Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Honduras registra un aumento del 40 % en deportaciones durante el primer semestre de 2026
Honduras recibió 23,952 migrantes deportados entre enero y junio de 2026, una cifra que representa un incremento del 40 % respecto al mismo período del año anterior, según un informe divulgado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El reporte, elaborado con información del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), indica que durante el primer semestre del año retornaron 6,850 hondureños más que en 2025, cuando se contabilizaron 17,102 deportaciones.
Solo en junio, las autoridades registraron el retorno de 4,407 personas, frente a las 3,461 del mismo mes de 2025, lo que representa un aumento interanual del 27.33 %. Además, la cifra de junio fue 9.71 % superior a la registrada en mayo de este año.
El informe señala que la mayoría de los migrantes deportados durante junio fueron hombres, quienes representaron el 87 % del total. Las mujeres constituyeron el 11 %, mientras que niñas, niños y adolescentes representaron el 2 %.
Estados Unidos fue el principal país de origen de las deportaciones, con 3,880 hondureños retornados, equivalentes al 88.04 % del total registrado en junio. Le siguieron México, con 509 retornos; Guatemala, con 18; El Salvador y Ecuador, con tres cada uno; y España y Canadá, con un caso cada uno.
La atención a los migrantes retornados se concentró principalmente en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula, donde fueron recibidas 3,748 personas, equivalente al 85 % del total.
Otros 485 migrantes fueron atendidos en el CAMR de Omoa, mientras que 174 recibieron asistencia en el CAMR Belén, como parte del proceso de recepción y apoyo tras su retorno al país.
Centroamérica
Manuel Flores anuncia que no buscará candidatura para las elecciones de 2027
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, anunció que no participará como candidato en las elecciones generales de febrero de 2027 y aseguró que concentrará sus esfuerzos en la conducción del partido y en la estrategia electoral de la organización política.
Durante una entrevista en el programa Pulso Ciudadano, Flores confirmó que no buscará ninguna candidatura para los próximos comicios.
«Anuncio que no voy a participar como candidato. No voy a buscar ninguna candidatura», afirmó el dirigente efemelenista.
El FMLN, partido que gobernó El Salvador durante una década y que anteriormente tuvo representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa y gobiernos municipales, realizará el próximo domingo su proceso interno para elegir a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.
Flores, quien fue diputado y alcalde de Quezaltepeque, La Libertad, fue el candidato presidencial del FMLN en las elecciones de febrero de 2024, en las que obtuvo 204,167 votos. Ese proceso electoral representó uno de los mayores retrocesos políticos para el partido de izquierda, al no conseguir representación legislativa ni alcaldías.
Hasta el momento, el único aspirante que ha presentado solicitud para participar en las elecciones internas como precandidato presidencial del FMLN es el médico sindicalista Rafael Aguirre.
Flores ha expresado respaldo hacia Aguirre, a quien calificó como «un excelente candidato, un líder, un luchador social con una visión de país amplia».
Centroamérica
El Salvador y Bolivia acuerdan nuevos proyectos de cooperación técnica para el período 2026-2028
Los gobiernos de El Salvador y Bolivia acordaron impulsar nuevos proyectos de cooperación técnica y científica durante la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales y promover iniciativas de beneficio mutuo.
El encuentro permitió establecer la hoja de ruta de trabajo conjunto para el período 2026-2028, bajo el modelo de Cooperación Sur-Sur, basado en el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre ambas naciones.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, El Salvador participará como oferente de cooperación mediante tres iniciativas dirigidas a áreas de interés para Bolivia: la implementación del proceso de firma electrónica simple, proyectos de educación ambiental y acciones de atención especializada a víctimas de violencia.
Por su parte, Bolivia brindará apoyo técnico a El Salvador en proyectos relacionados con sistemas de transporte por cable aéreo, seguridad y educación vial, así como el fortalecimiento del tejido social.
Las iniciativas serán desarrolladas con la participación de distintas instituciones salvadoreñas, entre ellas los ministerios de Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Obras Públicas y Transporte (MOPT); el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu); el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat); y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social.
Los proyectos serán coordinados junto con la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), como parte de los esfuerzos del país para fortalecer sus vínculos de cooperación y ampliar el intercambio de soluciones con otras naciones de la región.
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