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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Bukele critica a organizaciones de derechos humanos tras caso de eutanasia en España

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó nuevamente el papel de organizaciones defensoras de derechos humanos, al referirse al caso de una joven española que será sometida a eutanasia este jueves.

A través de la red social X, el mandatario expuso el caso de Noelia Castillo, una mujer de 25 años originaria de Barcelona, quien recibirá el procedimiento tras un proceso judicial en ese país.

Bukele afirmó que este caso refleja, a su juicio, el resultado de las posturas impulsadas por ciertas organizaciones de derechos humanos, y reiteró que en El Salvador no se adoptarán criterios similares, pese a las críticas que dichas entidades han realizado sobre las políticas de seguridad del Gobierno.

El presidente ha sostenido en reiteradas ocasiones que los señalamientos por supuestas vulneraciones a derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción, priorizan a los victimarios por encima de las víctimas.

El caso de Castillo fue analizado en distintos tribunales españoles, que autorizaron la eutanasia tras considerar su situación médica. La joven quedó parapléjica luego de un intento fallido de suicidio, vinculado —según su testimonio— a un cuadro de depresión tras haber sido víctima de una agresión sexual en 2022.

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En declaraciones al programa televisivo «Y ahora Sonsoles», de Antena 3, la joven expresó su decisión y el impacto que esta tendría en su entorno familiar.

En ese contexto, Bukele reiteró sus críticas hacia organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de no priorizar la protección de las víctimas. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el enfoque de estas entidades y su rol en temas de seguridad y políticas públicas, tanto en El Salvador como a nivel internacional.

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Centroamérica

Bukele alcanza 94 % de aprobación, el nivel más alto desde el inicio de su Gobierno

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó un 94 % de aprobación ciudadana, según el más reciente estudio de opinión pública elaborado por CID Gallup.

De acuerdo con la firma, este resultado representa el nivel más alto de respaldo desde el inicio de la actual administración, en un período previo a la Semana Santa.

El mandatario reaccionó a los resultados a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por el respaldo ciudadano. “94 %. El nivel más alto de aprobación desde el inicio de nuestro Gobierno. Gracias a Dios”, publicó.

El sondeo fue realizado entre el 15 y el 21 de marzo de 2026, mediante entrevistas telefónicas a una muestra de 1,200 salvadoreños. Según el informe, la alta aprobación responde principalmente a la percepción positiva sobre la gestión en áreas como seguridad y educación.

En particular, el estudio señala que el manejo de la seguridad pública es uno de los aspectos mejor valorados por la población, con un 95 % de aceptación, atribuido en gran medida a las acciones implementadas para combatir la criminalidad.

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Además, los encuestados destacaron la generación de condiciones de seguridad jurídica para la inversión y los negocios como otro factor relevante en la evaluación del Gobierno.

En paralelo, la Asamblea Legislativa de El Salvador podría ratificar una iniciativa impulsada por el Ejecutivo para establecer la pena perpetua en casos de delitos graves, como asesinatos, violaciones y crímenes vinculados a pandillas, como parte de las medidas orientadas a reforzar la seguridad en el país.

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Centroamérica

Encargada de Negocios de EE. UU. recorre Golfo de Fonseca junto a unidad antinarcóticos

La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, realizó un recorrido por el Golfo de Fonseca junto a la división STORM de la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de su agenda de trabajo en la zona oriental del país.

Durante la visita, la diplomática conoció de primera mano las operaciones de vigilancia y combate al narcotráfico que se desarrollan en la zona costera, según informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. La sede diplomática destacó que las labores de esta unidad son fundamentales para la seguridad regional.

La actividad forma parte de una serie de encuentros que Fellows sostuvo en el oriente del país, donde también se reunió con voluntarios del Peace Corps, quienes compartieron detalles sobre sus proyectos en comunidades rurales enfocados en mejorar la calidad de vida y fomentar el liderazgo local.

Asimismo, en la ciudad de San Miguel, la funcionaria sostuvo un encuentro con exbecarios y participantes de programas del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes expusieron cómo sus experiencias en ese país han contribuido al desarrollo y la innovación en sus comunidades.

La visita refuerza los lazos de cooperación entre ambos países en áreas como seguridad, desarrollo comunitario y formación profesional.

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