Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador cierra 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia
El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.
De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.
“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.
Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.
El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.
Centroamérica
Guatemala entrega a El Salvador a pandillero de la MS-13 localizado en Petén
Investigadores de la División de Información Policial de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con autoridades de Belice, localizaron y entregaron en la aduana de Melchor de Mencos, Petén, a un presunto pandillero de la mara Salvatrucha.
El detenido fue identificado como Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, quien será expulsado hacia El Salvador por medio de Migración Guatemala, a través de la frontera de Anguiatú, en Concepción Las Minas, Chiquimula, según el reporte oficial de la policía guatemalteca.
De acuerdo con las autoridades del país vecino, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron localizados 53 integrantes de estructuras criminales que permanecían de manera irregular en Guatemala. De ese total, 46 fueron entregados a la justicia salvadoreña, mientras que 47 guardan prisión en distintos centros penitenciarios guatemaltecos por delitos cometidos en ese territorio.
Entre los capturados durante el año recién finalizado en Guatemala y posteriormente devueltos a El Salvador figura Miguel Alexander González Escobar, alias «Chiky», perfilado como homeboy de la pandilla 18 Sureños y señalado como extorsionista. El sujeto habría huido de El Salvador tras la implementación del régimen de excepción.
González Escobar registra antecedentes penales desde 2016 por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito, según los registros oficiales.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, destacó en su momento la coordinación regional en la lucha contra las estructuras criminales. «Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades de Guatemala y reafirmamos nuestro firme compromiso de encontrar a todos los miembros de grupos terroristas dentro y fuera de nuestras fronteras y hacer que rindan cuentas ante la ley», afirmó.
Villatoro agregó que «en este nuevo Estado de derecho no hay lugar para los terroristas. No permitiremos que quede ni un solo remanente que amenace la paz de nuestra sociedad de bien».
Centroamérica
El Salvador registra una fuerte caída en deportaciones desde 2017
Un análisis de los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador revela que las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, México y otros países se mantienen muy por debajode los niveles registrados entre 2014 y 2016, cuando el país enfrentó los picos más altos de retornos forzados.
Durante ese trienio, El Salvador recibió más de 50,000 deportados por año, tanto por vía aérea como terrestre. Aunque las cifras incluyen expulsiones desde distintos países, la mayoría provenía de Estados Unidos, según los registros oficiales.
En contraste, en los últimos tres años las deportaciones han oscilado entre 13,000 y 15,000 personas anuales. En 2023 se contabilizaron 13,358 deportados, en 2024 la cifra aumentó ligeramente a 14,986, y en 2025 se proyecta un nivel similar, ya que entre enero y septiembre se han registrado 10,162 deportaciones.
De acuerdo con la DGME, entre enero de 2013 y septiembre de 2025 El Salvador ha recibido un total de 334,557 personas deportadas. La institución publica estas estadísticas de forma trimestral y anual a través de su sitio web, en documentos en formato PDF.
La caída más pronunciada en las deportaciones se produjo a partir de 2017. Tras alcanzar 52,938 deportados en 2016, la cifra se desplomó en 2017 a 15,809, una reducción cercana al 70 %. Posteriormente, en 2019 se registró un repunte significativo, con 37,348 deportados, lo que representó un aumento del 131 % respecto al año previo. Sin embargo, esta alza fue temporal, ya que en 2020 las deportaciones volvieron a caer un 71 %, hasta 10,716 personas.
En cuanto a las vías de retorno, los datos indican que 209,454 salvadoreños fueron deportados por vía aérea y 136,298 por vía terrestre entre 2013 y 2025. Las deportaciones terrestres, en particular, se redujeron drásticamente a partir de 2020, al pasar de 16,938 casos en 2019 a solo 1,750 en 2020, una caída abrupta que marcó un punto de inflexión en la tendencia migratoria.
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