Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Al menos 62 presos políticos siguen encarcelados en Nicaragua, incluidos 18 adultos mayores
Al menos 62 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen actualmente detenidos en las cárceles del país, entre ellos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con un informe de dicho organismo —cuyos datos cuentan con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, 28 de los detenidos se encuentran en condición de desaparición forzada. “La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento”, advirtió la organización.
Del total de 62 personas privadas de libertad por motivos políticos, 6 son mujeres y 56 hombres, incluidos 10 detenidos antes del inicio de la crisis sociopolítica de 2018, precisó el Mecanismo.
La cifra representa una disminución en comparación con el reporte anterior, que contabilizaba 77 prisioneros políticos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó la organización.
En la lista actualizada figura el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, quien permanece bajo confinamiento domiciliario impuesto por la Policía desde el 8 de marzo pasado, así como el exasesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. Ruiz, uno de los nueve comandantes de la antigua Dirección Nacional Sandinista (1979–1990), es además el detenido de mayor edad, con 81 años.
También aparecen entre los adultos mayores privados de libertad los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.
El Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, abogados y redes de activistas, advirtió que el número real de detenidos podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian los casos por temor a represalias.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se agravó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Dichos comicios se realizaron con sus principales contendientes encarcelados, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, acusados de “golpismo” y “traición a la patria”.
Centroamérica
CNE pide calma a candidatos tras denuncia de “cambio de datos” en el conteo electoral
La presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este jueves un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse “desde la tranquilidad”, luego de que el aspirante conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino “cambio de datos” en los ajustados resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo.
“Candidatos y candidatas, en momentos como estos, cuando el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, expresó Hall durante una comparecencia ante la prensa.
La funcionaria también pidió a los aspirantes “confianza” y “respeto” hacia el ente electoral. Si bien reconoció la tensión y la urgencia que se vive en el actual contexto, advirtió que “la prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.
Hall defendió además el trabajo del CNE durante el escrutinio preliminar y subrayó que los resultados que se entreguen serán “definitivos”, ya que el conteo se encuentra bajo dos procesos especiales de contingencia, destinados a verificar las actas y documentos que no pudieron ser procesados o transmitidos.
“El Consejo Nacional Electoral avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las juntas receptoras de votos”, afirmó por su parte la consejera Cossette López-Osorio.
Según explicó el organismo, uno de estos procesos contempla actas que fueron procesadas, pero no transmitidas desde los centros de votación, mientras que el segundo abarca documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras.
Las declaraciones de Hall se producen luego de que Nasralla denunciara este jueves un supuesto “cambio de datos” durante el conteo preliminar de la madrugada, cuando —según indicó— “se apagó la pantalla” del portal de resultados, lo que habría favorecido a su rival Nasry Asfura. Por ello, solicitó investigar a la empresa ASD, responsable de administrar la plataforma donde se proyectan los resultados.
“Cualquier análisis sobre una eventual responsabilidad de la empresa señalada debe realizarse posteriormente. En este momento lo prioritario es concluir la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en ello”, enfatizó Hall.
La denuncia se conoció después de que este jueves los resultados preliminares volvieran a cambiar de tendencia. Con el 86,62 % de las actas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera ahora el conteo con 1.116.891 votos (40,25 %), mientras que Nasralla se ubica en segundo lugar con 1.093.302 sufragios (39,40 %).
Ambos aspirantes conservadores se han alternado en la cima del conteo desde el inicio del escrutinio, que ha estado marcado por interrupciones técnicas, según el CNE. Entretanto, la ciudadanía hondureña permanece a la expectativa de conocer al virtual ganador de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
Centroamérica
Denuncian privilegios ilegales y presunto plan de fuga de requerido por El Salvador en cárcel guatemalteca
Medios de comunicación de Guatemala denunciaron una serie de presuntos privilegios irregulares y un supuesto plan de fuga en favor de Jorge Alberto Gaitán Castro, recluido en el Centro Preventivo Mariscal Zavala y requerido en extradición por El Salvador por el delito de administración fraudulenta, por un monto de 1,284,274.39 dólares.
Según los reportes, Gaitán Castro se encontraría bajo condiciones distintas a las de un privado de libertad común. Las denuncias apuntan a que habría tenido acceso a dispositivos electrónicos, reuniones familiares privadas e incluso uso de teléfonos celulares, a pesar de que estos están prohibidos por la normativa penitenciaria.
Asimismo, se indicó que su traslado al centro penal de Pavoncito fue ordenado mediante resoluciones judiciales emitidas en mayo, agosto y septiembre de 2025, pero hasta la fecha dichas disposiciones no han sido ejecutadas.
Gaitán Castro es hijo de Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien fue extraditado a El Salvador en septiembre pasado. Ambos son señalados de integrar una estructura criminal junto a los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.
Esta red es investigada por un millonario fraude contra empresas del sector de telecomunicaciones, entre ellas Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en al menos seis países de América Latina.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, los implicados conformaron una organización dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas por debajo de su valor real de mercado. Según el expediente judicial, las maniobras habrían sido ejecutadas con la participación de ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.
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