Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Bukele propone a Petro recibir a reclusos salvadoreños tras críticas al sistema penitenciario

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, recibir a la totalidad de la población carcelaria salvadoreña, incluidos los denominados “presos políticos”, tras las críticas del mandatario colombiano al sistema penitenciario del país.

La propuesta surgió luego de que Petro afirmara en la red social X que en El Salvador existen personas inocentes recluidas en condiciones que calificó como “campos de concentración”, cuestionando las políticas de seguridad implementadas.

En respuesta, Bukele recordó que anteriormente planteó una iniciativa similar a Hillary Clinton, sin haber obtenido respuesta, y extendió nuevamente la invitación, esta vez al presidente colombiano.

“Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”, expresó Bukele.

El mandatario salvadoreño añadió que su gobierno está dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de la población carcelaria, incluyendo cualquier caso que, a juicio de Petro, vulnere su política de “amor y la vida”.

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La declaración se enmarca en un intercambio de posturas entre ambos líderes sobre las estrategias de seguridad y el manejo del sistema penitenciario en El Salvador.

Centroamérica

El Salvador suma 80 días sin homicidios en 2026 tras jornada sin asesinatos

La Policía Nacional Civil informó que el martes 7 de abril cerró con cero homicidios a nivel nacional, convirtiéndose en la sexta jornada del mes sin muertes violentas y la número 80 en lo que va de 2026.

De acuerdo con los registros oficiales, durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han contabilizado 1,182 días sin asesinatos, de los cuales 1,068 se han alcanzado bajo el régimen de excepción.

Las autoridades también destacaron que estas medidas han contribuido a que El Salvador se consolidara en 2025 como el país de Centroamérica con menor número de homicidios. Ese año cerró con 82 asesinatos, muy por debajo de los registrados en Guatemala (3,022), Honduras (2,330), Costa Rica (856) y Panamá (588).

Según estadísticas de la Fiscalía General de la República, del total de homicidios registrados en 2025, el 91 % (74 casos) estuvo vinculado a conflictos sociales y disputas familiares. De estos, 43 fueron atribuidos a intolerancia social y 31 a conflictos familiares, mientras que únicamente ocho homicidios estuvieron relacionados con la delincuencia.

En cuanto a la distribución mensual, los meses con mayor número de homicidios derivados de conflictos sociales fueron enero, febrero y noviembre, con cinco casos cada uno. Por su parte, marzo fue el mes con más asesinatos asociados a disputas familiares, con seis registros.

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Centroamérica

El Salvador registra su menor promedio histórico de homicidios en 2026

El Salvador inició 2026 con una tendencia sostenida a la baja en los homicidios, al cerrar el primer trimestre con un promedio de 0.20 asesinatos diarios, el más bajo en la historia reciente del país, según datos de la Policía Nacional Civil.

Entre enero y marzo se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Estas cifras contrastan con años como 2015, cuando el país reportaba un promedio de hasta 18 homicidios diarios.

En detalle, el promedio mensual fue de 0.12 homicidios diarios en enero, 0.17 en febrero y 0.32 en marzo, manteniendo una tendencia a la reducción en comparación con años anteriores. En el mismo periodo, el promedio fue de 0.26 en 2025, 0.31 en 2024 y 0.40 en 2023.

Datos de la Fiscalía General de la República reflejan que en enero de 2025 se registraron siete homicidios, frente a nueve en 2024 y 13 en 2023. Para febrero, se reportaron cinco casos en 2025, comparados con siete en 2024 y 13 en 2023. En marzo, las cifras fueron de 13 homicidios tanto en 2025 como en 2024, mientras que en 2023 se contabilizaron 11.

Las autoridades señalan que el 74 % de los homicidios en los últimos años han estado vinculados a hechos de intolerancia social y familiar, una tendencia que se mantiene en 2026.

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Entre los casos recientes, destaca la captura de Miguel Ángel Sandoval Castaneda, de 55 años, señalado como responsable de un homicidio en Atiquizaya. El hecho ocurrió en una venta de granos básicos tras una discusión con la víctima, quien falleció en el lugar luego de ser golpeada con un objeto contundente.

Asimismo, la PNC reportó otro homicidio en Suchitoto el pasado 10 de marzo. La víctima, un hombre de 25 años, fue atacada con un corvo y falleció posteriormente en un hospital de San Salvador. El presunto responsable, Manuel de Jesús Torres López, de 39 años, fue capturado y enfrentará cargos por homicidio.