Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Costa Rica desarticula el mayor cartel local de su historia
Las autoridades de Costa Rica desarticularon este martes al cartel Caribe Sur, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del país, responsable del envío de droga hacia Estados Unidos y Europa, y considerado por las fuerzas de seguridad como la mayor estructura criminal local en la historia costarricense.
El operativo, catalogado como sin precedentes por su alcance y despliegue, involucró a unos 1,200 policías que realizaron 64 allanamientos de manera simultánea en distintas provincias del país, informó Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Este grupo captaba los alijos de droga para venderlos a otros narcotraficantes del país y además mantenía una ruta hacia Europa y Estados Unidos”, detalló el funcionario.
Los registros se efectuaron en Alajuela (2), Limón (44), Cartago (2), Puntarenas (6) y San José (10). También participaron 11 equipos caninos, al menos tres helicópteros y 17 unidades de transporte especial, según datos recopilados por el Semanario Universitario.
La investigación contra el cartel inició en 2021, luego de una masacre de ocho personas en una comunidad del Caribe. Desde entonces, se han decomisado 13.7 toneladas de cocaína y marihuana, de acuerdo con el OIJ.
La Fiscalía reportó 28 detenciones y el aseguramiento de bienes de lujo, vehículos y embarcaciones. En la investigación han colaborado autoridades de Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Uno de los líderes de la organización se encuentra preso desde 2024 en Inglaterra, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Otro de los cabecillas permanece recluido en Costa Rica, también pendiente de extradición.
Centroamérica
Guatemala avanza en planes para una nueva cárcel de máxima seguridad
El viceministro de Política de Defensa y Planificación de Guatemala, José Giovani Martínez, confirmó que ya se cuenta con los planos de la nueva cárcel anunciada por el presidente Bernardo Arévalo. El funcionario detalló que el terreno donde será construida la prisión ya fue ubicado y únicamente falta la realización de los estudios de suelo para iniciar la obra.
El proyecto estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y comenzará tan pronto como se asigne el presupuesto. La construcción está prevista para ejecutarse en un plazo de 12 meses y se planea la contratación de 577 trabajadores.
La inversión estimada es de $133 millones —sin incluir equipamiento— y la infraestructura tendrá capacidad para albergar a 2,000 reclusos considerados de alta peligrosidad. Martínez afirmó que el centro penitenciario contará con tecnología de última generación y aseguró que será “mejor que el CECOT de El Salvador”.
No obstante, el diputado José Chic insistió en que la población espera un modelo similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo salvadoreño.
El anuncio forma parte de la estrategia del Gobierno para reformar el sistema penitenciario, tras la reciente fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 en la cárcel Fraijanes 2. La nueva instalación buscará reforzar la seguridad y evitar futuras evasiones.
Centroamérica
El Salvador despliega ayuda humanitaria en zonas afectadas por el huracán Melissa en Jamaica
Los equipos salvadoreños de ayuda humanitaria ya operan en las comunidades de Frome, Falmouth, Black River y Darliston, en Jamaica, para apoyar a la población afectada por el paso del huracán Melissa.
Las autoridades salvadoreñas informaron que en Frome, distrito de Westmoreland, se han registrado daños severos: viviendas destruidas, vías bloqueadas y suspensión de servicios básicos. El contingente nacional ha comenzado labores de asistencia, evaluación de daños y coordinación logística en la zona.
«El campamento de operaciones en Frome ha sido instalado estratégicamente para funcionar como centro logístico de la misión humanitaria. Desde este punto se coordina el traslado de insumos, la evaluación de daños y la planificación de intervenciones en comunidades cercanas. Además, se articulan acciones con otros puntos de despliegue para asegurar que la asistencia llegue con rapidez y eficiencia», informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia en sus redes sociales.
Como parte de las operaciones, un equipo fue desplazado hacia Burnt Savannah, también en Westmoreland, donde apoyará a familias refugiadas en la Mount Grace Primary & Junior High School.
«Desde el campamento instalado en el centro educativo, los equipos salvadoreños acompañan las labores de asistencia y la entrega de paquetes alimentarios a las familias refugiadas. El objetivo es fortalecer la respuesta inmediata ante las necesidades más urgentes», añadió la institución.
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