Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador acumula 1,229 días sin homicidios durante los siete años de gestión de Bukele
A siete años del inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, las autoridades de seguridad reportan 1,229 días sin homicidios a nivel nacional, una cifra que refleja la reducción sostenida de la violencia registrada en el país durante este período.
De acuerdo con estadísticas oficiales, de esos 1,229 días con cero asesinatos, 1,115 se contabilizaron desde la implementación del régimen de excepción, medida vigente desde el 27 de marzo de 2022 y que ha sido prorrogada en 51 ocasiones por la Asamblea Legislativa a solicitud del Gabinete de Seguridad.
Según las autoridades, esta estrategia ha permitido la captura de aproximadamente 92,000 pandilleros y colaboradores acusados del delito de agrupaciones ilícitas. Miles de ellos ya han sido condenados por pertenecer a estructuras criminales que operaban en distintos puntos del país.
La Fiscalía General de la República también ha procesado a numerosos detenidos por otros delitos vinculados al crimen organizado, entre ellos homicidio, extorsión, lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas.
Como parte de las reformas legales impulsadas durante este período, la Ley contra el Crimen Organizado fue modificada para permitir que las investigaciones y procesos judiciales se desarrollen de manera colectiva contra estructuras criminales completas, mediante expedientes únicos y audiencias que pueden extenderse hasta por dos años.
Las cifras oficiales indican que solo durante 2025 las fuerzas de seguridad capturaron a 6,584 personas vinculadas a actividades delictivas.
El balance presentado por las autoridades también señala que El Salvador cerró el año pasado con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas registradas en la historia reciente del país.
Asimismo, el Gabinete de Seguridad informó que durante el último año se contabilizaron 82 homicidios, equivalentes a un promedio diario de 0.2 asesinatos. Las estadísticas oficiales también reportan una reducción del 51.5 % en la incidencia delictiva en comparación con el año anterior.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas que han sido la base de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno desde 2019.
Según el Ejecutivo, los avances en materia de seguridad han contribuido a recuperar espacios públicos, fortalecer la actividad económica y mejorar la percepción de seguridad entre la población, convirtiendo la reducción de la violencia en uno de los principales indicadores de la gestión gubernamental durante los últimos siete años.
Centroamérica
Bukele inaugura el nuevo Hospital Rosales con tecnología de última generación y atención gratuita
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este lunes el nuevo Hospital Rosales, considerado uno de los proyectos más importantes para la red pública de salud del país y que busca fortalecer la atención médica especializada para miles de salvadoreños.
La presentación de la nueva infraestructura se realizó en cadena nacional, coincidiendo con el séptimo año de gestión del mandatario. En lugar de ofrecer un discurso sobre los logros de su administración, Bukele optó por mostrar las instalaciones del hospital y explicar el alcance de la obra.
Durante un recorrido por el centro médico junto al director del Hospital Rosales, Marvin Aguilar, las autoridades destacaron que el nuevo complejo cuenta con equipamiento médico de última tecnología que permitirá realizar diagnósticos, estudios especializados y procedimientos de alta complejidad con mayor rapidez y precisión.
“El nuevo Hospital Rosales es nuestro hospital de tercer nivel y, por lo tanto, esta obra representa algo maravilloso para la población porque van a poder tener cualquier tipo de atención por muy compleja que sea”, expresó Aguilar.
Según el director, el centro médico ofrecerá desde consultas generales y procedimientos básicos hasta cirugías altamente especializadas que anteriormente solo podían realizarse de forma limitada o en otros centros hospitalarios.
Las autoridades señalaron que el nuevo hospital representa una ampliación significativa de la capacidad instalada del sistema público de salud, tanto en infraestructura como en la variedad de servicios médicos disponibles para los pacientes.
Como parte de la puesta en marcha del proyecto, el Gobierno informó que fueron contratadas 3,200 personas para integrar el equipo de trabajo del hospital. De ellas, 3,000 son salvadoreños y 200 profesionales extranjeros especializados que contribuirán en la atención médica y en la capacitación del personal nacional.
“Estamos contratando lo mejor para los salvadoreños, para la atención del pueblo, pero sobre todo para las personas de escasos recursos, porque son quienes más necesitan la salud pública”, afirmó Bukele.
El mandatario también destacó que los servicios del Hospital Rosales continuarán siendo gratuitos para la población, como parte de la red pública de salud.
“Este es un hospital totalmente gratis para el pueblo y aquí puede venir cualquier salvadoreño”, aseguró.
Con la inauguración del nuevo Hospital Rosales, el Gobierno busca fortalecer la atención especializada, reducir tiempos de espera y ampliar la cobertura de servicios médicos para pacientes de todo el país, especialmente aquellos que requieren tratamientos complejos y atención hospitalaria de alta especialización.
Centroamérica
Honduras impulsa alianza logística para atraer inversiones y generar empleo
El Gobierno de Honduras anunció la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y promover la generación de empleo.
La alianza fue formalizada en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una estrategia gubernamental para mejorar el clima de negocios y estimular el crecimiento económico.
Según las autoridades, el acuerdo busca consolidar una mayor coordinación entre ambas instituciones para impulsar proyectos que contribuyan a la modernización de la infraestructura logística, optimizar los procesos de comercio y facilitar la llegada de capital nacional y extranjero.
El Gobierno del presidente Nasry Asfura destacó que esta cooperación permitirá fortalecer sectores estratégicos de la economía, generar nuevas oportunidades laborales para miles de hondureños y posicionar al país como un destino más atractivo para la inversión.
Asimismo, las instituciones involucradas señalaron que el trabajo conjunto facilitará el diseño de políticas y acciones enfocadas en mejorar la competitividad, aumentar la eficiencia logística y aprovechar las ventajas geográficas de Honduras para impulsar el desarrollo económico sostenible.
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