Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Panamá reconoce creciente influencia del crimen organizado en cárceles
Las autoridades de Panamá reconocieron este lunes la creciente influencia del crimen organizado dentro de las cárceles del país, luego de un tiroteo entre pandillas ocurrido en el principal complejo penitenciario panameño, que dejó un recluso fallecido.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que estructuras criminales continúan operando tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Según el funcionario, algunos cabecillas encarcelados siguen dirigiendo actividades ilícitas relacionadas con asesinatos y robos de droga entre organizaciones rivales.
El hecho más reciente se registró en el Centro Penitenciario La Joya, considerado el complejo carcelario más grande de Panamá, donde murió un interno presuntamente vinculado a un cartel internacional durante un enfrentamiento armado.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y fortalecido sus operaciones en los últimos años.
“Lamentablemente, el crimen organizado ha escalado, se ha perfeccionado”, expresó la funcionaria, quien además reconoció las limitaciones institucionales para enfrentar estas estructuras criminales.
La violencia dentro de las cárceles coincide con disputas territoriales entre pandillas en sectores como San Miguelito y la provincia de Colón.
Precisamente este lunes, en Colón, se reportó un doble homicidio relacionado con enfrentamientos entre grupos criminales, en una zona donde operan al menos 13 pandillas rivales.
Datos oficiales indican que Panamá registró 130 homicidios durante el primer trimestre del año, una reducción del 9 % en comparación con el mismo período de 2025.
No obstante, las autoridades mantienen a Colón, la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito entre las zonas con mayores niveles de violencia.
Según estimaciones oficiales, en el país operan más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico y al traslado de droga hacia Estados Unidos y Europa.
El reconocimiento por parte de las autoridades refleja los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario panameño frente al avance y control del crimen organizado.
Centroamérica
Nicaragua ha excarcelado a más de 53 mil reos comunes en la última década
Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión a un total de 53,164 reos comunes en los últimos diez años bajo el régimen de convivencia familiar, según datos oficiales del Gobierno.
De acuerdo con la información divulgada, el 7.18 % de las personas excarceladas ha reincidido en la comisión de al menos un delito tras recuperar su libertad.
Las primeras liberaciones de este año fueron otorgadas en el marco del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, fecha conmemorativa dedicada al fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo (1926-2018).
Posteriormente, las autoridades realizaron nuevas excarcelaciones con motivo de la Semana Santa.
El Gobierno nicaragüense sostiene que estas medidas buscan promover la reinserción social y fortalecer la convivencia familiar de los privados de libertad.
Sin embargo, las excarcelaciones anticipadas han sido cuestionadas por organizaciones feministas y sectores sociales, quienes argumentan que este tipo de decisiones ha contribuido al incremento de feminicidios y de otros hechos delictivos en el país.
Centroamérica
Costa Rica extradita a sospechoso de narcotráfico vinculado con la ‘Ndrangheta
Las autoridades de Costa Rica extraditaron este lunes a un ciudadano costarricense requerido por Italia por presuntos delitos de narcotráfico y supuestos vínculos con la organización criminal italiana ‘Ndrangheta.
La entrega de Johnny Angulo se realizó en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, informaron fuentes oficiales.
Con esta acción, Angulo se convierte en el tercer costarricense extraditado tras la reforma legal aprobada en 2025, la cual permite que ciudadanos nacionales sean juzgados en países que los soliciten por delitos internacionales.
Además, es el primer costarricense extraditado hacia una nación europea bajo la nueva normativa.
La extradición ocurre semanas después de que Costa Rica enviara a Estados Unidos al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, así como a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, ambos acusados de narcotráfico.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó en un video difundido en la red social X que las autoridades italianas identificaron posibles nexos de Angulo con la estructura criminal de la ‘Ndrangheta.
La ‘Ndrangheta es considerada una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Italia y mantiene operaciones internacionales relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.
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