Internacionales
Gobierno de Ecuador traslada a prisión de máxima seguridad a reclusos señalados de matanzas
| Por AFP |
El gobierno de Ecuador trasladó el viernes a una penitenciaría de máxima seguridad a dos presos a quienes señala como responsables de disturbios y matanzas en cárceles, una medida de aislamiento que el presidente Guillermo Lasso advirtió que se aplicará para quienes pretendan «crear caos».
Los detenidos, identificados como Bermúdez y Anchundia, fueron llevados a La Roca, el centro carcelario para presos de alta peligrosidad ubicado en Guayaquil, dijo la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.
Apuntó que Bermúdez es «cabecilla de la banda narcoterrorista Los Lobos y responsable de la matanza en la cárcel de El Inca en Quito», y que Anchundia es «cabecilla de la banda R7 responsable de disturbios en la cárcel de Santo Domingo».
«Les dijimos que no nos temblaría la mano», afirmó Lasso en Twitter. «Que las mafias y cabecillas no se confundan: este será el mismo destino a quienes continúen con sus intentos de quebrar la paz de los ecuatorianos».
En otros tuits, el mandatario incluyó fotografías de reclusos con las manos atadas y otros con las manos en la nuca, y tumbados boca abajo en patios y pasillos de las prisiones. A su alrededor aparecen policías y militares.
En otras imágenes hay machetes artesanales, cuchillos, destornilladores, celulares y droga. También hay fotos de los dos presos trasladados a La Roca con el torso desnudo, una de las cuales tiene una leyenda sobre fondo rojo que dice: «Intervención exitosa» en alusión al traslado de Achundia.
A inicios de noviembre, el gobierno de Lasso organizó la reubicación de unos 2.400 reclusos, lo que detonó una ofensiva de las bandas criminales ligadas al narcotráfico, que hicieron estallar coches bomba cerca de gasolineras y estaciones de policía y propiciaron balaceras.
Ocho personas, incluidos cinco uniformados, murieron durante los ataques ocurridos en Guayaquil. Este puerto, lugar estratégico para la salida de droga hacia Estados Unidos y Europa, es el más castigado por la mafia del narco, que se disputa con sangre y fuego el control de rutas en calles y cárceles.
Desde febrero de 2021, en Ecuador hubo ocho masacres carcelarias, con saldo de unos 400 reclusos muertos, muchos de ellos desmembrados y incinerados.
El último enfrentamiento de bandas ocurrió en Quito, en la cárcel donde se encontraba Bermúdez, el 8 de noviembre. En esa ocasión cinco reclusos fallecieron.
Ecuador, vecino de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, ha visto crecer la violencia y las incautaciones de droga. En 2021, el país decomisó el récord de 210 toneladas y en lo corrido de este año las incautaciones alcanzan las 170 toneladas.
Para contener el impacto de la violencia del narcotráfico, Lasso declaró el estado de excepción y un toque de queda en las provincias costeras de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Internacionales
Petro declara «Emergencia Económica» en Colombia tras el hundimiento de su reforma tributaria
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes el Estado de Emergencia Económica por un periodo de 30 días, argumentando una «inminente crisis fiscal». La medida surge como respuesta directa a la decisión del Congreso de archivar la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba financiar el presupuesto de 2026.
Mediante este decreto, el Gobierno adquiere facultades extraordinarias para adoptar impuestos especiales sin pasar por el legislativo. El objetivo es alcanzar una meta de 41,000 millones de dólares, cifra que, según el mandatario, es indispensable para estabilizar las finanzas del país el próximo año y evitar un «ajuste drástico» que afecte el bienestar social.
Contraste económico: Crecimiento vs. Déficit
La decisión se toma en un contexto de señales mixtas para la economía colombiana. Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) muestra resiliencia con proyecciones de crecimiento de entre 2.6% y 2.7% para el cierre de este año, las cuentas fiscales del Estado presentan un deterioro acelerado.
El gasto público y el endeudamiento han superado con creces la recaudación actual. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal aumentó 2.5 puntos porcentuales, y los analistas advierten que el indicador podría superar el 7% en 2025, una cifra que enciende las alarmas en los mercados internacionales.
El fracaso de la vía legislativa
A inicios de este mes, el Congreso hundió el proyecto de ley que pretendía recaudar 4,000 millones de dólaresadicionales. Ante la negativa de los legisladores, Petro advirtió que la falta de recursos obligaría a realizar recortes masivos en la inversión pública.
«El gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte», sentenció el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
Incertidumbre en los mercados
A pesar de la declaratoria, aún no se han especificado los alcances de los nuevos tributos ni qué sectores serán los más afectados por los impuestos especiales. La medida de emergencia económica ha generado un intenso debate sobre la seguridad jurídica en el país y la separación de poderes, mientras los agentes económicos esperan detalles técnicos sobre la implementación del decreto.
Centroamérica
Interpol mantiene difusión roja contra 803 salvadoreños por delitos graves
Un total de 803 salvadoreños cuentan actualmente con difusión roja en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según datos de la policía internacional. De ese total, 739 son hombres y 64 mujeres, señalados por diversos delitos de alta gravedad.
Entre las personas buscadas figura Juan Josué Castillo Arévalo, exintegrante del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), vinculado al feminicidio de la agente Carla Ayala, uno de los casos más emblemáticos en el país.
Los delitos por los cuales se emitieron estas notificaciones incluyen agresión sexual agravada contra menor o persona incapaz bajo modalidad continuada, pertenencia a organizaciones terroristas, extorsión agravada, violación, agrupaciones ilícitas, feminicidio agravado, homicidio agravado y tráfico ilegal de personas, entre otros.
La difusión roja es un mecanismo mediante el cual Interpol solicita a las fuerzas del orden de los países miembros localizar y detener de manera provisional a una persona, mientras se tramita su extradición, entrega o una acción judicial similar. No obstante, Interpol aclara que esta notificación no constituye una orden de captura internacional.
Las personas incluidas en una difusión roja son buscadas a solicitud de un país miembro o de un tribunal internacional, y corresponde a cada nación aplicar su legislación interna para determinar si procede la detención. Además, la mayoría de estas notificaciones solo puede ser consultada por los organismos encargados de la aplicación de la ley.
Interpol señala en su sitio web que, a petición del país solicitante, se pueden publicar extractos de una notificación roja cuando se requiere la colaboración ciudadana para ubicar a una persona prófuga o cuando esta representa un peligro para la seguridad pública.
Internacionales
Prisión preventiva para exministros de Petro por escándalo de corrupción en la UNGRD
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa golpeando al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que esta semana se ordenara la prisión preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La investigación, que se inició en 2024, destapó una presunta red de compra de votos en el Congreso a cambio de contratos públicos gestionados desde la UNGRD. El caso involucra a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.
Con esta decisión judicial, Bonilla y Velasco se convierten en los exfuncionarios de mayor rango del Gobierno de Petro que enfrentan cárcel por este escándalo. Ambos son señalados por la Fiscalía de liderar una supuesta “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 163 millones de dólares) para asegurar apoyos legislativos mediante el pago a congresistas.
La medida de aseguramiento fue dictada mientras avanza el proceso penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que les fueron imputados a inicios de este mes.
En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla el jueves y aseguró que, según su “conciencia”, el exministro es inocente.
“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia”, escribió el mandatario en la red social X, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar su reclusión preventiva.
En el mismo mensaje, Petro sostuvo que Bonilla ha sido “extorsionado” y convertido en un “chivo expiatorio”, y atribuyó su situación judicial a una supuesta “ingenuidad” por haber buscado apoyos en sectores opositores vinculados al uribismo durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.
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