Centroamérica
Militares cercan populosa ciudad de El Salvador para capturar pandilleros
| Por AFP |
Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado la populosa ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad» de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.
Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán «de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí», dijo Bukele.
Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que «ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales».
La guerra contra las «maras», que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.
Soyapango, considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros, ahora luce la mayoría de sus calles sin grafitis de pandillas, que fueron borrados por las autoridades.
Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a «una enorme mejora en su seguridad», reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
El régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.
A la búsqueda de pandilleros
Las colonias en todo Soyapango amanecieron con fuerte presencia de soldados y policías, que deambulaban lentamente con sus fusiles de asalto en mano, observó un periodista de la AFP.
Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad.
Drones de la Policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros.
El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 «puntos de control» instalados en Soyapango.
El operativo «ha sido una sorpresa, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad», dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio.
Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros.
«Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados», remarcó Bukele.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza, pidió a la población «usar las redes sociales» para denunciar a pandilleros que se escondan.
«El llamado a la población es que utilicen las herramientas tecnológicas (…), para acudir e ir a extraer (al pandillero) que le puede ocasionar daño a la vida», indicó.
Apoyo ciudadano
El montaje de los cercos de seguridad en ciudades para la «extracción de pandilleros» es parte, dijo recientemente Bukele, del denominado plan de seguridad gubernamental Control Territorial.
«Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población lo ha notado, entonces no es de extrañar que la gente que ha sido afectada por las pandillas, que es la gran mayoría, estén de acuerdo con lo que se está haciendo», dijo el criminólogo Ricardo Sosa.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.
Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros. La mayoría son miembros de la pandilla MS-13 y su rival Barrio 18, en sus facciones sureños y revolucionarios.
Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».
Centroamérica
Colocan primera piedra de “El Nido”, centro de maternidad pionero en la región
La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca convertirse en referente nacional y pionero en América Latina.
Durante el acto, destacó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la transformación del sistema de salud materno-perinatal del país, al apostar por un modelo centrado en la madre, el recién nacido y su familia.
El proyecto tiene como objetivo brindar atención integral y gratuita en un solo espacio, además de formar a profesionales de la salud bajo este enfoque y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.
En ese contexto, la primera dama señaló que el modelo responde a la necesidad de transformar la forma en que se atiende el nacimiento, en línea con la Ley Nacer con Cariño, la cual promueve una atención más humana y centrada en la familia.
De acuerdo con información oficial, el complejo estará conformado por dos torres. La primera se enfocará en la atención materno-perinatal, acompañando a las madres desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, además de funcionar como un centro de formación especializado.
Las autoridades subrayaron que el proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de salud y ofrecer experiencias de nacimiento más seguras y dignas para las familias salvadoreñas.
Centroamérica
Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político
El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.
La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.
El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.
Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.
De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.
Centroamérica
FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.
Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.
La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.
Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.
El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.
Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.
De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.
Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.
El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.
Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.
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