Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
CSJ declara inadmisible recurso de Héctor Silva y ratifica condena civil
El diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, calificó como un precedente positivo la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de declarar inadmisible el recurso presentado por la defensa del exconcejal Héctor Silva.
La resolución mantiene firme la condena por calumnia y difamación contra Silva, quien deberá cancelar 50,000 dólares en concepto de reparación por daños morales al legislador.
Guevara sostuvo que la decisión judicial envía un mensaje sobre la responsabilidad de los actores políticos al momento de emitir acusaciones públicas sin pruebas.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas indicó además que aún no ha recibido el pago correspondiente y reiteró que los fondos serán donados para proyectos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.
La Sala de lo Penal argumentó en su resolución que el recurso de casación no acreditó los defectos de fundamentación señalados por la defensa.
Centroamérica
Bukele y Delgado inauguran moderno edificio de la Fiscalía en Santa Elena
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el fiscal general Rodolfo Delgado inauguraron este martes el nuevo edificio central de la Fiscalía General de la República, ubicado en la urbanización Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán.
La infraestructura, cuya construcción y equipamiento representó una inversión de 70 millones de dólares, concentrará en un solo inmueble las oficinas centrales de la institución, sus unidades especializadas y áreas de atención a víctimas de violencia.
Durante el acto, Delgado destacó que el proyecto permitirá mejorar la capacidad operativa y la atención a los usuarios, al integrar servicios que anteriormente funcionaban en siete inmuebles distintos del Área Metropolitana de San Salvador.
El funcionario aseguró que la nueva sede fortalecerá el trabajo de investigación y la eficiencia institucional en materia de justicia.
Por su parte, el presidente Bukele afirmó que la Fiscalía enfrenta actualmente una carga de trabajo histórica y señaló que la nueva infraestructura contribuirá al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia del país.
Centroamérica
El Salvador será sede de la Conferencia Regional de la FAO en 2027
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura confirmó que El Salvador será sede de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 2027, un espacio que reunirá a representantes del sector agrícola y organismos internacionales.
El anuncio se dio a conocer durante una reunión entre el vicepresidente Félix Ulloa y representantes de la Organización de las Naciones Unidas y la FAO en el país.
En el encuentro participaron Raúl Salazar y Jorge Samaniego, quienes destacaron el trabajo conjunto en temas relacionados con cambio climático, agricultura y desarrollo sostenible.
La reunión también permitió revisar proyectos vinculados al fortalecimiento de la resiliencia climática y la cooperación regional en la zona Trifinio.
Además, se discutieron avances del proyecto “Paz sin Fronteras”, orientado a promover mecanismos de diálogo y acceso al agua en municipios fronterizos de la región.
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