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Centroamérica

Cumbre de especies amenazadas da «histórico» paso para restringir tráfico de aletas de tiburón

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

La conferencia sobre comercio internacional de especies amenazadas, que se desarrolla en Panamá, aprobó este jueves en forma preliminar la protección de dos familias de tiburones, lo que implica un duro golpe al tráfico de aletas, aunque la decisión final será adoptada la próxima semana.

El Comité I de esta cumbre de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) aprobó las propuestas presentadas por Panamá junto con una quincena de países y la Unión Europea, de proteger a las familias de los tiburones réquiem (Carcharhinidae) y de los tiburones martillo (Sphynidae).

«Panamá y el mundo acaban de vivir un momento histórico», declaró la delegada de Panamá, Shirley Binder.

La propuesta de regular el comercio de los tiburones réquiem fue aprobada con el 75% de los votos (necesitaba 67%) y la de los tiburones martillo por consenso.

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«Acabamos de aprobar una propuesta que incluye 54 especies de tiburones [de ambas familias] en el Apéndice II de CITES», que incluye a las especies cuyo comercio está regulado, destacó Binder.

El Apéndice I abarca a las especies cuyo intercambio está prohibido.

La última palabra sobre ambas familias de tiburones la debe dar el plenario en las jornadas finales de esta COP19 de CITES, que culmina el 25 de noviembre.

Sin embargo, por la alta votación recibida por la primera propuesta y el consenso en torno a la segunda auguran que serán aprobadas sin dilaciones por el plenario.

Apenas terminada la votación de la primera propuesta, varios delegados aplaudieron el resultado, lo que llevó al presidente del Comité, el británico Vincent Fleming, a pedir evitar este tipo de expresiones.

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Varias delegaciones, entre ellas la del país anfitrión, lucían sobre sus mesas peluches de tiburones durante el áspero debate, que se prolongó por casi tres horas.

Tras la aprobación de la primera propuesta, el debate sobre el tiburón martillo tomó solo unos minutos y fue aprobada por consenso.

«Esta decisión que se tomó el día de hoy puede ser la más importante que se ha tomado para la conservación de los tiburones», declaró a la AFP Luke Warwick, director de protección de tiburones de la ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

Durante el debate Japón propuso que la restricción de comercio se redujera a 19 especies de los tiburones réquiem y Perú pidió eliminar de la lista al tiburón azul. Ambas iniciativas fueron rechazadas en sendas votaciones.

Panamá propuso un periodo de transición de 12 meses para que los países instrumenten la nueva regulación. Chile pidió aumentar el plazo a 24 meses, pero minutos después retiró esta sugerencia para favorecer la aprobación de la iniciativa panameña.

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«Nos preocupa la biodiversidad de los océanos, aunque somos un país de vocación pesquera», dijo a la AFP el delegado chileno, Ricardo Sáez. «Debemos cuidar el estado de salud de nuestros recursos».

Las aletas pueden costar 1.000 dólares el kilo en mercados de Asia oriental, pues son ingrediente de una sopa muy apetecida. Ambas familias de tiburones representan más de la mitad del tráfico mundial de aletas, cuyo centro es Hong Kong.

«Gran crisis»

La protección a los tiburones réquiem «ha sido una de las propuestas más discutidas en una COP de CITES», destacó la delegada panameña en una rueda de prensa.

«Demoró más de dos horas y media de discusión, [Japón y Perú] trataron de enmendar la propuesta para reducir la admisión de la misma», pero no lo consiguieron, agregó Binder.

Los representantes de la Unión Europea, único organismo que es parte de la CITES, y de Estados Unidos criticaron que delegados hubieran optado por una votación secreta. «La transparencia es fundamental», dijo el delegado europeo.

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La oenegé WCS ha advertido que el mundo está «en medio de una gran crisis de extinción de tiburones», pues se trata del «segundo grupo de vertebrados más amenazados del planeta».

Los participantes en la COP19 están examinando 52 propuestas de modificar niveles de protección de especies.

Esta convención, que entró en vigor en 1975, ha fijado reglas de comercio internacional a más de 36 000 especies silvestres, desde la entrega de permisos hasta la prohibición total. Sus firmantes son 183 países y la Unión Europea.

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Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.

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