Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior para 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que habilitará 92 centros de votación en el exterior para las elecciones generales de 2027, distribuidos en 29 países, donde los salvadoreños residentes fuera del país podrán ejercer el sufragio mediante la modalidad de voto electrónico presencial.
La cifra representa un incremento de 11 centros de votación respecto a los 81 habilitados para las elecciones de 2024, equivalente a un crecimiento del 14 %.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que la decisión responde a un proceso de evaluación de la experiencia registrada en los comicios anteriores y a las recomendaciones planteadas por los salvadoreños residentes en el extranjero.
“Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora continua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero”, señaló Soriano.
De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es identificar las principales dificultades registradas durante el proceso electoral anterior y convertir los aprendizajes en medidas concretas para las elecciones de 2027.
El TSE detalló que, hasta el 14 de julio de 2026, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños. Esta cifra se suma a los aproximadamente 5.5 millones de ciudadanos inscritos en el territorio nacional, para conformar un padrón electoral de alrededor de 6.5 millones de personas.
Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de centros de votación en el exterior, con 53 de los 92 habilitados, equivalentes al 58.5 % del total.
El organismo electoral explicó que la distribución responde a las características y necesidades identificadas en cada país, con el propósito de reforzar la capacidad operativa en los territorios donde existe una mayor concentración y demanda de la población salvadoreña.
Centroamérica
Reconocen a brigada salvadoreña que apoyó labores de rescate tras terremotos en Venezuela
La Asamblea Legislativa realizó una ceremonia de reconocimiento a los salvadoreños que integraron la misión internacional humanitaria enviada a Venezuela para brindar asistencia tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.
El acto se desarrolló en el Salón Azul, donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expresó su agradecimiento a los integrantes de la misión por el trabajo realizado durante las labores de atención y rescate.
“Este día rendimos honor y gratitud a los hombres y mujeres que arriesgaron su integridad física para salvar la vida de nuestros hermanos venezolanos”, afirmó Castro, quien destacó la respuesta de los equipos salvadoreños ante la emergencia.
La misión fue desplegada luego de que Venezuela registrara dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, según lo señalado durante el acto.
Castro destacó que, tras la emergencia, el Gobierno salvadoreño envió una misión humanitaria integrada por miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR) y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES).
La brigada que se desplazó a territorio venezolano estuvo conformada inicialmente por unas 300 personas, entre socorristas, médicos, enfermeras, policías, militares, psicólogos y miembros de la unidad canina. Posteriormente, se incorporaron más integrantes para mantener la capacidad operativa del equipo.
Durante el reconocimiento, Castro destacó el papel de los salvadoreños desplegados en Venezuela y aseguró que su participación representó un mensaje de solidaridad para las familias afectadas por los terremotos.
“Ustedes representaron un rayo de esperanza y de fe para muchas familias”, expresó el presidente del Legislativo, al reconocer el trabajo de los miembros de la misión humanitaria.
Centroamérica
EE. UU. planea ampliar a tierra sus operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica
Estados Unidos planea ampliar sus operaciones contra el narcotráfico a objetivos terrestres en Latinoamérica, como parte de una estrategia que hasta ahora se ha centrado en acciones contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas en aguas internacionales, afirmó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
El funcionario señaló en Panamá que Washington busca desarrollar, junto con países aliados, una capacidad operativa similar a la utilizada en las operaciones contra lanchas sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.
El Gobierno del presidente Donald Trump inició en septiembre pasado una campaña de ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, operaciones que, según las autoridades estadounidenses, han dejado al menos 215 muertos.
Hegseth explicó que los nuevos planes forman parte de los esfuerzos de una alianza integrada por 19 países, aunque las operaciones podrían extenderse a cualquier territorio donde operen organizaciones dedicadas al narcotráfico.
A corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto con sus aliados capacidades para combatir a estas organizaciones en tierra. El secretario de Defensa mencionó específicamente la cooperación con Ecuador y Colombia para ampliar las acciones contra organizaciones de narcotráfico designadas por Washington como grupos terroristas.
“Será el mismo efecto en tierra”, afirmó Hegseth durante una conversación con periodistas en un punto no identificado de la selva panameña.
El funcionario se encontraba en Panamá como parte de una visita relacionada con ejercicios militares que se realizan anualmente en el país y en los que participan alrededor de una veintena de naciones.
La eventual ampliación de las operaciones al territorio terrestre marcaría una nueva fase en la estrategia antidrogas de la administración Trump, al trasladar parte de las acciones que hasta ahora se han desarrollado en aguas internacionales hacia zonas donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico.
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