Los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino Monroy, destacaron cómo el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad, sumado a medidas como el régimen de excepción y el Plan Control Territorial, ha contribuido a erradicar la violencia social que durante años afectó a El Salvador.

«Alcanzar los 1,000 días sin homicidios es un dato que rompe narrativas. Hemos neutralizado a más de 88 mil asesinos seriales», enfatizó Villatoro.

El ministro de Seguridad explicó que gran parte de la inteligencia utilizada en la lucha contra las pandillas provino de datos proporcionados por los propios policías en las comunidades. «El país que nos dejaron era un desastre: aquí era más rentable matar que robar, y el 97 % de los homicidios quedaban impunes», agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa resaltó la eficacia del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, señalando que durante 2024 se batieron récords en incautación de drogas. Hasta el momento en 2025, se han confiscado 21.6 toneladas de cocaína, y desde 2019, más de 71 toneladas por un valor superior a $1,600 millones de dólares.

Merino Monroy subrayó que la transformación social de El Salvador permite que el país atraiga eventos internacionales, como el Surf City ISA World Surfing Games 2025, que reúne a más de 200 atletas de 61 países. «Es satisfactorio saber que nuestro país ahora puede recibir torneos mundiales que no se otorgan a cualquier nación», indicó.

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Según la encuesta más reciente de CID Gallup, realizada del 1 al 8 de septiembre a escala nacional, cuatro de cada 10 salvadoreños percibe una mejora en la economía de los hogares durante el último año.

El sondeo indica que el 40 % de los entrevistados considera que la situación económica familiar ha mejorado en comparación con el 32 % registrado en 2024. Por su parte, el 43 % cree que la economía se mantiene igual, mientras que el 17 % afirma que ha empeorado.

«Hoy observamos mayor estabilidad en los hogares del país; ya no se está empeorando», comentó Luis Haug, gerente general de CID Gallup, durante la entrevista Frente a Frente.

El estudio también revela que El Salvador muestra mejores resultados económicos percibidos que Guatemala, Nicaragua y Panamá, donde se observa un fuerte pesimismo debido al aumento del costo de vida.

El presidente Nayib Bukele, en su mensaje de inicio del segundo mandato el 1 de junio de 2024, anunció que tras superar los problemas de inseguridad, su gobierno se enfocaría en mejorar la economía de los salvadoreños. La encuesta refleja que, gracias a la estrategia de seguridad del Gobierno, la criminalidad ya no es la principal preocupación de la ciudadanía; ahora, el costo de la vida ocupa el primer lugar con 48 % de menciones, seguido del empleo con 10 %.

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Además, el 85 % de los encuestados expresó confianza en que el presidente Bukele ayudará a resolver los problemas de las familias salvadoreñas, mientras que solo 7 % opinó que poco o nada lo hará. Un 8 % indicó no saber o no respondió.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Imprenta Nacional firmaron un convenio para garantizar la publicación oportuna de resoluciones, acuerdos y documentos relacionados con la planificación, ejecución y supervisión de las elecciones programadas para febrero de 2027.

El acuerdo, firmado por las autoridades de ambas instituciones, reafirma, en palabras del TSE, el compromiso con la transparencia, la legalidad y la democracia.

El TSE recientemente asumió la responsabilidad de adecuar el trabajo institucional realizado hasta ahora, asegurando que los comicios de 2027 se desarrollen de manera ordenada y conforme a la normativa.

Este compromiso surge tras la aprobación y ratificación por parte de la Asamblea Legislativa de una reforma constitucional que redujo el período presidencial a tres años, lo que permitirá que las elecciones presidenciales coincidan con las legislativas y municipales.

La reforma también establece que, después de los comicios de 2027, el período presidencial será de seis años, con el objetivo de sincronizar los ciclos electorales y generar un ahorro sustancial para el Estado, al realizar elecciones cada tres años.

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