Centroamérica
Militares cercan populosa ciudad de El Salvador para capturar pandilleros
| Por AFP |
Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado la populosa ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad» de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.
Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán «de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí», dijo Bukele.
Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que «ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales».
La guerra contra las «maras», que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.
Soyapango, considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros, ahora luce la mayoría de sus calles sin grafitis de pandillas, que fueron borrados por las autoridades.
Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a «una enorme mejora en su seguridad», reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
El régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.
A la búsqueda de pandilleros
Las colonias en todo Soyapango amanecieron con fuerte presencia de soldados y policías, que deambulaban lentamente con sus fusiles de asalto en mano, observó un periodista de la AFP.
Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad.
Drones de la Policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros.
El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 «puntos de control» instalados en Soyapango.
El operativo «ha sido una sorpresa, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad», dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio.
Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros.
«Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados», remarcó Bukele.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza, pidió a la población «usar las redes sociales» para denunciar a pandilleros que se escondan.
«El llamado a la población es que utilicen las herramientas tecnológicas (…), para acudir e ir a extraer (al pandillero) que le puede ocasionar daño a la vida», indicó.
Apoyo ciudadano
El montaje de los cercos de seguridad en ciudades para la «extracción de pandilleros» es parte, dijo recientemente Bukele, del denominado plan de seguridad gubernamental Control Territorial.
«Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población lo ha notado, entonces no es de extrañar que la gente que ha sido afectada por las pandillas, que es la gran mayoría, estén de acuerdo con lo que se está haciendo», dijo el criminólogo Ricardo Sosa.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.
Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros. La mayoría son miembros de la pandilla MS-13 y su rival Barrio 18, en sus facciones sureños y revolucionarios.
Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».
Centroamérica
Honduras incauta 40,000 plantas de coca y JIFE advierte crecimiento del narcotráfico en la región
La erradicación de aproximadamente 40,000 plantas presuntamente de coca en Honduras, en julio de 2025, confirma el crecimiento sostenido de este cultivo en Centroamérica, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena.
El organismo señaló que en julio de 2025 las fuerzas armadas hondureñas incautaron las plantaciones en el municipio de Olanchito, lo que evidencia un “aumento significativo” del arbusto en una región históricamente utilizada como corredor del narcotráfico.
El informe también cita un estudio publicado en 2024 en la revista Environmental Research Letters, el cual estima que el 47 % del norte de Centroamérica —Belice, Guatemala y Honduras— reúne condiciones biofísicas adecuadas para el cultivo de hoja de coca.
Por su posición estratégica entre los principales centros de producción en Sudamérica y los mercados de consumo en Norteamérica y Europa, Centroamérica ha sido durante décadas un punto clave de tránsito. La JIFE destaca a Panamá como un espacio estratégico, al señalar que hasta el 40 % de la cocaína colombiana destinada al norte cruza por su zona económica exclusiva, utilizando rutas marítimas y el flujo comercial del Canal de Panamá.
Honduras es descrita como un “país de tránsito clave” para la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, mientras que Guatemala figura como territorio de paso para cargamentos terrestres procedentes de El Salvador y Honduras, así como para envíos marítimos desde Colombia y Ecuador.
El documento añade que en 2024 continuó el uso de lanchas rápidas y la participación de organizaciones criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, en coordinación con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.
Asimismo, la JIFE advierte una diversificación hacia drogas sintéticas. Guatemala reportó incrementos en decomisos de precursores químicos y el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.
En cuanto al consumo, la cocaína representa el 49.2 % de los casos en tratamiento en la región, seguida del cannabis con 43.5 %, los opioides con 2.6 % y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes con 2 %.
Centroamérica
Guatemala registra 628 casos de sarampión y el virus ya alcanza el 95 % del país
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de Guatemala informó que el brote de sarampión en el país alcanzó 628 casos confirmados hasta el 24 de febrero, lo que evidencia una acelerada propagación del virus.
La cifra supone un incremento del 75.4 % respecto a los 358 contagios reportados el 17 de febrero, es decir, 270 nuevos casos en apenas una semana. El brote se originó en diciembre pasado durante una actividad religiosa masiva en el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.
Aunque el foco inicial se ubicó en el occidente del país, el departamento de Guatemala —que incluye la capital— se ha convertido en el principal epicentro con 281 casos, equivalentes al 44.7 % del total nacional. Sololá reporta 122 contagios, seguido de Huehuetenango con 39 y Escuintla con 32. De acuerdo con el Mspas, el virus ya está presente en el 95 % del territorio y Suchitepéquez es el único departamento sin reportes oficiales.
El análisis por grupos etarios indica que las personas entre 20 y 29 años concentran 220 casos (35 %), mientras que el grupo de 15 a 19 años suma 88 contagios. Las autoridades sanitarias también manifestaron preocupación por 36 casos detectados en menores de un año, quienes aún no han recibido la primera dosis de la vacuna SPR contra sarampión, parotiditis y rubéola.
El Mspas mantiene activa una estrategia de “vacunación de bloqueo” para contener la transmisión y recordó que el último gran brote en Guatemala se registró en 1990.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 3 de febrero una alerta epidemiológica ante el marcado incremento de casos en las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, e instó a una respuesta inmediata y coordinada.
Según datos del organismo regional, en 2025 se contabilizaron 14,891 casos de sarampión en el continente, con 29 muertes. México lidera la lista con 6,428 contagios y 24 fallecimientos, seguido de Canadá con 5,436 casos y dos muertes, y Estados Unidos con 2,242 casos y tres decesos. Antes de la introducción de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba alrededor de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, 12,000 de ellas en las Américas.
Centroamérica
Washington amplía sanciones contra figuras clave del gobierno de Ortega
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo de Nicaragua y varios altos funcionarios vinculados a áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones, a quienes acusa de permitir la represión ejercida por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Departamento del Tesoro informó que las medidas alcanzan a la ministra Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez.
Según el comunicado oficial, Flores, quien asumió el cargo en agosto, es señalada de facilitar la “explotación” de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de “competencia desleal” derivadas de las condiciones laborales en el país.
En el caso del mayor general Gutiérrez, el Tesoro lo identifica como responsable del directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, considerado una de las estructuras más opacas del Ejército. De acuerdo con Washington, esta instancia, junto con los servicios de seguridad, ha participado en el monitoreo de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.
El Departamento del Tesoro también indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por oficiales militares, ha sido utilizada para controlar y emplear las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero con el fin de perseguir a opositores políticos.
Respecto al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, lo describe como un componente central de un amplio aparato de vigilancia y espionaje. Su directora general, Nahima Janett Díaz, fue sancionada en 2022, y ahora se suma a la lista la vicedirectora Celia Margarita Reyes.
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