Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Colocan primera piedra de “El Nido”, centro de maternidad pionero en la región
La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca convertirse en referente nacional y pionero en América Latina.
Durante el acto, destacó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la transformación del sistema de salud materno-perinatal del país, al apostar por un modelo centrado en la madre, el recién nacido y su familia.
El proyecto tiene como objetivo brindar atención integral y gratuita en un solo espacio, además de formar a profesionales de la salud bajo este enfoque y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.
En ese contexto, la primera dama señaló que el modelo responde a la necesidad de transformar la forma en que se atiende el nacimiento, en línea con la Ley Nacer con Cariño, la cual promueve una atención más humana y centrada en la familia.
De acuerdo con información oficial, el complejo estará conformado por dos torres. La primera se enfocará en la atención materno-perinatal, acompañando a las madres desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, además de funcionar como un centro de formación especializado.
Las autoridades subrayaron que el proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de salud y ofrecer experiencias de nacimiento más seguras y dignas para las familias salvadoreñas.
Centroamérica
Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político
El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.
La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.
El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.
Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.
De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.
Centroamérica
FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.
Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.
La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.
Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.
El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.
Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.
De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.
Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.
El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.
Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.
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