Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Arévalo afirma que estado de sitio permitió controlar a pandillas en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este domingo que el estado de sitio decretado hace un mes —y que concluye el lunes— permitió recuperar el control frente a las pandillas que en enero asesinaron a once policías y protagonizaron motines en centros penitenciarios.
La medida, ratificada por el Congreso guatemalteco, facultó a la Policía y al Ejército para contener la escalada de violencia atribuida al Barrio 18, estructura criminal catalogada por Estados Unidos como organización terrorista.
“En los 30 días del estado de sitio, puedo decirles que la estrategia ha dado resultados contundentes”, afirmó Arévalo durante una cadena nacional de radio y televisión.
Según el mandatario, la disposición permitió cortar los sistemas de comunicación dentro de las cárceles y desarticular la coordinación entre pandillas recluidas y estructuras que operaban en las calles.
Durante ese período, las autoridades reportaron la captura de 83 pandilleros considerados de alta peligrosidad, así como la incautación de casi cinco toneladas de cocaína, lo que fue calificado por el gobernante como el mayor decomiso de droga en los últimos 12 años.
Arévalo también señaló que las extorsiones se redujeron en 33 % y que siete criminales fueron extraditados a Estados Unidos, como parte de las acciones emprendidas bajo el régimen de excepción.
Centroamérica
San Salvador entrega la Llave de la Ciudad a Shakira por impacto cultural y económico
La Alcaldía de San Salvador Centro reconoció a la artista colombiana Shakira con la Llave de la Ciudad y el Diploma de Huésped de Honor, en agradecimiento por el impacto cultural y económico generado por su residencia centroamericana realizada en la capital salvadoreña.
El homenaje tuvo lugar durante un acto especial en el que autoridades municipales destacaron la trayectoria internacional de la cantante y la relevancia histórica de sus presentaciones en territorio salvadoreño, las cuales posicionaron a la ciudad como epicentro musical de la región.
“¡Gracias por elegir nuestra capital y convertirla en el epicentro musical de la región!”, expresó la alcaldía, subrayando la proyección internacional que alcanzó San Salvador gracias al evento.
Por su parte, la intérprete reaccionó al reconocimiento a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram compartió el momento de la entrega y escribió: “Gracias por la llave de la ciudad que me dieron estos niños”, resaltando el carácter simbólico del acto y la participación de menores en la ceremonia.
La residencia artística atrajo a miles de fanáticos provenientes no solo de El Salvador, sino también de otros países centroamericanos, lo que generó una importante dinámica en los sectores turístico, hotelero y comercial de la capital.
Centroamérica
EE. UU. respalda a El Salvador tras histórico decomiso de 6.6 toneladas de cocaína
Tras la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador, realizada en altamar por la Marina Nacional, la embajada de Estados Unidos en el país respaldó el accionar de las autoridades salvadoreñas en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio.
A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador destacó la magnitud del decomiso. “Es casi imposible medir cuántas vidas se habrían perdido si esta gigantesca cantidad de droga hubiera llegado a su destino. Las contribuciones de El Salvador a la seguridad regional, como esta operación antinarcóticos, golpean al crimen transnacional y hacen más seguro al hemisferio”, publicó la sede diplomática.
La reacción se produjo luego de que el presidente Nayib Bukele informara el domingo por la noche sobre la incautación de 6.6 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 165 millones de dólares, calificándolo como el mayor decomiso en la historia del país.
Según explicó el mandatario, la operación se desarrolló a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de la costa salvadoreña, donde fue interceptado el buque multipropósito FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros), registrado bajo bandera de Tanzania. En compartimientos ocultos fueron localizados 330 bultos con la droga.
Bukele detalló que la sustancia ilícita se encontraba escondida en tanques de lastre, por lo que fue necesario desplegar buzos de la Marina Nacional para realizar la inspección subacuática que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con el decomiso.
“Otro fuerte golpe al narcotráfico. Por cierto, gracias por el nuevo barco”, añadió el mandatario en su publicación.
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