Centroamérica
Militares cercan populosa ciudad de El Salvador para capturar pandilleros
| Por AFP |
Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado la populosa ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad» de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.
Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán «de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí», dijo Bukele.
Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que «ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales».
La guerra contra las «maras», que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.
Soyapango, considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros, ahora luce la mayoría de sus calles sin grafitis de pandillas, que fueron borrados por las autoridades.
Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a «una enorme mejora en su seguridad», reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
El régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.
A la búsqueda de pandilleros
Las colonias en todo Soyapango amanecieron con fuerte presencia de soldados y policías, que deambulaban lentamente con sus fusiles de asalto en mano, observó un periodista de la AFP.
Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad.
Drones de la Policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros.
El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 «puntos de control» instalados en Soyapango.
El operativo «ha sido una sorpresa, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad», dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio.
Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros.
«Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados», remarcó Bukele.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza, pidió a la población «usar las redes sociales» para denunciar a pandilleros que se escondan.
«El llamado a la población es que utilicen las herramientas tecnológicas (…), para acudir e ir a extraer (al pandillero) que le puede ocasionar daño a la vida», indicó.
Apoyo ciudadano
El montaje de los cercos de seguridad en ciudades para la «extracción de pandilleros» es parte, dijo recientemente Bukele, del denominado plan de seguridad gubernamental Control Territorial.
«Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población lo ha notado, entonces no es de extrañar que la gente que ha sido afectada por las pandillas, que es la gran mayoría, estén de acuerdo con lo que se está haciendo», dijo el criminólogo Ricardo Sosa.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.
Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros. La mayoría son miembros de la pandilla MS-13 y su rival Barrio 18, en sus facciones sureños y revolucionarios.
Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».
Centroamérica
Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos
Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.
El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.
Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.
Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.
Centroamérica
Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.
Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.
El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.
La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.
Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.
El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.
Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.
Centroamérica
Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.
De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.
Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.
Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.
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