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Internacionales

Presidente peruano responde a Congreso que «nada impedirá» que concluya su mandato en 2026

Foto: Cris Bouroncle / AFP

| Por AFP |

El presidente peruano Pedro Castillo aseguró este viernes que completará su período constitucional de gestión, que culmina en 2026, en respuesta a la decisión del Congreso de debatir su destitución del cargo la próxima semana.

«Frente a la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026», dijo en un acto transmitido por la televisión estatal.

El mandatario izquierdista, que asumió en julio de 2021, enfrentará el miércoles próximo un tercer proceso de destitución por parte del Congreso, dominado por la derecha.

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Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de que no dispone la oposición.

«No pasarán ni las actitudes  antidemocráticas ni los intereses mezquinos y subalternos», afirmó Castillo, y dijo «confiar» en que «los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales, se pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad».

Castillo enfrenta el juicio político bajo investigaciones de la fiscalía por corrupción.   

Un 70% de los peruanos rechazan la gestión del mandatario, según sondeos, pero el desprestigio del Congreso es aún mayor, ya que 85% de los ciudadanos tienen una opinión negativa de la institución.   

Castillo denunció en octubre «un golpe parlamentario en marcha» y pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras que el jefe del Congreso, José Williams, acusó al presidente de querer disolver el Parlamento.

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Horas antes que el Congreso apruebe debatir la destitución, el grupo de alto nivel de la OEA que evalúa la crisis peruana recomendó «una tregua política de 100 días» mientras se busca «encauzar un diálogo formal» en la sociedad para alcanzar una salida a la pugna entre Ejecutivo y Legislativo.

Castillo subrayó que su gobierno «acoge ese llamado» del bloque hemisférico y que está «dispuesto a concertar y a buscar los consensos necesarios para sacar adelante al país».

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Internacionales

Pandilleros secuestran a colaborador cubano en Haití

31 de enero | Por AFP |

Una pandilla secuestró en Puerto Príncipe al chofer de la brigada médica de Cuba en Haití, informó este martes el Ministerio de Salud Pública de la isla comunista (Minsap).

«El 23 de enero de 2023, fue secuestrado en Puerto Príncipe, Haití, por parte de una de las bandas que operan al margen de la ley en ese país, el colaborador de la Brigada Médica Cubana, Alejandro Aguilera Milanés, quien se desempeña como chofer en dicha misión», señaló el Ministerio en un comunicado publicado en su página de internet.

Destacó que «de manera inmediata y con la debida discreción, indispensable en situaciones de esta índole, se iniciaron las gestiones con las autoridades haitianas para atender con la máxima prioridad ese lamentable hecho en aras de lograr la segura y pronta liberación del colaborador cubano».

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El Ministerio, que no dio detalles del secuestro de Aguilera, precisó que el resto de los integrantes de la brigada, que ronda las 250 personas entre médicos, enfermeros y personal de apoyo, se encuentra bien.

No es la primera vez que las bandas criminales que operan en algunas regiones de Haití secuestran a un miembro de la brigada cubana. El año pasado, la médica Daymara Helen Pérez pasó 10 días en manos de pandilleros que la secuestraron cuando viajaba en un autobús, antes de ser liberada, según informó entonces la embajada de Cuba en ese país.

La nación más pobre de América está sumida desde hace años en una aguda crisis política, económica y de seguridad, que se acentuó tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021. 

En 2022, la ONU registró en ese país 1.359 secuestros y más de 2.000 asesinatos, un tercio más que el año anterior. Según el último informe sobre Haití del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la fuerza policial sigue «sobrecargada, sin personal ni recursos».

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Internacionales

La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador

Foto: ABC Mundo

31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |

Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.

«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes  sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos. 

El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.

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En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.

«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.

Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado. 

«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.

Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas. 

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Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.

El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.

«Extradición pasiva»

Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.

Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito. 

Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.

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«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.

La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo. 

Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos. 

La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.

Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.

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Internacionales

Aprueban en Chile comisión que redactará borrador de Constitución que releve la de Pinochet

Foto: camara.cl

26 de enero | Por AFP |

El Congreso de Chile aprobó este miércoles a los 24 miembros de la Comisión de Expertos que redactará el anteproyecto de una nueva Constitución que reemplace la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El Senado aprobó por 41 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención a 12 miembros de la Comisión de Expertos. Los otros 12 integrantes fueron elegidos por la Cámara de Diputados. Todos los postulantes fueron designados por el Congreso.

La Comisión de Expertos «tendrá la labor de redactar un anteproyecto de nueva Constitución», además «es paritaria y se constituirá el 6 de marzo próximo para elaborar su propuesta», indicó un comunicado del Senado. 

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El borrador será la base en la cual trabajará el Consejo Constitucional que presentará el texto final y que estará compuesto por 50 miembros elegidos por el voto popular el 7 de mayo.

El Parlamento también ratificó a los 14 miembros del Comité Técnico de Admisibilidad -también designados por el Congreso- cuya misión será garantizar que el articulado no contravenga las 12 bases fundamentales que deberá incluir la nueva Carta Magna.

Las bases, entre ellas identificar a Chile como una «República democrática» con un carácter «unitario y descentralizado», fueron establecidas en un acuerdo alcanzado por los congresistas de partidos oficialistas y opositores en diciembre pasado.

El nuevo proceso constitucional debe finalizar en diciembre con un plebiscito ratificatorio.

Este es el tercer esfuerzo en cinco años por tener una nueva Constitución en Chile que releve la Carta Fundamental promulgada en 1980 por Pinochet y que ha sido sometida a decenas de reformas desde el retorno a la democracia en 1990.

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En septiembre pasado, el 61 % del electorado rechazó un proyecto elaborado por una convención 100% electa. También fracasó el intento que llevó adelante la expresidenta Michelle Bachelet durante su segundo mandato (2014-2018), por medio de cabildos autoconvocados.

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