Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Fiscalía atribuye a la MS más de 500 homicidios durante juicio contra 486 cabecillas
La Fiscalía General de la República (FGR) reanudó este miércoles la presentación de sus alegatos finales en el juicio contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS), reafirmando que la estructura criminal fue responsable de una amplia ola de homicidios y otros delitos cometidos en el área metropolitana y la zona paracentral del país.
Durante la audiencia, la Subdirección contra el Crimen Organizado sostuvo que la pandilla operaba a través de 11 programas que controlaban 89 clicas en el área metropolitana, desde donde se planificaban y ejecutaban numerosos asesinatos.
Según la Fiscalía, entre las principales víctimas de la organización figuraban agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), efectivos de la Fuerza Armada, custodios de la Dirección General de Centros Penales y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes eran considerados objetivos por la estructura criminal.
El Ministerio Público destacó el funcionamiento del denominado Programa Centro, al que calificó como una de las estructuras más complejas de la pandilla. De acuerdo con la acusación, este grupo operó durante más de una década en el Centro Histórico de San Salvador, donde ejercía control territorial mediante la extorsión a vendedores ambulantes, comerciantes, empresarios y transportistas.
La Fiscalía afirmó que el Programa Centro, integrado por 39 clicas, también estaría vinculado al asesinato de varios agentes de seguridad privada que trabajaban en negocios y en el Mercado Central y que se opusieron a las actividades delictivas de la organización.
Como parte de los alegatos finales, los fiscales clasificaron los homicidios atribuidos a la Mara Salvatrucha según las zonas de operación de 32 programas de la organización: ocho en el occidente del país, tres en la zona central —entre ellos el Programa Libertad, señalado como uno de los más violentos— y 11 en el área metropolitana, donde el Programa Centro concentraba el mayor número de clicas.
El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que desde el 20 de abril de 2026 celebra una audiencia única abierta contra los 486 imputados. Durante el juicio, la Fiscalía ha incorporado pruebas relacionadas con 47,427 delitos, entre ellos cerca de 500 casos de homicidio que, según la acusación, dejaron alrededor de 29,000 víctimas.
Antes de abordar los hechos ocurridos en el área metropolitana, el Ministerio Público presentó una reconstrucción forense sobre los homicidios atribuidos a ocho programas de la MS en la zona occidental. La evidencia incorporada comprende 117 casos registrados entre 2012 y 2022, que dejaron 138 víctimas.
De acuerdo con la Fiscalía, la estructura de mando de la Mara Salvatrucha funcionaba mediante una cadena jerárquica encabezada por corredores nacionales y de programas, quienes mantenían el control territorial, imponían la disciplina interna, seleccionaban a las víctimas y ordenaban a los llamados gatilleros ejecutar los homicidios. El Ministerio Público sostiene que cada uno de estos crímenes era conocido y autorizado por la cúpula de la organización criminal.
Centroamérica
Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño entre los 100 más buscados
Las autoridades de Guatemala capturaron a Melvin Rodríguez, de 30 años, conocido con el alias «Chapato», un presunto integrante de la pandilla 18 que figuraba entre los 100 más buscados de El Salvador y era requerido por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado.
La Policía Nacional Civil de Guatemala informó que el procedimiento se llevó a cabo en el mercado municipal de Zacapa, donde el salvadoreño fue localizado tras una denuncia ciudadana y la intervención de agentes de la comisaría 24.
De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, Rodríguez se había establecido desde hace varios años en esa ciudad, ubicada a unos 148 kilómetros al este de la capital, con el propósito de evadir el proceso penal que enfrenta en El Salvador.
Tras confirmar su ubicación, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) verificaron su identidad y coordinaron con la Interpol Guatemala, que confirmó que el detenido tenía vigente una notificación roja internacional.
Según los registros judiciales, Rodríguez es requerido por un tribunal salvadoreño por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado.
Las autoridades de Guatemala informaron que ya realizan las coordinaciones con la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador para entregar al detenido en la frontera y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales salvadoreñas, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.
Centroamérica
Equipo salvadoreño rescata con vida a siete personas tras terremotos en Venezuela
El contingente humanitario de El Salvador desplegado en Venezuela ha rescatado con vida a siete personas desde su llegada a las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron el estado de La Guaira, informó este martes el jefe de la misión, Roberto Giovanni Cortez Campos.
«El contingente salvadoreño ha rescatado a siete víctimas con vida. Una señora soportó 72 horas en una estructura colapsada», destacó Cortez Campos al referirse a las labores de búsqueda y rescate que desarrolla el equipo.
Entre las personas rescatadas se encuentran Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, quien fue localizada junto a su mascota Chanel; Nayarit Comenares; Hinda Ramírez; Marlene Angulo, de 69 años; Belkys Josefina Barreto García, de 60 años; Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años; y Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, quien permaneció cinco días atrapado bajo los escombros junto al cuerpo sin vida de otra víctima.
Los rescatistas salvadoreños han realizado operaciones tanto de manera independiente como en coordinación con brigadas internacionales que participan en la atención de la emergencia provocada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio.
Además de las labores de búsqueda, el contingente mantiene acciones de asistencia humanitaria mediante la distribución de medicamentos, alimentos y productos de higiene personal. Asimismo, participa en la remoción de escombros con apoyo de maquinaria pesada para facilitar las tareas de rescate.
Cortez Campos afirmó que el trabajo realizado por la misión salvadoreña ha sido ampliamente reconocido por la población y las autoridades venezolanas.
«El pueblo venezolano nos ha mostrado mucho cariño. Incluso las autoridades y las comunidades buscan directamente a los rescatistas salvadoreños para apoyar nuevas búsquedas o realizar una segunda evaluación de estructuras afectadas», señaló el jefe de la misión.
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