Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Asfura promete austeridad y prioriza salud, seguridad y educación al asumir el poder
Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central, asumirá este lunes la Presidencia de Honduras, tras varias semanas de tensión política marcadas por denuncias de irregularidades en el conteo de votos y presiones de sectores que impulsaron un nuevo escrutinio electoral.
Pese al clima de incertidumbre, Asfura —conocido popularmente como “Papi a la orden”— fue ratificado como ganador del proceso electoral y tomará posesión del cargo en una ceremonia austera que se celebrará en el Congreso Nacional, y no en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, como es tradición. El cambio de sede responde a la política de austeridad anunciada por el nuevo gobierno.
El mandatario electo confirmó que no habrá invitados internacionales y que únicamente asistirán diplomáticos acreditados en Honduras. “El país no está para que estemos gastando. Tenemos que trabajar con austeridad. Se hará una ceremonia sencilla y rápida en el Congreso y nos pondremos a trabajar porque el reloj ya empezó a correr”, afirmó.
Un día antes, durante la ceremonia de traspaso de mando de la Alcaldía del Distrito Central, Asfura anunció un recorte al gasto administrativo del Estado, que oscilará entre 10,000 y 15,000 millones de lempiras, equivalentes a entre 379 y 568 millones de dólares, según explicó. El objetivo, señaló, es eficientizar la gestión pública y destinar los recursos ahorrados a salud y obras públicas.
Entre sus primeras prioridades, el nuevo presidente adelantó que buscará reducir la mora quirúrgica y que enviará al Congreso una propuesta de ley para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud hondureño.
Asfura afirmó que los principales retos de su administración estarán centrados en seguridad, salud y educación, áreas que, aseguró, marcarán la hoja de ruta de su gobierno.
Centroamérica
El Salvador registra siete días consecutivos sin homicidios
El pasado lunes 26 de enero cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con esta nueva jornada, el país acumula siete días consecutivos sin muertes violentas, además de 19 días sin homicidios en lo que va del año, según los registros policiales.
Las cifras también reflejan que, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, El Salvador ha contabilizado un total de 1,124 días sin homicidios, conforme a los datos oficiales de la PNC.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas orientadas a combatir a las pandillas y reducir los índices de violencia en el país.
Centroamérica
Gabinete de Seguridad frena operaciones de redes colombianas que operaban en El Salvador
En los últimos años, el Gabinete de Seguridad Ampliado ha asestado duros golpes a diversas estructuras criminales de origen colombiano que operaban en el país, dedicadas a delitos como extorsión, estafa, lavado de dinero, fraude digital y tráfico de drogas, según informaron autoridades de seguridad.
Las investigaciones permitieron desarticular organizaciones que utilizaban distintos métodos para cometer ilícitos, afectando a cientos de víctimas a nivel nacional y regional. Entre los delitos más recurrentes figuran el tráfico de drogas, las agrupaciones ilícitas, el lavado de activos y las estafas telefónicas y digitales.
Uno de los golpes más recientes contra estas redes fue anunciado el sábado 24 de enero, cuando las autoridades revelaron la desarticulación de una estructura de estafa telefónica de carácter transnacional, que utilizaba números internacionales y operaba desde un centro penitenciario en Colombia, afectando a víctimas en El Salvador.
Modalidad “Gota a gota”
En 2024, las autoridades también lograron desbaratar una red colombiana que operaba bajo la modalidad conocida como “Gota a gota”, en la que los delincuentes simulaban ser microfinancieras para otorgar créditos exprés con intereses excesivos, los cuales posteriormente eran cobrados mediante amenazas de muerte.
Otra de las modalidades detectadas consistía en la oferta de productos y servicios financieros falsos a través de redes sociales, entre ellos teléfonos celulares, aires acondicionados y supuestos créditos bancarios a nombre de distintas instituciones financieras del país. Una vez que la víctima mostraba interés, los estafadores solicitaban el pago de una “prima” para iniciar el trámite.
Las investigaciones establecieron que, tras recibir el depósito, los delincuentes bloqueaban todo contacto con las víctimas y transferían el dinero a cuentas bancarias en Colombia. El monto total del dinero remitido por esta vía supera el millón de dólares, de acuerdo con los informes oficiales.
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