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Centroamérica

Fervor católico y legado maya: Semana Santa de Guatemala es patrimonio mundial

Foto: Johan Ordonez / AFP

| Por AFP | Henry Morales |

La Unesco anunció este miércoles en Rabat la inscripción en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Semana Santa de Guatemala, una fiesta popular que fusiona la herencia colonial y la tradición maya en la que participan miles de fieles y penitentes.

«Expertos de todo el mundo estudiaron los elementos que componen a nuestra Semana Santa, logrando una histórica y emocionante votación» en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), dijo el viceministro del Patrimonio Cultural, Mario Maldonado.

«La Semana Santa la vivimos diferente al mundo» en Guatemala, declaró por su parte a la AFP el ministro de Cultura, Felipe Aguilar.

Destacó que las costumbres en el país, así como su música, la comida y el arte, son resultado de una «fusión de culturas», una expresión de sincretismo entre el catolicismo llegado de España y las creencias ancestrales mayas. 

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La celebración de la Semana Santa comenzó en Guatemala en el siglo XVI con los conquistadores españoles, pero los nativos mayas la mezclaron con sus tradiciones y su cosmovisión.

«La influencia prehispánica que tiene la Semana Santa guatemalteca la convierte en única», resaltó Aguilar.

Las expresiones culturales mayas y españolas fueron mezclando además con las de los afrodescendientes y transformando a lo largo de los siglos.

«Gateadores»

En San Andrés Sajcabajá (noroeste), cada Viernes Santo unos 15 penitentes, con taparrabos y el rostro cubierto, recorren arrodillados unos cinco kilómetros con espinas en la cabeza o en la espalda.

De esta forma el pueblo K’che’ recrea la pasión de Cristo, buscando expiar los pecados, pedir perdón o dar las gracias al Creador.

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Para que estos «gateadores» no se dañen las rodillas, otros devotos van colocando alfombras de hilos en el suelo.

También hay procesiones con miles de fieles que visten túnicas moradas o negras, con el rostro con capucha o «cucurucho», que llevan en andas imágenes de Cristo y de la Virgen María.

Sobre el asfalto se colocan vistosas alfombras multicolores de aserrín o flores, que van siendo destruidas con el paso lento de los fieles, al sonido de la chirimía (oboe artesanal), tambor y bandas de música sacra.

Por ello, la Semana Santa en Guatemala trasciende lo religioso y es una «fiesta nacional», que «se convirtió en un aspecto netamente cultural y de identidad nacional», afirma Aguilar.

En los hogares se cocinan platillos típicos, como conservas dulces, curtidos de verduras y pescado seco preparado de distintas formas.

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Y en las calles de las procesiones y cerca de las iglesias se instalan puestos de comida y vendedores ambulantes que venden comida, golosinas y toda clase de productos.

Los mayas fueron una de las principales civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica y actualmente representan el 42% de los 17 millones de habitantes del país.

Sus primeras ciudades florecieron unos 2.000 años a.C. y sus vestigios son un atractivo turístico no solo en Guatemala, sino de naciones vecinas como México, Belice, Honduras y El Salvador.

«Fuerte y arraigada»

«Es un fenómeno cultural y religioso que se replica en todos los municipios del país. Es la fiesta nacional del guatemalteco», destacó Fernando Barillas, de la Asociación Guatemalteca de Cucuruchos Seculares. 

El grupo reúne a devotos cargadores que buscan entender y analizar «desde la sociología, semiología, economía y distintas ciencias» la Semana Santa.  

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«No hay nada más grande a nivel de fiesta» en la cultura popular del país, sobrepasando en fervor a la Navidad o el Corpus Christi, dijo Barillas.

«Es la que mayor auge y mayor fuerza tiene a pesar de los cambios generacionales y a pesar de la pérdida de fieles católicos» en Guatemala ante la expansión de la iglesia evangélica, explicó. 

«Esta tradición se mantiene fuerte y arraigada en el ideario de la cultura popular tradicional del guatemalteco. Es un reconocimiento justo, necesario e importante», expresó Barillas.

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Centroamérica

Régimen de Ortega ante posible continuidad, control pactado o democracia en 2027

Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral y eliminación de la oposición, enfrenta tres posibles escenarios políticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroaméricadivulgado este miércoles.

El informe sostiene que la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas, representa “un golpe estratégico” al entramado internacional que ha sostenido al régimen sandinista, dado que Venezuela fue un aliado clave tanto en lo económico como en lo político durante las últimas dos décadas.

Según el centro de pensamiento, esa pérdida de respaldo marca un punto de inflexión para el régimen, que ya enfrentaba aislamiento regional y presión internacional, especialmente desde Estados Unidos.

Tres escenarios posibles

Primer escenario: consolidación del régimen.
El informe plantea que la administración orteguista podría afianzarse en el poder pese a su falta de legitimidad interna y externa. Bajo este escenario, Murillo —con o sin Ortega en primera línea— consolidaría el control mediante el aparato represivo como principal sostén del régimen. Las elecciones de noviembre de 2027 se desarrollarían sin garantías democráticas. La Cetcam considera este escenario como el menos probable debido al aislamiento internacional y a la presión de Washington, pero no lo descarta.

Segundo escenario: transición controlada.
Esta opción supondría ajustes limitados impulsados por figuras cercanas al orteguismo, que preservarían intereses como la impunidad y el patrimonio acumulado por la élite gobernante. La represión adoptaría formas menos visibles y sectores de la oposición aceptarían concesiones parciales. Las elecciones de 2027 incluirían reformas superficiales y la participación de fuerzas filtradas, aunque se conservaría el núcleo del poder actual.

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Tercer escenario: transición democrática.
El informe también contempla la posibilidad de una apertura real hacia una democracia plena, impulsada por la presión internacional y por la acción de fuerzas prodemocráticas internas. En ese contexto, el régimen se vería obligado a restituir libertades, organizar elecciones transparentes observadas internacionalmente en 2027 y permitir una reconstrucción institucional.

Los expertos subrayan que el rumbo final dependerá de la intensidad de la presión externa —particularmente de Estados Unidos— y de la capacidad de la oposición para articular una alternativa política viable, mientras la falta de apoyo venezolano obliga a Managua a redefinir su estrategia ante unos comicios que definirán el futuro político de la nación.

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Centroamérica

Gobierno de Guatemala pide investigar a fiscal general por presuntas adopciones ilegales en los años 80

El Gobierno de Guatemala informó este miércoles que solicitó al Ministerio Público investigar una presunta participación de la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales ocurridas en la década de 1980, según señalamientos de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), entidad que actúa como abogado del Estado. No obstante, analistas consideran poco probable que el proceso avance en los tres meses restantes del mandato de Porras, quien calificó las acusaciones como “espurias”.

Señalamientos de expertos de la ONU

Relatores y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron, en un comunicado divulgado en Ginebra, una investigación independiente sobre la supuesta participación de la fiscal en adopciones ilegales cuando se desempeñó como directora, administradora y “tutora” de un hogar estatal para menores en 1982.

Según los expertos, recibieron información sobre “al menos 80 niños indígenas” que habrían sido sometidos a adopciones internacionales ilegales tras su “captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”, durante el conflicto armado interno guatemalteco.

Postura oficial

El titular de la PGN, Julio Saavedra, explicó en rueda de prensa que la institución activó “el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso”.

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Además, indicó que la PGN solicitó ser reconocida como “querellante adhesivo” para colaborar en la investigación.

Por su parte, Porras rechazó “categóricamente” las acusaciones y pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que las alegaciones “sean objeto de revisión, aclaración y corrección”.

Contexto político

La denuncia se conoció el mismo día en que Porras fracasó en su intento de ser electa magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, cargo que le habría otorgado inmunidad.

La fiscal general también ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la señalan por presuntos actos de corrupción y por acciones consideradas antidemocráticas, incluyendo procesos penales contra exfuncionarios, periodistas y líderes sociales, así como intentos de obstaculizar la investidura del presidente Bernardo Arévalo.

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Centroamérica

El Salvador suma 15 días sin homicidios en febrero

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que el miércoles 18 de febrero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.

Con esta jornada, El Salvador acumula 15 días sin asesinatos en lo que va del mes y un total de 41 días sin homicidios en lo que transcurre de 2026, según datos oficiales.

Las autoridades también han señalado que el país cerró 2025 con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, así como con un índice de impunidad del 0 % en el delito de homicidio.

De acuerdo con el Gobierno, estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas que forman parte de la estrategia de seguridad pública impulsada en los últimos años.

Las autoridades sostienen que las políticas adoptadas han permitido una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.

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