Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Tormenta tropical Cristina mantiene en alerta a Centroamérica y deja cinco desaparecidos en Costa Rica
La tormenta tropical Cristina continúa generando efectos en Centroamérica, donde las lluvias, el fuerte oleaje y el incremento de los riesgos por inundaciones han llevado a varios países a activar medidas preventivas y sistemas de alerta para proteger a la población.
En Costa Rica, las condiciones marítimas asociadas al fenómeno provocaron la desaparición de cinco personas, según reportó la Cruz Roja Costarricense. Los incidentes ocurrieron frente a las playas Negra y San Juanillo, en la provincia de Guanacaste, cuando dos embarcaciones pequeñas volcaron debido al fuerte oleaje registrado en el océano Pacífico.
Equipos de rescate de la Cruz Roja y del Servicio Nacional de Guardacostas mantienen operativos de búsqueda para localizar a los desaparecidos.
El Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica informó que las lluvias continuarán durante los próximos días debido al desplazamiento de Cristina hacia el norte de Centroamérica, manteniendo su influencia sobre la región del Pacífico.
En Honduras, las autoridades decretaron alerta preventiva durante 72 horas en nueve de los 18 departamentos del país ante el riesgo de crecidas repentinas de ríos, quebradas y otros afluentes que desembocan en la vertiente del Pacífico.
Las medidas abarcan los departamentos de El Paraíso, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca y Valle, donde también se prevé un aumento del oleaje en el Golfo de Fonseca.
Por su parte, Guatemala activó mecanismos de vigilancia y prevención ante la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en gran parte del territorio nacional. Las autoridades de protección civil advirtieron que la combinación de los sistemas atmosféricos activos y la influencia de Cristina podría incrementar el riesgo de inundaciones y otros eventos asociados a las precipitaciones.
«Las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional», señalaron las autoridades guatemaltecas en un comunicado.
En El Salvador, la Dirección General de Protección Civil mantiene una alerta naranja a nivel nacional debido a la influencia de la tormenta tropical sobre las condiciones climáticas del país.
Las autoridades salvadoreñas explicaron que Cristina favorece el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, generando mayor nubosidad y aumentando la probabilidad de lluvias persistentes en diferentes zonas del territorio.
Ante este escenario, los organismos de protección civil de la región han reiterado el llamado a la población para que adopte medidas preventivas, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos.
Asimismo, recomendaron evitar actividades en el mar, no exponerse a tormentas eléctricas y mantenerse atentos a la información oficial mientras continúan los efectos de la tormenta tropical Cristina sobre Centroamérica.
Centroamérica
Tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en El Salvador entre miércoles y jueves
Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina podrían incrementarse en intensidad durante las próximas horas en El Salvador, especialmente entre el miércoles y el jueves, informó este martes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Durante una conferencia de prensa del Sistema Nacional de Protección Civil, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, explicó que aunque el territorio nacional ya está siendo influenciado por el sistema, los mayores acumulados de lluvia aún no se han presentado.
Según el funcionario, la tormenta tropical continúa interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical y con remanentes de humedad presentes en el océano Pacífico, condiciones que favorecen la ocurrencia de lluvias persistentes y períodos prolongados de precipitación en diferentes zonas del país.
«Lo más importante es que los mayores acumulados de lluvia todavía están por llegar», indicó el ministro al referirse a la evolución del fenómeno meteorológico.
Las autoridades señalaron que las zonas costeras podrían experimentar los efectos más significativos debido a la ubicación de la tormenta sobre el Pacífico y a la entrada constante de humedad hacia el territorio nacional.
«Esta es una tormenta tropical que viene desde el mar, por lo tanto, las zonas más afectadas van a ser las zonas costeras», sostuvo López.
Hasta la mañana de este martes, Cristina se ubicaba aproximadamente a 190 kilómetros al sureste de El Salvador y registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, manteniendo condiciones favorables para continuar generando lluvias sobre el país y la región centroamericana.
Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo permanente de la evolución del sistema y reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas, zonas propensas a inundaciones y áreas con riesgo de deslizamientos.
El Gobierno también mantiene activados los mecanismos de prevención y respuesta ante posibles emergencias derivadas de las precipitaciones, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población mientras persista la influencia de la tormenta tropical sobre el territorio nacional.
Centroamérica
Honduras endurece penas por femicidio ante persistencia de altos niveles de violencia contra las mujeres
Honduras aprobó una reforma legal que endurece las penas por femicidio y otros delitos vinculados a la violencia de género, en un contexto marcado por la preocupación por los altos índices de asesinatos de mujeres y los desafíos que enfrenta el país para garantizar el acceso a la justicia.
La medida fue aprobada por el Congreso Nacional y mantiene las condenas actuales de entre 25 y 30 años de prisión para el delito de femicidio. Sin embargo, incorpora agravantes que permitirán imponer penas de entre 30 y 40 años cuando concurran circunstancias consideradas de mayor gravedad.
Además, la reforma establece que en casos relacionados con violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima, las condenas podrán alcanzar hasta 60 años de prisión.
Durante la discusión legislativa, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la iniciativa al considerar que fortalece las herramientas legales para sancionar los delitos cometidos contra las mujeres.
«El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley», expresó durante la sesión plenaria.
La reforma también contempla la creación de órganos judiciales especializados en la prevención y atención de casos de femicidio, los cuales estarán integrados exclusivamente por mujeres.
La decisión se produce en un contexto complejo para Honduras. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el país registró la tasa más alta de femicidios entre 17 naciones latinoamericanas, con 4.3 casos por cada 100,000 habitantes.
Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras indican que durante 2025 se contabilizaron 262 femicidios en el país. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reportan que en lo que va de 2026 al menos 116 mujeres han sido asesinadas.
No obstante, la reforma ha generado opiniones divididas. Diversos colectivos consideran que el endurecimiento de las penas es insuficiente si no se acompaña de medidas orientadas a prevenir la violencia y mejorar la capacidad de investigación de las autoridades.
La directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, señaló que el principal desafío sigue siendo la impunidad.
Según la activista, aumentar los años de prisión no resolverá el problema de fondo mientras una gran cantidad de los casos no llegue a ser judicializada. Fonseca sostuvo que aproximadamente el 90 % de los femicidios permanecen impunes, situación que limita el efecto disuasivo de las reformas legales y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia.
La discusión refleja uno de los principales retos que enfrenta Honduras en materia de seguridad y derechos humanos: reducir la violencia contra las mujeres mediante políticas integrales que combinen sanción, prevención y atención efectiva a las víctimas.
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