Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Psicóloga destaca impacto positivo de los paquetes escolares en la niñez y adolescencia salvadoreña
Los paquetes escolares que entrega el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) representan un importante incentivo y una fuente de entusiasmo para la primera infancia, niñez y adolescencia de cara al inicio del año escolar 2026, afirmó la psicóloga Susana Galán durante una entrevista en el programa Diálogo 21.
De acuerdo con la especialista, la incorporación de tabletas para los estudiantes más pequeños y computadoras portátiles para los de mayor edad ha generado altas expectativas entre los alumnos del sistema público.
“Para ellos es un gran incentivo. Tener tablet para los pequeños y laptop para los grandes. Están muy entusiasmados y quieren iniciar ya su año escolar; están muy contentos”, expresó Galán.
La psicóloga también destacó que la entrega de los paquetes escolares representa un alivio económico significativo para los padres de familia, ya que reduce los gastos asociados a la compra de útiles escolares, uniformes y herramientas tecnológicas.
“Para todos los hogares esto es un aliciente, es un soporte muy fuerte que abre nuevas perspectivas para la familia. Los padres ya no tienen que incurrir en gastos de compra de tablets porque el Gobierno se las está financiando. Todo eso es gratificante tanto para la familia como para los niños”, afirmó.
Por su parte, la ministra de Educación, Karla Trigueros, anunció recientemente que el Gobierno entregará 1.2 millones de paquetes escolares, los cuales llegarán completos y a tiempo a los estudiantes del sistema público.
Cada paquete incluye los útiles escolares requeridos según el grado, además de dos uniformes, zapatos, tabletas y computadoras, como parte de la política de apoyo integral al proceso educativo.
Galán también resaltó las renovaciones en la infraestructura de los centros escolares, impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele a través del programa Dos Escuelas X Día, señalando que estas mejoras contribuirán a fortalecer la motivación de la comunidad educativa.
El año escolar 2026 iniciará el próximo lunes 2 de febrero, en un contexto que, según la experta, favorece el bienestar emocional y el entusiasmo de los estudiantes.
Centroamérica
Encuesta del Iudop-UCA otorga nota de 8.39 al desempeño de Bukele en 2025
La población salvadoreña otorgó una calificación de 8.39 al desempeño del presidente de la República, Nayib Bukele, durante 2025, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), realizada a finales del año pasado.
El estudio, titulado «Estabilidad, la seguridad versus fragilidad en la economía», refleja un incremento de 0.26 puntosrespecto a la evaluación registrada en 2024, cuando el mandatario obtuvo una nota de 8.13.
De acuerdo con el informe del Iudop-UCA, cuyos resultados fueron divulgados ayer, este aumento “refleja una recuperación respecto al examen anterior” y está vinculado principalmente a la percepción de un bajo nivel de delincuencia y a la alta confianza de la población en el presidente, su Gobierno y las instituciones de seguridad.
La encuesta también evaluó la percepción ciudadana sobre el desempeño del Gobierno central en su conjunto, el cual recibió una calificación de 8.33, lo que representa un aumento de 0.63 puntos frente al estudio «Situación del país al cierre de 2024», cuando la nota fue de 7.7.
El sondeo se realizó entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025, con una muestra de 1,268 personas, y además midió los niveles de confianza de la población en diversas instituciones y actores sociales del país.
En este apartado, el presidente Bukele encabezó la lista con un 77 % de confianza, el porcentaje más alto registrado. Le siguieron el Gobierno central con 69.6 %, la Fuerza Armada con 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) con 68.2 %.
En un nivel intermedio de confianza se ubicaron la Iglesia católica con 58.4 %, la Fiscalía General de la República (FGR) con 56.9 % y el sistema penitenciario, con 56.3 %.
Los menores niveles de confianza fueron otorgados al sector empresarial, con 42.6 %; a las alcaldías, con 40.6 %; y a los partidos políticos, que registraron el porcentaje más bajo, con 31.4 %.
Centroamérica
Asfura promete austeridad y prioriza salud, seguridad y educación al asumir el poder
Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central, asumirá este lunes la Presidencia de Honduras, tras varias semanas de tensión política marcadas por denuncias de irregularidades en el conteo de votos y presiones de sectores que impulsaron un nuevo escrutinio electoral.
Pese al clima de incertidumbre, Asfura —conocido popularmente como “Papi a la orden”— fue ratificado como ganador del proceso electoral y tomará posesión del cargo en una ceremonia austera que se celebrará en el Congreso Nacional, y no en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, como es tradición. El cambio de sede responde a la política de austeridad anunciada por el nuevo gobierno.
El mandatario electo confirmó que no habrá invitados internacionales y que únicamente asistirán diplomáticos acreditados en Honduras. “El país no está para que estemos gastando. Tenemos que trabajar con austeridad. Se hará una ceremonia sencilla y rápida en el Congreso y nos pondremos a trabajar porque el reloj ya empezó a correr”, afirmó.
Un día antes, durante la ceremonia de traspaso de mando de la Alcaldía del Distrito Central, Asfura anunció un recorte al gasto administrativo del Estado, que oscilará entre 10,000 y 15,000 millones de lempiras, equivalentes a entre 379 y 568 millones de dólares, según explicó. El objetivo, señaló, es eficientizar la gestión pública y destinar los recursos ahorrados a salud y obras públicas.
Entre sus primeras prioridades, el nuevo presidente adelantó que buscará reducir la mora quirúrgica y que enviará al Congreso una propuesta de ley para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud hondureño.
Asfura afirmó que los principales retos de su administración estarán centrados en seguridad, salud y educación, áreas que, aseguró, marcarán la hoja de ruta de su gobierno.
Encuesta de la UCA revela alta percepción de seguridad y confianza institucional
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