Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Asfura califica al periodismo ético como clave para la paz en Honduras
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ratificó el compromiso de su Gobierno con la libertad de prensa y destacó el papel del periodismo ético como un elemento fundamental para fortalecer la democracia y la paz en el país centroamericano.
“Desde este Gobierno ratificamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la libertad de prensa, con la tolerancia para poder oír y entender”, expresó el mandatario, quien asumió la presidencia el pasado 27 de enero.
Asfura participó en la entrega del Premio Nacional Álvaro Contreras, organizado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), reconocimiento que este año fue otorgado a la periodista Lucía Alvarado.
En el acto también estuvieron presentes el presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, así como funcionarios y colaboradores cercanos del Gobierno.
Durante su discurso, Asfura señaló que la manera en que se comunica la información influye directamente en la construcción de la paz y la empatía entre los hondureños.
“La construcción de nuestra democracia y la paz, según como ustedes comuniquen, así logramos paz y empatía entre todos nosotros los hondureños”, manifestó.
El mandatario subrayó además la importancia de promover un periodismo responsable y basado en la verdad para fortalecer la credibilidad y el desarrollo del país.
“Reconocemos que el país es más fuerte cuando el debate es abierto, cuando la crítica es respetuosa y cuando se basa en la verdad”, afirmó.
Asfura también se comprometió a convertirse en uno de los principales defensores de la libertad de expresión en Honduras.
Centroamérica
Honduras registra nueva masacre en el departamento de Cortés
Un ataque armado registrado la noche del lunes en la colonia Filadelfia, en el municipio de La Lima, dejó cuatro personas fallecidas y una más herida, informaron autoridades hondureñas.
De acuerdo con reportes preliminares divulgados por medios locales, las víctimas fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40, y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.
El hecho generó alarma entre los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos en diferentes puntos de la colonia.
Según las investigaciones iniciales, dos de las víctimas fueron encontradas dentro de una vivienda, mientras que los otros dos cuerpos aparecieron en calles cercanas, separados por varias cuadras del primer escenario.
En el mismo ataque, una quinta persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial bajo custodia policial.
Elementos de la Policía Nacional de Honduras y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.
Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que el hecho estaría relacionado con disputas entre grupos criminales que operan en la zona norte de Honduras.
Centroamérica
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