Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Honduras impulsa alianza logística para atraer inversiones y generar empleo
El Gobierno de Honduras anunció la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y promover la generación de empleo.
La alianza fue formalizada en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una estrategia gubernamental para mejorar el clima de negocios y estimular el crecimiento económico.
Según las autoridades, el acuerdo busca consolidar una mayor coordinación entre ambas instituciones para impulsar proyectos que contribuyan a la modernización de la infraestructura logística, optimizar los procesos de comercio y facilitar la llegada de capital nacional y extranjero.
El Gobierno del presidente Nasry Asfura destacó que esta cooperación permitirá fortalecer sectores estratégicos de la economía, generar nuevas oportunidades laborales para miles de hondureños y posicionar al país como un destino más atractivo para la inversión.
Asimismo, las instituciones involucradas señalaron que el trabajo conjunto facilitará el diseño de políticas y acciones enfocadas en mejorar la competitividad, aumentar la eficiencia logística y aprovechar las ventajas geográficas de Honduras para impulsar el desarrollo económico sostenible.
Centroamérica
Mulino viajará a Grecia para fortalecer la confianza en la bandera panameña ante tensiones con China
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará esta semana a Grecia con el objetivo de fortalecer la confianza de uno de los principales usuarios de la bandera panameña para buques mercantes, en medio de preocupaciones por el incremento de las retenciones de estas embarcaciones en puertos de China.
Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario informó que partirá este jueves hacia Grecia, donde permanecerá aproximadamente una semana sosteniendo encuentros con autoridades y actores vinculados al sector marítimo.
La visita ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre Panamá y China, luego de que las autoridades panameñas reconocieran un aumento en las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos. Estas acciones se realizan bajo las facultades del Estado Rector del Puerto, pero han generado inquietud en la industria naviera internacional.
Según fuentes oficiales, la situación se ha intensificado tras la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales estratégicas ubicadas cerca del Canal de Panamá, un hecho que ha impactado las relaciones bilaterales entre ambos países.
Grecia representa un socio clave para Panamá en el sector marítimo, ya que es uno de los mayores usuarios de su registro naval. La flota mercante panameña se mantiene entre las más importantes del mundo, con 8,638 buques abanderados y un registro de 233.2 millones de toneladas brutas, de acuerdo con los datos más recientes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Como parte de los esfuerzos para reducir las fricciones diplomáticas, los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, sostuvieron esta semana una reunión en Nueva York. Se trató del primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos desde el inicio de las tensiones, con el propósito de buscar soluciones que permitan normalizar la situación que afecta al sector marítimo panameño.
Centroamérica
Gobierno de Honduras disuelve unidad antidrogas tras operativo que dejó cuatro policías muertos
El Gobierno de Honduras anunció la disolución de la Dirección Policial Antimaras y Contra el Crimen Organizado (Dipamco), una unidad especializada que estaba bajo cuestionamientos por presuntos abusos a los derechos humanos y cuya cúpula ya había sido suspendida tras un fallido operativo antidrogas que terminó con la muerte de cuatro agentes policiales.
La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el presidente Nasry Asfura, luego de una investigación que detectó irregularidades en la operación realizada el pasado 21 de mayo en la localidad de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala.
Según las autoridades, el procedimiento se ejecutó sin contar con una orden judicial y existió un presunto encubrimiento sobre la verdadera naturaleza y propósito de la misión.
Los agentes fallecidos participaban en una intervención dirigida contra una vivienda donde supuestamente operaban integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico mexicano.
El Gobierno indicó que la Dipamco será sustituida por una nueva unidad especializada, cuya estructura y funcionamiento serán definidos en los próximos meses.
La unidad ahora desarticulada también había sido objeto de cuestionamientos por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos, que inicialmente colaboró en la capacitación de sus miembros, retiró posteriormente su respaldo durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
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