Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
TSE anuncia centros de votación en Centroamérica y el Caribe para elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció los centros de votación que estarán habilitados en Centroamérica y el Caribe para que los salvadoreños residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones de 2027.
Los votantes salvadoreños en la región podrán acudir a centros de votación ubicados en Belmopán, Belice; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Tegucigalpa, Honduras; Managua, Nicaragua; San José, Costa Rica; Ciudad de Panamá, Panamá; y Santo Domingo, República Dominicana.
El organismo electoral también recordó que los salvadoreños residentes en el extranjero que deseen votar en territorio nacional deben verificar previamente la dirección registrada en su Documento Único de Identidad (DUI).
Quienes tengan registrada una dirección de residencia en el exterior y quieran ejercer el sufragio en El Salvador deberán actualizar su domicilio por una dirección dentro del territorio nacional, con el fin de ser incorporados al padrón electoral correspondiente.
El TSE informó que la actualización del domicilio puede realizarse en línea a través de dui.sv y estableció como fecha límite el 27 de agosto de 2026.
La medida busca que los ciudadanos que residen fuera del país y planean votar presencialmente en El Salvador cuenten con sus datos actualizados antes del cierre del proceso de conformación del padrón electoral para los comicios de 2027.
Centroamérica
Honduras declara alerta en casi el 80 % de su territorio por sequía
El Gobierno de Honduras declaró en alerta a casi el 80 % del territorio nacional debido a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño, una situación que ya afecta los niveles de los embalses, la producción agrícola y ganadera, informaron las autoridades.
La medida abarca 234 de los 298 municipios del país y busca facilitar la movilización de recursos para atender los efectos de la emergencia.
Tegucigalpa, capital hondureña y donde residen alrededor de 1.7 millones de personas, se encuentra entre las 75 demarcaciones clasificadas en alerta roja, el nivel de mayor riesgo. El resto de los municipios fueron ubicados en diferentes categorías de emergencia por tiempo indefinido.
El fenómeno de El Niño provoca un aumento de las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, alterando los patrones de viento y precipitación y generando condiciones climáticas irregulares en distintas partes del mundo.
Corredor Seco enfrenta mayores impactos
Una de las zonas más afectadas es el denominado Corredor Seco centroamericano, que se extiende por áreas de Honduras, El Salvador y Nicaragua y presenta una alta vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.
El presidente hondureño, Nasry Asfura, advirtió que la crisis podría prolongarse hasta marzo o abril de 2027.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se contempla la perforación de nuevos pozos, construcción de reservorios de agua y distribución de alimentos en las zonas más afectadas. También se prevé intervenir en las actividades agrícolas y ganaderas para reducir el impacto de la sequía.
La falta de agua ya ha provocado pérdidas de ganado y cultivos. Productores de municipios declarados en alerta roja han expresado preocupación por las condiciones actuales y las perspectivas para los próximos meses.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió que Centroamérica podría convertirse en una de las regiones más afectadas por el deterioro de la seguridad alimentaria asociado al fenómeno de El Niño.
Centroamérica
Félix Ulloa expone estrategia de seguridad de El Salvador ante delegaciones de México y Uruguay
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, presentó ante funcionarios y representantes de Uruguay y México las estrategias de seguridad implementadas durante la administración del presidente Nayib Bukele para combatir el crimen organizado.
La exposición se realizó durante el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, organizado por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay (CIFD) y el Centro de Estudios Internacionales «Héctor Oquelí» de El Salvador.
En el encuentro participaron el presidente del CIFD, Enrique Arezo; la senadora suplente de Uruguay, Valeria Ripoll; la embajadora de ese país en El Salvador, Alejandra Costa; y el director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez.
Ulloa destacó la importancia de compartir la experiencia salvadoreña en materia de seguridad con representantes de otros países de la región, especialmente ante el avance del crimen y la violencia en distintos territorios de América Latina.
Durante su intervención, explicó las diferentes fases del Plan Control Territorial (PCT), estrategia que, según el Gobierno, permitió recuperar el control de comunidades, ampliar la presencia de las fuerzas de seguridad y fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar a las estructuras criminales.
El vicepresidente también subrayó la necesidad de incrementar la cooperación entre los países para enfrentar el crimen organizado, debido a su carácter transnacional.
«El crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites y, si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar aumentando», afirmó.
El Salvador comparte experiencia de seguridad
Ulloa sostuvo además que el denominado «modelo Bukele» se ha convertido en una referencia para otros gobiernos de Latinoamérica. Atribuyó parte de sus resultados a la voluntad expresada por la población salvadoreña, la coordinación entre las instituciones del Estado y el fortalecimiento del gabinete de seguridad.
De acuerdo con la Vicepresidencia, el seminario busca generar espacios de diálogo entre autoridades, investigadores, académicos y representantes de distintos países para intercambiar experiencias y analizar los desafíos de seguridad y gobernanza que enfrenta la región.
Entre los funcionarios salvadoreños que participaron en el encuentro estuvieron el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; y el director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, entre otras autoridades.
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