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Centroamérica

Corte IDH declara en desacato a Nicaragua por no liberar a opositores presos

| Por AFP |

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró en «desacato» a Nicaragua por «no liberar» a 46 opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega detenidos, según un comunicado divulgado este martes.

La resolución declaró al Estado de Nicaragua en «desacato permanente» por la «efectiva inobservancia» de lo ordenado por ese tribunal en seis resoluciones emitidas desde junio de 2021 a favor de los detenidos.

Las medidas emitidas por la Corte favorecen a 46 detenidos en ocho centros. Entre los beneficiarios figuran los exaspirantes a la presidencia a las elecciones de 2021 Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como la exguerrillera Dora María Téllez y el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, entre otros.

La mayoría de opositores y críticos detenidos en 2021 en el contexto de las elecciones presidenciales recibieron condenas de hasta 13 años de cárcel.

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El incumplimiento de las resoluciones por parte de Nicaragua «pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios», indica la declaración del alto tribunal con sede en San José, Costa Rica.

La Corte presentará ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), «un informe sobre la situación de desacato permanente y desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales», según el comunicado.

Asimismo urge al Consejo Permanente a asegurar que la «aplicación de la garantía colectiva, en tanto obligación orientada a asegurar la efectividad de la Convención Americana, dé seguimiento al incumplimiento de las Medidas Provisionales».

La resolución también fue notificada a las autoridades nicaragüenses, que no se han pronunciado sobre la misma.

Más de 200 personas están detenidas en el contexto de la crisis política desatada por manifestaciones contra una reforma de la seguridad social en 2018, que fueron reprimidas por la fuerza. Además, dejaron más de 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Acusado por sus adversarios de autoritario y corrupto, Ortega, de 77 años y presidente desde 2007, considera que el movimiento en su contra fue un intento de golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.

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Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.

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