Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Congreso de Honduras decreta emergencia nacional en el sistema de salud por un año
El Parlamento de Honduras aprobó este lunes la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, que declara el estado de emergencia nacional en el sector salud por un período de un año, con posibilidad de prórroga a solicitud del Poder Ejecutivo.
La normativa fue impulsada ante la crítica situación que atraviesa la red hospitalaria del país, marcada por una elevada mora quirúrgica y la escasez de medicamentos. El proyecto, promovido por el diputado oficialista Kilvett Bertrand, fue aprobado con dispensa de dos debates.
La ley establece mecanismos especiales para agilizar la respuesta estatal, entre ellos procesos simplificados de contratación, la suscripción de fideicomisos, convenios con entes públicos, contratos nacionales e internacionales, así como acuerdos con organizaciones no gubernamentales.
El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, solicitó públicamente el respaldo del Congreso, al señalar que la medida permitirá atender de forma urgente a la población afectada. El mandatario indicó que actualmente existen entre 13,000 y 15,000 pacientes en lista de espera para cirugías, por lo que consideró prioritario normalizar tanto las intervenciones quirúrgicas como la entrega de medicamentos.
La normativa también faculta al Ejecutivo para contratar de manera directa personal médico y administrativo, priorizando las especialidades necesarias para enfrentar la crisis sanitaria, así como ampliar jornadas laborales, siempre respetando los derechos laborales del personal de salud.
Durante el debate legislativo, diputados del Partido Nacional defendieron la ley y rechazaron que implique una privatización del sistema sanitario. En contraste, la oposición del partido Libertad y Refundación (Libre) cuestionó la declaratoria de emergencia. No obstante, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, expresó su respaldo a la iniciativa, aunque pidió transparencia en el manejo de los fondos y en la ejecución de las acciones.
La nueva legislación también contempla la posibilidad de adquirir medicamentos y equipos bajo mecanismos excepcionales, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a la población.
Centroamérica
Asfura pedirá a Trump eliminar aranceles que afectan la competitividad de Honduras
El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, anunció este martes que solicitará a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la eliminación de aranceles comerciales que, según afirmó, afectan la competitividad de la economía hondureña, y recalcó la importancia de preservar la relación con el principal socio estratégico del país.
Asfura explicó que el eje central de su próximo encuentro con el mandatario estadounidense será la negociación de los gravámenes que amenazan sectores clave de la economía nacional, entre ellos el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses utilizados en la industria automotriz.
El gobernante hondureño, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, tiene previsto reunirse con Trump el próximo fin de semana en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según confirmó la canciller de Honduras, Mireya Agüero.
“Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podamos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador”, declaró Asfura a la prensa, tras participar en la conmemoración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.
El mandatario subrayó que Estados Unidos es el “socio comercial más grande” de Honduras y que, por ello, resulta imprescindible “cuidar” la relación bilateral. Asimismo, expresó su preocupación por la situación de unos 55,000 hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Centroamérica
Gobierno continúa entrega de paquetes escolares a más de 1.2 millones de estudiantes
En el segundo día del año escolar, el Gobierno de El Salvador continuó este martes con la entrega de paquetes escolares en más de 5,000 centros educativos a escala nacional, como parte del programa de apoyo a la comunidad estudiantil del sistema público.
Uno de los centros beneficiados fue el Centro Escolar Benjamín Sol Millet, ubicado en San Salvador Centro, donde los estudiantes recibieron uniformes, útiles escolares y recursos tecnológicos destinados a fortalecer el proceso de aprendizaje.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la jornada de entrega y aseguró que la distribución se mantendrá activa durante todo el mes, mediante una logística nacional que beneficiará a más de 1.2 millones de estudiantes.
Entre los insumos entregados se incluyen tablets de 8 pulgadas para parvularia cuatro, tablets de 10 pulgadas para primer grado, computadoras portátiles para cuarto grado y equipos tecnológicos para estudiantes de primer año de bachillerato. Según la funcionaria, estos recursos buscan incentivar la permanencia y el rendimiento académico de los alumnos.
“Son más de 5,000 escuelas y 1.2 millones de paquetes escolares que vamos a entregar durante todo este mes. Es una logística inmensa, pero cada paquete llegará a su escuela de forma gratuita, completa y con implementos tecnológicos para los diferentes niveles educativos”, destacó Trigueros.
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