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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Capturan a salvadoreño en Guatemala con marihuana y presunta metanfetamina

Un ciudadano salvadoreño fue detenido en el departamento de Jutiapa, Guatemala, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca le decomisaran varias porciones de droga durante un operativo en una zona fronteriza con El Salvador.

El detenido fue identificado como Carlos N., de 45 años, quien fue localizado en la aldea El Salamar, municipio de Moyuta, mientras transitaba por una calle de terracería del caserío Las Brisas.

De acuerdo con la información proporcionada por la PNC de Guatemala, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) le incautaron siete bolsas transparentes que contenían marihuana y dos envoltorios de nylon con fragmentos cristalinos con características similares a la metanfetamina.

Las autoridades indicaron que el capturado será puesto a disposición de un tribunal en las próximas horas para continuar con el proceso legal correspondiente.

La detención forma parte de los operativos que las fuerzas de seguridad guatemaltecas desarrollan en zonas fronterizas para combatir el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con estructuras criminales que operan en la región.

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Centroamérica

Seguridad reporta 92,747 capturas de pandilleros desde la implementación del régimen de excepción

Los cuerpos de seguridad han detenido a 1,903 integrantes y colaboradores de estructuras pandilleriles entre el 1 de enero y el 19 de julio de 2026, como parte de las acciones desarrolladas bajo el régimen de excepción.

Según las autoridades, las capturas forman parte de los operativos orientados a desarticular organizaciones criminales, impedir su reorganización y llevar ante la justicia a personas vinculadas con diferentes delitos.

Entre los detenidos figuran presuntos cabecillas de pandillas, extorsionistas y personas señaladas por delitos como homicidio, entre otros.

El régimen de excepción fue implementado en El Salvador el 27 de marzo de 2022 y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido ampliar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad para ubicar y capturar a miembros de estructuras criminales.

El último balance del Ministerio de Seguridad indica que, desde la entrada en vigencia de esta medida hasta el 19 de julio, un total de 92,747 pandilleros y colaboradores han sido detenidos.

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Entre las capturas recientes se encuentra la de Roberto Eliseo Hernández Jiménez, alias “Snif”, señalado como integrante de la MS-13. El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó que la detención fue realizada por elementos de la Fuerza Armada en Alegría, Usulután Norte.

“Aparece en un video realizando señas alusivas a dicha estructura criminal. Este sujeto posee antecedentes por los delitos de otras agresiones sexuales y amenazas”, detalló el funcionario.

Tras su captura, Hernández Jiménez fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el proceso legal correspondiente.

Como parte de las incautaciones realizadas durante el régimen de excepción, las autoridades reportan el decomiso de 5,494 armas de fuego, 12,170 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas y 25,197 teléfonos celulares.

Además, en operativos contra el narcotráfico, las instituciones de seguridad estiman en $1,701.6 millones el valor de la droga incautada durante este periodo.

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Centroamérica

FGR y PNC destruyen droga incautada valorada en más de $309 mil

La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), verificó la destrucción de diferentes tipos de droga incautada durante operativos realizados por las autoridades y correspondiente a casos que ya fueron judicializados.

Durante el procedimiento fueron eliminados 45,502 gramos de marihuana, 4,929 gramos de cocaína y 660 gramos de metanfetaminas, sustancias que habían sido decomisadas en distintos procesos relacionados con delitos de tráfico y comercialización de drogas.

Según informó la FGR, el valor económico estimado de los estupefacientes destruidos asciende a $309,019.52.

La institución explicó que la eliminación de las sustancias se realizó en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas dentro de los procesos correspondientes, como parte del cierre del procedimiento legal relacionado con los decomisos.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir las actividades vinculadas al narcotráfico y evitar que las drogas incautadas regresen al mercado ilegal.

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