Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Contingente salvadoreño entrega ayuda humanitaria a afectados por terremotos en Venezuela
El contingente de ayuda humanitaria enviado por El Salvador a Venezuela entregó este miércoles asistencia a familias afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, como parte de las labores de apoyo que desarrolla en ese país.
La entrega se realizó en la clínica dispensario Padre Machado, ubicada en la parroquia El Paraíso, en Caracas, donde fueron distribuidos alimentos destinados a personas que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia, según información oficial.
Paralelamente, el equipo USAR El Salvador continúa desplegado en distintas zonas afectadas, realizando labores de búsqueda y rescate. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento el contingente ha rescatado con vida a siete personas, además de recuperar víctimas mortales y rescatar mascotas atrapadas entre los escombros.
El Gobierno salvadoreño reiteró que mantendrá su apoyo al pueblo venezolano mediante acciones de asistencia humanitaria mientras continúan las labores de respuesta a la emergencia.
Centroamérica
Félix Ulloa presenta ante António Guterres los avances de El Salvador en inteligencia artificial y transformación digital
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión en Suiza con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que presentó los principales avances del país en transformación digital, inteligencia artificial (IA) y su participación en el escenario multilateral.
Según informó la Vicepresidencia en un comunicado, durante el encuentro Ulloa expuso iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas el programa Enlaces con la Educación, mediante el cual se entregan computadoras a estudiantes del sistema público; las alianzas con el sector privado para ofrecer tutorías gratuitas en inteligencia artificial y el proyecto DoctorSV, orientado a ampliar el acceso a servicios de salud mediante herramientas tecnológicas.
La institución señaló que Guterres destacó el liderazgo y la credibilidad de El Salvador en el ámbito multilateral, haciendo énfasis en la copresidencia del país durante el Primer Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, realizado en Ginebra.
De acuerdo con la Vicepresidencia, El Salvador impulsa una estrategia para consolidarse como un referente regional en gobernanza de la IA, a través de políticas públicas, un marco jurídico especializado y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), con el objetivo de fomentar el desarrollo responsable de esta tecnología y atraer innovación.
El comunicado también indicó que ambas delegaciones intercambiaron opiniones sobre el proceso de reforma de las Naciones Unidas y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del organismo frente a los desafíos globales actuales.
Como parte de su agenda en Suiza, Ulloa participó además en el debate «Superar las brechas de la IA: desarrollo de capacidades, acceso y fundamentos digitales», donde destacó que la creación de la ANIA ha permitido avanzar en la construcción de un ecosistema institucional y legal que favorece el desarrollo de la inteligencia artificial en el país.
Centroamérica
El Salvador se adhiere a cuatro tratados internacionales para fortalecer la protección de la propiedad intelectual
El Ministerio de Economía (Minec), en coordinación con el Centro Nacional de Registros (CNR), presentó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) los instrumentos de adhesión a cuatro tratados internacionales orientados a fortalecer la protección de marcas, patentes y diseños industriales en El Salvador.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, informó que la incorporación a estos acuerdos forma parte de la estrategia del Gobierno para modernizar el marco jurídico en materia de propiedad intelectual y promover un entorno más favorable para la inversión y la innovación.
Los tratados presentados son el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativa al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños Industriales.
De acuerdo con la funcionaria, la adhesión a estos instrumentos permitirá fortalecer la seguridad jurídica, agilizar los procesos relacionados con la propiedad intelectual y facilitar que las empresas salvadoreñas protejan sus marcas, patentes y diseños industriales en mercados internacionales.
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