Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Temblor sacude la zona oriental de El Salvador y se percibe en Honduras y Nicaragua
Un sismo se registró la noche del sábado frente a las costas de El Salvador, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico ocurrió a las 23:00 hora local (05:00 GMT del domingo) a una profundidad de 55,9 kilómetros y a 67,7 kilómetros al noreste del municipio de Chirilagua, de acuerdo con los datos del organismo estadounidense.
Tras el evento, la Dirección General de Protección Civil de El Salvador informó a través de la red social X que mantiene un monitoreo preventivo luego del sismo percibido en distintas zonas del país. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) descartó riesgo de tsunami e indicó que el temblor también fue percibido en algunas localidades de Honduras y Nicaragua, donde tampoco se han reportado afectaciones.
Centroamérica registra con frecuencia movimientos sísmicos debido a la convergencia de las placas tectónicas Placa del Caribe y Placa de Cocos en la zona del océano Pacífico.
Centroamérica
Informe internacional critica detenciones bajo el régimen de excepción en El Salvador
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes) afirmó en un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Geneva, Switzerland, que la pertenencia a una pandilla, por sí sola, no debería constituir un delito que justifique el encarcelamiento.
Según el documento, el delito de “agrupaciones ilícitas”, tal como está tipificado en los decretos legislativos aprobados durante el Régimen de Excepción en El Salvador, pone el énfasis en la pertenencia a una organización criminal sin requerir que se demuestren hechos delictivos específicos cometidos por los implicados ni su participación directa en ellos.
“El delito de agrupaciones ilícitas y la forma en que está tipificado […] ponen el acento en la sola pertenencia a la organización sin requerir que se demuestren los hechos delictivos perpetrados por esta ni la conexión de los implicados con su perpetración”, señala el informe en su página 110.
El grupo también sostiene que la tipificación de este delito resulta imprecisa y considera que ha sido utilizada para justificar detenciones que califican como arbitrarias de más de 90,000 personas en el marco del régimen de excepción. En el mismo informe, los expertos piden la liberación de personas detenidas durante esta medida de seguridad.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reiterado recientemente que su Gobierno prioriza los derechos de los ciudadanos honrados frente a los de quienes considera criminales. El mandatario también ha cuestionado a algunas organizaciones nacionales e internacionales que, según afirmó, defienden a miembros de estructuras delictivas bajo el argumento de la protección de los derechos humanos.
Centroamérica
Vicepresidente Félix Ulloa se reúne con salvadoreños en Chile para destacar avances del país
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la comunidad salvadoreña residente en Chile, donde expuso los principales cambios y proyectos impulsados en el país en los últimos años.
Durante la reunión, el funcionario invitó a los compatriotas a visitar El Salvador para conocer de primera mano los avances en áreas como seguridad, vivienda y salud.
De acuerdo con información difundida por la Vicepresidencia de El Salvador en su cuenta oficial de la red social X, Ulloa destacó el papel de la diáspora salvadoreña como un puente entre naciones.
Según el vicegobernante, los salvadoreños en el exterior contribuyen a fortalecer los vínculos humanos, culturales y económicos entre ambos países, además de promover el comercio, la inversión y el intercambio de experiencias.
Durante el encuentro, Ulloa también se refirió al liderazgo del presidente Nayib Bukele, cuya administración —señaló— ha impulsado un proceso de transformación en el país, con avances en seguridad pública y programas orientados a mejorar la calidad de vida de la población.
Entre las iniciativas mencionadas destacó la aplicación móvil DoctorSV, una herramienta digital que busca facilitar el acceso a servicios de salud.
El vicepresidente afirmó que la mejor forma de conocer el nuevo momento que vive El Salvador es visitarlo y experimentar personalmente las condiciones actuales del país.
Según la vicepresidencia, la reunión permitió generar un espacio de diálogo y cercanía con los salvadoreños residentes en Chile, fortaleciendo su conexión con la realidad política y social de la nación centroamericana.
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