Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Consuelo Porras busca tercer mandato como fiscal general en Guatemala
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo señalamientos de “corrupción” y conductas “antidemocráticas”, se postuló para un tercer periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, informó el viernes la comisión encargada de conformar la nómina de candidatos.
El comité deberá entregar un listado de seis aspirantes entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general. El mandatario mantiene un enfrentamiento con Porras desde hace dos años, luego de que la funcionaria impulsara investigaciones que pusieron en duda su investidura.
Washington y la UE sancionaron a Porras —en el cargo desde 2018 y reelecta en 2022— al considerar que intentó obstaculizar la toma de posesión de Arévalo y promovió, según sus señalamientos, acciones contra exfuncionarios anticorrupción, periodistas y líderes sociales, varios de los cuales se encuentran actualmente en el exilio.
59 aspirantes al cargo
La secretaria de la comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, informó en conferencia de prensa que al cierre del período de recepción de expedientes se registraron 59 postulaciones para el cargo.
El funcionario que resulte electo asumirá el próximo 17 de mayo.
De acuerdo con el listado oficial divulgado por la comisión, la candidatura de Porras fue incluida pese a que no presentó personalmente su documentación. Según medios locales, la fiscal envió a una representante para completar el trámite.
Señalamientos y revés electoral
La funcionaria perdió recientemente una elección interna en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima instancia judicial del país, aunque podría optar nuevamente mediante la vía de la Corte Suprema.
Ese mismo día, expertos de la ONU vincularon a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurrido en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca, acusación que la fiscal rechazó.
El proceso de selección se desarrolla en un contexto de tensión política y escrutinio internacional sobre el sistema de justicia guatemalteco.
Centroamérica
El Salvador y Acnur celebran 45 años de cooperación en protección internacional
El Gobierno de El Salvador y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoraron 45 años de trabajo conjunto y cooperación en materia de protección internacional y asistencia humanitaria.
La agencia de la ONU llegó al país en la década de los ochenta, en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada. Desde entonces, ha acompañado distintos proyectos orientados a la protección de personas refugiadas y desplazadas.
“Conmemorar 45 años de historia y trabajo conjunto entre El Salvador y Acnur es reconocer una alianza sólida que ha puesto la protección internacional y la salvaguarda de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de nuestra visión de país”, expresó la vicecanciller Adriana Mira.
La diplomática destacó que esta cooperación ha permitido fortalecer la institucionalidad nacional, dando paso a la creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (Coder), liderada por la Cancillería de la República y articulada con diversas entidades del Estado.
Entre las instituciones que integran este esfuerzo se encuentran la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Procuraduría General de la República de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con determinación y responsabilidad, consolidando a El Salvador como un referente regional de dignidad, esperanza y solidaridad, donde la protección de las personas sea una realidad permanente y sostenible”, enfatizó Mira.
Las autoridades señalaron que la alianza continuará enfocada en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad.
Centroamérica
CUBO impulsan becas y formación para jóvenes salvadoreños
El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, informó en la entrevista de Diálogo 21 que los 11 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) registraron alrededor de 15,000 usuarios durante el mes de enero.
De acuerdo con el funcionario, del total de asistentes el 54 % fueron hombres y el 46 % mujeres. La mayoría de quienes frecuentan estos espacios son adolescentes.
“Estamos hablando que la mayoría de los usuarios que tenemos en los CUBOS son adolescentes. Entonces esto es un centro de entretenimiento, piensan algunos. Pero no, es un punto de trabajo con la generación perdida a causa de la violencia”, expresó Marroquín.
El director señaló que los CUBO funcionan como semilleros de oportunidades para jóvenes que durante años estuvieron excluidos, permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades y acceder a herramientas formativas.
Asimismo, destacó el apoyo interinstitucional para ampliar oportunidades educativas. “Hoy, gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), las becas están llegando a salvadoreños que antes no podían acceder. Acá les brindamos acompañamiento legal y técnico para que realmente aprovechen estas oportunidades”, explicó.
Marroquín agregó que recientemente, con el respaldo de la Embajada de China, tres jóvenes usuarios de los CUBO viajarán a ese país asiático para continuar su formación académica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Las autoridades reiteraron que estos centros forman parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social, orientada a generar espacios seguros y de desarrollo para la juventud salvadoreña.
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