Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Denuncian que Nicaragua anuló permisos de trabajo a 2,000 abogados sin explicación
Alrededor de 2,000 abogados habrían quedado imposibilitados de ejercer su profesión en Nicaragua luego de que sus nombres fueran eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia, según denunciaron juristas y medios de comunicación nicaragüenses en el exilio.
De acuerdo con el diario La Prensa, la exclusión de los profesionales del sistema judicial se produjo en los últimos días y se realizó sin una explicación pública por parte de las autoridades, lo que ha generado críticas de organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos.
Una abogada nicaragüense exiliada, que solicitó mantener su identidad en reserva, confirmó a la agencia AFP que ya no aparece registrada como profesional activa en la plataforma digital de la Corte Suprema.
«Es un mensaje político de control y represión […], una muerte civil», afirmó la jurista, quien consideró que la medida forma parte de un patrón de persecución contra personas identificadas con la defensa de la democracia y recordó que en años recientes también se ha retirado la nacionalidad a diversos críticos del Gobierno.
Por su parte, Reed Brody, integrante del grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que monitorea la situación de los derechos humanos en Nicaragua, cuestionó la decisión y señaló que evidencia la falta de independencia judicial en el país.
«Nicaragua no cumple ni el estándar mínimo de independencia judicial. Borrar a abogados del registro de la Corte Suprema, sin aviso, sin proceso, es cerrar el último canal de defensa que le quedaba al ciudadano», declaró a AFP.
La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la medida al sostener que convierte el ejercicio de la abogacía «en una ciencia supeditada a las consignas y antojadizos designios políticos de la dinastía» Ortega-Murillo.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Corte Suprema de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.
Los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas. Diversos organismos internacionales han cuestionado el deterioro de las libertades públicas y los derechos humanos en el país, especialmente desde la represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 fallecidos, según cifras de la ONU.
Centroamérica
El país acumula 1,266 días sin homicidios durante la actual administración
El Salvador registró cero homicidios el jueves 9 de julio, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), manteniendo la tendencia de reducción de la violencia homicida que las autoridades atribuyen a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.
Con este resultado, el país acumula 163 días sin homicidios en lo que va de 2026, mientras que desde el inicio de la actual administración, el 1 de junio de 2019, se contabilizan 1,266 jornadas con cero asesinatos, según cifras oficiales.
Las estadísticas también reflejan que desde la entrada en vigor del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022, El Salvador ha registrado 1,152 días sin homicidios, en el marco de las medidas implementadas para combatir a las estructuras de pandillas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que los resultados responden a la estrategia de seguridad desarrollada por el Gobierno.
«Hemos logrado de una forma soberana e independiente neutralizar y seguir derrotando día con día al enemigo más grande que teníamos como país, como sociedad, como Estado y como gobierno, que son las pandillas», afirmó el funcionario.
De acuerdo con información oficial, más de 92,000 presuntos integrantes de pandillas han sido capturados desde el inicio del régimen de excepción, una medida que el Gobierno asegura ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en el país.
Las autoridades también sostienen que este escenario ha favorecido el crecimiento del turismo y ha incidido en la actualización de las recomendaciones de viaje emitidas por diversos países. Entre ellos figuran México, Bélgica, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Australia, Japón, Austria, Estados Unidos, Israel, Países Bajos y, más recientemente, Suecia, que han reducido sus niveles de alerta para quienes visitan El Salvador.
El Gobierno mantiene que los resultados en materia de seguridad continuarán siendo una prioridad como parte de su estrategia para reducir la criminalidad y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y social del país.
Centroamérica
El Salvador y Google exploran nuevas oportunidades de cooperación en inteligencia artificial
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con representantes de Google para analizar los avances tecnológicos del país y explorar nuevas áreas de cooperación relacionadas con inteligencia artificial (IA), educación, innovación y modernización de los servicios públicos.
De acuerdo con la Vicepresidencia, los representantes de la compañía tecnológica expresaron su disposición de ampliar la colaboración con El Salvador en áreas como investigación, formación de talento, emprendimiento y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.
Durante el encuentro, la delegación de Google destacó el potencial de la comunidad salvadoreña de desarrolladores y emprendedores tecnológicos, así como el crecimiento del ecosistema de startups en el país.
Por su parte, Ulloa señaló que El Salvador busca utilizar la inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras, eficientes y seguras que beneficien a la población. Además, destacó que el país cuenta con un marco jurídico orientado a impulsar el desarrollo y uso responsable de esta tecnología.
La Vicepresidencia indicó que entre las posibles áreas de cooperación se encuentran la salud digital, mediante herramientas como DoctorSV; la educación, con iniciativas para fortalecer capacidades de aprendizaje; y proyectos de inteligencia artificial enfocados en el bien público, especialmente en la gestión del riesgo.
La delegación salvadoreña manifestó su interés en continuar fortaleciendo la relación con Google para impulsar la adopción responsable de tecnologías emergentes y consolidar al país como un referente regional en soluciones digitales.
Google inauguró sus oficinas en El Salvador en abril de 2024, como parte de su estrategia de expansión y colaboración tecnológica en la región.
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