Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Xiomara Castro se reunirá con el papa León XIV en audiencia oficial
El papa León XIV recibirá este viernes en audiencia a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en lo que será su primer encuentro con el nuevo pontífice estadounidense y peruano, según confirmó el Vaticano.
La reunión se llevará a cabo en el Palacio Apostólico, sede donde el papa recibe a jefes de Estado y de Gobierno.
Castro llegó a Roma este miércoles acompañada de sus hijos, Héctor y Zoe, así como de miembros de su equipo de prensa, de acuerdo con medios hondureños. La mandataria ya había tenido la oportunidad de reunirse con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participó en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril.
Centroamérica
Randall Zúñiga: “Lo que falta en Costa Rica, Bukele ya lo hizo en El Salvador”
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Randall Zúñiga, resaltó los resultados obtenidos en materia de seguridad en El Salvador gracias a la estrategia implementada por el presidente Nayib Bukele.
«Quisiera poner el ejemplo de Bukele. Lo primero que hizo fue control territorial, también invirtió en becas para que los estudiantes siguieran estudiando, hizo centros penales e hizo centros recreativos, deportivos», señaló el funcionario durante una sesión de la comisión de asuntos económicos del Congreso costarricense.
El Plan Control Territorial (PCT) fue anunciado por Bukele el 20 de junio de 2019 con la fase I, denominada Preparación, enfocada en recuperar territorios y aplicar un componente represivo contra estructuras criminales. Actualmente se desarrolla la fase VI, Integración, que incorpora acciones preventivas como la entrega de becas a estudiantes de institutos públicos para continuar sus estudios superiores.
Zúñiga destacó que la política de seguridad salvadoreña ha sido efectiva al lograr una reducción drástica de los homicidios. «La inversión [en seguridad pública] la hizo para reforzar los cuerpos policiales, darles drones, patrullas, equipo, armamento. Eso es lo que nos está faltando acá [en Costa Rica]», subrayó.
Mientras tanto, medios internacionales advierten que Costa Rica atraviesa, desde 2023, una escalada de homicidios sin precedentes.
Centroamérica
Matt Gaetz elogia a Bukele: “Los niños en El Salvador ya no quieren ser pandilleros, ahora quieren ser líderes”
El excongresista republicano Matt Gaetz, fundador del caucus sobre El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, destacó los avances en materia de seguridad impulsados por el presidente Nayib Bukele, señalando que ahora la niñez salvadoreña ya no se inspira en las pandillas.
«¿Sabes cuál era el disfraz número uno para niños en El Salvador en Halloween? [Ser] miembro de una pandilla; ahora, los niños quieren ser líderes. Gracias, Nayib Bukele», expresó Gaetz en su cuenta de X, en reacción a un video difundido en redes sociales donde un niño y una niña imitaron al presidente y a la primera dama Gabriela de Bukele durante la celebración del Día de la Independencia.
El caucus sobre El Salvador también elogió recientemente las transformaciones que atraviesa el país: «Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, El Salvador continúa prosperando y se ha convertido en un ejemplo no solo para la región, sino para el mundo», publicó el grupo en el marco de las festividades patrias.
Cabe recordar que este mismo grupo bipartidista gestionó ante el Departamento de Estado la reducción de la alerta de viaje hacia El Salvador, que pasó del nivel 3 al 1 entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
Para el sociólogo René Martínez, la implementación del Plan Control Territorial (PCT), lanzado en junio de 2019, ha sido determinante para mejorar la seguridad nacional, al fortalecer la lucha contra pandillas y crimen organizado.
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