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Centroamérica

Incautan bienes a expresidente salvadoreño Sánchez acusado de corrupción

Foto: Fiscalía General de la República El Salvador

| Por AFP |

La Fiscalía de El Salvador incautó este jueves una casa, tres vehículos y dos cuentas bancarias al expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien vive en Nicaragua, por la supuesta malversación de 183 millones de dólares.

«Con esta diligencia se inicia el proceso para recuperar los fondos que fueron sustraídos al Estado, de manera ilegal», indicó la Fiscalía en Twitter, precisando que los bienes incautados tienen un valor de 1,2 millones de dólares.

Sánchez Cerén, quien gobernó entre 2014 y 2019, es acusado «junto a 16 exempleados de casa presidencial y personas particulares, quienes entre 2016 y 2019 usaron ilegalmente fondos públicos», añadió.

La Fiscalía los acusa de los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado por la presunta malversación de 183 millones de dólares.

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El exmandatario izquierdista vive en Nicaragua, cuyo gobierno les otorgó la nacionalidad a él y a su familia el 30 de julio de 2021, eso luego de que la justicia salvadoreña emitiera una orden de captura en su contra por los delitos que se le imputan.

Sánchez Cerén es el segundo exmandatario salvadoreño que obtuvo la nacionalidad nicaragüense, después de Mauricio Funes (2009-2014), ambos del partido de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN).

La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Sánchez Cerén tiene otra causa por supuesto enriquecimiento ilícito, pues la Fiscalía lo acusa de que cuando fue vicepresidente de Funes recibió en forma ilícita más de medio millón de dólares.

El miércoles la justicia salvadoreña ordenó que Funes, quien también vive en Nicaragua, enfrente juicio por supuestamente integrar agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, por haber pactado en 2012 una tregua con pandillas que fue avalada por la Organización de Estados Americanos con el fin de reducir los homicidios.

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Centroamérica

Plan Control Territorial y régimen de excepción llevan al país a mínimos históricos de homicidios

Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido a las autoridades asestar duros golpes a las estructuras criminales, al tiempo que han contribuido a una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.

De acuerdo con cifras oficiales, estas medidas han derivado en la captura de 90,639 pandilleros y colaboradores, así como en la incautación de 5,162 armas de fuego, 11,822 vehículos y 23,917 teléfonos celulares utilizados por las estructuras delictivas. Paralelamente, los homicidios han registrado una disminución drástica en los últimos años.

En ese contexto, el experto en seguridad pública y criminólogo Ricardo Sosa proyectó que El Salvador cerrará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales, un hecho sin precedentes en los 204 años de vida republicana del país.

“El Salvador finalizará el año 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en su historia. Esto significa que, por primera ocasión, el país no registrará una cifra de tres dígitos en violencia homicida. Se trata de vidas salvadas y de evitar el luto y el dolor en las familias salvadoreñas, un resultado que muchos se resisten a reconocer como fruto del régimen de excepción y del Plan Control Territorial”, afirmó Sosa.

El especialista agregó que este enfoque orientado a la prevención y el control de la violencia también ha tenido impactos en otros ámbitos sociales. Según señaló, el país suma cuatro años sin reportes de asesinatos de estudiantes y ha logrado una reducción significativa en los niveles de deserción escolar, como consecuencia de la mejora en las condiciones de seguridad.

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Centroamérica

Analistas confían en la participación electoral salvadoreña para los comicios de 2027

En un escenario marcado por cambios políticos y sociales, la conciencia electoral de la ciudadanía salvadoreña adquiere un papel determinante de cara a las elecciones generales previstas para 2027, coinciden analistas y expertos en materia electoral.

Juan Contreras, abogado y máster en Ciencias Políticas, subrayó que fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de acudir a las urnas y ejercer el voto fortalece no solo el proceso electoral, sino también la democracia del país. A su juicio, una participación activa envía además un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre la solidez de la cultura democrática en El Salvador.

Contreras señaló que existe confianza de la población en el próximo proceso electoral, que estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable de organizar la elección de presidente de la república, diputados y concejos municipales. Indicó que el país ha demostrado que las elecciones continúan siendo el mecanismo idóneo para la toma de decisiones políticas.

Asimismo, recordó que las misiones de observación electoral han destacado la transparencia de los procesos electorales salvadoreños en los últimos años. “Después de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ingresó indudablemente a un estado democrático”, afirmó el especialista.

En cuanto a la participación ciudadana, Contreras indicó que los índices de votación históricamente se han mantenido por encima del 50 % y consideró que esta tendencia podría continuar en los próximos comicios. No obstante, señaló que será clave conocer las campañas que impulse el TSE para incentivar una mayor participación.

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Sobre la decisión de votar o abstenerse, el experto explicó que esta responde a factores personales, culturales o religiosos. “Generalmente, quien tiene una cultura del voto lo hace de manera constante; es decir, si una persona ha votado anteriormente, suele mantener ese comportamiento”, explicó.

Finalmente, destacó que las plataformas digitales se han consolidado como una herramienta fundamental para informar a la población sobre los procesos electorales y como una nueva forma de hacer política en los últimos años.

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Centroamérica

Gobierno refuerza señalización en zonas escolares para reducir accidentes de tránsito

La señalización vial en zonas escolares es un elemento clave para proteger la vida de estudiantes, docentes y padres de familia durante los horarios de ingreso y salida de los centros educativos, al reducir riesgos y ordenar la circulación vehicular.

En ese marco, el Gobierno, a través del Fondo de Conservación Vial (Fovial), ejecuta anualmente un proyecto de señalización vial enfocado en disminuir la siniestralidad, regular el tránsito y reducir la velocidad de los vehículos en áreas de alta afluencia escolar.

Entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, el proyecto intervino 37 centros educativos ubicados en las zonas occidental, central y oriental del país, beneficiando directamente a 15,497 estudiantes. Las instituciones atendidas fueron catalogadas como de alto riesgo vial por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) y el Ministerio de Educación (Mined), en el marco de sus atribuciones dentro del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi).

Las obras incluyeron la instalación de señalización vertical, como postes con señal de escuela, paneles reflectivos y señales informativas, así como señalización horizontal, entre ellas bandas alertadoras y logarítmicas, líneas continuas y discontinuas en colores blanco y amarillo, pintura de pasos peatonales, flechas sencillas y dobles, señalización escolar sobre el pavimento y vialetas reflectivas de una y dos caras.

Además, el proyecto contempló la colocación de boyas metálicas conocidas como “sapitos”, pintura de separadores centrales, delineadores verticales flexibles, separadores de carriles de polietileno y señalización de túmulos, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en los entornos escolares.

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