Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador cierra noviembre con 26 días sin homicidios y supera los 1,000 en la administración Bukele
El Salvador cerró noviembre de 2025 con 26 días sin homicidios, manteniendo la tendencia de seguridad que ha posicionado al país como el más seguro del hemisferio occidental, según cifras oficiales.
Los días sin muertes por violencia registrados durante noviembre fueron: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29, sumando 26 jornadas sin homicidios en el mes.
Estas cifras se añaden a los 24 días sin homicidios en octubre, 23 en septiembre, 27 en agosto, 29 en julio, así como 25 días en junio, mayo y abril, además de 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero, para un total de 277 días sin homicidios en lo que va de 2025.
Al iniciar diciembre, El Salvador acumula 1,075 días sin homicidios durante la administración del presidente Nayib Bukele, de los cuales 961 se registraron bajo el régimen de excepción, aún vigente en el país.
Centroamérica
Trump asegura que Biden “montó una trampa” contra Orlando Hernández y justifica su indulto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que, tras una evaluación interna, concluyó que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 por tres cargos de narcotráfico. Por ello, aseguró que decidió concederle un indulto.
“La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa… una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington.
El mandatario no presentó pruebas que respalden la supuesta manipulación del caso, aunque aclaró que no culpa directamente a Biden, sino a los asesores que lo acompañaron durante su administración (2021-2025).
“Si alguien vende drogas en un país, eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en prisión de por vida”, opinó Trump al referirse al caso Hernández.
El indulto fue anunciado el pasado viernes a través de Truth Social, donde Trump también reiteró su respaldo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, quien compite en las elecciones presidenciales hondureñas celebradas este domingo.
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. En marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico y delitos relacionados con armas, además de cinco años de libertad supervisada.
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia divulgados en 2019 —cuando Trump estaba en su primer mandato— Hernández estaba bajo investigación desde 2013, año en que fue electo presidente, por actividades vinculadas a la importación de cocaína hacia Estados Unidos.
Esos documentos formaban parte del caso contra su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
Centroamérica
Tensiones en Honduras: simpatizantes del Partido Libre impiden labor de observadores electorales
Observadores internacionales denunciaron que simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) les impidieron permanecer durante el proceso de observación del recuento de votos en las elecciones generales de ayer en Honduras.
«La democracia hondureña no merece este tipo de actitudes por parte de un grupo de personas. Gracias a la Policía Militar pudimos salir. Es una vergüenza que un observador internacional tenga que recurrir a las Fuerzas Armadas hondureñas para poder salir, solo por realizar el trabajo que debemos hacer y que todos esperan: tanto los del partido que nos expulsó como el resto de los ciudadanos», expresó uno de los observadores.
Sus declaraciones fueron publicadas por el medio hondureño Criterio. «Respeten el proceso electoral. Garanticen que los observadores podamos realizar nuestro trabajo. Agradezco a las fuerzas militares por su extraordinario profesionalismo al sacarnos de esta situación profundamente inaceptable que vivimos hoy», añadió.
Otro observador también denunció ante los medios que varios sujetos vestidos con camisetas del Partido Libre obligaron a cerrar las urnas en un centro de votación a las 5:35 de la tarde, a pesar de que la jornada electoral concluiría oficialmente a las 6:00 p. m.
«Intentaron empujarnos», denunció el observador, quien además mostró fotografías y videos como evidencia ante los medios.
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