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Centroamérica

Militares cercan populosa ciudad de El Salvador para capturar pandilleros

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP |

Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado la populosa ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad» de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.

El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.

Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán «de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí», dijo Bukele.

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Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que «ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales».

La guerra contra las «maras», que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.

Soyapango, considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros, ahora luce la mayoría de sus calles sin grafitis de pandillas, que fueron borrados por las autoridades.

Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a «una enorme mejora en su seguridad», reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.

El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.

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El régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.

A la búsqueda de pandilleros

Las colonias en todo Soyapango amanecieron con fuerte presencia de soldados y policías, que deambulaban lentamente con sus fusiles de asalto en mano, observó un periodista de la AFP.

Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad.

Drones de la Policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros.

El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 «puntos de control» instalados en Soyapango.

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El operativo «ha sido una sorpresa, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad», dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio.

Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros.

«Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados», remarcó Bukele.

El director de la Policía, Mauricio Arriaza, pidió a la población «usar las redes sociales» para denunciar a pandilleros que se escondan.

«El llamado a la población es que utilicen las herramientas tecnológicas (…), para acudir e ir a extraer (al pandillero) que le puede ocasionar daño a la vida», indicó.

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Apoyo ciudadano

El montaje de los cercos de seguridad en ciudades para la «extracción de pandilleros» es parte, dijo recientemente Bukele, del denominado plan de seguridad gubernamental Control Territorial.

«Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población lo ha notado, entonces no es de extrañar que la gente que ha sido afectada por las pandillas, que es la gran mayoría, estén de acuerdo con lo que se está haciendo», dijo el criminólogo Ricardo Sosa.

Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.

Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros. La mayoría son miembros de la pandilla MS-13 y su rival Barrio 18, en sus facciones sureños y revolucionarios.

Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».

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Centroamérica

El Salvador destruye 1,535 kilos de cocaína incautada a tres ecuatorianos con un valor de $38.5 millones

Con el aval del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, se procedió este viernes a la destrucción de 1,535 kilos de cocaína, con un valor estimado de $38,589,900. La incineración del cargamento fue realizada por la Fiscalía General de la República, en colaboración con la División Antinarcóticos y la Superintendencia de Regulación Sanitaria.

El alijo de droga fue incautado a tres ciudadanos ecuatorianos: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez Catagua, quienes fueron detenidos el 4 de marzo de 2025, a 600 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque, en el departamento de La Paz.

Los tres extranjeros enfrentaron el jueves una audiencia de imposición de medidas por el delito de tráfico ilícito internacional, tras la cual fueron enviados a un centro penal. La Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) fue la encargada de localizar la embarcación tipo lancha, de bandera ecuatoriana, que transportaba el cargamento de cocaína.

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Centroamérica

Minera en El Corpus pone en riesgo templo católico de 400 años en Honduras

La explotación minera en el municipio de El Corpus, ubicado en el sur de Honduras, podría causar la destrucción del antiguo templo católico y otras estructuras históricas, según lo alertó el vicario Mamerto Galindo. El religioso denuncia que esta actividad está violando tanto leyes locales como nacionales, poniendo en grave peligro el patrimonio cultural y arquitectónico de la zona.

«La iglesia está bastante dañada, probablemente con un temblor podría caerse una parte, ya que hay paredes que están rajadas», declaró Galindo a EFE. El vicario considera que estos daños son consecuencia de la explotación minera realizada por una empresa que trabaja a cielo abierto y otra artesanal, ambas ubicadas dentro del casco urbano de El Corpus.

La minería artesanal se encuentra en el barrio El Centro y está tan cerca que está a unos 100 metros de la parte trasera de la iglesia, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de El Corpus, en el departamento de Choluteca. Los residentes también aseguran que están siendo afectados por la empresa Cerros del Sur, supuestamente subsidiaria de una compañía estadounidense, que se dedica a la extracción de oro a cielo abierto.

Algunos vecinos afirman que Cerros del Sur ha introducido maquinaria en la minera artesanal bajo el pretexto de realizar «trabajos de estabilización del terreno» detrás de la iglesia. Sin embargo, el terreno rocoso donde opera la minera está lleno de perforaciones y tendidos de cables, lo que ha generado un grave daño ambiental, como pudo constatar EFE.

Galindo también señaló que en los terrenos cercanos a la iglesia, que según los nativos fue construida hacia el año 1600, fluye agua subterránea que se está filtrando hasta la capilla del Santísimo. Además, advirtió que «entre la iglesia y la casa cural corre una quebrada», cuyos canales de agua afectan tanto el templo como los alrededores.

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La iglesia se encuentra frente a la plaza central del municipio, un área donde resalta un arco de cemento con la inscripción «Tierra de oro y plata». Según el historiador Rubén Darío Paz, la iglesia original de El Corpus fue de estilo colonial, pero fue reconstruida después de algunos conflictos, y hoy su fachada es de carácter neoclásico. Paz destacó que lo más importante son las imágenes religiosas que alberga, como la de San Benito, un santo negro que tiene gran devoción entre los feligreses mestizos, negros e indígenas de la región.

El vicario Galindo también mencionó otro daño provocado por la minera, relacionado con la desaparición de un comedor infantil en 2016, el cual fue prometido para ser reconstruido en otro lugar, pero nueve años después, dicho compromiso sigue sin cumplirse.

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Centroamérica

Costa Rica incauta más de 1.600 kilos de droga y detiene a tres nicaragüenses en operación conjunta con EE.UU.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó este domingo sobre la detención de tres ciudadanos nicaragüenses que transportaban 1.229 kilogramos de cocaína y 448 kilogramos de marihuana en una embarcación, interceptada en el Pacífico sur del país centroamericano.

Según el reporte oficial, gracias a un convenio de patrullaje conjunto con Estados Unidos, el Servicio Nacional de Guardacostas recibió una alerta sobre una posible embarcación con drogas. Con el apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea y un avión MPA de EE.UU., se inició la persecución.

A unas 40 millas náuticas (aproximadamente 64 kilómetros) de Cabo Matapalo, en la zona sur de Costa Rica, los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron la embarcación rápida con tres sujetos a bordo. Los detenidos hicieron caso omiso a la primera orden de alto de la Policía, y al ser perseguidos, lanzaron parte de la carga de droga al mar, según el ministerio.

Los tres nicaragüenses fueron detenidos y entregados a las autoridades judiciales para el proceso correspondiente. En total, se contabilizaron 1.229 paquetes de cocaína de aproximadamente 1 kilo cada uno y 448 kilos de marihuana.

Costa Rica se ha convertido en un centro clave para el almacenamiento y exportación de cocaína hacia Europa y Norteamérica. En respuesta, el gobierno costarricense lanzó en julio de 2023 la «Operación Soberanía» para combatir el narcotráfico en el país.

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