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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Fiscalía solicita condena para Sigfrido Reyes y familiares tras audiencia final

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador concluyó este viernes la audiencia probatoria en el caso de Sigfrido Reyes, su esposa e hijo, quienes son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de enriquecimiento ilícito.

Tras el cierre de los alegatos, la Cámara convocó a ambas partes para el próximo 29 de noviembre a las 2:30 de la tarde, momento en el que se dará a conocer la resolución. La FGR ha solicitado que los acusados sean condenados a devolver al Estado $472,464.04, monto que supuestamente no lograron justificar, y que se les inhabilite por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, habría incrementado su patrimonio en $459,000 de forma irregular. Asimismo, a su esposa, Susy Melba Rodríguez Hernández, se le atribuyen $12,000 y a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez, $750. El caso se fundamenta en una auditoría financiera presentada por el Ministerio Público, que sostiene que el incremento patrimonial no fue justificado ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Reyes, quien ocupó el cargo de diputado de la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2015 por el partido FMLN y presidió el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), actualmente reside en México, donde solicitó asilo político. Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Pedro Cruz argumentó que no se ha logrado establecer ninguna irregularidad en el patrimonio de los demandados.

El fallo determinará si Reyes y su grupo familiar deberán enfrentar las sanciones solicitadas por la Fiscalía.

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Centroamérica

Especialistas registran baja en la temperatura del agua en Coatepeque

El lago de Coatepeque ha registrado una disminución en la temperatura de sus aguas, un fenómeno natural que ocurre al menos dos veces al año, según indicaron técnicos de la Fundación Coatepeque. Este cambio coincide con el fin de la temporada de lluvias y el incremento de los vientos, marcando el inicio del proceso de mezcla de aguas en el cuerpo hídrico.

Especialistas de la fundación realizaron un monitoreo en las aguas superficiales y hasta una profundidad de 30 metros, registrando una temperatura actual de 26 grados centígrados, una baja en comparación con semanas anteriores. Este comportamiento es habitual en el lago y forma parte de su ciclo natural, señalaron los expertos.

Además de medir la temperatura, la Fundación Coatepeque realiza análisis periódicos sobre la calidad del agua y organiza actividades de conservación del lago, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de El Salvador. Recientemente, en colaboración con aliados, se llevó a cabo una jornada de limpieza submarina en el sector de restaurantes del bajadero La Bendición de Dios, extrayendo más de una tonelada de desechos sólidos que amenazaban la biodiversidad del lago.

Estas acciones buscan preservar el ecosistema del lago, fomentando su cuidado como recurso hídrico clave y atractivo turístico.

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Centroamérica

Juez transfiere al Estado vehículo empleado en ataque contra ruta 140

Un vehículo utilizado por pandilleros de la 18 para perseguir e incendiar un microbús de la ruta 140 ha sido transferido al Estado, según una resolución del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2019, a las 4:40 de la mañana, cuando los pandilleros abordaron el vehículo y comenzaron a seguir al microbús con pasajeros a bordo. Tras interceptarlo, obligaron a los ocupantes a descender y secuestraron al motorista, quien fue abandonado más tarde. El microbús fue trasladado a un área desolada cercana a la planta Nejapa Power, en Apopa, donde lo incendiaron.

La investigación inició con el análisis de cámaras de videovigilancia, las cuales captaron el momento en que el vehículo comenzó la persecución. Con esta evidencia, las autoridades lograron decomisar el automotor.

Aunque el propietario del vehículo intentó recuperarlo, argumentando que lo había arrendado verbalmente, el juez resolvió que la Fiscalía demostró que el automotor fue instrumentalizado para cometer un delito. Además, se determinó que el arrendamiento informal, sin documentos ni garantías, facilitó que los pandilleros lo utilizaran para el ataque.

El caso subraya la importancia de establecer contratos formales en los acuerdos de arrendamiento, especialmente para evitar que propiedades sean usadas en actividades ilícitas.

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