Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Gobierno salvadoreño entregará 16 tipos de paquetes escolares gratuitos según el grado académico
El Gobierno de El Salvador anunció que entregará 16 tipos de paquetes escolares a estudiantes del sistema público, como parte de su estrategia para garantizar el acceso equitativo a herramientas educativas y fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, explicó que los paquetes han sido diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de cada estudiante, con el objetivo de brindar insumos adecuados para cada etapa de formación.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la funcionaria.
Trigueros subrayó que la entrega será gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar pagos ni trámites adicionales para acceder a este beneficio. Además, indicó que los paquetes serán distribuidos en una sola entrega, evitando retrasos o entregas parciales.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», afirmó la ministra.
Las autoridades señalaron que esta medida busca aliviar la carga económica de las familias, garantizar la permanencia escolar y fortalecer la educación pública a nivel nacional.
Centroamérica
Oposición costarricense llama a las urnas en el cierre de campaña para frenar triunfo oficialista
A una semana de las elecciones presidenciales del 1 de febrero en Costa Rica, los partidos políticos cerraron este domingo sus campañas con actividades públicas y llamados a la participación ciudadana, en un último esfuerzo por movilizar al electorado y revertir los sondeos que dan como favorita a la candidata oficialista, Laura Fernández, incluso con posibilidades de ganar en primera ronda.
La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana y ex primera dama (2018–2022), Claudia Dobles, encabezó su cierre de campaña con el mensaje “Podemos ganar”, acompañado de duras críticas al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, al que acusó de no haber dado respuestas efectivas a la inseguridad ni a las deficiencias del sistema de salud pública.
Acompañada por un grupo mayoritariamente joven, Dobles firmó un compromiso para impulsar políticas orientadas a la juventud y a la reducción de brechas sociales. Posteriormente, realizó dos mítines en San José y participó en una actividad cultural como parte del cierre de su campaña.
Dobles, arquitecta de profesión y ubicada en el tercer lugar de las encuestas, ha insistido a lo largo de la contienda electoral en que su movimiento representa la única alternativa capaz de derrotar al oficialismo, encarnado por Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y exministra de Planificación y de la Presidencia durante la actual administración.
Por su parte, Fernández, quien se ha presentado como la “heredera política” de Chaves y defensora de la “continuidad del cambio”, cerró su campaña con recorridos por la capital y varias comunidades del centro del país, además de participaciones en programas de televisión durante el fin de semana.
Las encuestas más recientes colocan a Fernández con una ventaja considerable, con un respaldo cercano al 40 %, el umbral necesario para ganar en primera vuelta. No obstante, los partidos de oposición subrayan que la última semana de campaña será decisiva para atraer al segmento de indecisos, que ronda el 30 % del electorado con intención de voto.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández, libre pero sin rumbo claro tras salir de prisión en EE. UU.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández recuperó su libertad a finales de 2025, luego de recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, decisión que dejó sin efecto la condena por narcotráfico que cumplía en Estados Unidos. El perdón marcó un giro abrupto en un caso que durante años fue presentado por fiscales estadounidenses como un ejemplo de que incluso exmandatarios extranjeros podían rendir cuentas ante la justicia.
A casi un mes de su salida de prisión, Hernández mantiene un perfil público selectivo, sin responder de manera directa a las interrogantes que hoy concentran la atención: qué hace actualmente, cuáles son sus planes a futuro y si contempla regresar a Honduras o reincorporarse a la política.
Desde su liberación, el exmandatario ha reaparecido en entrevistas y pódcasts de medios conservadores estadounidenses, entre ellos One America News y The Roger Stone Show. En esos espacios ha reiterado que fue víctima de una persecución política y ha cuestionado el proceso judicial en su contra, asegurando que su condena se basó en testimonios de narcotraficantes que —según sostiene— buscaban beneficios legales a cambio de incriminarlo.
Paralelamente, Hernández ha reforzado ese mensaje a través de sus redes sociales, donde ha publicado videos en plataformas como X y TikTok. En ellos agradece públicamente a Trump por el indulto y describe su encarcelamiento como una prueba personal y espiritual. Sin embargo, evita pronunciarse sobre planes concretos relacionados con su futuro político o personal.
De acuerdo con publicaciones en X del asesor conservador Roger Stone, aliado político de Trump que promovió activamente el caso de Hernández antes del indulto, el expresidente se encuentra actualmente en Miami, sin poder regresar a Honduras por supuestos motivos de seguridad. Tanto su familia como su equipo legal han señalado que enfrenta amenazas de muerte en su país, las cuales atribuyen a su pasado político y judicial.
Stone afirmó además que las visas de la esposa e hijos de Hernández habrían sido revocadas, lo que ha impedido su reunificación familiar. Esta versión fue respaldada públicamente por Ana García de Hernández, quien también se refirió al tema en redes sociales.
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