Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Autoridades salvadoreñas desarticulan red transnacional de estafas telefónicas
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador alertó este sábado sobre una nueva modalidad de estafa telefónica que ha sido denunciada por la población, y dio a conocer los resultados de una investigación que permitió identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a este tipo de delitos.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que las autoridades han detectado un esquema de estafa basado en amenazas falsas de secuestro, el cual se origina fuera del país. “Hemos detectado que esto proviene de una cárcel colombiana”, señaló el funcionario.
Según detalló Villatoro, la modalidad consiste en contactar por teléfono a personas que brindan servicios varios, citarlas en lugares despoblados y, una vez que se trasladan al sitio, llamar a sus familiares para hacerles creer que están siendo secuestradas, con el objetivo de exigirles una suma de dinero.
Ante esta situación, el ministro advirtió a la población que evite atender solicitudes de servicios provenientes de números telefónicos con los códigos internacionales +57 (Colombia), +52 (México) y +502 (Guatemala), ya que han sido identificados como parte de este tipo de estafas.
Por su parte, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos, subrayando que “denunciar sí funciona”. Además, aseguró que la Fiscalía General de la Repúblicatrabaja de manera coordinada con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, apoyándose en inteligencia tecnológica y en la activación de canales de cooperación internacional para combatir estas estructuras delictivas.
Centroamérica
Presidente Bukele asegura que no hay cárteles ni secuestros y llama a no pagar extorsiones
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró este sábado que en El Salvador no existen secuestros ni cárteles de droga, al referirse a recientes denuncias sobre presuntos raptos en zonas rurales y desoladas del país.
“En El Salvador no hay secuestros, y tampoco hay cárteles de la droga”, afirmó el mandatario, al aclarar que los casos reportados por la población corresponden en realidad a estafas telefónicas originadas en el extranjero, descartando la presencia de grupos criminales dedicados a este tipo de delitos dentro del territorio nacional.
Bukele explicó que las supuestas amenazas han sido estafas realizadas desde una cárcel en Colombia, mediante llamadas telefónicas en las que se simulan secuestros o intentos de rapto para exigir dinero a las víctimas. “No hay ningún riesgo real. La solución es sencilla: no pagar”, subrayó el presidente.
Las declaraciones del mandatario se dieron el mismo día en que el Gabinete de Seguridad brindó una conferencia de prensa para alertar a la población sobre esta nueva modalidad de estafa, así como para informar sobre los avances obtenidos a través de las investigaciones.
En ese contexto, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que las autoridades han logrado identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas basadas en amenazas falsas, como parte de los esfuerzos para prevenir este tipo de delitos y proteger a la ciudadanía.
Centroamérica
El Salvador sube seis puestos en el Índice Global de Poder Blando y se ubica en la posición 76
El Salvador avanzó seis posiciones en el Índice Global de Poder Blando 2026, elaborado por la consultora internacional Brand Finance, y se ubicó en el puesto 76 entre los 193 países evaluados, todos miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El estudio se basa en la opinión de más de 150.000 personas de 100 países y mide el desempeño de las naciones en áreas como turismo, cultura, gobernanza y relaciones exteriores. El objetivo es evaluar la influencia que los países ejercen a nivel internacional a través de mecanismos no coercitivos como la atracción, la inspiración y la persuasión, conocidos como “poder blando”.
El concepto, acuñado en la década de 1990 por el politólogo estadounidense Joseph Nye, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a la ampliación de las categorías utilizadas para medir las capacidades y el posicionamiento internacional de los Estados.
De acuerdo con el informe, disponible en el sitio web de Brand Finance, “el reconocimiento internacional actual de El Salvador es producto de un proceso deliberado de transformación estructural”.
El país fue incluido por primera vez en este ranking en 2024, cuando ocupó la posición 117. En 2025 registró el mayor avance a nivel global, al escalar 32 puestos hasta situarse en el lugar 82. En un período de tres años, El Salvador ha mejorado un total de 41 posiciones.
Para el sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez, estos resultados reflejan un crecimiento “sostenido” del país. A su juicio, “el principal elemento que ha viabilizado el desarrollo en todas las áreas es la seguridad, lo que ha generado un efecto cascada o dominó”.
El reporte 2026 de Brand Finance señala que la mejora en la reputación internacional de El Salvador incide directamente en la atracción de inversión extranjera, el crecimiento del sector turístico, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la profundización de alianzas estratégicas.
En esa línea, Rodríguez sostiene que “la seguridad permitió que inversionistas extranjeros se fijaran en El Salvador y que ahora estén haciendo negocios con el país”.
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