Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador y Google exploran nuevas oportunidades de cooperación en inteligencia artificial
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con representantes de Google para analizar los avances tecnológicos del país y explorar nuevas áreas de cooperación relacionadas con inteligencia artificial (IA), educación, innovación y modernización de los servicios públicos.
De acuerdo con la Vicepresidencia, los representantes de la compañía tecnológica expresaron su disposición de ampliar la colaboración con El Salvador en áreas como investigación, formación de talento, emprendimiento y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.
Durante el encuentro, la delegación de Google destacó el potencial de la comunidad salvadoreña de desarrolladores y emprendedores tecnológicos, así como el crecimiento del ecosistema de startups en el país.
Por su parte, Ulloa señaló que El Salvador busca utilizar la inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras, eficientes y seguras que beneficien a la población. Además, destacó que el país cuenta con un marco jurídico orientado a impulsar el desarrollo y uso responsable de esta tecnología.
La Vicepresidencia indicó que entre las posibles áreas de cooperación se encuentran la salud digital, mediante herramientas como DoctorSV; la educación, con iniciativas para fortalecer capacidades de aprendizaje; y proyectos de inteligencia artificial enfocados en el bien público, especialmente en la gestión del riesgo.
La delegación salvadoreña manifestó su interés en continuar fortaleciendo la relación con Google para impulsar la adopción responsable de tecnologías emergentes y consolidar al país como un referente regional en soluciones digitales.
Google inauguró sus oficinas en El Salvador en abril de 2024, como parte de su estrategia de expansión y colaboración tecnológica en la región.
Centroamérica
Asamblea Legislativa reconocerá labor de rescatistas salvadoreños enviados a Venezuela
La Asamblea Legislativa otorgará un reconocimiento especial a los integrantes del Grupo USAR El Salvador y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES) por su trabajo en la misión humanitaria desplegada en Venezuela tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.
El reconocimiento fue aprobado mediante un decreto legislativo respaldado por 59 diputados, en el que se destaca la labor de búsqueda, rescate urbano y asistencia realizada por los equipos salvadoreños en apoyo a las personas afectadas por la emergencia.
El acuerdo señala que es pertinente “enaltecer, convalidar y galardonar públicamente la encomiable, valiente y oportuna labor de ayuda, búsqueda y rescate urbano” desarrollada por los miembros de la misión.
La Asamblea destacó que los rescatistas actuaron con un alto nivel de preparación técnica, coordinación y eficiencia, logrando el rescate con vida de al menos 10 personas que permanecían atrapadas bajo estructuras colapsadas.
Durante la sesión plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, resaltó el compromiso mostrado por El Salvador al brindar apoyo internacional ante situaciones de emergencia.
“El Salvador es un país que poco a poco gana fuerza y comparte lo poco que tiene desde el corazón”, expresó la legisladora.
Los equipos salvadoreños continúan participando en labores de asistencia en Venezuela, como parte de la respuesta humanitaria desplegada tras los movimientos sísmicos.
Centroamérica
OPS advierte sobre riesgos para la salud en América por efectos del fenómeno de El Niño
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre los posibles impactos que el fenómeno de El Niño podría generar en la salud pública de las Américas, debido a eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor que podrían presentarse durante el período de influencia del fenómeno, previsto hasta el primer trimestre de 2027.
En un análisis publicado esta semana, el organismo evaluó distintos escenarios climáticos y sus posibles efectos en la población, los sistemas sanitarios y otros factores sociales relacionados con la salud.
El informe identifica como principales riesgos el aumento de enfermedades transmisibles asociadas al agua y a los vectores. Entre ellas se encuentran el cólera y otras infecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada, así como enfermedades como dengue, malaria, zika y chikunguña, cuya propagación podría verse favorecida por determinadas condiciones ambientales.
La OPS también señaló que los eventos climáticos extremos podrían agravar enfermedades no transmisibles, debido al incremento del estrés térmico y al deterioro de la calidad del aire provocado por incendios forestales.
Además, el organismo advirtió que situaciones como el desplazamiento de comunidades y la pérdida de medios de vida podrían aumentar la necesidad de atención en salud mental y apoyo psicosocial.
Riesgos para los sistemas de salud y poblaciones vulnerables
El análisis evaluó la vulnerabilidad de 756 hospitales de emergencia que podrían enfrentar afectaciones por inundaciones costeras vinculadas al aumento del nivel del mar, así como interrupciones en el suministro de medicamentos, insumos y otros recursos esenciales para mantener la atención médica.
La OPS destacó que los grupos más vulnerables podrían enfrentar mayores impactos. Entre ellos mencionó a mujeres embarazadas y recién nacidos, quienes podrían verse afectados si disminuye el acceso al agua potable, los servicios sanitarios y la atención obstétrica de emergencia.
Asimismo, el organismo alertó que la pérdida de cultivos y el aumento de la inseguridad alimentaria podrían elevar los casos de desnutrición, especialmente entre niños menores de cinco años.
Ante este panorama, la OPS recomendó a los gobiernos y autoridades sanitarias fortalecer la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente enfermedades relacionadas con el clima, monitorear el estado nutricional de las poblaciones vulnerables e integrar información climática y sanitaria para anticipar riesgos y mejorar la respuesta ante los efectos del fenómeno de El Niño.
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