Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Ortega afirma que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» para que opositores lleguen al poder
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país no volverán a celebrarse elecciones como mecanismo para que sus opositores intenten recuperar el poder, en un discurso pronunciado durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua.
«Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder», declaró Ortega ante miles de simpatizantes reunidos en la capital nicaragüense.
El mandatario, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, después de haber ocupado la Presidencia durante la década de 1980. Desde su retorno al poder, Ortega y su esposa Rosario Murillo han mantenido el control del Ejecutivo mediante procesos electorales cuestionados por organismos internacionales y medidas que han debilitado a sus principales adversarios políticos.
Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026; sin embargo, una reforma constitucional aprobada hace aproximadamente un año y medio amplió el período presidencial de cinco a seis años, por lo que los próximos comicios están previstos para noviembre de 2027.
Durante su intervención, Ortega acusó a sectores opositores de intentar reorganizarse desde el exilio con apoyo internacional para competir por el poder.
«Ellos vienen conspirando, buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, esos partidos ganen las elecciones», afirmó.
El gobernante agregó que no permitirá el regreso al poder de organizaciones políticas que, según él, reciben respaldo de Estados Unidos.
«Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis vuelvan a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás», expresó.
El régimen de Ortega y Murillo enfrenta críticas internacionales por el control ejercido sobre instituciones públicas y la situación de derechos humanos en el país. Organismos como Naciones Unidas han señalado que la represión contra las protestas de 2018 dejó más de 300 muertos, mientras que organizaciones opositoras denuncian encarcelamientos, exilios forzados y confiscaciones contra críticos del Gobierno.
Miles de nicaragüenses han abandonado el país en los últimos años y se han establecido principalmente en Costa Rica, España y Estados Unidos.
En su discurso, Ortega también adelantó que impulsará nuevas leyes para limitar las actividades de la oposición política.
«Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán llegar al poder», manifestó.
Sus declaraciones aumentan la incertidumbre sobre el futuro político de Nicaragua, mientras sectores opositores en el exilio mantienen la expectativa de que la presión internacional pueda abrir el camino hacia una transición democrática o la celebración de elecciones consideradas libres.
Centroamérica
Bukele descarta conflicto con Honduras por isla Conejo y destaca la hermandad entre ambos pueblos
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su Gobierno mantiene como prioridad la relación de hermandad con Honduras y descartó que exista un conflicto entre ambos países por la soberanía de la isla Conejo, ubicada en el golfo de Fonseca.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario salvadoreño aseguró que El Salvador no buscaría generar tensiones con Honduras por un territorio que, según expresó, carece de población y recursos productivos.
“Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”, escribió Bukele.
La declaración surge luego de que autoridades hondureñas, encabezadas por el presidente Nasry Asfura, realizaran una visita reciente a la isla Conejo, un territorio cuya soberanía ha sido motivo de diferencias históricas entre ambos países.
Bukele también aclaró que las operaciones contra el narcotráfico continuarán desarrollándose en cualquier zona donde sea necesario, incluido el golfo de Fonseca.
“La droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos, entre pueblos: hermandad”, afirmó.
El Gobierno salvadoreño mantiene además una apuesta de inversión en la zona oriental del país, especialmente en el departamento de La Unión, donde se construye el Aeropuerto del Pacífico, una de las principales obras de infraestructura impulsadas por la administración Bukele.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, reaccionó al mensaje del mandatario y destacó que desde la zona cercana a la isla se puede observar el avance de dicha obra.
“Desde la roca se ve el nuevo Aeropuerto del Pacífico, quizá de paso admirando estaba también esa megaobra que el presidente Bukele está haciendo”, publicó Anliker.
El funcionario añadió que ciudadanos hondureños serán bienvenidos en la nueva terminal aérea, al igual que ocurre actualmente con el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Como parte de su mensaje, Bukele compartió el testimonio de una ciudadana hondureña que relató haber recibido atención médica en el Hospital Nacional Rosales de El Salvador debido a un problema abdominal, luego de no encontrar disponibilidad para una cirugía en su país.
Anliker utilizó este caso para cuestionar la discusión sobre la isla Conejo y afirmó que algunos gobiernos recurren a temas territoriales en momentos de dificultades internas.
“Mientras Nayib Bukele suma aplausos por ayudar a personas, otros presidentes siguen convencidos de que una roca les va a subir la popularidad. Al parecer, cuando faltan resultados, hasta las piedras sirven de estrategia”, señaló.
Centroamérica
El Salvador registra la menor cifra de homicidios de Centroamérica en el primer semestre de 2026
El Salvador cerró el primer semestre de 2026 con la cifra más baja de homicidios de Centroamérica, mientras Guatemala y Honduras registraron más de 1,200 asesinatos cada uno durante el mismo período, según datos oficiales de seguridad de la región.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las autoridades salvadoreñas contabilizaron 30 homicidios, una cifra que coloca al país en camino a establecer un nuevo récord de reducción de crímenes contra la vida en las últimas décadas.
De acuerdo con los registros de instituciones de seguridad centroamericanas, con excepción de Belice y Nicaragua, que no cuentan con estadísticas actualizadas, El Salvador mantiene los niveles más bajos de violencia homicida en la región.
Las autoridades atribuyen esta disminución a la implementación del régimen de excepción y al Plan Control Territorial, estrategias impulsadas durante la administración del presidente Nayib Bukele y que, según el Gobierno, han permitido debilitar la estructura de las pandillas en el territorio nacional.
Guatemala supera los 1,400 homicidios
La situación contrasta con la registrada en Guatemala, donde las autoridades reportaron 1,437 homicidios durante los primeros seis meses de 2026.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, reconoció recientemente que, aunque existe una reducción frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 1,614 asesinatos, la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos del país.
La disminución representa 177 homicidios menos, equivalente a una reducción cercana al 10 %. Sin embargo, el mandatario admitió que la percepción de inseguridad continúa afectando a la población.
“Las cifras son ciertas, pero el miedo también es real. Sabemos que falta trabajo por hacer y lo estamos haciendo”, afirmó Arévalo.
Las autoridades guatemaltecas señalan que parte de la violencia está relacionada con disputas territoriales entre estructuras criminales como la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, vinculadas a actividades como extorsiones y narcotráfico.
Honduras mantiene altos niveles de violencia
En Honduras, el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) reportó 1,235 homicidios durante el primer semestre de 2026.
El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) proyecta que la tasa de homicidios podría cerrar el año entre 24 y 26 muertes por cada 100,000 habitantes, una cifra similar a la registrada en 2025.
Los departamentos con mayor incidencia de homicidios son Cortés, Francisco Morazán y Yoro, según las estadísticas policiales.
En materia de seguridad, Honduras también implementó un régimen de excepción durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, medida que, según el Gobierno anterior, contribuyó a reducir los índices de violencia en más de 226 municipios.
Sin embargo, la medida expiró en enero pasado tras la llegada del presidente Nasry Asfura, quien decidió no prolongar una política de restricciones extraordinarias de manera generalizada.
El secretario de Seguridad hondureño, Gerson Velásquez, señaló que el estado de excepción continúa contemplado dentro del marco legal del país, aunque su aplicación dependerá de la decisión del Ejecutivo.
“Eventualmente podría utilizarse, pero la decisión del presidente Nasry Asfura es que no va a ser una medida generalizada”, explicó.
La inseguridad sigue siendo un desafío regional
Más al sur de Centroamérica, Panamá y Costa Rica también enfrentan dificultades relacionadas con el aumento de hechos violentos, luego de registrar cientos de homicidios durante los primeros meses de 2026.
Las cifras reflejan que la seguridad pública continúa siendo uno de los principales retos de la región, con diferencias marcadas entre países que han aplicado estrategias de combate al crimen organizado y aquellos que todavía buscan contener el avance de estructuras delictivas.
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