Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
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Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
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Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
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«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Protección Civil presenta el Plan Vacación 2026 y prevé 91,000 visitantes internacionales
La Comisión Nacional de Protección Civil presentó este viernes el Plan Vacación 2026, que reúne las acciones de prevención, seguridad y atención que serán ejecutadas durante las vacaciones en honor al Divino Salvador del Mundo, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y de los visitantes.
Durante la presentación, la ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció que por primera vez los Buses Alegres operarán de domingo a domingo durante las Fiestas Agostinas. Las unidades partirán desde el Parque Infantil e incorporarán nuevas rutas, además de los destinos tradicionales administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).
La funcionaria indicó que los turistas también podrán visitar otros atractivos públicos, entre ellos el Parque Nacional El Boquerón y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Agregó que la población podrá solicitar información sobre los destinos turísticos a través del número 914.
Valdez informó que las autoridades proyectan la llegada de 91,000 visitantes internacionales durante la próxima semana vacacional, además de una movilización total de 2.8 millones de visitantes, entre nacionales y extranjeros.
La ministra destacó que El Salvador ya acumula 2.5 millones de visitantes internacionales en lo que va del año, acercándose a la meta gubernamental de 4.2 millones para 2026.
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Según las autoridades, el Plan Vacación 2026 contempla un despliegue interinstitucional para brindar seguridad, atención de emergencias y asistencia a turistas en los principales destinos del país durante el período vacacional.
Santa Rosa de Lima registra la temperatura más alta del país con 43.1 °C
El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró este viernes la temperatura más alta del país al alcanzar los 43.1 grados Celsius, de acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
La institución informó que la estación meteorológica ubicada en Santa Rosa de Lima reportó el mayor registro térmico de la jornada, con los picos de calor más intensos entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la radiación solar alcanza su mayor intensidad.
Otras zonas del país también experimentaron temperaturas elevadas. En Acahuapa se registraron 41.2 °C, mientras que en Jiquilisco los termómetros marcaron 39.7 °C, según el reporte del Marn.
Ante las altas temperaturas, la institución recomendó a la población mantenerse hidratada de forma constante, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, con el fin de prevenir complicaciones relacionadas con el calor.
VMT reforzará inspecciones al transporte colectivo durante vacaciones de agosto
El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó ayer en la entrevista televisiva Frente a Frente que durante las vacaciones de agosto las autoridades de tránsito efectuarán inspecciones al transporte colectivo para garantizar que se cumpla la frecuencia del servicio y que se cobren las tarifas de pasajes autorizadas.
«Vamos a estar pendientes de que se esté prestando el servicio como es debido, recuerden que los empresarios del transporte reciben un subsidio para respetar la tarifa; si usted llega a detectar una anomalía en la tarifa que se está pidiendo puede denunciar», dijo.
También explicó que si encuentran a un conductor de transporte colectivo «in fraganti» cobrando tarifas de pasaje no autorizadas, se le impondrán sanciones administrativas, además de las multas.
«Esto puede representar sanciones administrativas a partir del contrato de concesión que tiene, en casos extremos esto puede jugar con la continuidad del permiso de línea que tiene o en casos menos graves puede no recibir subsidio por un período», aseguró.