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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

El Salvador suma 17 días sin homicidios en enero

El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó que el miércoles 21 de enero cerró con cero muertes violentas en todo el territorio nacional.

“Finalizamos el martes 21 de enero con 0 homicidios en el país”, informó la PNC a través de su cuenta oficial en la red social X.

Con este registro, el país acumula 17 días sin asesinatos en lo que va del mes de enero, de acuerdo con las estadísticas policiales.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación de las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que han permitido la captura y judicialización de miles de miembros de estructuras criminales.

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Centroamérica

Paquetes escolares incluirán tecnología y más materiales para estudiantes del sistema público

El Ministerio de Educación informó que los paquetes escolares destinados a los estudiantes del sistema público ya se encuentran listos para ser entregados al inicio del año lectivo, programado para el próximo 2 de febrero. La ministra Karla Trigueros aseguró que los insumos han sido preparados para atender las necesidades académicas de cada nivel educativo.

Durante un recorrido por una bodega de distribución, la funcionaria explicó que el Gobierno ha priorizado la previsión de materiales para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades escolares. “Estamos emocionados por este inicio de clases. El presidente Nayib Bukele nos instruyó a prever cada una de las necesidades de los niños para su desempeño académico”, afirmó.

Trigueros detalló que, de cara al año 2026, los paquetes escolares han sido mejorados y adaptados según el grado de los estudiantes. Entre los cambios destacan cuadernos de 100 hojas —en sustitución de los anteriores de 70—, la incorporación de un cuaderno adicional y la inclusión de materiales lúdicos dirigidos a la primera infancia, como parte de la iniciativa impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele, enfocada en el aprendizaje a través del juego.

Para la primera infancia, los paquetes incluyen una tableta de ocho pulgadas adaptada a la edad de los niños, así como juegos didácticos diseñados para estimular su desarrollo cognitivo y motriz. En total, el Ministerio ha preparado 16 tipos de paquetes escolares, que también contemplan a estudiantes de modalidades flexibles y a personas adultas que retoman sus estudios.

“Vamos a entregar paquetes a todos los estudiantes, incluyendo a quienes no pudieron continuar su educación en algún momento. Les estamos dando las herramientas para que estudien”, señaló la ministra.

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Los paquetes están segmentados por nivel educativo: primera infancia, desde kínder 4 hasta preparatoria; estudiantes de primero a cuarto grado; y de cuarto grado en adelante. Entre los insumos se incluyen dos uniformes, un par de zapatos, cuadernos, colores, plumones, pinturas de dedo, lápices, lapiceros, libros de texto, tijeras y otros materiales escolares.

Además, los estudiantes reciben dispositivos tecnológicos según su grado: tabletas de ocho y 10 pulgadas, y computadoras portátiles para quienes cursan cuarto grado en adelante, como parte del esfuerzo por fortalecer la educación digital en el sistema público.

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Centroamérica

Gobierno de Guatemala advierte que cárceles con 340 % de hacinamiento son una “bomba de tiempo”

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, que enfrenta un hacinamiento del 340 %, constituye una “bomba de tiempo permanente”, tras los ataques coordinados atribuidos a pandillas que dejaron diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos el pasado domingo.

Durante esa jornada, integrantes de estructuras criminales protagonizaron motines simultáneos en tres centros penitenciarios y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados ejecutaban ataques en distintos puntos del país. La situación llevó al Ejecutivo a decretar un estado de sitio por 30 días, anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.

“El Gobierno está haciendo su trabajo; ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles durante una conferencia de prensa. El mandatario sostuvo que los hechos violentos buscaban infundir terror en la población, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.

Arévalo destacó que las fuerzas de seguridad retomaron el control de los centros penitenciarios en menos de 24 horas y recalcó que el Ejecutivo no cedió a ninguna exigencia de los reclusos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, subrayó.

Por su parte, el ministro Villeda reiteró que el sistema penitenciario atraviesa una situación crítica, al albergar a cerca de 23,000 privados de libertad en instalaciones diseñadas para apenas 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad ni de rehabilitación”, señaló.

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El funcionario calificó al sistema carcelario como “la cenicienta del Estado”, en referencia a la histórica falta de inversión, y anunció la construcción de dos nuevos centros penitenciarios como parte de las medidas para reducir la sobrepoblación y fortalecer la seguridad ciudadana.

Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los agentes policiales y afirmó que el Gobierno no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.

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