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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Participación política de las mujeres en Honduras sigue siendo baja, revela informe

Las mujeres representan aproximadamente el 52 % de los cerca de 10 millones de habitantes de Honduras, pero su participación en cargos de elección popular continúa siendo reducida, según el informe “Liderazgo político de las mujeres en Honduras: Perspectivas y desafíos”, presentado en Tegucigalpa.

El estudio, financiado por la Unión Europea, señala que de las 298 alcaldías existentes en el país, solo 22 están dirigidas por mujeres, incluidas seis nuevas alcaldesas electas en las elecciones generales de 2025.

En el Congreso Nacional, la presencia femenina también es minoritaria. Actualmente hay 38 diputadas, tres más que las 35 elegidas en 2021, dentro de un parlamento compuesto por 128 legisladores.

Pese a este leve aumento en la representación femenina, las cifras aún se encuentran lejos de alcanzar la paridad del 50 % en los cargos de elección popular, una meta promovida por organizaciones y movimientos de mujeres.

Durante la presentación del informe, realizada previo al Día Internacional de la Mujer, la jefa de la oficina de ONU Mujeres en Honduras, Mildred García, subrayó que la igualdad en la participación política requiere medidas concretas para superar los obstáculos que enfrentan las mujeres.

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El estudio también indica que 99 mujeres lograron cargos de elección popular en las elecciones de 2025, aunque su presencia en los gobiernos locales sigue siendo baja.

Según el informe, las mujeres lideran apenas alrededor del 7 % de los gobiernos municipales, lo que evidencia que la representación política femenina continúa siendo limitada.

Entre los principales obstáculos identificados figuran las dificultades para acceder a financiamiento político, los estereotipos dentro de los partidos y la violencia política, factores que restringen su acceso a espacios de poder.

El informe cuenta con el respaldo de ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), y busca aportar información para fortalecer políticas públicas que impulsen una democracia más inclusiva en el país.

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Centroamérica

Cecot cumple tres años y se consolida como símbolo de la política de seguridad de El Salvador

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno salvadoreño, cumplió tres años desde su inauguración consolidándose como uno de los principales símbolos de la política de seguridad del país y como un modelo penitenciario que despierta interés en otras naciones de América Latina.

El recinto, con capacidad para 40,000 reclusos, alberga a más de 14,000 pandilleros considerados de alta peligrosidad. Ubicado en el distrito de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, el complejo penitenciario se extiende en más de 236 manzanas y cuenta con estrictas medidas de seguridad para evitar fugas o el ingreso de ilícitos.

Mandatarios y líderes políticos de la región han visitado la prisión para conocer de primera mano su funcionamiento. Entre ellos figuran el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien recorrió las instalaciones el pasado 30 de enero, un día antes de que el Cecot cumpliera su tercer aniversario.

“Queremos pedirles la colaboración a ustedes para mejorar nuestro sistema penitenciario”, expresó Kast durante una reunión con el presidente Nayib Bukele.

La megacárcel es resguardada por más de 600 soldados y 250 policías, además de contar con tecnología de alta seguridad. El complejo dispone de 256 celdas, 19 torres de control y un sistema de siete filtros de seguridad, diseñado para impedir cualquier intento de fuga.

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El creador de contenido mexicano Luisito Comunica, quien visitó el recinto, señaló que el sistema de control hace “prácticamente imposible que alguien entre o salga sin completa autorización”. El Cecot también cuenta con una cerca electrificada de 15,000 voltios como parte de su anillo de seguridad.

Además de líderes políticos, altos funcionarios internacionales han visitado el penal, entre ellos la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y la exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. También ha sido documentado por cadenas internacionales como CNN y BBC.

Ante el aumento de la criminalidad en algunos países del continente, varios gobiernos han mostrado interés en aplicar medidas de seguridad y modelos de confinamiento inspirados en la experiencia salvadoreña.

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Centroamérica

El Salvador registra jornada sin homicidios el 8 de marzo, informa la Policía

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el domingo 8 de marzo no se registraron homicidios en el territorio salvadoreño, en lo que las autoridades consideran una muestra de la reducción sostenida de la violencia en el país.

“Finalizamos el domingo 08 de marzo con 0 homicidios en el país”, señaló la institución de seguridad a través de sus plataformas oficiales.

Según las autoridades, la disminución en los índices de violencia está vinculada a la implementación de estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que han permitido la captura de miles de presuntos pandilleros.

Datos oficiales indican que El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, lo que representa una tasa de 1.3 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una cifra que el Gobierno califica como un logro sin precedentes en la historia reciente del país.

A partir de estos resultados, las autoridades sostienen que El Salvador se ha posicionado como uno de los países más seguros de la región.

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