Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Prisión preventiva para dos extranjeros capturados con 150 kilos de cocaína en Mizata
El Juzgado de Paz de Teotepeque, en La Libertad, ordenó que dos extranjeros capturados con 150 kilos de cocaína permanezcan en prisión preventiva, tras una persecución en aguas territoriales salvadoreñas.
Los detenidos, el nicaragüense Harrison Javier Ruiz y el guatemalteco Luis Alfredo García Quevara, fueron arrestados el pasado 5 de noviembre cuando navegaban en una embarcación que fue interceptada por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) de la Marina Nacional.
Durante el operativo también participó la Fuerza Aérea, que utilizó un helicóptero para sobrevolar la bocana de la playa Mizata y obligar a los tripulantes a dirigirse a tierra firme con la lancha donde transportaban la droga, valorada en $3.7 millones.
La embarcación, identificada con el nombre Tóxica, transportaba los 150 kilos de cocaína distribuidos en cinco bultos de nylon azul. Además, a bordo se encontraron tres depósitos grandes y uno pequeño de combustible, utilizados para abastecerse durante el trayecto.
La resolución de la audiencia inicial establece que ambos continuarán recluidos en un centro penal mientras un juzgado de instrucción programa la audiencia preliminar una vez concluya la fase de investigación.
Entre las evidencias presentadas figuran el acta de captura elaborada por la Marina Nacional y la Fuerza Aérea, un álbum fotográfico de la droga incautada, la embarcación y los depósitos de combustible. Asimismo, la Fiscalía cuenta con el resultado de la prueba de campo realizada por agentes antinarcóticos, que confirmó que la sustancia decomisada es cocaína.
Centroamérica
El Salvador suma 1,068 días sin homicidios durante el gobierno de Bukele
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 20 de noviembre no se registraron homicidios en el país. Con esta jornada, el gobierno del presidente Nayib Bukele acumula 1,068 días sin muertes violentas, de los cuales 954 han ocurrido bajo el régimen de excepción.
De acuerdo con las estadísticas policiales, en lo que va de 2024 se contabilizan 270 días sin homicidios, entre el 1.º de enero y el 20 de noviembre. Solo en este mes suman 19 días sin hechos violentos, correspondientes al 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dentro de este período destacan dos rachas consecutivas de hasta 14 días sin asesinatos.
Estos días se suman a los 24 que registró octubre sin homicidios; los 23 días con los que cerró septiembre; 27 en agosto; 29 en julio; 25 en junio, mayo y abril; 22 en marzo; 26 en febrero; y los 25 días sin violencia homicida de enero.
Según el gobierno, la implementación de su estrategia de seguridad ha generado una reducción drástica en los indicadores de criminalidad. El país pasó de una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes al finalizar 2015, bajo la administración del FMLN, a una tasa de 1.9 al cierre de 2024.
Centroamérica
Gobierno anuncia amplio dispositivo de seguridad para el Carnaval de San Miguel 2025
Las autoridades del Gobierno anunciaron este jueves el dispositivo de seguridad que se desplegará durante el Carnaval de San Miguel, que se realizará el sábado 29 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix y en las principales calles y avenidas de la ciudad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que más de 5,400 elementos policiales y militares garantizarán el orden antes, durante y después del evento.
“Este año estamos enfocados en la operatividad del Carnaval de San Miguel. El Gabinete de Seguridad trabajará para brindar protección a todos los salvadoreños y turistas que participen”, afirmó.
Villatoro señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) desplegará a más de 2,400 agentes, entre personal uniformado, investigadores y equipos especializados.
“Vamos a brindar la paz y tranquilidad que los salvadoreños merecen. Hemos incluido personal de todas las áreas, porque policía somos todos”, añadió. También destacó que cuentan con tecnología para identificar y capturar a cualquier persona con antecedentes o que intente cometer delitos durante el festejo.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que la Fuerza Armada reforzará el operativo con más de 3,000 efectivos.
“La institución pondrá a disposición 3,000 elementos para apoyar en materia de seguridad a la Policía”, indicó.
Además, el despliegue incluirá tres aeronaves —helicópteros estacionados en la Tercera Brigada— listas para atender emergencias, así como equipos caninos que participarán en las tareas de inspección y prevención.
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