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«Los muertos no paran de llegar»: la violencia satura las morgues de México
| Por AFP | Jennifer Gonzalez Covarrubias |
En el caluroso sur de México, una pequeña bodega almacena miles de osamentas no identificadas. Sin ventanas ni climatización, en su oscuridad palpita la crisis de un sistema forense saturado por la criminalidad.
Es la morgue de Chilpancingo (estado de Guerrero), vecina de un cementerio de autos y colmada de cadáveres como otras de este país, donde hay unos 52 000 cuerpos sin identificar.
La situación es crítica incluso en la capital. «Esto se está cayendo a pedazos porque los muertos no paran de llegar y las personas siguen desapareciendo», lamenta Nuvia Maestro, una de las seis antropólogas del Instituto Forense de Ciudad de México.
Detrás de esta situación están la violencia y la precariedad, constató la AFP durante un recorrido por las morgues de Chilpancingo y Acapulco (Guerrero), y diálogos con médicos legistas de otros servicios forenses.
«Nos sentimos muy cansados (…), pareciera que esto no va a tener fin», confiesa Maestro junto a dos estufas que ella y compañeros compraron de su bolsillo. Allí hierven costillas para retirarles tejidos y determinar la edad de un fallecido.
En redes sociales, Maestro, de 36 años, declara su amor por Clementina -su gata a quien llama «rayo de luz»-, el ciclismo, las chamarras de colores, el vino… Todo lo que le ayude a sobrellevar su labor.
Pese a sus limitaciones, las morgues son la esperanza de familiares de desaparecidos como Guadalupe Camarena, de 62 años, quien da una nueva muestra de ADN para encontrar al menos restos de sus cinco hijos en el estado de Jalisco (oeste), también atestado de cuerpos.
Violencia desbordada
En el servicio forense de Chilpancingo, un empleado ojea en un cuaderno los ingresos de cadáveres. Encoge los hombros cuando se le pregunta por qué no están digitalizados para que los puedan consultar a nivel nacional.
Ventiladores y carretillas dañadas atiborran los pasillos oscuros hacia los frigoríficos, llenos de bolsas plásticas con restos anónimos, observó un equipo de AFP en septiembre. El incienso que queman empleados no oculta el mal olor ni espanta a las moscas.
«Los estudios para confronta (de ADN) pueden tardar meses. Mientras, los cuerpos están en nuestros refrigeradores y la familia dice ‘no nos los quieren dar’. Esto crea frustración», reconoce Alfonso Ramírez, coordinador de la entidad.
México, de 126 millones de habitantes, triplicó su tasa de homicidios desde 2006, cuando arreció la lucha antidrogas. Pasó de 9,6 a 28 asesinatos por 100.000 personas en 2021 (35.625 casos).
Los «desaparecidos y no localizados» también se dispararon de 265 en 2006 a 10 366 en 2021, para un total de 108 000 desde 1964. Muchos estarían en tanatorios o cementerios públicos.
El gobierno, que entre enero y octubre reportó 26.119 homicidios (7,1% menos en el comparativo interanual), atribuye la mayoría de crímenes a guerras entre delincuentes.
«¡Ya no cabemos!»
El colapso también se explica por déficits presupuestales, de personal, de laboratorios de ADN rápidos y de un banco único de datos forenses, según expertos.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estima que en estas condiciones serían necesarios 120 años para analizar los 52 000 cuerpos que documenta la oenegé Movimiento por Nuestros Desaparecidos, gran parte de ellos sin información básica.
«Esta mesa es como la expresión de la crisis: estaba vacía hace cinco o diez años (y hoy) la osteoteca (depósito de huesos) está rebasada. ¡Ya no cabemos!», afirma Maestro, señalando una plancha con un esqueleto en estudio.
Como agravante, algunos criminales incineran a sus víctimas o las entierran en fosas clandestinas. «Saben cuáles son las áreas que valoramos (para la identificación, como caderas o yemas de dedos) y las destruyen. ¡Es terrible!», prosigue la antropóloga, subrayando que los cadáveres más maltratados «son de mujeres».
El gobierno admite como una «omisión muy grave» la falta de un censo de «cuerpos no identificados y de identificados y no reclamados en fosas comunes».
México carece de «capacidades institucionales para atender el rezago», afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
Cruel búsqueda
Los forenses también procesan cadáveres exhumados por orden judicial para armar sus fichas, o cuerpos que encuentran parientes en tumbas secretas.
Durante una exhumación, Guadalupe llora aferrada a las fotos de Lucero, Oswaldo, Tonatiuh, Ernesto y José, sus hijos desaparecidos en Jalisco.
«No quisiera encontrarlos así (muertos), pero si no los puedo encontrar vivos…», afirmó en mayo en el panteón de Coyula. Aún no tiene los resultados.
Empleada doméstica, no sabe de Lucero desde 2016, cuando desapareció en Guadalajara. En 2019 también perdió rastro de sus hijos varones, según ella tras ser detenidos por policías de Ocotlán.
Los presupuestos forenses regionales pasaron de 110 millones de dólares en 2015 a 122 millones en 2020, según datos oficiales. Pero la media de homicidios en ese período subió de 17,16 a 28,3 por 100 000 personas.
La nómina, en tanto, aumentó 4 % entre 2019 y 2020 a 10 119 trabajadores (81 % dedicados a peritajes), lo que especialistas consideran insuficiente.
Esfuerzos incipientes
El impacto de la crisis lleva a tomar terapia psicológica a peritos como Dalia Miranda, coordinadora de las exhumaciones en Coyula. «Encuentras (…) cosas muy feas», dice.
«Muchas personas pensarán que no hacemos nada, pero realmente estamos trabajando», defiende su colega René Andraca en la morgue de Acapulco, donde una ficha con el rótulo de «desconocido» cuelga de un pie.
El gobierno ha emprendido acciones como la creación de dos centros de identificación y cuatro de resguardo de cadáveres.
También avanza en la conformación de un laboratorio de genética al que Estados Unidos aportará cuatro millones de dólares. La Fiscalía tiene pendiente crear un banco de datos forenses ordenado por ley.
Mientras fructifican esas iniciativas, Guadalupe revisa semanalmente fotografías de muertos en la morgue de Guadalajara en busca de pistas de sus hijos, rutina que sobrelleva con antidepresivos.
Maestro, en tanto, continúa archivando trozos de costillas en diminutos sobres que, en medio de la impotencia, exhibe como un logro.
Centroamérica
Estudiantes bachilleres pueden aplicar a las becas completas de la Asamblea Legislativa
Inician inscripciones para las becas legislativas «Dagoberto Gutiérrez»
La Asamblea Legislativa anunció el lanzamiento del programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», una iniciativa destinada a estudiantes bachilleres interesados en continuar su formación profesional en universidades salvadoreñas.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que las inscripciones comenzaron el 15 de noviembre a través del portal oficial https://becas.asamblea.gob.sv/, donde los aspirantes podrán registrarse, llenar el formulario y adjuntar los documentos necesarios.
El programa está diseñado para jóvenes de escasos recursos provenientes de comunidades anteriormente afectadas por la violencia. Entre los requisitos figuran ser bachiller, contar con buenas calificaciones y demostrar un fuerte deseo de superación.
Los beneficiarios podrán elegir entre la oferta académica de nueve universidades nacionales, entre ellas la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el ITCA-FEPADE y otras instituciones destacadas.
La convocatoria, aprobada por decreto legislativo en septiembre de 2024, es financiada con fondos provenientes de un recorte presupuestario de $5 millones asignado a los diputados para el período 2024-2027. El primer desembolso para este proyecto asciende a $792,000.
«Invitamos a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad única para contribuir al cambio y prepararse para liderar las transformaciones que El Salvador necesita», destacó Castro.
Los estudiantes interesados tendrán cinco días, desde que inicien el formulario, para completar el proceso de inscripción y presentar toda la documentación requerida.
Centroamérica
Pandillero es condenado a seis años de prisión en Santa Tecla por lesiones y privación de libertad
El pandillero César Humberto Rodríguez Guadrón ha sido condenado a seis años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. La condena, lograda por la Fiscalía General de la República, incluye tres años y seis meses por el delito de lesiones agravadas, además de tres años por privación de libertad.
Según la acusación fiscal, el 25 de marzo de 2019, alrededor de las 6:30 p.m., Rodríguez Guadrón retuvo a una persona y, bajo amenaza con un arma de fuego, la llevó a una quebrada donde otros cinco miembros de la Mara Salvatrucha la esperaban. Allí, la víctima fue brutalmente golpeada con un bate, sufriendo múltiples lesiones. Los otros pandilleros involucrados ya habían sido juzgados y sentenciados por un tribunal de La Libertad.
Este caso resalta la actuación de las autoridades judiciales en su lucha contra la violencia de las pandillas en la zona.
Sin categoría
El Salvador suma cinco días sin homicidios en octubre
El Salvador continúa acumulando días sin homicidios en 2024, consolidando un nuevo récord de seguridad en el país, según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), divulgados este lunes por la madrugada.
Las estadísticas indican que el domingo 6 de octubre finalizó sin reportes de homicidios, lo que suma un total de cinco días consecutivos sin muertes violentas en el mes de octubre.
Este logro se añade a los 24 días sin homicidios registrados en enero y febrero, a los 22 de marzo, 19 de abril y 21 de mayo, reflejando una tendencia positiva en la reducción de la violencia a lo largo del año.
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