Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Más de 30,000 hondureños han sido deportados por EE.UU., México y Guatemala en 2026
Las autoridades migratorias de Estados Unidos, México y Guatemala han deportado a 30,965 hondureños entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, informó este sábado el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Carlos Cordero.
Estados Unidos concentra la mayor cantidad de retornos, con 27,828 hondureños deportados por vía aérea. México, por su parte, ha enviado a 3,046 personas mediante autobuses, mientras que Guatemala deportó a otros 91 hondureños por vía terrestre.
Además, Honduras ha recibido a 374 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, como parte de un mecanismo de cooperación migratoria que permite trasladar temporalmente a territorio hondureño a personas de otras nacionalidades. Cordero indicó que otros 31 mexicanos llegarían este sábado.
El titular del INM explicó que las autoridades hondureñas coordinan las acciones necesarias para facilitar el traslado de los ciudadanos mexicanos hacia sus lugares de origen una vez que ingresan al país.
Incertidumbre por el fin del TPS
Las cifras de deportaciones se conocen en un contexto de preocupación entre algunos sectores hondureños ante un posible incremento de los retornos tras la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que amparaba a unos 55,000 hondureños residentes en Estados Unidos.
La canciller hondureña, Mireya Agüero, descartó recientemente que la terminación del TPS vaya a provocar de inmediato un retorno masivo de hondureños o un impacto significativo en las remesas.
La funcionaria señaló que el Gobierno del presidente Nasry Asfura mantiene gestiones con Washington para alcanzar una «transición ordenada» tras el fin del programa.
Por su parte, Asfura pidió a Estados Unidos analizar de manera individual la situación de los hondureños que estaban protegidos por el TPS ante eventuales procesos de deportación.
El mandatario atribuyó las dificultades para mantener el beneficio a las «malas relaciones bilaterales» durante el Gobierno de su antecesora, Xiomara Castro, entre 2022 y 2026.
La situación migratoria de los hondureños en Estados Unidos también representa un factor de importancia para la economía del país. Los hondureños residentes en el extranjero, principalmente en territorio estadounidense, envían más de $10,000 millones anuales en remesas familiares, según cifras oficiales.
Centroamérica
PNC reporta 199 días sin homicidios en El Salvador durante 2026
El Salvador cerró el viernes 21 de agosto con cero homicidios, informó la Policía Nacional Civil (PNC), con lo que agosto acumula 16 días sin muertes violentas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, julio concluyó con 27 jornadas sin homicidios, mientras que junio registró 28. En mayo fueron 26 días; abril cerró con 27; marzo, con 23; febrero, con 24, y enero, con 27.
En lo que va de 2026, el país acumula 199 días sin homicidios, según los datos divulgados por la PNC.
Asimismo, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, en marzo de 2022, se contabilizan 1,187 días sin homicidios. Mientras que desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019, el acumulado alcanza 1,301 jornadas sin muertes violentas.
El Gobierno atribuye la reducción de los homicidios a las acciones implementadas mediante el Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, que continúa vigente en el país.
Centroamérica
TSE anuncia centros de votación en Centroamérica y el Caribe para elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció los centros de votación que estarán habilitados en Centroamérica y el Caribe para que los salvadoreños residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones de 2027.
Los votantes salvadoreños en la región podrán acudir a centros de votación ubicados en Belmopán, Belice; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Tegucigalpa, Honduras; Managua, Nicaragua; San José, Costa Rica; Ciudad de Panamá, Panamá; y Santo Domingo, República Dominicana.
El organismo electoral también recordó que los salvadoreños residentes en el extranjero que deseen votar en territorio nacional deben verificar previamente la dirección registrada en su Documento Único de Identidad (DUI).
Quienes tengan registrada una dirección de residencia en el exterior y quieran ejercer el sufragio en El Salvador deberán actualizar su domicilio por una dirección dentro del territorio nacional, con el fin de ser incorporados al padrón electoral correspondiente.
El TSE informó que la actualización del domicilio puede realizarse en línea a través de dui.sv y estableció como fecha límite el 27 de agosto de 2026.
La medida busca que los ciudadanos que residen fuera del país y planean votar presencialmente en El Salvador cuenten con sus datos actualizados antes del cierre del proceso de conformación del padrón electoral para los comicios de 2027.
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