Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador acumula 1,174 días sin homicidios desde el régimen de excepción
El Salvador acumuló 1,174 días sin registrar homicidios desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las estructuras criminales y reforzar la seguridad en el territorio nacional.
Según el reporte diario de la Policía Nacional Civil (PNC), el jueves 6 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional. Con esta jornada, el país suma nuevos registros de días sin muertes violentas desde la implementación de la medida.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y contempla la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales, lo que amplió las facultades de las autoridades para realizar capturas de personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales.
Las autoridades atribuyen a esta estrategia una reducción significativa de los homicidios y de otros delitos como las extorsiones y los robos.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, en junio de 2019, las estadísticas oficiales muestran una tendencia descendente en los homicidios. Durante su administración, la PNC contabiliza 1,288 jornadas sin asesinatos.
La tendencia también se mantiene durante 2026. En lo que va del año, las autoridades reportan 185 días sin homicidios, mientras que 2025 también cerró con indicadores favorables en materia de seguridad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado que el Gobierno mantendrá las acciones para localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que aún permanezcan activos.
“Todos aquellos que pretendan continuar con esa cultura de muerte que las pandillas impusieron en el pasado, sepan que ahora tenemos un Estado que será implacable en hacer cumplir la ley”, afirmó Villatoro.
El funcionario sostuvo que las autoridades continuarán trabajando para erradicar las estructuras criminales y mantener la reducción de los índices de violencia registrados en los últimos años.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios, reporta la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el jueves 6 de agosto sin registrar homicidios a nivel nacional, con lo que el país acumuló tres días consecutivos sin asesinatos.
A través de sus redes sociales, la institución confirmó el resultado con el mensaje: “Finalizamos el jueves 06 de agosto con cero homicidios en el país”.
Con esta jornada, las autoridades suman tres días consecutivos sin reportes de homicidios, un indicador que, según el Gobierno, refleja el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en el territorio nacional.
La PNC señaló que los resultados forman parte de la tendencia registrada en los últimos años, durante los cuales los días sin homicidios se han vuelto cada vez más frecuentes.
Las autoridades sostienen que la reducción de los índices de violencia responde a las medidas de seguridad y a las acciones desarrolladas para combatir la criminalidad en el país.
Centroamérica
OCDE ubica a Panamá entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina
Panamá se mantiene entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026: Panamá», elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El reporte sitúa al país en el penúltimo lugar de la región en ingresos fiscales como porcentaje del producto interno bruto (PIB), solo por encima de Guyana.
Según el estudio, la recaudación tributaria panameña representó el 11.3 % del PIB en 2024, cifra que se ubica 10.4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional, que alcanzó el 21.7 %, y muy distante del promedio de los países miembros de la OCDE, que fue del 34.1 %.
El informe también evidencia un deterioro en la capacidad recaudatoria del país durante las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2024, la carga tributaria cayó de 15 % a 11.3 % del PIB, una reducción de 3.7 puntos porcentuales, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe aumentó de 16.8 % a 21.7 % en el mismo período.
Asimismo, entre 2023 y 2024 la recaudación tributaria panameña disminuyó de 11.9 % a 11.3 % del PIB, en contraste con el incremento de 0.2 puntos porcentuales registrado por el promedio regional.
Los datos coinciden con las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que muestran una tendencia descendente en los ingresos del Gobierno Central. La relación entre los ingresos tributarios y el PIB pasó de 13 % en 2012 a 7.1 % en 2025, mientras que los ingresos totales del Gobierno Central disminuyeron de 18.7 % a 11.7 % en el mismo período.
Especialistas consultados atribuyen este desempeño a la amplia cantidad de incentivos y exoneraciones fiscales vigentes en el país.
El economista Aristides Hernández sostuvo que Panamá mantiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo debido a los beneficios fiscales otorgados a sectores como los puertos, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, el turismo, las empresas multinacionales, las energías renovables, el sector inmobiliario, el ferrocarril y otras actividades económicas.
En la misma línea, el exdirector general de Ingresos, Publio R. Cortés Carvajal, calificó el sistema tributario panameño como un «archipiélago de exonerados fiscales», al considerar que numerosos incentivos permanecen sin evaluaciones sobre su impacto económico y terminan generando inequidades en la carga tributaria.
Cortés también señaló que la administración tributaria enfrenta limitaciones institucionales y de recursos que dificultan combatir la evasión fiscal, especialmente en casos relacionados con empresas multinacionales y precios de transferencia.
Por su parte, Hernández estimó que por cada punto porcentual del PIB que el Estado deja de recaudar se pierden aproximadamente 900 millones de dólares en ingresos fiscales. Bajo esa estimación, la reducción de cerca de cinco puntos porcentuales en la capacidad recaudatoria durante los últimos 15 años representaría pérdidas cercanas a 4,500 millones de dólares anuales para las finanzas públicas.
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