Centroamérica
Cumbre de especies amenazadas da «histórico» paso para restringir tráfico de aletas de tiburón
| Por AFP | Francisco Jara |
La conferencia sobre comercio internacional de especies amenazadas, que se desarrolla en Panamá, aprobó este jueves en forma preliminar la protección de dos familias de tiburones, lo que implica un duro golpe al tráfico de aletas, aunque la decisión final será adoptada la próxima semana.
El Comité I de esta cumbre de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) aprobó las propuestas presentadas por Panamá junto con una quincena de países y la Unión Europea, de proteger a las familias de los tiburones réquiem (Carcharhinidae) y de los tiburones martillo (Sphynidae).
«Panamá y el mundo acaban de vivir un momento histórico», declaró la delegada de Panamá, Shirley Binder.
La propuesta de regular el comercio de los tiburones réquiem fue aprobada con el 75% de los votos (necesitaba 67%) y la de los tiburones martillo por consenso.
«Acabamos de aprobar una propuesta que incluye 54 especies de tiburones [de ambas familias] en el Apéndice II de CITES», que incluye a las especies cuyo comercio está regulado, destacó Binder.
El Apéndice I abarca a las especies cuyo intercambio está prohibido.
La última palabra sobre ambas familias de tiburones la debe dar el plenario en las jornadas finales de esta COP19 de CITES, que culmina el 25 de noviembre.
Sin embargo, por la alta votación recibida por la primera propuesta y el consenso en torno a la segunda auguran que serán aprobadas sin dilaciones por el plenario.
Apenas terminada la votación de la primera propuesta, varios delegados aplaudieron el resultado, lo que llevó al presidente del Comité, el británico Vincent Fleming, a pedir evitar este tipo de expresiones.
Varias delegaciones, entre ellas la del país anfitrión, lucían sobre sus mesas peluches de tiburones durante el áspero debate, que se prolongó por casi tres horas.
Tras la aprobación de la primera propuesta, el debate sobre el tiburón martillo tomó solo unos minutos y fue aprobada por consenso.
«Esta decisión que se tomó el día de hoy puede ser la más importante que se ha tomado para la conservación de los tiburones», declaró a la AFP Luke Warwick, director de protección de tiburones de la ONG Wildlife Conservation Society (WCS).
Durante el debate Japón propuso que la restricción de comercio se redujera a 19 especies de los tiburones réquiem y Perú pidió eliminar de la lista al tiburón azul. Ambas iniciativas fueron rechazadas en sendas votaciones.
Panamá propuso un periodo de transición de 12 meses para que los países instrumenten la nueva regulación. Chile pidió aumentar el plazo a 24 meses, pero minutos después retiró esta sugerencia para favorecer la aprobación de la iniciativa panameña.
«Nos preocupa la biodiversidad de los océanos, aunque somos un país de vocación pesquera», dijo a la AFP el delegado chileno, Ricardo Sáez. «Debemos cuidar el estado de salud de nuestros recursos».
Las aletas pueden costar 1.000 dólares el kilo en mercados de Asia oriental, pues son ingrediente de una sopa muy apetecida. Ambas familias de tiburones representan más de la mitad del tráfico mundial de aletas, cuyo centro es Hong Kong.
«Gran crisis»
La protección a los tiburones réquiem «ha sido una de las propuestas más discutidas en una COP de CITES», destacó la delegada panameña en una rueda de prensa.
«Demoró más de dos horas y media de discusión, [Japón y Perú] trataron de enmendar la propuesta para reducir la admisión de la misma», pero no lo consiguieron, agregó Binder.
Los representantes de la Unión Europea, único organismo que es parte de la CITES, y de Estados Unidos criticaron que delegados hubieran optado por una votación secreta. «La transparencia es fundamental», dijo el delegado europeo.
La oenegé WCS ha advertido que el mundo está «en medio de una gran crisis de extinción de tiburones», pues se trata del «segundo grupo de vertebrados más amenazados del planeta».
Los participantes en la COP19 están examinando 52 propuestas de modificar niveles de protección de especies.
Esta convención, que entró en vigor en 1975, ha fijado reglas de comercio internacional a más de 36 000 especies silvestres, desde la entrega de permisos hasta la prohibición total. Sus firmantes son 183 países y la Unión Europea.
Centroamérica
Colocan primera piedra de “El Nido”, centro de maternidad pionero en la región
La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca convertirse en referente nacional y pionero en América Latina.
Durante el acto, destacó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la transformación del sistema de salud materno-perinatal del país, al apostar por un modelo centrado en la madre, el recién nacido y su familia.
El proyecto tiene como objetivo brindar atención integral y gratuita en un solo espacio, además de formar a profesionales de la salud bajo este enfoque y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.
En ese contexto, la primera dama señaló que el modelo responde a la necesidad de transformar la forma en que se atiende el nacimiento, en línea con la Ley Nacer con Cariño, la cual promueve una atención más humana y centrada en la familia.
De acuerdo con información oficial, el complejo estará conformado por dos torres. La primera se enfocará en la atención materno-perinatal, acompañando a las madres desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, además de funcionar como un centro de formación especializado.
Las autoridades subrayaron que el proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de salud y ofrecer experiencias de nacimiento más seguras y dignas para las familias salvadoreñas.
Centroamérica
Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político
El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.
La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.
El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.
Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.
De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.
Centroamérica
FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.
Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.
La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.
Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.
El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.
Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.
De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.
Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.
El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.
Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.
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