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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Cristina deja inundaciones, derrumbes y cientos de emergencias en Centroamérica

La depresión tropical Cristina continúa generando impactos en varios países de Centroamérica, donde las lluvias persistentes, los fuertes vientos y el oleaje elevado han provocado inundaciones, derrumbes, daños en infraestructura y diversas emergencias que mantienen en alerta a las autoridades de protección civil.

En Guatemala, las precipitaciones provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Equipos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizaron evaluaciones de daños y verificaron las necesidades de las familias afectadas.

Las autoridades guatemaltecas informaron que la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en todo el país. Entre los incidentes reportados destacan inundaciones, caída de árboles, vientos fuertes, derrumbes, deslizamientos de tierra, socavamientos y hundimientos que han afectado viviendas, carreteras y servicios básicos.

Asimismo, continúan habilitados albergues temporales en los departamentos de Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.

En Nicaragua, las lluvias han impactado principalmente los departamentos de León y Chinandega. Las comunidades costeras de Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han afectado viviendas, restaurantes y pequeños negocios vinculados al turismo.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre puntos vulnerables de la infraestructura, entre ellos el puente La Máquina, ubicado en la comunidad La Gallina, donde se registraron deslizamientos de tierra.

En Chinandega, zonas turísticas como Paso Caballos y Jiquilillo presentan calles inundadas, dificultades para la circulación vehicular y pérdidas económicas para comerciantes y emprendedores locales.

Aunque Cristina se ha degradado a depresión tropical, los organismos meteorológicos advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, creando condiciones propicias para lluvias intensas, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reportó un derrumbe en la carretera que comunica con el sur del departamento de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al transitar por la zona debido a la inestabilidad del terreno.

Además, equipos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando los ocupantes intentaron cruzar el afluente durante la madrugada, en medio del incremento del caudal provocado por las lluvias.

Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la zona costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y posibles crecidas del río Goascorán. Otros departamentos permanecen bajo alerta verde por la persistencia de las precipitaciones.

Los organismos de protección civil de Guatemala, Honduras y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas en la región.

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Centroamérica

Mined mantiene presencia en albergues y despliega plan de apoyo ante emergencia climática

La ministra de Educación, Karla Trigueros, encabezó este jueves una reunión de coordinación con directores de unidades técnicas para fortalecer las acciones de monitoreo, prevención y respuesta que desarrolla la institución ante la alerta naranja vigente por las lluvias que afectan al país.

Durante el encuentro, la funcionaria explicó que el Ministerio de Educación mantiene una vigilancia permanente de la situación a nivel nacional mediante sus equipos técnicos y dependencias territoriales, con el propósito de atender oportunamente cualquier afectación que impacte a la comunidad educativa.

“El Ministerio de Educación trabaja activamente en el desarrollo de las actividades relacionadas con las lluvias, por lo cual todos los directores nacionales han estado trabajando con sus equipos en monitoreo, seguimiento y actividades lúdicas y de apoyo en el territorio salvadoreño”, señaló Trigueros.

Como parte de la respuesta institucional, la cartera de Estado mantiene presencia constante en los albergues habilitados para atender a las familias afectadas por la emergencia. Según la ministra, actualmente funcionan nueve centros de resguardo donde personal del ministerio brinda acompañamiento permanente.

“Tenemos habilitados nueve albergues, donde disponemos de un monitor permanente del Ministerio de Educación. Registramos 115 niños en estos espacios, quienes están siendo atendidos por todo el Sistema Nacional de Protección Civil”, indicó.

Trigueros explicó además que la institución ha identificado a los estudiantes afectados por las lluvias para garantizar la continuidad de su proceso educativo y proporcionar el apoyo necesario en caso de pérdidas materiales.

“Tenemos identificados a los estudiantes que han resultado afectados, de qué centros escolares provienen y si han perdido su paquete escolar, uniformes o libros”, afirmó.

La funcionaria destacó que el ministerio cuenta con 76 especialistas distribuidos a nivel nacional, quienes pueden ser movilizados de manera inmediata para brindar apoyo educativo, psicosocial y de acompañamiento en los albergues o comunidades que lo requieran.

Las autoridades reiteraron que continuarán trabajando de forma coordinada con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para atender a las familias afectadas y garantizar el bienestar de los estudiantes mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

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Centroamérica

Mined mantiene suspensión de clases presenciales por lluvias asociadas a Cristina

El Ministerio de Educación (Mined) informó que la suspensión de clases presenciales en todo el país continuará vigente debido a las condiciones climáticas provocadas por la depresión tropical Cristina, cuyos efectos siguen generando lluvias intensas y situaciones de riesgo en diferentes zonas de El Salvador y la región centroamericana.

La medida aplica para centros educativos públicos, instituciones privadas y universidades en todas las modalidades y niveles de enseñanza, como parte de las acciones preventivas adoptadas ante la alerta naranja emitida por la Dirección General de Protección Civil.

Las autoridades señalaron que la decisión busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal administrativo a posibles emergencias relacionadas con inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes y crecidas de ríos y quebradas.

Paralelamente, el Gobierno mantiene las labores de asistencia a las familias afectadas por las lluvias. Equipos del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) y el Instituto Crecer Juntos (ICJ) desarrollan acciones de apoyo en los albergues habilitados en el departamento de La Libertad.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, realizó una visita a los centros de resguardo para verificar la atención brindada a la niñez y adolescencia. En estos espacios se desarrollan actividades recreativas, jornadas de lectura, dinámicas educativas y acompañamiento socioemocional para contribuir al bienestar de los menores durante la emergencia.

Según informó la funcionaria, actualmente 58 niños y adolescentes, con edades entre cero y 17 años, permanecen resguardados en cuatro albergues activos.

“Como Ministerio de Educación estamos realizando actividades de acompañamiento lúdico, seguimiento socioemocional y atención permanente para ellos”, indicó Trigueros.

Las instituciones involucradas también distribuyen artículos de primera necesidad, entre ellos productos de higiene personal, frazadas, calzado y juguetes. Asimismo, las familias reciben atención psicosocial por parte de Conapina y asistencia médica a través del Ministerio de Salud.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar condiciones seguras para la población afectada, especialmente para niños y adolescentes, mientras continúan las labores de respuesta ante la emergencia provocada por las lluvias.

Además, recordaron que la línea gratuita y confidencial 119 de Conapina permanece habilitada para atender denuncias y brindar orientación relacionada con la protección integral de la niñez y adolescencia.

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