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Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

Honduras incauta 40,000 plantas de coca y JIFE advierte crecimiento del narcotráfico en la región

La erradicación de aproximadamente 40,000 plantas presuntamente de coca en Honduras, en julio de 2025, confirma el crecimiento sostenido de este cultivo en Centroamérica, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena.

El organismo señaló que en julio de 2025 las fuerzas armadas hondureñas incautaron las plantaciones en el municipio de Olanchito, lo que evidencia un “aumento significativo” del arbusto en una región históricamente utilizada como corredor del narcotráfico.

El informe también cita un estudio publicado en 2024 en la revista Environmental Research Letters, el cual estima que el 47 % del norte de Centroamérica —Belice, Guatemala y Honduras— reúne condiciones biofísicas adecuadas para el cultivo de hoja de coca.

Por su posición estratégica entre los principales centros de producción en Sudamérica y los mercados de consumo en Norteamérica y Europa, Centroamérica ha sido durante décadas un punto clave de tránsito. La JIFE destaca a Panamá como un espacio estratégico, al señalar que hasta el 40 % de la cocaína colombiana destinada al norte cruza por su zona económica exclusiva, utilizando rutas marítimas y el flujo comercial del Canal de Panamá.

Honduras es descrita como un “país de tránsito clave” para la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, mientras que Guatemala figura como territorio de paso para cargamentos terrestres procedentes de El Salvador y Honduras, así como para envíos marítimos desde Colombia y Ecuador.

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El documento añade que en 2024 continuó el uso de lanchas rápidas y la participación de organizaciones criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, en coordinación con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.

Asimismo, la JIFE advierte una diversificación hacia drogas sintéticas. Guatemala reportó incrementos en decomisos de precursores químicos y el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.

En cuanto al consumo, la cocaína representa el 49.2 % de los casos en tratamiento en la región, seguida del cannabis con 43.5 %, los opioides con 2.6 % y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes con 2 %.

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Centroamérica

Guatemala registra 628 casos de sarampión y el virus ya alcanza el 95 % del país

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de Guatemala informó que el brote de sarampión en el país alcanzó 628 casos confirmados hasta el 24 de febrero, lo que evidencia una acelerada propagación del virus.

La cifra supone un incremento del 75.4 % respecto a los 358 contagios reportados el 17 de febrero, es decir, 270 nuevos casos en apenas una semana. El brote se originó en diciembre pasado durante una actividad religiosa masiva en el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.

Aunque el foco inicial se ubicó en el occidente del país, el departamento de Guatemala —que incluye la capital— se ha convertido en el principal epicentro con 281 casos, equivalentes al 44.7 % del total nacional. Sololá reporta 122 contagios, seguido de Huehuetenango con 39 y Escuintla con 32. De acuerdo con el Mspas, el virus ya está presente en el 95 % del territorio y Suchitepéquez es el único departamento sin reportes oficiales.

El análisis por grupos etarios indica que las personas entre 20 y 29 años concentran 220 casos (35 %), mientras que el grupo de 15 a 19 años suma 88 contagios. Las autoridades sanitarias también manifestaron preocupación por 36 casos detectados en menores de un año, quienes aún no han recibido la primera dosis de la vacuna SPR contra sarampión, parotiditis y rubéola.

El Mspas mantiene activa una estrategia de “vacunación de bloqueo” para contener la transmisión y recordó que el último gran brote en Guatemala se registró en 1990.

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Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 3 de febrero una alerta epidemiológica ante el marcado incremento de casos en las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, e instó a una respuesta inmediata y coordinada.

Según datos del organismo regional, en 2025 se contabilizaron 14,891 casos de sarampión en el continente, con 29 muertes. México lidera la lista con 6,428 contagios y 24 fallecimientos, seguido de Canadá con 5,436 casos y dos muertes, y Estados Unidos con 2,242 casos y tres decesos. Antes de la introducción de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba alrededor de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, 12,000 de ellas en las Américas.

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Centroamérica

Washington amplía sanciones contra figuras clave del gobierno de Ortega

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo de Nicaragua y varios altos funcionarios vinculados a áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones, a quienes acusa de permitir la represión ejercida por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas alcanzan a la ministra Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez.

Según el comunicado oficial, Flores, quien asumió el cargo en agosto, es señalada de facilitar la “explotación” de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de “competencia desleal” derivadas de las condiciones laborales en el país.

En el caso del mayor general Gutiérrez, el Tesoro lo identifica como responsable del directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, considerado una de las estructuras más opacas del Ejército. De acuerdo con Washington, esta instancia, junto con los servicios de seguridad, ha participado en el monitoreo de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.

El Departamento del Tesoro también indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por oficiales militares, ha sido utilizada para controlar y emplear las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero con el fin de perseguir a opositores políticos.

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Respecto al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, lo describe como un componente central de un amplio aparato de vigilancia y espionaje. Su directora general, Nahima Janett Díaz, fue sancionada en 2022, y ahora se suma a la lista la vicedirectora Celia Margarita Reyes.

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