Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Grupo armado provoca violencia en zona limítrofe entre Guatemala y Honduras

La incursión de un grupo armado procedente de Honduras en una comunidad fronteriza de Guatemala dejó un campesino fallecido y varias viviendas incendiadas, informaron este martes autoridades guatemaltecas.

El incidente ocurrió en la comunidad de San José Las Lágrimas, ubicada en el municipio de Esquipulas, cerca de la frontera entre ambos países.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Guatemala, soldados del Ejército respondieron a disparos realizados por hombres armados que se desplazaban en varios vehículos en la zona fronteriza.

El ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, explicó que los militares encontraron viviendas destruidas y algunas parcialmente quemadas, además del cuerpo sin vida de un campesino cuya nacionalidad no fue precisada.

“Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo y llegan a la comunidad y encuentran casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

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Imágenes difundidas por medios locales mostraron daños en varias viviendas construidas con láminas de zinc en la zona afectada.

Las autoridades señalaron que fuerzas de seguridad y equipos fiscales mantienen una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del grupo armado.

El hecho ocurre días después de que cinco policías hondureños fueran asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad de Omoa, en el departamento de Cortés, también cercana a la frontera con Guatemala.

Centroamérica

ANDA y cooperación española mejoran sistema de agua en Cuscatlán Norte

Representantes de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano (ARAS), junto a funcionarios del Gobierno y delegados de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), inauguraron un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Suchitoto, en Cuscatlán Norte.

La iniciativa permitirá optimizar el sistema administrado por ARAS y beneficiará directamente a más de 1,080 habitantes de la zona, además de incorporar al servicio de abastecimiento a más de 360 hogares.

El proyecto fue ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con apoyo financiero de la AECID mediante el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).

La cooperación internacional destinó un aporte no reembolsable de 211,000 euros, equivalentes a aproximadamente 245,000 dólares.

Las obras incluyeron la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 125 metros cúbicos, la rehabilitación de un tanque existente de 85 metros cúbicos y la instalación de 1,130 metros de nueva tubería.

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Con este proyecto, las autoridades buscan fortalecer el acceso al agua potable y mejorar las condiciones de abastecimiento para las comunidades beneficiadas en Suchitoto.

Centroamérica

Seguridad reporta 92,333 arrestos desde inicio del régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 ha permitido la captura de 92,333 personas vinculadas a estructuras criminales hasta el pasado 24 de mayo, según el más reciente balance de las autoridades de seguridad.

Entre los detenidos figuran presuntos cabecillas de pandillas, extorsionistas, homicidas y colaboradores de grupos criminales que operaban en diferentes zonas del país.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que las instituciones continúan desarrollando operativos permanentes para desarticular las estructuras delictivas.

“Este nuevo Estado está cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de nuestras comunidades y llevarlos directo a prisión por los delitos cometidos”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con los datos oficiales, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año fueron arrestadas 1,493 personas presuntamente vinculadas a pandillas.

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Entre las capturas recientes se encuentra William Joaquín Valenzuela García, alias “Crazy”, señalado por las autoridades como presunto palabrero, gatillero y extorsionista de la estructura MS-13. Según la Policía, el detenido posee antecedentes por homicidio agravado, posesión de droga, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, y fue localizado en Sonsonate Norte.

Asimismo, en el cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado, fue detenido Óscar Antonio Godínez Buendía, alias “El Toro”, identificado como integrante de la pandilla Mao Mao, clica Soya City. Las autoridades señalaron que posee antecedentes por homicidio en grado de tentativa, robo agravado y otros delitos.

Durante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades también reportan la incautación de 5,414 armas de fuego, 12,089 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas y 24,878 teléfonos celulares que forman parte de investigaciones criminales.

En materia de narcotráfico, el Gobierno informó que la droga decomisada durante este período está valorada en más de 1,534 millones de dólares.