Centroamérica
Militares cercan populosa ciudad de El Salvador para capturar pandilleros
| Por AFP |
Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado la populosa ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad» de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.
Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán «de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí», dijo Bukele.
Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que «ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales».
La guerra contra las «maras», que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.
Soyapango, considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros, ahora luce la mayoría de sus calles sin grafitis de pandillas, que fueron borrados por las autoridades.
Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a «una enorme mejora en su seguridad», reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
El régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.
A la búsqueda de pandilleros
Las colonias en todo Soyapango amanecieron con fuerte presencia de soldados y policías, que deambulaban lentamente con sus fusiles de asalto en mano, observó un periodista de la AFP.
Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad.
Drones de la Policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros.
El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 «puntos de control» instalados en Soyapango.
El operativo «ha sido una sorpresa, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad», dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio.
Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros.
«Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados», remarcó Bukele.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza, pidió a la población «usar las redes sociales» para denunciar a pandilleros que se escondan.
«El llamado a la población es que utilicen las herramientas tecnológicas (…), para acudir e ir a extraer (al pandillero) que le puede ocasionar daño a la vida», indicó.
Apoyo ciudadano
El montaje de los cercos de seguridad en ciudades para la «extracción de pandilleros» es parte, dijo recientemente Bukele, del denominado plan de seguridad gubernamental Control Territorial.
«Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población lo ha notado, entonces no es de extrañar que la gente que ha sido afectada por las pandillas, que es la gran mayoría, estén de acuerdo con lo que se está haciendo», dijo el criminólogo Ricardo Sosa.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.
Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros. La mayoría son miembros de la pandilla MS-13 y su rival Barrio 18, en sus facciones sureños y revolucionarios.
Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».
Centroamérica
Gobierno salvadoreño entregará 16 tipos de paquetes escolares gratuitos según el grado académico
El Gobierno de El Salvador anunció que entregará 16 tipos de paquetes escolares a estudiantes del sistema público, como parte de su estrategia para garantizar el acceso equitativo a herramientas educativas y fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, explicó que los paquetes han sido diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de cada estudiante, con el objetivo de brindar insumos adecuados para cada etapa de formación.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la funcionaria.
Trigueros subrayó que la entrega será gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar pagos ni trámites adicionales para acceder a este beneficio. Además, indicó que los paquetes serán distribuidos en una sola entrega, evitando retrasos o entregas parciales.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», afirmó la ministra.
Las autoridades señalaron que esta medida busca aliviar la carga económica de las familias, garantizar la permanencia escolar y fortalecer la educación pública a nivel nacional.
Centroamérica
Oposición costarricense llama a las urnas en el cierre de campaña para frenar triunfo oficialista
A una semana de las elecciones presidenciales del 1 de febrero en Costa Rica, los partidos políticos cerraron este domingo sus campañas con actividades públicas y llamados a la participación ciudadana, en un último esfuerzo por movilizar al electorado y revertir los sondeos que dan como favorita a la candidata oficialista, Laura Fernández, incluso con posibilidades de ganar en primera ronda.
La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana y ex primera dama (2018–2022), Claudia Dobles, encabezó su cierre de campaña con el mensaje “Podemos ganar”, acompañado de duras críticas al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, al que acusó de no haber dado respuestas efectivas a la inseguridad ni a las deficiencias del sistema de salud pública.
Acompañada por un grupo mayoritariamente joven, Dobles firmó un compromiso para impulsar políticas orientadas a la juventud y a la reducción de brechas sociales. Posteriormente, realizó dos mítines en San José y participó en una actividad cultural como parte del cierre de su campaña.
Dobles, arquitecta de profesión y ubicada en el tercer lugar de las encuestas, ha insistido a lo largo de la contienda electoral en que su movimiento representa la única alternativa capaz de derrotar al oficialismo, encarnado por Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y exministra de Planificación y de la Presidencia durante la actual administración.
Por su parte, Fernández, quien se ha presentado como la “heredera política” de Chaves y defensora de la “continuidad del cambio”, cerró su campaña con recorridos por la capital y varias comunidades del centro del país, además de participaciones en programas de televisión durante el fin de semana.
Las encuestas más recientes colocan a Fernández con una ventaja considerable, con un respaldo cercano al 40 %, el umbral necesario para ganar en primera vuelta. No obstante, los partidos de oposición subrayan que la última semana de campaña será decisiva para atraer al segmento de indecisos, que ronda el 30 % del electorado con intención de voto.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández, libre pero sin rumbo claro tras salir de prisión en EE. UU.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández recuperó su libertad a finales de 2025, luego de recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, decisión que dejó sin efecto la condena por narcotráfico que cumplía en Estados Unidos. El perdón marcó un giro abrupto en un caso que durante años fue presentado por fiscales estadounidenses como un ejemplo de que incluso exmandatarios extranjeros podían rendir cuentas ante la justicia.
A casi un mes de su salida de prisión, Hernández mantiene un perfil público selectivo, sin responder de manera directa a las interrogantes que hoy concentran la atención: qué hace actualmente, cuáles son sus planes a futuro y si contempla regresar a Honduras o reincorporarse a la política.
Desde su liberación, el exmandatario ha reaparecido en entrevistas y pódcasts de medios conservadores estadounidenses, entre ellos One America News y The Roger Stone Show. En esos espacios ha reiterado que fue víctima de una persecución política y ha cuestionado el proceso judicial en su contra, asegurando que su condena se basó en testimonios de narcotraficantes que —según sostiene— buscaban beneficios legales a cambio de incriminarlo.
Paralelamente, Hernández ha reforzado ese mensaje a través de sus redes sociales, donde ha publicado videos en plataformas como X y TikTok. En ellos agradece públicamente a Trump por el indulto y describe su encarcelamiento como una prueba personal y espiritual. Sin embargo, evita pronunciarse sobre planes concretos relacionados con su futuro político o personal.
De acuerdo con publicaciones en X del asesor conservador Roger Stone, aliado político de Trump que promovió activamente el caso de Hernández antes del indulto, el expresidente se encuentra actualmente en Miami, sin poder regresar a Honduras por supuestos motivos de seguridad. Tanto su familia como su equipo legal han señalado que enfrenta amenazas de muerte en su país, las cuales atribuyen a su pasado político y judicial.
Stone afirmó además que las visas de la esposa e hijos de Hernández habrían sido revocadas, lo que ha impedido su reunificación familiar. Esta versión fue respaldada públicamente por Ana García de Hernández, quien también se refirió al tema en redes sociales.
México: Ataque armado en campo de fútbol deja 11 muertos y 12 heridos
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