Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
México y Panamá fortalecen diálogo bilateral con foco en comercio, inversión y Canal de Panamá
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, sostendrán una reunión en la que abordarán temas económicos, culturales y la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá, uno de los principales puntos de interés de la agenda panameña.
Antes del encuentro, Sheinbaum adelantó que ambos gobiernos dialogarán sobre distintos asuntos de cooperación bilateral y destacó que México respalda la postura panameña respecto al carácter neutral de la vía interoceánica.
«Hay varios temas que estamos interesados ambos en tratar, desde temas económicos, culturales y también un asunto que ellos están solicitando a todos los países del mundo de neutralidad del canal», explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum afirmó que su administración está «totalmente de acuerdo» con mantener la neutralidad del Canal de Panamá, un principio que el Gobierno panameño ha promovido ante diferentes naciones.
Mulino llegó la noche del martes a México, donde fue recibido por el canciller mexicano Roberto Velasco, como parte de una visita oficial enfocada en fortalecer los vínculos entre ambos países.
Durante su estancia, el presidente panameño también tiene previsto reunirse con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecer presencia por primera vez en el país.
El Gobierno panameño destacó que estas compañías ven oportunidades en el país debido a su ubicación estratégica, sus ventajas logísticas y su plataforma de servicios para acceder a otros mercados de América Latina.
México y Panamá mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de un siglo y han desarrollado vínculos en áreas como comercio, turismo, inversión y cooperación regional. La visita de Mulino busca fortalecer esa relación y ampliar nuevas oportunidades económicas entre ambas naciones.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández solicitará libertad provisional en caso por presunto fraude y lavado de activos
La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández anunció que solicitará a la justicia que el exmandatario enfrente en libertad el proceso penal que se le sigue por presunto fraude y lavado de activos, argumentando que su regreso voluntario al país demuestra que no existe riesgo de fuga.
La abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, informó que la defensa prepara su estrategia para la audiencia de declaración de imputado, programada para el próximo 3 de agosto, días después del retorno del exgobernante a Honduras, previsto para el 26 de julio.
Durante esa diligencia judicial, Hernández conocerá formalmente los delitos que le atribuye el Ministerio Público, sus derechos constitucionales y la medida cautelar que podría determinar el juez a cargo del proceso.
«El expresidente Juan Orlando Hernández quiere estar en el país, quiere estar con su familia, quiere enfrentar este proceso, pero lo quiere enfrentar también en libertad», afirmó Colindres en declaraciones al canal HCH.
La defensora explicó que uno de los principales argumentos de la solicitud será que Hernández decidió regresar voluntariamente a Honduras luego de recuperar su libertad en Estados Unidos, por lo que consideran que no existen razones para imponer una medida basada en un supuesto peligro de fuga.
Hernández recuperó su libertad tras ser indultado a finales de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, quien dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que una corte de Nueva York le había impuesto en junio de 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
En Honduras, el exmandatario deberá responder por una investigación vinculada al presunto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña presidencial de 2013, dentro del caso denominado «Pandora II».
En este expediente también figuran como acusados el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados, empresarios y otros particulares.
La defensa adelantó además que solicitará un sobreseimiento definitivo en la etapa procesal correspondiente, al sostener que demostrarán la inocencia de Hernández ante los tribunales.
«Creemos en la inocencia de nuestro representado y lo vamos a demostrar en los órganos de justicia», afirmó Colindres.
Según la Fiscalía hondureña, la investigación apunta a que entre 2010 y 2013 habría operado una red de corrupción que permitió el desembolso de más de 288 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 10.8 millones de dólares, a favor de dos fundaciones.
Centroamérica
Bukele responde a críticas por reelección indefinida: “Cada pueblo elige su propio camino”
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a los cuestionamientos de la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez, sobre la reelección presidencial indefinida y afirmó que «cada pueblo elige su propio camino».
La reacción del mandatario surgió luego de que Jiménez señalara en redes sociales que El Salvador pasó a formar parte del grupo de países latinoamericanos con reelección presidencial indefinida junto con Venezuela y Nicaragua.
«Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele», escribió la representante de WOLA.
Ante esa afirmación, Bukele respondió que varios países permiten la reelección indefinida de sus gobernantes y mencionó naciones como Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón.
«También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal», afirmó.
Jiménez respondió que esos países cuentan con sistemas parlamentarios, donde el jefe de Gobierno depende del respaldo de la mayoría legislativa y puede perder el cargo en cualquier momento, diferenciándolos de los sistemas presidenciales.
Ante ese argumento, Bukele señaló que el uso del término «democracia parlamentaria» no significa automáticamente que un sistema sea más democrático que otro.
«El simple hecho de agregarle la palabra ‘democracia’ como adjetivo no lo convierte automáticamente en un sistema más democrático», expresó el mandatario, al defender la elección directa de los gobernantes por parte de los ciudadanos.
Bukele también se refirió a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la reelección presidencial en El Salvador. Afirmó que las reformas fueron aprobadas por una supermayoría legislativa obtenida en las urnas y defendió que el proceso contó con respaldo democrático.
Además, aseguró que las elecciones salvadoreñas han sido observadas por representantes internacionales y sostuvo que ningún organismo multilateral ni país extranjero, independientemente de su posición política, ha declarado que los procesos electorales recientes no hayan sido libres y transparentes.
«Al final, cada pueblo elige su propio camino», concluyó el presidente.
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