Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Gobierno de Honduras disuelve unidad antidrogas tras operativo que dejó cuatro policías muertos
El Gobierno de Honduras anunció la disolución de la Dirección Policial Antimaras y Contra el Crimen Organizado (Dipamco), una unidad especializada que estaba bajo cuestionamientos por presuntos abusos a los derechos humanos y cuya cúpula ya había sido suspendida tras un fallido operativo antidrogas que terminó con la muerte de cuatro agentes policiales.
La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el presidente Nasry Asfura, luego de una investigación que detectó irregularidades en la operación realizada el pasado 21 de mayo en la localidad de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala.
Según las autoridades, el procedimiento se ejecutó sin contar con una orden judicial y existió un presunto encubrimiento sobre la verdadera naturaleza y propósito de la misión.
Los agentes fallecidos participaban en una intervención dirigida contra una vivienda donde supuestamente operaban integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico mexicano.
El Gobierno indicó que la Dipamco será sustituida por una nueva unidad especializada, cuya estructura y funcionamiento serán definidos en los próximos meses.
La unidad ahora desarticulada también había sido objeto de cuestionamientos por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos, que inicialmente colaboró en la capacitación de sus miembros, retiró posteriormente su respaldo durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
Centroamérica
Diáspora salvadoreña gana protagonismo con reformas electorales y voto electrónico
La Asamblea Legislativa ha incorporado como uno de sus ejes de trabajo el fortalecimiento de la relación del Estado con la diáspora salvadoreña, especialmente durante las legislaturas 2021-2027, en las que el partido Nuevas Ideas mantiene mayoría parlamentaria.
De acuerdo con la diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el órgano legislativo ha impulsado una transformación en la forma en que el país se vincula con sus connacionales fuera del territorio nacional.
Según explicó, durante años la diáspora ha sostenido una parte importante de la economía salvadoreña mediante el envío de remesas, que en ciertos períodos han representado hasta el 28 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, señaló que históricamente su participación en la vida política del país ha sido limitada.
Figueroa afirmó que las reformas actuales buscan avanzar hacia una visión de ciudadanía transnacional, en la que los salvadoreños en el exterior sean reconocidos no solo por su aporte económico, sino también como actores políticos, sociales y estratégicos en el desarrollo del país.
Entre los principales avances mencionados se encuentra la implementación del voto electrónico para la diáspora, mecanismo que permitió la participación de 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero en las elecciones de 2024.
La diputada señaló que esta medida representó un cambio significativo en la participación electoral, al eliminar barreras que anteriormente dificultaban el ejercicio del sufragio desde el exterior, y consideró que posiciona al país como referente regional en este tipo de mecanismos.
Asimismo, destacó la reciente reforma al artículo 79 de la Constitución de la República, que habilita la creación de una circunscripción electoral para la diáspora, la cual permitirá la elección de seis diputados que representen a los salvadoreños en el exterior, conforme a las reformas a la legislación secundaria.
Centroamérica
Tegucigalpa enfrenta emergencia hídrica por ola de calor y escasez de agua
La capital de Honduras enfrenta una severa emergencia hídrica provocada por la ola de calor y la reducción de los niveles de las principales represas que abastecen a Tegucigalpa, situación que amenaza con agravarse por la influencia del fenómeno de El Niño.
“Aquí vivimos secos”, lamentó Santiago Rodríguez, residente de un populoso barrio de la capital hondureña, donde miles de familias enfrentan problemas de desabastecimiento de agua potable.
La canícula y el retraso de la temporada lluviosa han provocado que los dos principales embalses que abastecen a Tegucigalpa, ciudad de 1.7 millones de habitantes, se encuentren apenas al 34 % y 42 % de su capacidad, según autoridades locales.
En sectores como Lomas del Carmen, la situación se ha vuelto crítica debido a que incluso los camiones cisterna públicos y privados han reducido el suministro hacia los residentes.
Rodríguez, de 61 años, aseguró que la falta de agua afecta las actividades básicas diarias y obliga a las familias a buscar alternativas para almacenar el recurso.
Una situación similar vive Leticia Lara, de 55 años, quien depende del abastecimiento irregular de camiones cisterna en su barrio de calles polvorientas y expuesto a altas temperaturas.
La mujer relató que el servicio por tubería llega únicamente entre uno y tres días al mes y que un barril de agua entregado por las cisternas apenas alcanza para cubrir las necesidades de tres o cuatro días.
Ante el deterioro de las condiciones climáticas, las autoridades declararon el pasado martes una emergencia hídrica en Tegucigalpa.
Los pronósticos meteorológicos indican además que el fenómeno de El Niño podría extender el período seco entre mayo y julio, aumentando la presión sobre las reservas de agua de la ciudad.
“La crisis va a continuar y tenemos que prepararnos”, advirtió el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.
Como parte de las medidas adoptadas frente a las altas temperaturas, el Gobierno hondureño decidió reducir temporalmente la jornada escolar y habilitar clases virtuales en algunos centros educativos.
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