Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Cardenal pide a Asfura priorizar a migrantes ante riesgo de más pobreza por deportaciones
El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry “Tito” Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones incrementan la pobreza en el país centroamericano.
“Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el religioso este domingo, en un llamado público al mandatario tras su reciente encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Rodríguez recordó que alrededor de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, y destacó que muchos sostienen la economía nacional mediante el envío de remesas. Por ello, pidió impulsar soluciones concretas en favor de este sector.
Durante una visita a Miami, Asfura declaró a periodistas que conversó con Trump sobre asuntos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS), así como sobre inversión y política arancelaria.
“Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, expresó el gobernante, quien asumió la presidencia el pasado 27 de enero.
El cardenal también hizo un llamado a combatir la corrupción, a la que calificó como un “mal endémico” que ha mantenido al país rezagado durante décadas.
Centroamérica
Conadeh denuncia que 90 % de asesinatos de abogados en Honduras sigue impune
Al menos 220 abogados han muerto de forma violenta en Honduras desde 2004, y cerca del 90 % de esos casos permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
En un comunicado, la funcionaria alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el viernes en San Pedro Sula. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Altamirano tenía trayectoria política y pública: fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).
Izaguirre expresó su solidaridad con los familiares de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables.
La defensora recordó que desde 2015 funciona en Honduras un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, aunque advirtió que este “no ha funcionado” de manera efectiva.
“En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.
El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones limita el esclarecimiento de los crímenes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, urgió al Estado a implementar medidas de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus parientes.
Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se ha vuelto especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras desagregadas.
Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de distintas instituciones. La mayoría de los ataques, añadió el Conadeh, ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales.
Centroamérica
Nicaragua restablece visa para ciudadanos cubanos tras cuatro años de libre ingreso
El Gobierno de Nicaragua restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, informó este domingo el Ministerio del Interior. La medida pone fin al régimen de libre visado que estaba vigente desde 2021 y que, según las autoridades, buscaba fomentar el turismo y fortalecer la “relación familiar humanitaria”.
La decisión se produce en un contexto de presiones internacionales hacia el Ejecutivo copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington ha insistido en la liberación de presos políticos y, de manera recurrente, ha señalado a Managua de facilitar el tránsito de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.
Asimismo, el anuncio coincide con un aumento de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, tras medidas que han afectado el suministro de petróleo venezolano hacia la isla, en medio de una crisis energética.
En el comunicado oficial, la cartera del Interior incluyó a los ciudadanos “de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario”, dentro del listado de nacionalidades que deberán tramitar visa para ingresar al territorio nicaragüense.
La institución detalló que las solicitudes podrán realizarse por medio de correo electrónico “desde cualquier parte del mundo” y aseguró que el trámite no tendrá costo. Sin embargo, no precisó las razones específicas detrás del restablecimiento del permiso migratorio.
Previo al pronunciamiento oficial, medios nicaragüenses en el exilio ya habían adelantado información sobre la decisión gubernamental.
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