Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
Panamá y Brasil refuerzan lazos logísticos y comerciales en Cumbre del Mercosur
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron este jueves una reunión bilateral en Buenos Aires en el marco de la LXVI Cumbre de mandatarios del Mercosur, en la que abordaron temas clave de cooperación, con énfasis en el sistema logístico panameño.
Mulino destacó la importancia estratégica del Canal de Panamá, sus puertos y la red ferroviaria como un eje fundamental para el comercio regional y global. En respuesta, Lula propuso organizar una visita oficial de ministros brasileños a Panamá para conocer de primera mano la operación logística, portuaria y aeroportuaria del país.
El mandatario brasileño también planteó el envío de una misión empresarial para explorar oportunidades de inversión y fomentar proyectos conjuntos. «Esta relación que se está reactivando ayudará a cerrar brechas entre Brasil y Centroamérica, incluyendo a Panamá», expresó Lula, según informó la Presidencia panameña.
Lula reconoció que parte de esa distancia podría deberse a la cercanía cultural y comercial de Centroamérica con Estados Unidos, pero remarcó que el actual contexto geopolítico está llevando a muchos países a diversificar sus alianzas y mirar hacia mercados como el brasileño.
Durante el encuentro, Mulino solicitó a Lula que Panamá sea excluida de la lista fiscal de Brasil, a lo que el líder brasileño respondió que se evaluará el caso y se podría enviar al país al ministro de Hacienda y al secretario tributario.
Finalmente, el presidente panameño extendió una invitación formal a Lula para asistir al Foro Económico de América Latina, que se celebrará en enero de 2026 en la Ciudad de Panamá.
Centroamérica
El Salvador proyecta 5 millones de turistas internacionales para 2030
El Salvador podría superar los cinco millones de turistas internacionales para el año 2030, según estimaciones del Ministerio de Turismo (MITUR), que prevé un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes al país durante la próxima década.
Un análisis compartido por la institución en mayo pasado detalla que, a partir de 2025, el país experimentaría un incremento anual de más de 200,000 turistas internacionales, lo que permitiría alcanzar la cifra proyectada al cierre del decenio.
De acuerdo con MITUR, el 2024 cerrará con un nuevo récord de visitantes, superando los cuatro millones de turistas. Para los años siguientes, las proyecciones estiman que en 2026 ingresarán 4.2 millones de turistas, en 2027 serán 4.4 millones, y para 2028 la cifra ascenderá a 4.6 millones. En 2029, se espera alcanzar los 4.8 millones de visitantes internacionales.
En total, entre 2025 y 2030, las autoridades proyectan que El Salvador recibirá aproximadamente 27 millones de turistasprocedentes de distintas partes del mundo, consolidando al país como un destino emergente en la región.
Centroamérica
Aprueban nueva prórroga del Régimen de Excepción en El Salvador
Con 57 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la prórroga número 40 del régimen de excepción, que estará vigente del 5 de julio al 3 de agosto de 2025. La medida fue discutida y avalada durante la sesión plenaria número 62.
Esta es la séptima prórroga del año y forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno desde marzo de 2022, cuando se activó por primera vez esta herramienta legal como respuesta al accionar de las pandillas en el país.
Durante la plenaria, los legisladores destacaron que, gracias a este régimen, se ha logrado recuperar territorios anteriormente controlados por estructuras criminales y se ha garantizado una mayor tranquilidad a la población.
El diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto, justificó la necesidad de seguir aplicando el régimen al asegurar que aún existen remanentes de pandillas en algunas zonas.
“Todavía existen residuos de personas que pertenecen a este tipo de grupos criminales, pero estamos conscientes de que debemos arrancar de raíz este problema. Algunos jóvenes estaban organizando un nuevo grupo de pandillas, ya tenían un plan y una estrategia de esto, por lo que es importante seguir con el régimen de excepción”, expresó.
Los legisladores oficialistas reiteraron que mantendrán su respaldo al Gabinete de Seguridad en los esfuerzos por eliminar completamente la amenaza de las pandillas y preservar el clima de seguridad que, aseguran, ahora vive el país.
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