Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Canal de Panamá gana protagonismo tras bloqueo del Estrecho de Ormuz
El bloqueo del Estrecho de Ormuz ejecutado por Irán el pasado 28 de febrero ha reconfigurado las rutas marítimas globales y posicionado al Canal de Panamá como una de las principales alternativas para el transporte de energía.
En este contexto, la vía interoceánica reporta un crecimiento en sus ingresos de entre 8% y 10% durante los primeros cinco meses del año fiscal 2026, impulsado por el aumento en la demanda de tránsito.
La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó que en las últimas dos semanas se han registrado entre 38 y 40 tránsitos diarios, superando la proyección inicial de 34 cruces por día.
“El Canal de Panamá es una ruta corta y segura que, con los precios del combustible, sigue reduciendo los costos para los operadores”, afirmó la funcionaria.
El impacto también se refleja en el transporte de gas natural licuado (GNL). Antes del conflicto, el canal registraba en promedio cuatro buques mensuales de este tipo; actualmente, las autoridades se preparan para habilitar un tránsito diario para estas embarcaciones.
Por su parte, el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, proyectó que el mercado asiático podría incrementar la demanda de GNL proveniente de Estados Unidos, como alternativa ante las exportaciones restringidas desde Qatar.
“Cuando suben los costos, especialmente el precio del combustible marino, el Canal de Panamá se vuelve una ruta más atractiva”, explicó Vásquez.
Centroamérica
Sistema penitenciario salvadoreño muestra transformación tras décadas marcadas por violencia
El sistema penitenciario de El Salvador ha experimentado una transformación significativa en las últimas dos décadas. En 2004, el país registró una de las peores masacres carcelarias de su historia, con el hallazgo de 32 cadáveres de pandilleros de la Barrio 18 y supuestos civiles en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
A 22 años de ese hecho, el panorama en los centros penitenciarios es distinto, de acuerdo con autoridades, quienes aseguran que actualmente prevalecen el orden, el control y la disciplina en las cárceles del país.
Este cambio es atribuido a la implementación del Plan Control Territorial, estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y reforzada mediante el régimen de excepción, vigente desde 2022.
En el penal de Mariona, los privados de libertad considerados reos comunes participan en el programa “Cero Ocio”, que incluye actividades educativas y de formación. En contraste, las autoridades han endurecido las condiciones para miembros de pandillas, eliminando beneficios que, según señalan, existían en administraciones anteriores.
Según datos oficiales, durante la actual gestión no se han registrado amotinamientos ni hechos de violencia interna derivados de riñas en los centros penitenciarios. Además, se han ejecutado mejoras en infraestructura y se han fortalecido los controles de seguridad, incluyendo la implementación de tecnología para evitar la comunicación de los reos con el exterior.
En contraste, registros de años anteriores dan cuenta de episodios violentos en el sistema carcelario. En diciembre de 2002, dos agentes policiales fueron tomados como rehenes y posteriormente asesinados durante un motín en Mariona, que dejó además 17 personas lesionadas entre custodios y reclusos.
Posteriormente, en 2007, un amotinamiento en el centro penitenciario de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, dejó al menos 20 reclusos muertos y varios heridos, lo que llevó a declarar estado de emergencia en ese recinto. En 2011, otro enfrentamiento interno dejó tres fallecidos y cuatro lesionados.
Asimismo, en 2015, miembros de la pandilla Barrio 18 asesinaron a 14 integrantes de la facción conocida como “Los Revolucionarios” durante una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.
Centroamérica
El Salvador registra otro día sin homicidios y mantiene tendencia a la baja en violencia
El Salvador cerró el lunes 30 de marzo sin registrar homicidios a nivel nacional, según datos oficiales divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC).
El resultado se suma a una serie de jornadas recientes con cifras similares, en medio de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno para combatir la criminalidad.
De acuerdo con las autoridades, estos indicadores evidencian una tendencia sostenida a la baja en los niveles de violencia, atribuida a la ejecución del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Asimismo, la PNC y la Fuerza Armada mantienen operativos y despliegues en distintos puntos del país, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos.
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