Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Accidentes viales superan ampliamente a los homicidios como causa de muertes en El Salvador
Los accidentes de tránsito se han convertido en uno de los principales riesgos para la población salvadoreña, en un contexto en el que los homicidios mantienen una tendencia a la baja.
Entre el 1.º de enero y el 10 de agosto de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró 879 personas fallecidas en siniestros viales, mientras que la Policía Nacional Civil contabilizó 37 homicidios durante el mismo período.
Las cifras reflejan un cambio en los principales factores de riesgo que enfrenta la población. Las autoridades atribuyen la reducción de los homicidios a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
De acuerdo con Onasevi, la principal causa de fallecimientos en accidentes de tránsito durante 2026 ha sido la distracción del conductor, con 286 víctimas.
Le siguen la invasión del carril, con 130 fallecidos; no respetar la señal de prioridad, con 30; y no guardar la distancia de seguridad, con 23 víctimas mortales.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que la distracción representa actualmente el principal problema para la seguridad vial.
“El enemigo público número uno de la seguridad vial es la distracción”, afirmó Reyes, quien advirtió sobre los riesgos de utilizar el teléfono celular mientras se conduce.
El funcionario señaló que acciones como responder mensajes, revisar el teléfono o tomar fotografías durante la conducción pueden provocar accidentes con consecuencias mortales.
Centroamérica
El Salvador reporta cero masacres mientras Honduras suma 98 muertos en ataques múltiples
El Salvador ha dejado de registrar masacres y homicidios múltiples, en contraste con países de la región como Honduras y Guatemala, donde continúan ocurriendo ataques atribuidos a estructuras criminales.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen este cambio a las estrategias de seguridad implementadas durante la administración del presidente Nayib Bukele, entre ellas el régimen de excepción, que según el Gobierno permitió desarticular las principales estructuras de pandillas que durante décadas estuvieron vinculadas con hechos de violencia.
Antes de la actual política de seguridad, El Salvador registraba frecuentes homicidios múltiples. Entre enero y octubre de 2015, la Policía Nacional Civil contabilizó 83 masacres, mientras que en años anteriores y posteriores se reportaron numerosos hechos con cuatro o más víctimas.
Entre los casos más graves figura el ocurrido el 20 de junio de 2010, cuando pandilleros incendiaron un microbús de la ruta 47 en Mejicanos, San Salvador, provocando la muerte de 17 personas.
En marzo de 2016, 11 trabajadores fueron asesinados a machetazos y con armas de fuego mientras participaban en un proyecto de electricidad en San Juan Opico, La Libertad. También en enero de 2015, cinco trabajadores fueron asesinados por miembros de la pandilla 18 mientras realizaban labores de construcción en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
Según las autoridades, este tipo de hechos dejó de registrarse tras la implementación de las actuales estrategias de seguridad. El Gobierno sostiene que la tasa de homicidios pasó de 38 por cada 100,000 habitantes a 1.3 en 2025.
En lo que va de 2026, las autoridades reportan 37 homicidios y aseguran que los responsables de estos casos han sido capturados.
La situación es diferente en Honduras. Datos oficiales citados por las autoridades hondureñas señalan que durante 2026 se han registrado al menos 22 masacres, con un saldo de 98 personas asesinadas.
Entre los casos más recientes se encuentra el ocurrido el 4 de agosto en Olanchito, departamento de Yoro, donde cinco personas fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda. De acuerdo con la Policía, hombres armados habrían ingresado por la fuerza al inmueble y atacado a los ocupantes.
Un día antes, tres hombres fueron asesinados por sujetos armados en Jutiapa, departamento de Atlántida.
Otro de los hechos de mayor magnitud ocurrió en mayo, cuando 20 trabajadores de una finca de palma africana fueron asesinados en Trujillo, departamento de Colón. Entre las víctimas había 14 hombres, tres mujeres y tres menores de edad.
Centroamérica
Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior para 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que habilitará 92 centros de votación en el exterior para las elecciones generales de 2027, distribuidos en 29 países, donde los salvadoreños residentes fuera del país podrán ejercer el sufragio mediante la modalidad de voto electrónico presencial.
La cifra representa un incremento de 11 centros de votación respecto a los 81 habilitados para las elecciones de 2024, equivalente a un crecimiento del 14 %.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que la decisión responde a un proceso de evaluación de la experiencia registrada en los comicios anteriores y a las recomendaciones planteadas por los salvadoreños residentes en el extranjero.
“Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora continua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero”, señaló Soriano.
De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es identificar las principales dificultades registradas durante el proceso electoral anterior y convertir los aprendizajes en medidas concretas para las elecciones de 2027.
El TSE detalló que, hasta el 14 de julio de 2026, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños. Esta cifra se suma a los aproximadamente 5.5 millones de ciudadanos inscritos en el territorio nacional, para conformar un padrón electoral de alrededor de 6.5 millones de personas.
Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de centros de votación en el exterior, con 53 de los 92 habilitados, equivalentes al 58.5 % del total.
El organismo electoral explicó que la distribución responde a las características y necesidades identificadas en cada país, con el propósito de reforzar la capacidad operativa en los territorios donde existe una mayor concentración y demanda de la población salvadoreña.
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