Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Detienen a aliado de Ortega acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito
Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua bajo acusaciones de corrupción y lavado de dinero, según informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.
El detenido, Francisco “Chico” López, quien se desempeñó como tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), era considerado uno de los principales operadores de los negocios privados vinculados al círculo del mandatario y de la copresidenta Rosario Murillo. El exfuncionario había sido separado de su cargo en enero.
De acuerdo con reportes del diario digital Confidencial, la Policía Nacional ejecutó su captura y lo trasladó el pasado jueves a la cárcel “La Modelo”, en Managua.
Según esa versión, el arresto habría sido ordenado bajo señalamientos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, cargos similares a los presentados contra otros exfuncionarios recientemente encarcelados en el país.
Hasta el momento, la fiscalía nicaragüense no ha presentado una acusación formal en su contra.
El medio La Prensa añadió que la detención estaría relacionada con la incapacidad de López para justificar el paradero de bienes administrados anteriormente por el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.
Sectores opositores en el exilio interpretan estos casos como parte de una supuesta purga interna en el entorno del poder, presuntamente impulsada por Rosario Murillo con el respaldo de Daniel Ortega, con el objetivo de reorganizar la estructura de sucesión dentro del oficialismo.
Centroamérica
El Salvador acumula 13 días sin homicidios en mayo
La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que durante el sábado 16 y domingo 17 de mayo no se registraron homicidios en el país, acumulando un total de 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes.
De acuerdo con las cifras oficiales, en abril se contabilizaron 30 jornadas con cero homicidios, mientras que en marzo se reportaron 23 días sin muertes violentas. En febrero fueron 24 jornadas y en enero se registraron 27 días sin asesinatos.
Las autoridades atribuyen la reducción de los índices de violencia a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas que han permitido la captura de miles de personas vinculadas a estructuras criminales, según el gobierno.
La PNC sostiene que estos resultados forman parte de una tendencia sostenida de disminución de la violencia homicida en el país, en comparación con periodos anteriores.
Centroamérica
Guatemalteca y salvadoreña enfrentarán prisión preventiva por caso ligado a Terra Towers
n juez de Guatemala ordenó prisión preventiva contra la guatemalteca Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y la salvadoreña Marisabel Umaña Velásquez, ambas acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa en perjuicio de la empresa de telecomunicaciones Terra Towers y una de sus filiales.
La resolución fue emitida el pasado 12 de mayo por el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, luego de revocar las medidas sustitutivas que permitían a las imputadas permanecer en libertad condicional.
Según fuentes judiciales guatemaltecas, el tribunal ordenó además el traslado inmediato de ambas procesadas al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la Zona 18 de Ciudad de Guatemala.
Echeverría Cabrera y Umaña Velásquez fueron capturadas por autoridades guatemaltecas el 20 de junio de 2025. La primera fue detenida al arribar al Aeropuerto Internacional La Aurora procedente de Nueva York, mientras que la salvadoreña fue arrestada durante un operativo policial en la zona 14 de la capital guatemalteca cuando, presuntamente, intentaba escapar junto a otras dos personas.
De acuerdo con publicaciones del medio guatemalteco La Hora, ambas son investigadas dentro de un expediente por estafa relacionado con una empresa salvadoreña.
El caso también involucra a Jorge Gaitán Paredes, fallecido tras ser extraditado a El Salvador, y a su hijo, Jorge Gaitán Castro, quienes enfrentan procesos judiciales y solicitudes de extradición vinculadas al mismo expediente.
Las investigaciones continúan tanto en Guatemala como en El Salvador, donde las autoridades mantienen abiertos procesos relacionados con la supuesta red de fraude corporativo y extracción ilegal de información empresarial.
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