Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Gobierno atiende inundaciones en Ciudad Marsella y suspende permisos a constructora
Tras los reportes de inundaciones registradas durante la noche del sábado en la residencial Ciudad Marsella, en San Juan Opico, los equipos de primera respuesta del Gobierno se movilizaron de manera inmediata para verificar la situación y brindar atención a las familias afectadas.
Personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento de agua, así como para iniciar labores de limpieza en las viviendas impactadas. Estas acciones, según se informó, están a cargo de la empresa constructora responsable del proyecto habitacional.
Como parte del acompañamiento institucional, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó en la residencial para realizar inspecciones técnicas y constatar las afectaciones en las viviendas. Durante su visita, reiteró el respaldo del Gobierno a las familias perjudicadas y afirmó que se exigirán las responsabilidades correspondientes a la empresa involucrada.
A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria informó sobre la suspensión, a nivel nacional, de los permisos de construcción y parcelación otorgados a la empresa Salazar Romero, hasta que se garantice el cumplimiento de los procesos legales y se indemnice a las familias afectadas.
Sol añadió que, de manera preliminar, se han identificado posibles fallas en el sistema de drenaje del proyecto habitacional, situación que será confirmada mediante una inspección técnica especializada.
Centroamérica
Bukele y Chaves refuerzan cooperación en seguridad con visita al futuro Cacco
La visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Costa Rica, prevista para la próxima semana, representa un mensaje político y simbólico de lucha frontal contra el crimen organizado, según explicó el politólogo Óscar Martínez.
El encuentro entre Bukele y su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, fue anunciado esta semana por el propio mandatario tico y contempla una agenda centrada en temas de seguridad. Entre las actividades previstas destaca una visita al sitio donde se construye el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), un proyecto inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, que Chaves recorrió durante su visita oficial al país en diciembre del año pasado.
De acuerdo con Martínez, la reunión entre ambos presidentes va más allá del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. “No solamente consiste en afianzar los lazos de fraternidad entre ambos Estados, sino que tiene un alto contenido simbólico, porque el modelo Bukele se ha convertido en un paradigma exitoso a nivel mundial en materia de seguridad ciudadana y jurídica”, señaló.
El analista, quien además es doctor en Ciencias Sociales, explicó que la visita de Bukele al Cacco permitirá al mandatario salvadoreño constatar directamente el avance del proyecto y el interés del Gobierno costarricense por replicar una estrategia de combate al crimen organizado, en un contexto marcado por el aumento de la delincuencia en Costa Rica.
Según Martínez, esta situación ha generado una creciente preocupación entre la población costarricense, lo que ha llevado al presidente Chaves a buscar referentes regionales para reforzar su política de seguridad.
Centroamérica
Chaves recibirá a Bukele para inspeccionar centro penitenciario de alta contención en Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que la próxima semana recibirá en el país a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, quien realizará una visita oficial para conocer los avances en materia de seguridad penitenciaria.
«Tendremos el honor en Costa Rica de contar con la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la semana entrante, quien viene a ver los grandes avances de la obra Cacco, nuestra cárcel», declaró Chaves durante una conferencia de prensa.
El Gobierno costarricense construye en el complejo penitenciario La Reforma, en la provincia de Alajuela, el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel con una inversión estimada de 34 millones de dólares y capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad.
Según el mandatario, el proyecto busca preparar al país para enfrentar con mayor firmeza al crimen organizado. “Cuando podamos cambiar las leyes de este país contra el crimen y tener, como merecemos, un poder judicial que funcione, vamos a estar listos para aislar de la sociedad a los sicarios y criminales que nos tienen tan mal”, afirmó.
Diversos gobiernos de la región han mostrado interés en replicar modelos de centros penitenciarios de máxima seguridad, tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por el Gobierno salvadoreño en Tecoluca, San Vicente Sur, para recluir a cabecillas de pandillas y estructuras criminales detenidos durante el régimen de excepción.
Chaves visitó el Cecot a mediados de diciembre pasado, como parte de una visita de Estado a El Salvador que incluyó la firma de la alianza Escudo de las Américas, orientada a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad regional.
«Nayib viene a seguir dándonos consejo, inspeccionar el avance [del Cacco] y enseñarle al pueblo de Costa Rica que sí podemos y debemos darle seguridad a un pueblo que lo aclama», expresó el presidente costarricense.
Este será el tercer encuentro entre ambos jefes de Estado, tras la primera visita oficial de Bukele a Costa Rica en noviembre de 2024.
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