Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Denuncian proceso contra exfiscal de derechos humanos de Guatemala
23 de marzo | Redacción |
El pasado 16 de marzo las autoridades de Guatemala detuvieron a Orlando Salvador López, exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y el martes 21 fue ligado a proceso por la jueza Ruth Ambrosio, acusándole de abuso de autoridad por ejercer su profesión como abogado y notario pese a que tenía una prohibición por ser empleado del Ministerio Público, ya que dirigió la acusación contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio.
La abogada defensora, Jovita Tzul, explicó a medios locales que el exfiscal ejerció como abogado en el libre ejercicio de su derecho humano al trabajo porque estaba suspendido como funcionario público.
Ante lo anterior, la organización Convergencia por los Derechos Humanos, que reúne a organizaciones sociales, expresó su rechazo y asegura que se trata de un acto de venganza por los procesos que el exfiscal investigó a altos mandos militares.
Por su parte, el subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, declaró que el proceso es parte de un patrón de persecución contra quienes investigaron la corrupción y violaciones de derechos humanos en Guatemala.
Centroamérica
Solicitan retirar inmunidad a candidato presidencial de Guatemala
20 de marzo | Redacción |
A días de que inicie la campaña para elegir presidente en Guatemala, la Fiscalía pidió hoy que se le retire la inmunidad al candidato presidencial Edmond Mulet por presunta conspiración para obstruir a la justicia al haber solicitado que se investigue a un juez que ordenó pesquisas contra nueve periodistas.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y sancionado por el gobierno de Estados Unidos por socavar la democracia en Guatemala y obstruir la lucha anticorrupción, solicitó a la Corte Suprema de Justicia quitarle a Mulet la inmunidad de la que goza por estar inscrito como candidato presidencial.
Al parecer, Curruchiche busca investigar a Mulet por haber solicitado que se investigue al juez Jimi Bremer quien ordenó, a petición de una cuestionada fiscal, investigar a nueve periodistas y columnistas de El Periódico que realizaban publicaciones sobre denuncias y sanciones a funcionarios del Poder Judicial.
La fiscal está denunciada por haber abusado de su cargo al solicitar información judicial de personas que ella no investigaba y por haber presuntamente demorado maliciosamente investigaciones penales.
Mulet es candidato por el partido Cabal y según algunas mediciones se encuentra entre el tercero y cuarto lugar en la preferencia electoral, mencionó en una conferencia de prensa que hizo la solicitud para que se investigue “por qué se hostiga a periodistas desde el propio Ministerio Púbico”.
“Vamos a ver si esta solicitud que hace totalmente fuera de lugar, totalmente loca que hace el Ministerio Público, vamos a ver si la CSJ (Corte Suprema de Justicia) la admite o no y seguiremos en este proceso de lucha contra la corrupción”, dijo el candidato.
El caso de El Periódico ha trascendido a nivel internacional y decenas de organizaciones de protección a periodistas han solicitado el cese la criminalización de los trabajadores de prensa que inició con el presidente de ese medio, José Rubén Zamora, que lleva casi ocho meses detenido por supuesto lavado dinero producto de chantajes.
Los guatemaltecos tienen previsto acudir a las urnas del 25 de junio para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes municipales, diputados al Congreso y diputados al Parlamento Centroamericano para los próximos cuatro años a partir de 2024.
Centroamérica
Ministra de Exteriores de Panamá pondera integración latinoamericana en su visita a España
16 de marzo | Redacción |
La ministra de Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, aplaudió la integración latinoamericana y la unidad entre sus pueblos dentro de los diferentes modelos políticos, en el marco de su visita a España, donde este jueves se entrevistó con su homólogo José Manuel Albares.
La funcionaria panameña declaró a la agencia EFE que Panamá mantiene relaciones con Nicaragua y que, por su parte, continuará su Embajada en Managua con el mismo nivel de siempre. “Es cierto que semanas atrás, al igual que otros países, expresamos preocupación por el tema de la apatridia y nuestra disposición a otorgarles la ciudadanía. Pero de ahí a que se hayan deteriorado los lazos bilaterales, hasta ahora no lo creo”, aseguró.
Por otro lado, la canciller Tewaney y el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo, asistirán a la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana a finales de marzo.
En referencia al impulso que ofrece Panamá al foro «Our Ocean», en defensa de los océanos y el enfoque verde que promueve su país, la canciller destacó ambos temas como cruciales en el futuro climático de la humanidad y aprovechó para señalar que la selva del Darién, pulmón de Centroamérica, es actualmente afectado por un enorme flujo de migrantes, en cifras que pueden superar las 400 mil personas este año.
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