Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador reporta 109 días sin homicidios en lo que va de 2026
La Policía Nacional Civil informó que el lunes 11 de mayo cerró con cero homicidios a nivel nacional, convirtiéndose en la octava jornada del mes sin muertes violentas y en la número 109 en lo que va de 2026.
De acuerdo con los datos oficiales, los ocho días sin asesinatos registrados en mayo se suman a las 27 jornadas sin homicidios en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero, acumulando así 109 días sin muertes violentas en el presente año.
Las estadísticas de la corporación policial también indican que durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han contabilizado 1,211 días sin homicidios en total. De ese periodo, 1,097 días corresponden al lapso comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 11 de mayo de 2026, bajo la implementación del régimen de excepción.
Las autoridades señalan que las medidas de seguridad han influido en la reducción de la violencia, permitiendo además que El Salvador cerrara el año 2025 como el país con menor número de homicidios en Centroamérica.
Según las cifras oficiales, en 2025 el país registró 82 asesinatos, mientras que en la región Guatemala reportó 3,022 homicidios, Honduras 2,330, Costa Rica 856 y Panamá 588 casos.
Centroamérica
EE. UU. y El Salvador fortalecen agenda de inversión en reunión entre Bukele y subsecretario Orr
El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, sostuvo una reunión con el presidente de Nayib Bukele durante su visita oficial al país, en la que se abordaron temas relacionados con inversión y cooperación económica bilateral.
La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que detalló a través de la red social X que ambos funcionarios comparten el objetivo de “explorar cómo el panorama actual de inversión en El Salvador está creando oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países”.
A su llegada al país, Orr fue recibido por la encargada de Negocios de la misión diplomática estadounidense, Naomi Fellows.
La embajada señaló además que el subsecretario encabeza una delegación integrada por representantes del sector privado y de distintas agencias del Gobierno estadounidense.
El objetivo de la visita es identificar oportunidades de inversión en áreas estratégicas como energía, infraestructura digital, transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial, en el marco del fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.
Centroamérica
Requisas revelan ingreso constante de armas, droga y celulares a cárceles de Guatemala
A pesar de las constantes requisas realizadas por las autoridades, las cárceles de Guatemala continúan siendo escenario del ingreso y posesión de artículos ilícitos por parte de pandilleros recluidos en distintos centros penitenciarios.
En los últimos dos años se han ejecutado al menos 10 operativos de requisa en diferentes penales del país, donde las autoridades han decomisado celulares, televisores, bocinas, ventiladores, cigarros, bebidas alcohólicas, armas de fuego, objetos cortopunzantes y droga.
Uno de los operativos más recientes ocurrió el pasado 26 de abril en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada en Quetzaltenango. La intervención fue desarrollada por la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala.
Durante la requisa, las autoridades encontraron teléfonos celulares y cargadores, radios de largo alcance, televisores, bocinas y ventiladores. Además, decomisaron bebidas alcohólicas, cigarros y diferentes tipos de droga, entre ellas marihuana, cocaína y crack.
Las autoridades consideran que estos hallazgos evidencian la forma en que los reclusos logran vulnerar los controles de seguridad para introducir artículos prohibidos y mantener comunicación con estructuras criminales fuera de prisión, presuntamente con apoyo de redes de corrupción.
Otro operativo similar se realizó el 11 de marzo en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, donde también fueron decomisados celulares, armas, licor, droga y equipo utilizado para generar conexión a internet.
Tras esa intervención, surgieron cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario. En dicho centro carcelario permanecen recluidos más de 3,100 privados de libertad.
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