Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador impulsa reforma del SICA para avanzar hacia una Unión Centroamericana
El Salvador impulsa una reforma integral del Protocolo de Tegucigalpa, tratado que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con el objetivo de fortalecer la integración regional, modernizar sus instituciones y avanzar hacia una mayor cooperación entre los países del istmo.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, explicó que la propuesta busca transformar el funcionamiento del sistema para avanzar hacia una Unión Centroamericana con personalidad jurídica propia, respetando la soberanía y el orden constitucional de cada Estado miembro.
Según Ulloa, la reforma permitiría contar con instituciones regionales más eficientes, con mayores estándares de legalidad, participación, transparencia y cumplimiento de acuerdos.
El planteamiento surge en un contexto de dificultades dentro del SICA, que recientemente atravesó un período sin una persona al frente de su Secretaría General, situación que, de acuerdo con el vicepresidente, refleja una crisis integracionista que requiere una revisión profunda del modelo actual.
«Nosotros en El Salvador lo vemos como una oportunidad esta crisis que vive el sistema, para superar los obstáculos y dar un salto de calidad en una revisión integral del Protocolo de Tegucigalpa de 1991», afirmó Ulloa.
El funcionario señaló que la propuesta salvadoreña plantea una «reingeniería» institucional con una visión adaptada a los desafíos del siglo XXI, incluyendo temas como la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, el cambio climático y los nuevos retos económicos globales.
Ulloa también mencionó que organismos regionales como la Corte Centroamericana de Justicia han dejado de operar plenamente y que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) enfrenta un proceso de debilitamiento, por lo que considera necesario un reordenamiento del sistema.
El vicepresidente indicó que ya sostuvo reuniones con la nueva secretaria general del SICA, Lina Ajoy, representante de Costa Rica, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 8 de agosto. El objetivo es incorporar la revisión del protocolo dentro de la agenda de trabajo del organismo regional.
Ulloa destacó el potencial económico y estratégico de Centroamérica debido a su ubicación geográfica y al peso conjunto de las ocho economías que integran la región.
«Todas esas ventajas quisiéramos que se aprovecharan, que los líderes de los países vieran que estando unidos podemos sacar más ventaja que estando divididos y fraccionados», señaló.
La iniciativa salvadoreña plantea una nueva etapa para la integración regional, con el propósito de fortalecer la cooperación y aprovechar de manera conjunta las oportunidades económicas, tecnológicas y sociales del istmo.
Centroamérica
EE. UU. destaca a El Salvador por su lucha contra el narcotráfico marítimo
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este lunes el trabajo de las unidades antidrogas de El Salvador y la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico internacional de drogas por vía marítima.
A través de sus redes sociales, la institución estadounidense señaló que la colaboración con la Policía Costera salvadoreña representa una estrategia efectiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
«El Salvador haciendo olas una vez más. Para los narcotraficantes, la colaboración de EE. UU. con la Policía Costera de El Salvador es la TORMENTA perfecta. Sus oficiales abordan valientemente las embarcaciones narco y cierran rutas marítimas, estableciendo el estándar de oro para la región», publicó la INL.
La oficina, que asesora al presidente y al secretario de Estado de Estados Unidos en políticas y programas relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional, resaltó las capacidades operativas de las autoridades salvadoreñas.
La publicación fue compartida posteriormente por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por la Embajada de Estados Unidos en el país. El mandatario destacó el reconocimiento al trabajo de las instituciones salvadoreñas en el combate al crimen organizado transnacional.
El pronunciamiento ocurre días después de la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Cart Weiland, a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de San Salvador, donde conoció sus instalaciones y participó en actividades del Curso Avanzado Antipandillas.
El programa reunió a 40 participantes de Bahamas, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica y El Salvador, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
Durante su visita, Weiland sostuvo un encuentro con el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, para abordar los esfuerzos conjuntos entre ambos países en el fortalecimiento de capacidades policiales y tecnológicas.
«Juntos apoyaremos el combate a organizaciones terroristas designadas como tales por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la región y fortaleceremos las capacidades humanas y tecnológicas de nuestra Policía», afirmó Villatoro.
La ILEA San Salvador, creada en 2005 mediante un acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, funciona como un centro internacional de capacitación para policías, fiscales y operadores de justicia de América Latina y el Caribe.
Entre las operaciones recientes destacadas por las autoridades salvadoreñas se encuentra la incautación de 375 kilogramos de cocaína realizada en enero por unidades STORM, con un valor estimado de $9.4 millones. El cargamento fue localizado en una embarcación intervenida en la bocana del río Jiboa, entre San Vicente y La Paz.
Durante ese operativo fueron capturados dos hombres: Ubaldo Reyes Juárez, salvadoreño, y Rony Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca.
Centroamérica
Presidenta de Costa Rica impulsa ampliar extradición de nacionales por delitos vinculados al crimen organizado
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de ciudadanos costarricenses, como parte de su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Actualmente, la legislación del país permite la extradición de nacionales únicamente por delitos relacionados con narcotráfico internacional y terrorismo, pero la propuesta del Gobierno busca incorporar nuevas categorías de delitos graves.
Fernández informó que el proyecto será presentado el próximo 3 de agosto y explicó que la reforma pretende incluir delitos como financiación del narcotráfico y terrorismo, lavado de activos, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y órganos, sicariato, homicidios vinculados al crimen organizado, cibercrimen y ciberterrorismo.
«Vamos a ampliar las causales de extradición para delitos graves», afirmó la mandataria durante la presentación de varias iniciativas en materia de seguridad ante la Asamblea Legislativa.
Fernández, aliada del presidente estadounidense Donald Trump, asumió el cargo en mayo pasado con la promesa de endurecer las medidas contra el narcotráfico, al que responsabiliza por el incremento de la violencia en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de la región.
«No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado ni en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico», señaló la presidenta.
La iniciativa deberá conseguir respaldo legislativo, ya que para modificar la Constitución se requieren 38 votos de los 57 diputados. El oficialismo cuenta actualmente con 31 curules.
El Gobierno sostiene que Costa Rica enfrenta un nuevo escenario de seguridad debido al fortalecimiento de estructuras criminales. Según datos oficiales, alrededor de siete de cada diez homicidios estarían relacionados con el narcotráfico, mientras que la tasa de asesinatos alcanzó 17 casos por cada 100,000 habitantes en 2025, frente a los 11.2 registrados en 2019.
«Las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa», afirmó Fernández al justificar la necesidad de modificar las herramientas legales del Estado.
La discusión sobre extradición tomó mayor relevancia luego de que Costa Rica realizara el pasado 20 de marzo su primera extradición de nacionales, enviando a Estados Unidos al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico, junto con su presunto socio Edwin López Vega, conocido como «Pecho de Rata».
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