Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Honduras envía cientos de policías militares a fronteras para combatir pandilleros

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Honduras interviene unidad antipandillas tras asesinato de cinco agentes

El Ministerio de Seguridad de Honduras ordenó la intervención inmediata de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de que un operativo considerado irregular terminara con el secuestro y asesinato de cinco agentes de esa división policial.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades suspendieron al director, subdirector y jefe de operaciones de la unidad antipandillas. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que la cúpula de Dipampco será investigada para determinar por qué los agentes participaron en un allanamiento sin cumplir los protocolos institucionales establecidos.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, los policías fueron asesinados por integrantes de una estructura criminal tras un operativo realizado el jueves en la aldea Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala.

El Ministerio de Seguridad detalló en un comunicado que Dipampco ejecutó el allanamiento “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes”.

Las investigaciones preliminares señalan que el operativo estaba dirigido contra una estructura dedicada al narcotráfico liderada por Héber Noé Argueta Zavala, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los agentes ingresaron en fila a la vivienda intervenida y fueron recibidos con disparos. Periodistas hondureños que acudieron al lugar señalaron que la organización criminal aparentemente ya conocía sobre la llegada de los uniformados antes del operativo.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades dentro de la unidad policial y determinar cómo se filtró la información sobre el procedimiento.

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PNC y Ejército aumentan vigilancia fronteriza ante violencia en Honduras

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con Honduras tras las masacres ocurridas el jueves en territorio hondureño, donde al menos 24 personas murieron, incluidos cinco agentes policiales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las autoridades mantienen vigilancia permanente en los pasos fronterizos y coordinación con cuerpos de seguridad hondureños para impedir el ingreso de los responsables de los ataques.

“Hemos tenido constante monitoreo de la situación y nos hemos comunicado con autoridades del vecino país para conocer el estado de la frontera. Hemos enviado varios contingentes de la Policía Nacional Civil para reforzar la zona y evitar que las personas que atentaron contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional. También contamos con el apoyo del Ejército de Guatemala”, declaró el funcionario.

Las medidas de seguridad se concentran principalmente en las zonas limítrofes de Izabal y Chiquimula, donde se incrementaron los patrullajes y los controles vehiculares.

Las autoridades guatemaltecas también informaron sobre el cruce de dos ciudadanos hondureños sospechosos de estar vinculados con la masacre de policías ocurrida en Honduras, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su situación migratoria o posibles capturas.

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Masacres en Honduras elevan tensión por violencia armada y disputas territoriales

Honduras vivió este jueves una nueva escalada de violencia armada que dejó al menos 25 personas fallecidas en dos masacres ocurridas en distintas zonas del país, según reportes preliminares de las autoridades.

Aproximadamente 12 horas después del primer hecho violento, el Ministerio Público de Honduras confirmó a medios locales la recuperación de 19 cuerpos en el departamento de Colón.

El portavoz de la institución, Yuri Mora, explicó que las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de la zona.

“En un sector son 13 los cuerpos reconocidos y en otro son 6 hasta el momento”, detalló Mora.

Uno de los hechos ocurrió en el sector Palmeras, Paso Aguán, municipio de Trujillo, donde habitantes reportaron el asesinato de al menos diez trabajadores agrícolas de una finca de palma africana.

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De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas durante la madrugada cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.

La Policía Nacional de Honduras indicó que no pudo confirmar inicialmente el número de fallecidos debido a que familiares trasladaron los cuerpos antes de la llegada de Medicina Forense.

“Los cuerpos fueron levantados por familiares; es una aldea de difícil acceso. Eran personas que pernoctaban en estas fincas”, señaló una fuente policial.

Por su parte, Javier Talavera aseguró que una de las principales hipótesis apunta a conflictos de tierras en la zona, problemática que históricamente ha generado enfrentamientos en el sector del Bajo Aguán.

Las autoridades continúan investigando ambos hechos para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de las masacres.