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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Encuesta de LPG Datos otorga 85.5 % de aprobación al presidente Nayib Bukele

Una encuesta de opinión pública elaborada por LPG Datos reveló que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele mantiene un nivel de aprobación ciudadana del 85.5 % al inicio del tercer año de su segundo mandato presidencial.

Los resultados fueron publicados en la portada de La Prensa Gráfica bajo el titular “Bukele aprobado con el 85.5 %”, destacando que la seguridad continúa siendo el principal factor que explica el respaldo de la población a la gestión gubernamental.

El estudio fue realizado entre el 15 y el 23 de mayo de 2026 mediante 1,200 entrevistas telefónicas a salvadoreños mayores de 18 años con acceso a teléfono celular en todo el territorio nacional. La encuesta cuenta con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±2.8 %.

De acuerdo con los resultados, el 49.5 % de los encuestados manifestó que aprueba mucho la gestión presidencial, mientras que un 36 % indicó que la aprueba algo, sumando una aprobación total del 85.5 %.

En contraste, un 10.9 % expresó que desaprueba totalmente la administración de Bukele, un 7.5 % señaló que la desaprueba algo y un 3.4 % afirmó desaprobarla mucho. Además, un 3.6 % de los consultados respondió que no sabe o prefirió no opinar.

Según el análisis de LPG Datos, las principales razones de apoyo al mandatario están relacionadas con la percepción de mejoras en materia de seguridad pública. Un 28.6 % de los entrevistados señaló este aspecto como el principal logro de la actual administración.

Asimismo, un 17.3 % consideró que el presidente ha realizado un buen trabajo en términos generales, mientras que un 12.7 % opinó que, aunque existen aspectos positivos y negativos en su gestión, el balance general sigue siendo favorable.

El estudio también identifica el combate a las pandillas y la reducción de la delincuencia como algunos de los logros más frecuentemente mencionados por los participantes.

No obstante, la encuesta señala que la economía continúa siendo la principal preocupación de los salvadoreños, posicionándose como el problema más relevante a nivel nacional pese a los altos niveles de respaldo que mantiene el Gobierno.

Los resultados se conocen pocos días después de que la firma CID Gallup divulgara otro estudio de opinión en el que el presidente Bukele obtuvo una aprobación ciudadana del 93.5 %, reflejando una tendencia de respaldo mayoritario al mandatario en distintas mediciones realizadas durante los últimos meses.

La nueva encuesta de LPG Datos confirma que la seguridad sigue siendo el tema con mayor influencia en la valoración de la gestión presidencial, mientras que los desafíos económicos continúan ocupando un lugar central entre las preocupaciones de la población.

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Centroamérica

Vicepresidente destaca que nuevo Hospital Rosales marca un antes y un después en la salud pública

La inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales representa una transformación histórica para el sistema de salud pública salvadoreño, afirmó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, al destacar la capacidad tecnológica y la amplia oferta de servicios especializados con los que cuenta el centro médico.

Durante la presentación oficial del hospital, realizada el lunes por la noche, Ulloa aseguró que la nueva infraestructura marca un punto de inflexión en la atención sanitaria del país.

“La salud pública cambió para siempre en El Salvador”, expresó el vicepresidente, quien además resaltó que la obra forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno para modernizar los servicios públicos.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que el nuevo hospital refleja la visión de elevar los estándares de atención médica en el sector público. “Más acciones y menos palabras: siete años cumpliéndole a la población. Tal como lo dice el presidente Nayib Bukele, lo público tiene que ser mejor que lo privado”, publicó.

El Hospital Nacional Rosales, considerado uno de los proyectos más importantes en materia de salud de las últimas décadas, cuenta con equipamiento biomédico de última generación y ofrecerá atención en más de medio centenar de especialidades médicas y quirúrgicas.

Entre las áreas de mayor innovación destacan la cirugía robótica, un quirófano híbrido y una unidad especializada para trasplantes de médula ósea, servicios que habitualmente están disponibles únicamente en hospitales de alta complejidad de países desarrollados.

La oferta médica incluye especialidades como medicina interna, medicina familiar, endocrinología, infectología, diabetología, nefrología, neumología, cardiología, gastroenterología, ginecología, dermatología, nutrición clínica y psiquiatría, entre otras.

Asimismo, el hospital brindará atención en áreas altamente especializadas como medicina nuclear, hematología, genética clínica, cardiología intervencionista, hemodinamia, neurocirugía, cirugía oncológica, cirugía cardiovascular, ortopedia, traumatología y cirugía de columna.

El centro médico también incorpora servicios de oftalmología avanzada, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, urología, coloproctología, anestesiología y retinología, ampliando significativamente la capacidad de atención especializada para la población salvadoreña.

Para garantizar su funcionamiento, el hospital contará con una plantilla superior a los 3,200 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo.

De acuerdo con las autoridades, unos 200 especialistas internacionales se integrarán al equipo para fortalecer la atención médica, transferir conocimientos y contribuir a la formación de talento nacional en áreas de alta especialización.

Con esta nueva infraestructura, el Gobierno busca ampliar la cobertura de servicios de salud de alta complejidad, reducir la necesidad de tratamientos en el extranjero y mejorar la calidad de atención para miles de pacientes que cada año requieren procedimientos especializados.

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Centroamérica

El Salvador acumula 129 días sin homicidios en lo que va de 2026

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 2 de junio concluyó sin el registro de homicidios en todo el territorio nacional, una cifra que se suma a las estadísticas de jornadas sin muertes violentas reportadas durante los primeros meses de 2026.

De acuerdo con la institución, los dos primeros días de junio han cerrado con cero homicidios, consolidando la tendencia observada durante el presente año.

Las estadísticas oficiales detallan que mayo finalizó con 26 jornadas sin asesinatos, mientras que abril registró 27 días sin homicidios. A estos se suman 23 días sin muertes violentas durante marzo, 24 en febrero y 27 en enero.

Con estos resultados, El Salvador acumula 129 días sin homicidios en lo que va de 2026, según los registros de la corporación policial.

Asimismo, las autoridades señalaron que desde la implementación del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022, el país ha contabilizado 1,117 días sin homicidios.

El Gobierno atribuye estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas a través del Plan Control Territorial (PCT) y del régimen de excepción, medidas que continúan vigentes y que forman parte de la política de combate contra las estructuras criminales.

Las autoridades sostienen que estas acciones han permitido reducir significativamente los índices de violencia y fortalecer las condiciones de seguridad en diferentes zonas del país.

La PNC mantiene la publicación diaria de estadísticas relacionadas con homicidios como parte del seguimiento a los resultados obtenidos por las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.

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