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Centroamérica

Cumbre de especies amenazadas da «histórico» paso para restringir tráfico de aletas de tiburón

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

La conferencia sobre comercio internacional de especies amenazadas, que se desarrolla en Panamá, aprobó este jueves en forma preliminar la protección de dos familias de tiburones, lo que implica un duro golpe al tráfico de aletas, aunque la decisión final será adoptada la próxima semana.

El Comité I de esta cumbre de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) aprobó las propuestas presentadas por Panamá junto con una quincena de países y la Unión Europea, de proteger a las familias de los tiburones réquiem (Carcharhinidae) y de los tiburones martillo (Sphynidae).

«Panamá y el mundo acaban de vivir un momento histórico», declaró la delegada de Panamá, Shirley Binder.

La propuesta de regular el comercio de los tiburones réquiem fue aprobada con el 75% de los votos (necesitaba 67%) y la de los tiburones martillo por consenso.

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«Acabamos de aprobar una propuesta que incluye 54 especies de tiburones [de ambas familias] en el Apéndice II de CITES», que incluye a las especies cuyo comercio está regulado, destacó Binder.

El Apéndice I abarca a las especies cuyo intercambio está prohibido.

La última palabra sobre ambas familias de tiburones la debe dar el plenario en las jornadas finales de esta COP19 de CITES, que culmina el 25 de noviembre.

Sin embargo, por la alta votación recibida por la primera propuesta y el consenso en torno a la segunda auguran que serán aprobadas sin dilaciones por el plenario.

Apenas terminada la votación de la primera propuesta, varios delegados aplaudieron el resultado, lo que llevó al presidente del Comité, el británico Vincent Fleming, a pedir evitar este tipo de expresiones.

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Varias delegaciones, entre ellas la del país anfitrión, lucían sobre sus mesas peluches de tiburones durante el áspero debate, que se prolongó por casi tres horas.

Tras la aprobación de la primera propuesta, el debate sobre el tiburón martillo tomó solo unos minutos y fue aprobada por consenso.

«Esta decisión que se tomó el día de hoy puede ser la más importante que se ha tomado para la conservación de los tiburones», declaró a la AFP Luke Warwick, director de protección de tiburones de la ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

Durante el debate Japón propuso que la restricción de comercio se redujera a 19 especies de los tiburones réquiem y Perú pidió eliminar de la lista al tiburón azul. Ambas iniciativas fueron rechazadas en sendas votaciones.

Panamá propuso un periodo de transición de 12 meses para que los países instrumenten la nueva regulación. Chile pidió aumentar el plazo a 24 meses, pero minutos después retiró esta sugerencia para favorecer la aprobación de la iniciativa panameña.

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«Nos preocupa la biodiversidad de los océanos, aunque somos un país de vocación pesquera», dijo a la AFP el delegado chileno, Ricardo Sáez. «Debemos cuidar el estado de salud de nuestros recursos».

Las aletas pueden costar 1.000 dólares el kilo en mercados de Asia oriental, pues son ingrediente de una sopa muy apetecida. Ambas familias de tiburones representan más de la mitad del tráfico mundial de aletas, cuyo centro es Hong Kong.

«Gran crisis»

La protección a los tiburones réquiem «ha sido una de las propuestas más discutidas en una COP de CITES», destacó la delegada panameña en una rueda de prensa.

«Demoró más de dos horas y media de discusión, [Japón y Perú] trataron de enmendar la propuesta para reducir la admisión de la misma», pero no lo consiguieron, agregó Binder.

Los representantes de la Unión Europea, único organismo que es parte de la CITES, y de Estados Unidos criticaron que delegados hubieran optado por una votación secreta. «La transparencia es fundamental», dijo el delegado europeo.

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La oenegé WCS ha advertido que el mundo está «en medio de una gran crisis de extinción de tiburones», pues se trata del «segundo grupo de vertebrados más amenazados del planeta».

Los participantes en la COP19 están examinando 52 propuestas de modificar niveles de protección de especies.

Esta convención, que entró en vigor en 1975, ha fijado reglas de comercio internacional a más de 36 000 especies silvestres, desde la entrega de permisos hasta la prohibición total. Sus firmantes son 183 países y la Unión Europea.

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Centroamérica

Bukele afirma que las reformas de su gobierno permitieron superar un “Estado fallido” en El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó los avances que ha experimentado El Salvador durante los últimos seis años como resultado de los cambios impulsados desde la administración pública, los cuales —aseguró— permitieron superar un Estado fallido heredado en 2019.

Durante su reciente visita oficial a Costa Rica, el mandatario señaló que al asumir el Ejecutivo se encontró con un sistema institucional incapaz de responder a las necesidades de la población, lo que obligó a realizar transformaciones profundas en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Indicó que dichas reformas fueron posibles gracias al respaldo otorgado por los salvadoreños en las urnas, lo que le permitió contar con gobernabilidad.

«Teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea; en las elecciones, por supuesto, elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, OEA, países desarrollados que tienen interés en observar elecciones», expresó Bukele.

El presidente sostuvo que el sistema judicial anterior no garantizaba justicia para las víctimas de la violencia y, por el contrario, facilitaba la liberación de personas acusadas de delitos. Como ejemplo, relató que agentes policiales capturaban a pandilleros que recuperaban su libertad en cuestión de horas, lo que derivaba en represalias contra los propios policías y sus familias.

«Había muchos policías buenos en El Salvador, y como me cuenta historias el ministro [de Justicia, Gustavo Villatoro], iban y agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al siguiente día salían 101; los 100 que metieron y otro que sacaron», afirmó.

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Bukele aseguró que la implementación del Plan Control Territorial, reforzado posteriormente con el régimen de excepción, transformó de manera radical la seguridad pública, al punto de convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental, condición que —dijo— es reconocida por otras naciones y organismos internacionales.

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Centroamérica

Asamblea aprueba ley que otorga incentivos fiscales a empresas que amplíen sus inversiones

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa que otorga beneficios fiscales a empresas que ya operan en el país desde hace más de una década y que amplíen su inversión y capacidad productiva.

La ley está dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones por un monto superior a un millón de dólares. Entre los principales incentivos se incluye una deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculada en función del monto de la inversión realizada.

De acuerdo con el decreto, las empresas que inviertan entre un millón y diez millones de dólares podrán deducir el 10 % del ISR; aquellas cuya inversión supere los diez millones y alcance hasta veinte millones recibirán una deducción del 20 %; mientras que las inversiones mayores a veinte millones de dólares tendrán una deducción del 30 % del impuesto.

Este beneficio fiscal podrá ser utilizado durante un período de hasta diez años, contados a partir de la obtención de la calificación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

La normativa también contempla la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces para los inmuebles adquiridos con fines de expansión. Para acceder a este incentivo, las empresas deberán utilizar el bien durante un plazo mínimo de cinco años y conservar su propiedad durante ese mismo período.

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Entre los requisitos establecidos, los interesados deberán comprobar la antigüedad de sus operaciones en el país, no estar acogidos a otros regímenes de incentivos fiscales, contar con la calificación Invest y no mantener obligaciones pendientes con el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la ley prohíbe a los beneficiarios sustituir activos o reducir las operaciones con las que inicien el proceso de expansión, como condición para mantener los incentivos otorgados.

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Centroamérica

Nicaragua elimina la doble nacionalidad tras reforma constitucional

Nicaragua cierra y confisca bienes de 12 ONGs por incumplimiento de obligaciones legales

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes, en segunda legislatura, una reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política que elimina la doble nacionalidad para los ciudadanos nicaragüenses y establece que quienes adquieran otra nacionalidad perderán automáticamente la nicaragüense.

La reforma constitucional también dispone que los extranjeros que soliciten la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar a su nacionalidad de origen, con excepción de los ciudadanos de países centroamericanos.

El cambio constitucional fue impulsado por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, quienes ordenaron la iniciativa de reforma en mayo pasado durante un acto oficial por el natalicio de Augusto C. Sandino. El Ejecutivo argumentó que no es posible mantener lealtad a dos Estados y que la eliminación de la doble nacionalidad busca frenar lo que calificó como “injerencias extranjeras”, en una medida de carácter “antiimperialista”.

Durante el debate legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la reforma no tendrá efectos retroactivos. “Nadie debe servir a dos patrias”, sostuvo el funcionario. No obstante, sectores opositores han puesto en duda esa afirmación y advierten sobre posibles implicaciones para nicaragüenses que residen en el exterior.

La reforma se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En 2023, el régimen retiró la nacionalidad nicaragüense a más de 200 presos políticos, quienes fueron enviados al exilio en Estados Unidos, una medida ampliamente condenada por organismos internacionales.

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