Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Nuevos diseños de pirotecnia bajo la lupa de las autoridades guatemaltecas
Lo que parece una simple caja de dulces o un recipiente de palomitas de maíz podría ser, en realidad, un peligroso artefacto explosivo. Así lo confirmó la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) tras realizar inspecciones en ventas de pirotecnia. El hallazgo de pólvora con formas de alimentos y juguetes ha puesto en alerta a los cuerpos de socorro y autoridades de seguridad, quienes consideran que esta estrategia de comercialización es altamente peligrosa para la población infantil.
El Diario de Centro América reportó que la curiosidad de los menores podría derivar en tragedias, por lo que se ha iniciado una campaña de sensibilización para que los consumidores aprendan a identificar estos productos engañosos antes de adquirirlos para el uso recreativo.
Centroamérica
Presidente Bukele destaca a Platzi como «ventana de oportunidades» para el crecimiento profesional
El Gobierno de El Salvador, a través del programa Certifícate, ha consolidado su alianza con la plataforma Platzi para ofrecer acceso gratuito a más de 1,600 cursos especializados. El presidente de la República, Nayib Bukele, calificó esta iniciativa como una herramienta fundamental para la expansión y el desarrollo profesional de los ciudadanos que buscan insertarse en la economía digital.
Desde su cuenta oficial en X, el mandatario subrayó que la plataforma ofrece caminos hacia el éxito para quienes decidan capacitarse. «Los que buscan crecer encontrarán oportunidades, herramientas y puertas que se abren», afirmó Bukele, enfatizando que el acceso gratuito elimina las barreras económicas para el aprendizaje de alta calidad en el país.
Centroamérica
Guatemala busca frenar crímenes mediante la intervención del Sistema Penitenciario
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, advirtió que la recuperación del control total de los centros penales es una condición indispensable para reducir la criminalidad en el país. En una entrevista para el Diario de Centro América, el funcionario señaló que las cárceles operan actualmente como centros de mando desde donde cabecillas ordenan asesinatos y extorsiones.
Villeda subrayó que la estrategia de seguridad para el cierre de 2025 no solo se centra en el despliegue policial, sino también en desarticular las estructuras financieras de los grupos criminales y recuperar territorios bajo el dominio de pandillas. «No podemos controlar la violencia externa si los líderes criminales siguen operando desde el interior del sistema», enfatizó el ministro.
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