Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Chaves recibirá a Bukele para inspeccionar centro penitenciario de alta contención en Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que la próxima semana recibirá en el país a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, quien realizará una visita oficial para conocer los avances en materia de seguridad penitenciaria.
«Tendremos el honor en Costa Rica de contar con la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la semana entrante, quien viene a ver los grandes avances de la obra Cacco, nuestra cárcel», declaró Chaves durante una conferencia de prensa.
El Gobierno costarricense construye en el complejo penitenciario La Reforma, en la provincia de Alajuela, el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel con una inversión estimada de 34 millones de dólares y capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad.
Según el mandatario, el proyecto busca preparar al país para enfrentar con mayor firmeza al crimen organizado. “Cuando podamos cambiar las leyes de este país contra el crimen y tener, como merecemos, un poder judicial que funcione, vamos a estar listos para aislar de la sociedad a los sicarios y criminales que nos tienen tan mal”, afirmó.
Diversos gobiernos de la región han mostrado interés en replicar modelos de centros penitenciarios de máxima seguridad, tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por el Gobierno salvadoreño en Tecoluca, San Vicente Sur, para recluir a cabecillas de pandillas y estructuras criminales detenidos durante el régimen de excepción.
Chaves visitó el Cecot a mediados de diciembre pasado, como parte de una visita de Estado a El Salvador que incluyó la firma de la alianza Escudo de las Américas, orientada a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad regional.
«Nayib viene a seguir dándonos consejo, inspeccionar el avance [del Cacco] y enseñarle al pueblo de Costa Rica que sí podemos y debemos darle seguridad a un pueblo que lo aclama», expresó el presidente costarricense.
Este será el tercer encuentro entre ambos jefes de Estado, tras la primera visita oficial de Bukele a Costa Rica en noviembre de 2024.
Centroamérica
Continúa la baja de homicidios: El Salvador cierra otra jornada sin asesinatos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 8 de enero transcurrió sin registrarse homicidios en todo el territorio salvadoreño, en un nuevo día sin muertes a causa de la violencia.
“Finalizamos el jueves 08 de enero con 0 homicidios en el país”, indicó la institución de seguridad a través de su cuenta oficial en la red social X.
La PNC destacó que la reducción sostenida de los índices de violencia ha sido una constante durante la administración del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con cifras oficiales, El Salvador cerró 2024 con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cual se redujo aún más al finalizar 2025, cuando se ubicó en 1.3.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país como parte de la estrategia de seguridad pública.
Centroamérica
Bukele visitará Costa Rica para conocer avances de la megacárcel contra el crimen organizado
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, confirmó este miércoles la visita oficial de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien llegará al país para conocer de primera mano los avances del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), considerado el proyecto penitenciario más ambicioso de la actual administración costarricense.
Según explicó Chaves, la visita de Bukele permitirá inspeccionar el desarrollo de la obra y propiciar un intercambio de experiencias en materia de seguridad pública. El mandatario costarricense afirmó que el país debe prepararse para adoptar políticas más estrictas contra el crimen organizado y reiteró sus cuestionamientos al Poder Judicial, al que responsabilizó de limitar la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia.
La diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), detalló que la visita incluirá la colocación de la primera piedra de la denominada “megacárcel”, acto que marcará el inicio formal del proyecto. Indicó además que el terreno ya se encuentra completamente habilitado y que la construcción podría concluirse en un plazo estimado de 190 días.
Chaves señaló que Bukele también brindará asesoría y compartirá su experiencia en políticas de seguridad, con el objetivo de demostrar que es posible recuperar el control y mejorar los índices de seguridad en un país que, según afirmó, demanda acciones firmes contra el crimen organizado.
La construcción del Cacco fue adjudicada a inicios de noviembre mediante un procedimiento especial de urgencia. El complejo penitenciario estará conformado por cinco módulos de alta seguridad, con capacidad total para 5,100 personas privadas de libertad, distribuidas en 1,020 internos por módulo, y estará destinado a albergar a integrantes de estructuras criminales de alto riesgo.
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