Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Ejército de Guatemala repele incursión armada desde Honduras
Militares de Guatemala repelieron este lunes a tiros a un grupo armado que ingresó desde Honduras por un paso ilegal en la zona fronteriza de Esquipulas, informó el Ejército guatemalteco.
El incidente ocurrió cuatro días después de un ataque atribuido a presuntos narcotraficantes que dejó cinco policías muertos en territorio hondureño, durante un operativo contra una red criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según el comunicado militar, una patrulla detectó varios vehículos con individuos fuertemente armados ingresando a Guatemala.
Las autoridades señalaron que, al notar la presencia de las fuerzas armadas, los sospechosos abrieron fuego, por lo que los militares respondieron al ataque y lograron obligarlos a retroceder hacia territorio hondureño.
El Ejército informó que no se registraron militares heridos ni bajas entre los atacantes.
Tras los recientes hechos violentos, las fuerzas de seguridad guatemaltecas reforzaron los patrullajes en la frontera con Honduras.
La policía guatemalteca también confirmó que mantiene bajo custodia hospitalaria a dos ciudadanos hondureños heridos, sospechosos de pertenecer al grupo criminal involucrado en el ataque contra policías en el municipio hondureño de Omoa.
Centroamérica
Honduras declara terroristas a pandillas y carteles del narcotráfico
El Congreso de Honduras comenzó a aplicar una nueva normativa que clasifica a los carteles del narcotráfico y a las pandillas como “organizaciones terroristas”, una medida que endurece las penas contra integrantes de estos grupos criminales.
La reforma, aprobada de manera unánime el pasado 18 de mayo, fue publicada oficialmente en La Gaceta y anunciada por distintas autoridades hondureñas durante el fin de semana.
Según el decreto, los cabecillas de carteles y pandillas deberán sumar entre 15 y 20 años adicionales de prisión, además de las condenas correspondientes por otros delitos.
En el caso de los demás integrantes, las penas adicionales oscilarán entre 10 y 15 años de cárcel.
El presidente del Congreso hondureño, Tomás Zambrano, aseguró que las nuevas disposiciones buscan fortalecer la lucha contra el crimen organizado y devolver la tranquilidad a la población.
La normativa también incrementa las penas relacionadas con la extorsión, delito que afecta especialmente a comerciantes y transportistas, y amplía la presencia militar en las calles como parte de las estrategias de seguridad.
Centroamérica
Transportistas bloquean principales carreteras de Honduras
El tránsito en una de las principales carreteras de Honduras amaneció paralizado este lunes 25 de mayo debido a una protesta de transportistas de carga pesada que exigen una actualización tarifaria y el cumplimiento de pagos pendientes.
De acuerdo con reportes del diario El Heraldo, desde las 5:20 de la mañana conductores de rastras bloquearon ambos carriles de la carretera CA-5 Sur, especialmente en las cercanías del puente de Germania.
La protesta fue convocada por la Asociación de Transportistas de Carga del Sur, que también confirmó cierres en otros puntos estratégicos, entre ellos sectores de la carretera Panamericana y el puerto de San Lorenzo.
El gremio reclama una revisión de las tarifas del transporte de carga, las cuales aseguran que no han sido actualizadas desde hace varios años, además de denunciar retrasos e incumplimientos en pagos.
Los manifestantes advirtieron que la medida continuará por tiempo indefinido hasta obtener respuestas concretas de las autoridades, situación que podría afectar la movilidad y la distribución de productos en distintas regiones del país.
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