Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Trump elogia a Bukele y destaca la relación entre Estados Unidos y El Salvador
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, durante la cumbre regional Shield of the Americas, celebrada en la ciudad de Miami.
Durante su intervención ante líderes del continente, Trump destacó la cercanía que, según dijo, ha desarrollado con el mandatario salvadoreño. “Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato”, afirmó.
El presidente estadounidense también elogió la gestión de Bukele al frente del Gobierno salvadoreño. “Dirige bien la operación”, expresó, al referirse a su administración, y añadió que ese desempeño es “todo lo que me importa”.
En un tono distendido, Trump comentó: “Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo”, antes de concluir que Bukele “ha sido un gran presidente”.
El mandatario estadounidense aseguró además que Estados Unidos valora la relación con El Salvador y destacó los vínculos entre ambos países.
Centroamérica
Félix Ulloa se reúne con senadores franceses para fortalecer cooperación bilateral
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con integrantes del Senado de Francia con el objetivo de fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral entre ambos países.
En la reunión participaron el presidente del Grupo de Amistad Francia–América Central del Senado francés, Daniel Laurent, así como los senadores Jean-Marc Vayssouze-Faure y Anne-Sophie Romagny. También asistió la embajadora de Francia en El Salvador, Anne Denis-Blanchardon.
Durante el encuentro, Ulloa expuso a la delegación los principales avances impulsados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, especialmente en áreas como seguridad pública, modernización del Estado, desarrollo económico, educación y salud.
El vicepresidente destacó que la reducción de los índices de violencia ha permitido recuperar comunidades y crear mejores condiciones para la inversión y el turismo. “La gente tiene otra imagen en su rostro, otra expresión; ya no sienten angustia ni miedo”, afirmó.
Por su parte, los senadores franceses señalaron que durante su visita han observado cambios en el país, particularmente en materia de seguridad y transformación urbana. Según indicaron, perciben “un país con mayor dinamismo económico, espacios públicos revitalizados y condiciones más favorables para el desarrollo”.
Durante el diálogo también se analizaron oportunidades de cooperación en áreas como infraestructura, movilidad urbana y transporte. Entre los temas abordados figura el proyecto del Tren del Pacífico, considerado estratégico para mejorar la conectividad logística y fortalecer el comercio regional.
Centroamérica
Nombramiento en la Corte Constitucional desata tensiones entre Arévalo y Estados Unidos
La reelección de un magistrado señalado de favorecer a delincuentes volvió a retrasar en Guatemala los esfuerzos por desarticular un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
El Congreso guatemalteco eligió el viernes a Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en el marco del proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales del país. Las resoluciones de esta corte son inapelables.
La designación se produjo en medio de cuestionamientos, ya que legisladores críticos aseguran que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala habría realizado gestiones para favorecer su nombramiento.
Con esta elección, el Congreso —dominado por fuerzas políticas adversas al presidente Bernardo Arévalo— ha designado ya a ocho de los diez magistrados que integrarán la corte. Los dos restantes serán nombrados por el mandatario, quien llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción en las instituciones del Estado.
Ante las denuncias sobre la supuesta intervención diplomática, Arévalo solicitó a Washington aclarar su papel en el proceso, advirtiendo que el caso podría afectar las relaciones bilaterales.
El episodio ocurre además en un contexto diplomático delicado: el mandatario guatemalteco no fue invitado a la reunión que varios líderes de la región sostendrán este sábado en Florida con el presidente estadounidense Donald Trump.
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