Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Panamá exige libertad de María Corina Machado y responsabiliza al régimen de Maduro por su seguridad
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reclamó este jueves la “plena libertad” de la líder opositora venezolana María Corina Machado, detenida tras participar en una manifestación en Caracas. Además, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por su seguridad e integridad física.
“Panamá reclama y exige la plena libertad de @MariaCorinaYA, así como el respeto a su integridad personal. El régimen dictatorial es el responsable de su vida”, escribió Mulino en su cuenta de X.
El partido opositor Vente Venezuela (VV) denunció que Machado fue “violentamente interceptada” al salir de una protesta organizada para reafirmar la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La oposición asegura que los resultados fueron manipulados para adjudicar el triunfo a Nicolás Maduro.
La organización Human Rights Watch (HRW) confirmó la detención de Machado, calificándola como un ataque contra los derechos democráticos. “La comunidad internacional debe exigir al unísono su inmediata liberación”, manifestó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW.
El Gobierno panameño, que ha mostrado su apoyo a González Urrutia, actualmente custodia las actas electorales con las que la oposición busca demostrar su triunfo en las presidenciales. Tras las disputas electorales, las relaciones diplomáticas entre ambos países están suspendidas, al igual que los vuelos comerciales.
González Urrutia continúa en una gira internacional buscando respaldos para el 10 de enero, fecha en la que tanto él como Maduro aseguran que asumirán la presidencia.
Centroamérica
Descartan amenaza de tsunami en El Salvador tras sismo de magnitud 5.7
Esta mañana, un sismo de magnitud 5.7 fue registrado en el distrito Nahuilingo, en Sonsonate Centro, a 14.0 kilómetros al noreste del Puerto de Acajutla. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), no se presenta amenaza de tsunami para El Salvador, ya que el sismo se localizó dentro del territorio nacional.
El MARN también informó que desde el sismo de magnitud 6.3, ocurrido el domingo 5 de enero frente a la costa de La Paz, se han registrado 188 réplicas.
El fenómeno fue causado por el proceso de subducción de las placas tectónicas. Las autoridades han recomendado precaución en las zonas cercanas a los volcanes de San Miguel y San Vicente, el río Las Cañas y el Lago de Ilopango, debido al riesgo persistente de deslizamientos en estas áreas.
Centroamérica
Panamá responde a la amenaza de Trump sobre el Canal: «La soberanía no es negociable»
Las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de reclamar el Canal de Panamá —incluso mediante el uso de la fuerza— generaron inquietud en Panamá, especialmente entre aquellos que vivieron bajo la presencia del ejército estadounidense en la zona del canal y recuerdan la invasión militar de 1989.
Aunque muchos no tomaron las amenazas de Trump con demasiada seriedad, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, dejó clara la postura del país en una rueda de prensa poco después de que el mandatario estadounidense sugiriera en voz alta la posibilidad de retomar el control del canal.
“La soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible”, afirmó Martínez-Acha. “Que quede claro: el canal pertenece a los panameños y así seguirá siendo”.
Expertos señalaron que el objetivo real de Trump podría haber sido la intimidación, posiblemente para lograr un trato más favorable para los barcos estadounidenses que utilizan el canal. A nivel más amplio, algunos sugirieron que estas declaraciones podrían ser parte de un mensaje dirigido a la región, particularmente en relación con el control del flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense.
Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center de Washington, opinó: “Si Estados Unidos quisiera desacatar el derecho internacional y actuar como Vladimir Putin, podría invadir Panamá y recuperar el canal. Pero nadie lo vería como un acto legítimo, y no solo causaría un daño grave a su imagen, sino también inestabilidad al canal”.
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