Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Bukele entrega reconocimientos a 452 salvadoreños que participaron en misión humanitaria en Venezuela
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entregó medallas de reconocimiento a los 452 salvadoreños que integraron la misión humanitaria enviada a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país sudamericano en junio.
Durante un acto transmitido en cadena nacional, el mandatario destacó la labor realizada por rescatistas, personal médico y colaboradores que participaron durante un mes en las operaciones de asistencia a las comunidades afectadas.
“Estamos aquí para rendirle homenaje a los hombres y mujeres del contingente salvadoreño que formó parte de la misión humanitaria desplegada en Venezuela. Las medallas que recibirán representan la gratitud de todo el pueblo salvadoreño, y me atrevería a decir que también del pueblo venezolano”, expresó Bukele.
Como parte de la misión, el contingente salvadoreño brindó más de 3,200 atenciones médicas en un hospital de campaña instalado en la zona afectada, además de realizar más de 1,100 asistencias veterinarias.
Asimismo, el Gobierno de El Salvador envió más de 170 toneladas de alimentos, insumos y medicamentos para apoyar a las personas afectadas por los sismos.
El presidente también explicó que se gestionó atención médica en clínicas privadas para algunas víctimas, cuyos costos fueron asumidos por el Gobierno salvadoreño con el objetivo de garantizar una atención adecuada.
Bukele señaló que la condecoración reconoce el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo del personal salvadoreño que participó en las labores de rescate y asistencia humanitaria.
“Todos observábamos las operaciones de rescate y estábamos desvelándonos con ustedes, nerviosos, preocupados, tratando de coordinar lo mejor posible, pero eso no es ni la fracción de lo que ustedes, estando allá, en medio de los escombros, en medio de la tragedia, hicieron”, manifestó el mandatario.
La entrega de medallas destacó el papel del contingente salvadoreño en las acciones de apoyo internacional y en la atención de las personas afectadas por la emergencia en Venezuela.
Centroamérica
El Salvador suma siete días consecutivos sin homicidios durante julio, según la PNC
El Salvador cerró el miércoles 29 de julio de 2026 sin homicidios, informó la Policía Nacional Civil (PNC), con lo que el país acumuló una nueva jornada sin muertes violentas.
De acuerdo con la institución policial, esta representa la séptima jornada consecutiva sin homicidios durante julio y el día número 26 sin registros de este tipo en lo que va del mes.
La PNC destacó que las cifras actuales reflejan una reducción significativa en comparación con años anteriores. Como referencia, el 29 de julio de 2018 se registraron 17 homicidios en una sola jornada, según los datos citados por la institución.
Las autoridades atribuyen estos resultados al trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, mediante acciones de seguridad y control territorial orientadas a la prevención del delito y la protección de la población.
El Gobierno ha señalado que la estrategia de seguridad implementada en los últimos años ha permitido mantener una tendencia a la baja en los índices de violencia y alcanzar períodos prolongados con ausencia de homicidios.
Centroamérica
Reforma impulsada por Ortega plantea más años de gobierno y cambios al sistema electoral
La reforma constitucional impulsada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contempla ampliar el período presidencial de seis a siete años y establecer nuevas restricciones para la participación de sectores opositores en los procesos electorales, según informó este martes la Asamblea Nacional.
El proyecto fue recibido por el Congreso nicaragüense, controlado por el oficialismo, y está previsto que sea aprobado a inicios de septiembre junto con otras modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló al presentar la iniciativa que el nuevo modelo de gobierno plantea un período presidencial de siete años con posibilidad de renovación.
“Propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables”, expresó Porras al leer parte del documento, cuyo contenido completo aún no ha sido divulgado.
Según el legislador oficialista, la ampliación del mandato permitiría garantizar continuidad en los planes de gobierno y responder a los desafíos del país.
La iniciativa también plantea impedir la participación electoral de sectores identificados por el gobierno como “vendepatrias” y “golpistas”, términos utilizados por Ortega y sus aliados para referirse a sus opositores políticos.
La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, afirmó que el proyecto fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y aseguró que antes de su aprobación se realizarán consultas con distintos sectores de la sociedad nicaragüense.
La nueva propuesta se suma a una reforma constitucional aprobada en 2024, que ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.
Esa modificación también retrasó hasta noviembre de 2027 las elecciones generales que estaban previstas originalmente para finales de 2026.
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