Centroamérica
Militares cercan populosa ciudad de El Salvador para capturar pandilleros
| Por AFP |
Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado la populosa ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad» de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.
Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán «de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí», dijo Bukele.
Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que «ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales».
La guerra contra las «maras», que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.
Soyapango, considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros, ahora luce la mayoría de sus calles sin grafitis de pandillas, que fueron borrados por las autoridades.
Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a «una enorme mejora en su seguridad», reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
El régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.
A la búsqueda de pandilleros
Las colonias en todo Soyapango amanecieron con fuerte presencia de soldados y policías, que deambulaban lentamente con sus fusiles de asalto en mano, observó un periodista de la AFP.
Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad.
Drones de la Policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros.
El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 «puntos de control» instalados en Soyapango.
El operativo «ha sido una sorpresa, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad», dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio.
Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros.
«Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados», remarcó Bukele.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza, pidió a la población «usar las redes sociales» para denunciar a pandilleros que se escondan.
«El llamado a la población es que utilicen las herramientas tecnológicas (…), para acudir e ir a extraer (al pandillero) que le puede ocasionar daño a la vida», indicó.
Apoyo ciudadano
El montaje de los cercos de seguridad en ciudades para la «extracción de pandilleros» es parte, dijo recientemente Bukele, del denominado plan de seguridad gubernamental Control Territorial.
«Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población lo ha notado, entonces no es de extrañar que la gente que ha sido afectada por las pandillas, que es la gran mayoría, estén de acuerdo con lo que se está haciendo», dijo el criminólogo Ricardo Sosa.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.
Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros. La mayoría son miembros de la pandilla MS-13 y su rival Barrio 18, en sus facciones sureños y revolucionarios.
Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».
Centroamérica
El Salvador cierra 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia
El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.
De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.
“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.
Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.
El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.
Centroamérica
Guatemala entrega a El Salvador a pandillero de la MS-13 localizado en Petén
Investigadores de la División de Información Policial de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con autoridades de Belice, localizaron y entregaron en la aduana de Melchor de Mencos, Petén, a un presunto pandillero de la mara Salvatrucha.
El detenido fue identificado como Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, quien será expulsado hacia El Salvador por medio de Migración Guatemala, a través de la frontera de Anguiatú, en Concepción Las Minas, Chiquimula, según el reporte oficial de la policía guatemalteca.
De acuerdo con las autoridades del país vecino, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron localizados 53 integrantes de estructuras criminales que permanecían de manera irregular en Guatemala. De ese total, 46 fueron entregados a la justicia salvadoreña, mientras que 47 guardan prisión en distintos centros penitenciarios guatemaltecos por delitos cometidos en ese territorio.
Entre los capturados durante el año recién finalizado en Guatemala y posteriormente devueltos a El Salvador figura Miguel Alexander González Escobar, alias «Chiky», perfilado como homeboy de la pandilla 18 Sureños y señalado como extorsionista. El sujeto habría huido de El Salvador tras la implementación del régimen de excepción.
González Escobar registra antecedentes penales desde 2016 por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito, según los registros oficiales.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, destacó en su momento la coordinación regional en la lucha contra las estructuras criminales. «Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades de Guatemala y reafirmamos nuestro firme compromiso de encontrar a todos los miembros de grupos terroristas dentro y fuera de nuestras fronteras y hacer que rindan cuentas ante la ley», afirmó.
Villatoro agregó que «en este nuevo Estado de derecho no hay lugar para los terroristas. No permitiremos que quede ni un solo remanente que amenace la paz de nuestra sociedad de bien».
Centroamérica
El Salvador registra una fuerte caída en deportaciones desde 2017
Un análisis de los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador revela que las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, México y otros países se mantienen muy por debajode los niveles registrados entre 2014 y 2016, cuando el país enfrentó los picos más altos de retornos forzados.
Durante ese trienio, El Salvador recibió más de 50,000 deportados por año, tanto por vía aérea como terrestre. Aunque las cifras incluyen expulsiones desde distintos países, la mayoría provenía de Estados Unidos, según los registros oficiales.
En contraste, en los últimos tres años las deportaciones han oscilado entre 13,000 y 15,000 personas anuales. En 2023 se contabilizaron 13,358 deportados, en 2024 la cifra aumentó ligeramente a 14,986, y en 2025 se proyecta un nivel similar, ya que entre enero y septiembre se han registrado 10,162 deportaciones.
De acuerdo con la DGME, entre enero de 2013 y septiembre de 2025 El Salvador ha recibido un total de 334,557 personas deportadas. La institución publica estas estadísticas de forma trimestral y anual a través de su sitio web, en documentos en formato PDF.
La caída más pronunciada en las deportaciones se produjo a partir de 2017. Tras alcanzar 52,938 deportados en 2016, la cifra se desplomó en 2017 a 15,809, una reducción cercana al 70 %. Posteriormente, en 2019 se registró un repunte significativo, con 37,348 deportados, lo que representó un aumento del 131 % respecto al año previo. Sin embargo, esta alza fue temporal, ya que en 2020 las deportaciones volvieron a caer un 71 %, hasta 10,716 personas.
En cuanto a las vías de retorno, los datos indican que 209,454 salvadoreños fueron deportados por vía aérea y 136,298 por vía terrestre entre 2013 y 2025. Las deportaciones terrestres, en particular, se redujeron drásticamente a partir de 2020, al pasar de 16,938 casos en 2019 a solo 1,750 en 2020, una caída abrupta que marcó un punto de inflexión en la tendencia migratoria.
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