Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Bukele destaca incautación de 6.68 toneladas de cocaína en alta mar
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó este viernes sobre la incautación de 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $167 millones, durante una operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Naval Tridenteen aguas del océano Pacífico.
Según detalló el mandatario, el operativo se desarrolló el 18 de junio de 2026 y permitió interceptar dos embarcaciones de bajo perfil utilizadas presuntamente para el transporte de droga.
La primera embarcación, tipo Low Profile Vessel (LPV), fue localizada a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. En ella viajaban tres personas —dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano— que transportaban 3.425 toneladas de cocaína.
Seis horas después, las autoridades detectaron una segunda embarcación con características similares a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste del mismo punto. En esta nave también fueron detenidos tres presuntos narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas de cocaína.
Las autoridades informaron que el decomiso total alcanzó las 6.68 toneladas, convirtiéndose en la mayor incautación realizada por el país en una sola operación y superando el récord anterior de 6.606 toneladas, registrado el pasado 13 de febrero de 2026.
De acuerdo con el presidente Bukele, con este nuevo procedimiento El Salvador acumula 13.286 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor estimado superior a los $332 millones.
El mandatario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de combate al narcotráfico internacional impulsada por las fuerzas de seguridad y defensa del país, orientada a interceptar cargamentos de droga en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.
“Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026”, señaló el jefe de Estado al dar a conocer los resultados de la operación.
Centroamérica
Flávio Bolsonaro propone cárceles al estilo Bukele y endurecer leyes contra el crimen en Brasil
El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro presentó este jueves un paquete de medidas de seguridad denominado “Brasil sin Miedo”, una propuesta que contempla 12 acciones orientadas a combatir el crimen organizado y reforzar el control del Estado sobre territorios afectados por la violencia.
Durante un acto celebrado en São Paulo, el aspirante del Partido Liberal sostuvo que Brasil atraviesa una profunda crisis de seguridad y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsará una política de mano dura contra las organizaciones criminales.
Entre las iniciativas más destacadas figura la construcción de cinco centros penitenciarios de máxima seguridad inspirados en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Según explicó Bolsonaro, estas cárceles estarán destinadas exclusivamente a reclusos considerados de alta peligrosidad y operarán bajo estrictas medidas de control, incluyendo aislamiento, restricción total del uso de teléfonos celulares y visitas supervisadas por las autoridades.
El candidato afirmó que estos centros tendrán un enfoque de castigo y contención, más que de reinserción social.
Asimismo, propuso que los privados de libertad realicen actividades laborales para contribuir al financiamiento de su permanencia en prisión. Parte de esos recursos, señaló, serían destinados a programas de apoyo para familiares de víctimas de la delincuencia.
Otra de las medidas anunciadas contempla la reducción de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y hasta los 14 años en casos de delitos graves como homicidio, violación, tortura y narcotráfico.
El plan también incluye la creación de un Sistema Nacional de Fronteras, una fuerza especial integrada por efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con el objetivo de fortalecer la vigilancia de las fronteras brasileñas.
De acuerdo con Bolsonaro, esta estructura permitiría establecer una barrera tecnológica y operativa para frenar el ingreso ilegal de armas, drogas y otros productos utilizados por organizaciones criminales.
Además, anunció que buscará clasificar formalmente como organizaciones narcoterroristas a grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, dos de las estructuras delictivas más poderosas del país.
Entre las propuestas que han generado mayor debate figura la implementación de la castración química para personas condenadas por delitos sexuales, una medida que, según indicó, impulsaría mediante iniciativas del Poder Ejecutivo con respaldo legislativo.
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, oficializó su candidatura presidencial en diciembre pasado. Desde entonces, diversos sondeos de opinión muestran una contienda en la que figura por detrás del actual mandatario, **Luiz Inácio Lula da Silva>, aunque el escenario electoral continúa evolucionando de cara a los próximos comicios nacionales.
El programa “Brasil sin Miedo” se suma a las propuestas de seguridad que buscan ocupar un lugar central en el debate político brasileño, en medio de la preocupación ciudadana por la violencia y la expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.
Centroamérica
Desarticulan red que comercializaba ilegalmente servicios de internet en El Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una estructura señalada de dedicarse al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet, una actividad que habría generado pérdidas económicas estimadas en más de $152,000.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los implicados desarrollaron una aplicación informática que les permitía obtener de forma ilícita la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país y posteriormente comercializar el servicio a terceros.
La Fiscalía indicó que la estructura utilizaba herramientas tecnológicas especializadas y redes privadas virtuales (VPN) para evadir los mecanismos de seguridad implementados por la compañía afectada y ofrecer paquetes de datos a través de redes sociales y grupos de mensajería privada.
Los servicios eran comercializados por montos que oscilaban entre los $3 y $20, dependiendo de las características del paquete ofrecido.
Como resultado del operativo fueron capturados Félix Antonio Salguero Hernández, identificado como exdocente de informática y presunto creador de la aplicación utilizada para sustraer la señal; Óscar Iván Melgar Monge, quien supuestamente se encargaba de contactar clientes y brindar instrucciones para el uso del servicio; y Eduardo Daniel García, señalado de administrar los pagos recibidos mediante cuentas bancarias.
Según la acusación, los detenidos serán procesados por los delitos de fraude informático, violación de distintivos comerciales, suplantación de actos de comercio y agrupaciones ilícitas.
Durante los allanamientos realizados por las autoridades se incautaron diversos equipos y dispositivos electrónicos, entre ellos dos unidades centrales de procesamiento (CPU), una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares, 22 memorias USB, un disco duro y una tarjeta de débito.
Las investigaciones apuntan a que la actividad ilegal habría iniciado en septiembre de 2025 y se mantuvo operando durante varios meses, generando beneficios económicos para los involucrados a costa de la empresa afectada.
La Fiscalía informó que las indagaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas al esquema y establecer el alcance total de las operaciones desarrolladas por la estructura.
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