Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Bukele cierra 2025 con un 90 % de aprobación, según CID Gallup
El presidente de la república, Nayib Bukele, mantiene un sólido respaldo ciudadano, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID Gallup. Según el estudio, nueve de cada diez salvadoreños expresan una opinión positiva sobre el mandatario.
Luis Haug, gerente general de CID Gallup, detalló que el 90 % de la población evalúa favorablemente tanto la labor de Bukele al frente del Ejecutivo como su imagen personal. “Al cierre de 2025 encontramos a un presidente Bukele con un 90 % de aprobación, no solo a nivel de mandatario sino también como persona. Es algo no visto en el país, donde la mayoría de los expresidentes finalizaban sus períodos con cifras mucho menores”, señaló durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Haug comparó estos resultados con los obtenidos por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, quien en este mismo punto de su administración registraba una opinión negativa de 20 puntos. “Hay más de 100 puntos de diferencia entre un índice y otro”, afirmó.
Según el analista, el respaldo ciudadano responde a diversas acciones emprendidas por el Gobierno, especialmente en las áreas de educación y salud. “La gente se muestra bastante satisfecha con las tareas que se han venido implementando”, agregó.
Asimismo, Haug destacó que las actividades impulsadas durante la temporada navideña han tenido una percepción positiva entre la población, ya que las familias cuentan con espacios seguros para compartir durante el día y la noche, sin temor a hechos delictivos.
Centroamérica
Merino Monroy destaca avances en seguridad y afirma que El Salvador es “ejemplo para el mundo”
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó los avances en materia de seguridad ciudadana durante la ceremonia de graduación de 54 nuevos oficiales de la promoción XCVII de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios.
En su intervención, el titular de Defensa recordó las condiciones de violencia que enfrentaba el país antes de la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, marcos legales que, afirmó, han fortalecido la capacidad operativa tanto de la Policía Nacional Civil (PNC) como de la Fuerza Armada para proteger a la población.
«Nos ha tocado enfrentar uno de los flagelos más grandes que ha sufrido nuestro país: el problema de inseguridad derivado del empoderamiento y control que ejercían las maras y pandillas», declaró Merino Monroy.
El funcionario aseguró que los resultados obtenidos posicionan a El Salvador como una referencia internacional. «Somos el ejemplo del mundo; los avances en seguridad hacen que otros países, cuando se participa en nuevas misiones de paz, soliciten la presencia de El Salvador», afirmó.
Centroamérica
Nasralla asegura que ganó “por amplio margen” y exige conteo voto por voto en Honduras
El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, afirmó este miércoles que su partido “ganó por amplio margen” las elecciones del pasado 30 de noviembre y reiteró su exigencia de realizar un “conteo voto por voto” ante las dudas que persisten sobre el escrutinio.
Nasralla, quien aparece en segundo lugar en el conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE) —con el 99,40 % de las actas procesadas y 2.773 aún pendientes por inconsistencias—, insistió en que la única forma de garantizar transparencia es revisar cada papeleta.
El aspirante denunció tres fallas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), implementado por la empresa colombiana ASD, al cual responsabiliza de supuestas alteraciones en los datos.
La primera irregularidad señalada por Nasralla es la existencia de 119.000 votos nulos, una cifra que, según él, supera la diferencia de alrededor de 40.000 votos que actualmente lo separa del candidato del conservador Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.
La segunda tiene que ver con el sistema biométrico: aseguró que más de 17.000 de las 19.167 actas del proceso presentan discrepancias entre la huella digital y la información registrada.
Como tercera falla mencionó que, debido a “JSON desconfigurados”, al Partido Liberal “le habrían quitado 300.000 votos”, al convertir las actas en datos digitales.
El último informe del CNE coloca a Asfura en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Nasralla con 1.256.428 (39,48 %). En tercer sitio se mantiene la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con 618.448 votos (19,29 %).
Nasralla propuso volver al sistema de transmisión utilizado hasta 2017 o contratar a otra empresa para procesar los archivos digitales, argumentando que ASD “falló en todas las actas”. También pidió a sus simpatizantes mantener la calma y confiar en que se respetará la voluntad popular.
El candidato agradeció la disposición de la aspirante a la vicepresidencia del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, de apoyar un conteo voto por voto. Asimismo, reconoció el gesto del Partido Libre, cuyo coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya, afirmó el martes que, según el conteo nacional de actas de su partido, Nasralla ganó las elecciones.
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