Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Bukele defiende medidas de seguridad y cuestiona a organizaciones de derechos humanos
El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que la prioridad de su Gobierno es garantizar los derechos de las personas honradas, y no los de los criminales que, según señaló, son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que afirman trabajar en favor de los derechos humanos.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario citó declaraciones brindadas previamente a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado sobre las críticas de algunas entidades y medios de comunicación a las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.
«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», expresó Bukele.
Debate sobre derechos humanos
En el video adjunto a la publicación, el jefe de Estado señaló que los criminales poseen derechos humanos, pero cuestionó que algunas organizaciones prioricen su defensa frente a las víctimas de la violencia que afectó al país durante décadas.
Las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno, agregó, cuentan con el respaldo del 96 % de la población, según ha señalado el mandatario en diferentes ocasiones al referirse a los resultados obtenidos en la reducción de la criminalidad.
Ulloa habla de delitos de lesa humanidad
Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recordó que los actos cometidos por grupos terroristas pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad.
Ulloa sostuvo que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 puede calificarse como un genocidio, periodo en el que —según indicó— fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños.
El vicepresidente señaló que estos delitos no prescriben, por lo que deberían ser investigados y juzgados, y cuestionó que organizaciones de derechos humanos no hayan impulsado denuncias al respecto.
Asimismo, planteó si organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas deberían investigar estos hechos de oficio.
Centroamérica
Alcaldesa de Ibagué busca conocer modelo de seguridad aplicado en El Salvador
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó su interés en conocer de cerca la estrategia de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
«Nos interesa, especialmente, conocer de cerca el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele que hoy es referente internacional, para seguir fortaleciendo la tranquilidad de nuestra gente», publicó la funcionaria en su cuenta de Instagram.
Reunión con diplomáticos salvadoreños
Las declaraciones de Aranda se producen luego de una reunión oficial que sostuvo con representantes de la Embajada de El Salvador en Colombia, con el objetivo de impulsar alianzas institucionales y mecanismos de cooperación.
Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de promover el hermanamiento de ciudades, específicamente entre Ibagué y las ciudades salvadoreñas de San Vicente y Santa Tecla.
Intercambio de estrategias
En declaraciones a medios colombianos como El Olfato, la alcaldesa explicó que la iniciativa también busca explorar estrategias que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del departamento de Tolima.
La funcionaria señaló que estas acciones se desarrollan en el marco de posibles acuerdos de cooperación entre ciudades, con el fin de intercambiar experiencias en temas de seguridad y gestión municipal.
Centroamérica
FGR y PNC golpean estructura que traficaba marihuana, cocaína y cristal
La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, desarticuló este viernes una estructura de narcotráfico que introducía drogas desde Guatemala hacia El Salvador.
Durante el operativo, las autoridades capturaron a cinco personas identificadas como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica del Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.
De acuerdo con la Fiscalía, los miembros de la organización criminal introducían marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal) al territorio salvadoreño.
Movilizaban droga por tierra y mar
Las investigaciones determinaron que la droga era trasladada mediante lanchas y vehículos, para luego ser distribuida en distintos sectores del occidente del país, principalmente en los municipios de San Francisco Menéndez, así como en zonas de Ahuachapán y Sonsonate.
Según la FGR, esta red operaba como parte de una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en la región.
Delitos que enfrentarán
Los cinco detenidos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas, informaron las autoridades.
Las capturas forman parte de las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad para combatir las redes de narcotráfico que operan en el país.
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