Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Panamá registra más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico
En Panamá existen actualmente más de 180 pandillas, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, y dos de estos grupos destacan por impulsar la violencia homicida en el país, afirmó el director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández.
Las autoridades panameñas atribuyen a las pandillas al menos el 70 % de los homicidios registrados, que en 2025 sumaron 593 casos, lo que representó un aumento del 2 % respecto al año anterior.
“Son más de 180 pandillas que hay en Panamá, esa es la realidad. Se concentran mucho en lo que es San Miguelito y Colón”, declaró Fernández durante una entrevista con un canal de televisión local.
Dentro de este escenario sobresalen dos grandes grupos pandilleros que operan principalmente en esas zonas, los cuales —según el jefe policial— están impulsando el incremento de la tasa de homicidios en medio de una disputa que incluye el reclutamiento de nuevos integrantes.
El director de la Policía aseguró que las autoridades han reforzado la seguridad en estas áreas con más agentes y vehículos, como parte de una estrategia para adaptarse a las nuevas dinámicas del crimen.
“Estamos reforzando en las zonas con nuevas unidades y vehículos (…) así como el crimen muta, estamos cambiando en la Policía para enfrentarlo”, afirmó.
Las pandillas en Panamá también operan como eslabones del narcotráfico internacional, encargándose de movilizar cargamentos de droga que llegan desde el sur del continente y que tienen como destino Estados Unidos y Europa.
Parte de ese trabajo, explicó Fernández, se paga con droga, lo que alimenta el mercado local y obliga a las autoridades a combatir no solo el tráfico internacional, sino también el microtráfico dentro del país.
En ese contexto, la Policía informó que en los últimos diez días se han incautado más de dos toneladas de sustancias ilícitas en tierra firme. En uno de los operativos más recientes, realizado en Colón, las autoridades decomisaron casi 1.3 toneladas de droga en una vivienda, que funcionaba como centro de acopio antes de que la mercancía fuera trasladada a los puertos de la provincia para contaminar contenedores.
Centroamérica
Fallece bebé de tres meses y aumentan decesos por tos ferina en Honduras
Las muertes por Tos ferina en Honduras ascendieron a nueve en lo que va de 2026, tras confirmarse el fallecimiento de un bebé de tres meses, superando el total de decesos registrados durante todo 2025, informó este jueves una fuente sanitaria.
El jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud de Honduras, Homer Mejía, indicó a periodistas que la víctima era un menor procedente del departamento de Olancho, en el este del país, quien no contaba con su esquema de vacunación.
Según explicó el funcionario, el lactante no había recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad y su madre tampoco tenía antecedentes de inmunización durante el embarazo.
Mejía subrayó que la mayoría de las víctimas mortales son neonatos menores de 30 días, un grupo que depende principalmente de la inmunidad transmitida por la madre durante la gestación.
Con este nuevo fallecimiento, Honduras supera las ocho muertes registradas por tos ferina durante todo 2025, año en el que se contabilizaron 63 contagios, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud.
El país centroamericano acumula en lo que va de 2026 alrededor de 80 casos confirmados de la enfermedad, agregó el funcionario.
Mejía enfatizó que las muertes por tos ferina pueden prevenirse mediante la vacunación, y recordó que la vacuna se encuentra disponible de forma gratuita en todos los establecimientos de salud públicos del país.
Asimismo, instó a las mujeres embarazadas a vacunarse entre las semanas 26 y 37 de gestación, una práctica que —según alertó— no se está cumpliendo con el rigor necesario actualmente.
Para los menores de cinco años, el esquema de inmunización comienza a los dos meses de edad con una primera dosis, seguida de otras a los cuatro y seis meses. El ciclo se completa con dos refuerzos: uno a los 18 meses y otro al cumplir los cuatro años, explicó el funcionario.
Centroamérica
Arévalo pide independencia a nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, instó a los nuevos magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala a ejercer sus funciones con independencia, transparencia y apego a la ley.
El llamado del mandatario fue divulgado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y retomado por el medio local La Hora.
En los últimos meses, Guatemala ha atravesado varios procesos políticos relacionados con elecciones de segundo grado, entre ellos la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, donde aún están pendientes dos plazas que deben ser nombradas por el Ejecutivo.
Asimismo, en mayo se prevé la elección del nuevo fiscal general, un proceso considerado clave dentro del escenario político del país.
El martes, el Congreso de la República de Guatemala eligió, tras varias horas de negociaciones entre las distintas bancadas, a cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes que estarán al frente del organismo electoral durante el período 2026-2032.
Durante la sesión plenaria, el diputado oficialista José Carlos Sanabria afirmó que el proceso evidenció la posibilidad de alcanzar acuerdos entre fuerzas políticas.
“Hoy el Congreso de la República da una muestra de que cuando hay voluntad política podemos alcanzar acuerdos”, expresó el legislador, quien señaló que se lograron “consensos amplios” con sectores de la oposición.
La designación de las nuevas autoridades del tribunal electoral se produce en un contexto de reconfiguración institucional en Guatemala, donde diversos organismos clave están renovando sus autoridades para los próximos años.
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