Centroamérica

Autoridades hondureñas incautan plantación de coca y narcolaboratorio

| Por AFP |

Las autoridades hondureñas incautaron este martes una plantación de casi dos hectáreas de coca y un laboratorio para fabricar cocaína durante operaciones desplegadas en montañas del noreste del país, informaron las Fuerzas Armadas.

Las autoridades militares y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) «aseguraron en las últimas horas una plantación de arbustos de coca en la zona montañosa aldea Las Icoteas, comunidad de Limón, departamento de Colón», informó el portavoz militar, teniente José Coello.

«Preliminarmente, se han asegurado 2,5 manzanas de sembradíos de alucinógenos que equivalen a 18.000 arbustos, ya plenamente desarrollados, de hoja de coca», añadió.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas indicaron que, en la operación, las unidades descubrieron un laboratorio de químicos precursores para la elaboración de «clorhidrato de pasta de cocaína».

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Más de 3,2 millones de plantas de coca fueron incineradas por las autoridades hondureñas en lo que va del año, cuando además destruyeron 23 narcolaboratorios, inhabilitaron con explosivos 13 pistas de aterrizaje y decomisaron 4.764 kg de cocaína.

Desde la década de 1970, Honduras ha sido catalogada como puente de la cocaína transportada por carteles desde los países productores de Sudamérica hacia el mercado de Estados Unidos, pero desde 2017 las autoridades empezaron a incautar pequeñas plantaciones de coca.

La presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero, prometió combatir los carteles que, según autoridades judiciales estadounidenses, involucraron en el delito hasta al expresidente (2014-2018, 2018-2022) Juan Orlando Hernández.

Hernández fue extraditado en abril a Nueva York, al ser acusado de enviar 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, entre 2004 y 2022. Corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua, como ocurrió con su hermano, Tony, en marzo de 2021.

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Centroamérica

Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.

Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.

“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.

Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.

El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.

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Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.

El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.

Centroamérica

El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios

La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.

Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.

Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.

Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.

De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.

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Centroamérica

Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.

Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.

“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.

El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.

Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.

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Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.

Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.