Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Masacres en Honduras elevan tensión por violencia armada y disputas territoriales
Honduras vivió este jueves una nueva escalada de violencia armada que dejó al menos 25 personas fallecidas en dos masacres ocurridas en distintas zonas del país, según reportes preliminares de las autoridades.
Aproximadamente 12 horas después del primer hecho violento, el Ministerio Público de Honduras confirmó a medios locales la recuperación de 19 cuerpos en el departamento de Colón.
El portavoz de la institución, Yuri Mora, explicó que las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de la zona.
“En un sector son 13 los cuerpos reconocidos y en otro son 6 hasta el momento”, detalló Mora.
Uno de los hechos ocurrió en el sector Palmeras, Paso Aguán, municipio de Trujillo, donde habitantes reportaron el asesinato de al menos diez trabajadores agrícolas de una finca de palma africana.
De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas durante la madrugada cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.
La Policía Nacional de Honduras indicó que no pudo confirmar inicialmente el número de fallecidos debido a que familiares trasladaron los cuerpos antes de la llegada de Medicina Forense.
“Los cuerpos fueron levantados por familiares; es una aldea de difícil acceso. Eran personas que pernoctaban en estas fincas”, señaló una fuente policial.
Por su parte, Javier Talavera aseguró que una de las principales hipótesis apunta a conflictos de tierras en la zona, problemática que históricamente ha generado enfrentamientos en el sector del Bajo Aguán.
Las autoridades continúan investigando ambos hechos para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de las masacres.
Centroamérica
Autoridades hondureñas investigan conexión de banda criminal con cártel mexicano
La Policía Nacional de Honduras informó este viernes que el operativo en el que murieron cinco agentes de unidades antipandillas en el norte del país estaba dirigido contra una estructura de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal mexicana.
El hecho ocurrió en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde los agentes realizaban un allanamiento en una vivienda presuntamente utilizada por miembros de una banda liderada por el hondureño Heber Argueta.
Según el reporte oficial, los policías fueron atacados a tiros, posteriormente secuestrados y asesinados en una zona cercana a la frontera con Guatemala.
Durante el enfrentamiento también murieron dos civiles, mientras las autoridades investigan si tenían vínculos con la estructura criminal.
Wilber Mayes afirmó que Argueta habría mantenido nexos con la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
“El Mencho”, líder del CJNG, murió en febrero pasado durante un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas, según las autoridades.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado si Heber Argueta se encontraba dentro de la vivienda allanada durante el operativo.
Asimismo, dos hondureños procedentes de la zona del ataque fueron localizados en un hospital de Puerto Barrios, donde permanecen bajo custodia mientras se investiga su posible relación con el grupo criminal.
Tras el operativo fallido, el gobierno hondureño suspendió al director y a otros dos altos mandos de la división antipandillas, argumentando que la intervención no cumplió con los protocolos de legalidad establecidos.
La jornada violenta también incluyó una masacre ocurrida en una finca del municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde un comando armado asesinó a 19 personas.
Las autoridades señalaron que la zona permanece bajo disputa entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al control de tierras utilizadas para el cultivo de palma africana.
El aumento de la violencia se produce pocos días después de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara una reforma que autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública y permite catalogar a pandillas y cárteles como organizaciones terroristas.
Centroamérica
Vicepresidente Félix Ulloa comparte experiencia del Plan Control Territorial con delegación costarricense
El Gobierno de El Salvador informó que fortalecerá el intercambio de experiencias y conocimientos con Costa Rica en materia de seguridad y desarrollo económico, tras una reunión encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa y una delegación del gobierno costarricense.
La comitiva visitante estuvo integrada por el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; y la embajadora costarricense en El Salvador, Samy Araya.
Durante el encuentro, Ulloa presentó los resultados obtenidos con el Plan Control Territorial y el fortalecimiento institucional impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El vicepresidente también destacó la implementación del Plan Cero Ocio, iniciativa enfocada en transformar el sistema penitenciario mediante actividades productivas, agrícolas, técnicas y artísticas para las personas privadas de libertad.
Por su parte, Gerald Campos reconoció el trabajo coordinado entre ambos gobiernos en temas de seguridad y señaló que Costa Rica comparte una visión similar sobre la necesidad de reforzar las estrategias contra la criminalidad.
El funcionario explicó que la visita tuvo como propósito conocer de primera mano las acciones implementadas por las autoridades salvadoreñas y fortalecer la cooperación bilateral.
Asimismo, Gabriel Aguilar afirmó que Costa Rica enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y expresó el interés de adaptar algunas medidas del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Según el comunicado de la vicepresidencia, la presidenta costarricense Laura Fernández ha manifestado en distintas ocasiones su interés por el denominado “modelo Bukele” y ha impulsado proyectos inspirados en la estrategia salvadoreña, como el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), basado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
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