Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Congresistas de EE. UU. respaldan propuesta de cadena perpetua en El Salvador
El grupo de congresistas estadounidenses Caucus El Salvador destacó el liderazgo del presidente Nayib Bukele por impulsar la iniciativa que busca implementar la cadena perpetua para delitos como asesinato, violación y terrorismo en El Salvador.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el Caucus señaló que este tipo de medidas representan un modelo a seguir en la región latinoamericana. “Este es el liderazgo que otros países latinoamericanos deben seguir. El pueblo salvadoreño merece una oportunidad en la vida y Nayib Bukele se la ha brindado”, publicó el grupo.
En el ámbito legislativo, la comisión política de la Asamblea Legislativa de El Salvador continuó con el análisis para la ratificación del acuerdo constitucional seis, aprobado previamente, como parte del proceso de reforma.
Para profundizar en el tema, los diputados recibieron a funcionarios del gabinete de seguridad, quienes expusieron los alcances de la propuesta.
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que anteriormente existía un sistema que permitía la liberación de criminales, y que con esta reforma se busca fortalecer el marco legal del país.
“La empatía debe estar sobre las víctimas, sobre los buenos. Para nosotros la víctima no es el imputado y el victimario no es el agente de seguridad”, expresó el funcionario.
Asimismo, Villatoro indicó que será necesario reformar leyes secundarias, como el Código Penal, para incorporar la pena de prisión perpetua en delitos como homicidio simple y agravado, violación, agresión sexual agravada y pertenencia a organizaciones terroristas.
Centroamérica
Asamblea convoca a FGR, CSJ y Gabinete de Seguridad para analizar cadena perpetua
La comisión política de la Asamblea Legislativa acordó recibir a representantes de distintas instituciones del Estado para enriquecer el análisis de las reformas constitucionales y penales que buscan habilitar la cadena perpetua en delitos graves.
Entre las entidades convocadas se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Gabinete de Seguridad Pública, además de otros actores vinculados al sistema de justicia.
De acuerdo con los diputados, los aportes de estas instituciones permitirán identificar y subsanar posibles vacíos legales en las reformas planteadas, que incluyen modificaciones a la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil.
El presidente de la Asamblea Legislativa y de la comisión política, Ernesto Castro, propuso ampliar la participación de los actores involucrados en el proceso de estudio de las iniciativas.
“Quiero hacer una propuesta para el trabajo que vamos a hacer en esta comisión: cuando tenemos un tema en estudio, llamemos a todos los actores involucrados”, expresó.
Asimismo, detalló que se ha establecido un calendario de trabajo para recibir a los invitados. Este jueves serán escuchados representantes del Gabinete de Seguridad; el viernes está prevista la comparecencia del fiscal general, Rodolfo Delgado, y para el próximo lunes se espera la participación de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
Centroamérica
El Salvador suma otro día sin homicidios y refuerza resultados del régimen de excepción
El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con la institución, el miércoles 18 de marzo cerró sin reportes de muertes violentas en todo el territorio nacional.
“Finalizamos el miércoles 18 de marzo con 0 homicidios en el país”, informó la PNC a través de su cuenta oficial en la red social X.
En paralelo, autoridades del gabinete de seguridad destacaron los resultados obtenidos bajo el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Según datos oficiales, hasta el 28 de febrero de 2026 se contabilizan 91,439 personas capturadas por su presunta vinculación con estructuras pandilleriles.
Las autoridades subrayan que estas acciones han posicionado a El Salvador como un referente regional en el combate a la criminalidad. Asimismo, aseguran que diversos países han mostrado interés en conocer e implementar el modelo de seguridad desarrollado en la nación.
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