscalía para someter a juicio político al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal.
«La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría», anunció la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
El documento contra Castillo y dos exministros de su gobierno, fue presentado al Congreso el pasado 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides.
La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra. La sesión y debate previo lo transmitió el canal de televisión del Congreso.
Según la fiscalía, todos los denunciados son «presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario».
La imputación al presidente peruano se basa en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales.
La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede acabar con la salida de Castillo del poder.
«Es el inicio de todo un proceso», declaró a la radio RPP el exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume.
Esto se produce a menos de tres días del arribo a Lima de una misión de la OEA que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
La subcomisión debe evaluar la denuncia y si la declara procedente remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno.
El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Es la primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente en funciones de Perú.
Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e ya intentó destituirlo en dos ocasiones.
Castillo, maestro rural de 53 años, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
La denuncia es la segunda contra Castillo en el Congreso. Una previa, le imputa traición a la patria al considerar un posible referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia.
La acusación de traición aún debe ser debatida por la Comisión Permanente, lo que puede ocurrir este viernes.
Dicha acusación pide que se le imponga «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».
Internacionales
Avión con políticos a bordo desaparece antes de aterrizar en el norte de Colombia
Una aeronave con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo desapareció este martes tras perder contacto con las torres de control poco antes de aterrizar en el municipio de Ocaña, en el departamento colombiano de Norte de Santander, informaron autoridades aeronáuticas.
El avión había despegado desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y cubría un trayecto de aproximadamente 23 minutos, con hora estimada de aterrizaje a las 12:05 hora local (17:05 GMT), según indicó la aerolínea en un comunicado.
De acuerdo con la información oficial, el último punto de localización de la aeronave se registró en una zona montañosa situada entre los 1,000 y 1,300 metros de altitud, un territorio de clima altamente variable y con presencia de áreas bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según datos del rastreador Flight Radar.
Tras la pérdida de comunicación, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad, búsqueda y rastreo, mientras continúan las labores para ubicar la aeronave y conocer el estado de sus ocupantes.
El congresista Wilmer Carrillo informó a través de la red social X que en el avión viajaban Diógenes Quintero, congresista con curul de paz, figura creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, así como Carlos Salcedo, candidato a la Cámara de Representantes, además de miembros de sus respectivos equipos.
“Recibí la información con preocupación. En el avión viajaba mi compañero Diógenes Quintero, Carlos Salcedo y sus respectivos equipos”, escribió Carrillo.
La agencia AFP intentó obtener declaraciones de Searca, empresa operadora de la aeronave, sin que hasta el momento haya emitido comentarios sobre la desaparición.
Centroamérica
Gabinete de Seguridad frena operaciones de redes colombianas que operaban en El Salvador
En los últimos años, el Gabinete de Seguridad Ampliado ha asestado duros golpes a diversas estructuras criminales de origen colombiano que operaban en el país, dedicadas a delitos como extorsión, estafa, lavado de dinero, fraude digital y tráfico de drogas, según informaron autoridades de seguridad.
Las investigaciones permitieron desarticular organizaciones que utilizaban distintos métodos para cometer ilícitos, afectando a cientos de víctimas a nivel nacional y regional. Entre los delitos más recurrentes figuran el tráfico de drogas, las agrupaciones ilícitas, el lavado de activos y las estafas telefónicas y digitales.
Uno de los golpes más recientes contra estas redes fue anunciado el sábado 24 de enero, cuando las autoridades revelaron la desarticulación de una estructura de estafa telefónica de carácter transnacional, que utilizaba números internacionales y operaba desde un centro penitenciario en Colombia, afectando a víctimas en El Salvador.
Modalidad “Gota a gota”
En 2024, las autoridades también lograron desbaratar una red colombiana que operaba bajo la modalidad conocida como “Gota a gota”, en la que los delincuentes simulaban ser microfinancieras para otorgar créditos exprés con intereses excesivos, los cuales posteriormente eran cobrados mediante amenazas de muerte.
Otra de las modalidades detectadas consistía en la oferta de productos y servicios financieros falsos a través de redes sociales, entre ellos teléfonos celulares, aires acondicionados y supuestos créditos bancarios a nombre de distintas instituciones financieras del país. Una vez que la víctima mostraba interés, los estafadores solicitaban el pago de una “prima” para iniciar el trámite.
Las investigaciones establecieron que, tras recibir el depósito, los delincuentes bloqueaban todo contacto con las víctimas y transferían el dinero a cuentas bancarias en Colombia. El monto total del dinero remitido por esta vía supera el millón de dólares, de acuerdo con los informes oficiales.
Centroamérica
Colombia bloquea señal celular en cárceles tras denuncia de El Salvador de extorsión desde prisiones
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres centros penitenciarios del país, tras denuncias formuladas por El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde cárceles colombianas y afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se implementará en las prisiones de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país; y La Dorada, en la región centro-occidental, como parte de una ofensiva directa contra la criminalidad organizada que opera desde los centros penitenciarios.
“No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto”, afirmó Idárraga durante un acto oficial realizado en una cárcel de Bogotá, según declaraciones difundidas por medios locales y agencias internacionales.
Las acciones fueron anunciadas luego de que autoridades salvadoreñas, entre ellas el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el pasado sábado la existencia de una red criminal que realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología para simular secuestros y amenazar a víctimas en distintos países de la región.
El Gobierno de El Salvador indicó que la identificación del origen de las llamadas fue posible gracias al apoyo de tecnología proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos utilizados en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros al norte de Bogotá.
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