Centroamérica

ONU reconoce mejoras laborales en Costa Rica, aunque persisten trabajos forzosos

| Por AFP |

Costa Rica mejoró su situación respecto a los trabajos forzosos en el país aunque todavía persisten en diversos sectores, dijo este viernes el relator especial de la Naciones Unidas para nuevas formas de esclavitud, Tomoya Obokata.

«Identifiqué indicadores de trabajos forzosos en varios empleadores en diversos sectores como agricultura, trabajo doméstico, servicios, transporte o construcción», destacó Obokata durante la presentación preliminar de su informe.

El relator agregó que entre los indicadores detectados se encuentran «largas jornadas de trabajo sin suficiente tiempo para ir al baño o a comer, bajos salarios, acoso o violencia, incluyendo de naturaleza sexual, y lugares de trabajo insalubres».

El experto visitó a Costa Rica durante nueve días y se reunió con representantes de todos los sectores del país.

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Obokata destacó los avances de Costa Rica en la implementación de marcos jurídicos de defensa de los trabajadores que incorporan instrumentos internacionales de derechos humanos y laborales.

Entre ellos, el aumento de la edad mínima hasta los 15 años para comenzar a trabajar y el incremento hasta los 17 años de la educación obligatoria.

Sin embargo, el relator matizó que la creación de leyes no se traduce muchas veces en su aplicación y son pocas las víctimas que consiguen amparo institucional.

«Me di cuenta de que los marcos legales e institucionales sobre esto son sólidos en Costa Rica, pero me genera preocupación el hecho de que solo un pequeño número de víctimas están identificadas y asistidas», dijo Obokata.

El relator de la ONU pidió al gobierno costarricense trabajar más cerca a las organizaciones de la sociedad civil para que «más víctimas puedan beneficiarse de los sistemas de protección».

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«He descubierto que pobreza, inequidad y discriminación están entre las principales causas de nuevas formas de esclavitud en Costa Rica», puntualizó Obokata.

También mencionó la situación de migrantes en Costa Rica en los últimos tiempos, principalmente nicaragüenses y venezolanos que huyen de las crisis políticas, económicas y sociales de sus respectivos países.

«Soy consciente de que el riesgo de nuevas formas de esclavitud es muy alto entre estos y otros grupos de población vulnerable», dijo el relator.

Principalmente señaló a migrantes, pueblos originarios, afrodescendientes y con diversidad sexual, dijo el relator internacional.

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Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

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De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.