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Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

Bukele lanza “Doctor SV”, el nuevo sistema de atención médica digital 24/7

Con el objetivo de utilizar la tecnología como herramienta para mejorar la atención médica en El Salvador, el presidente Nayib Bukele inauguró este jueves la aplicación Doctor SV, un nuevo sistema digital de salud que funcionará con asistencia de inteligencia artificial. En el evento participaron Guy Nae, director de Google Cloud para el sector público en América Latina, y Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Doctor SV es una aplicación móvil que brindará atención médica las 24 horas del día, los siete días de la semana. El sistema integra herramientas de inteligencia artificial para apoyar la precisión diagnóstica y utiliza códigos QR para agilizar la entrega de medicamentos y la realización de exámenes médicos.

“Este es el nuevo sistema de Doctor SV, donde estamos acercando la tecnología y la medicina al ciudadano. Es una forma de dar atención médica 24/7 a cualquier persona. Esta primera etapa iniciará con ciudadanos de 18 a 30 años y luego se irá expandiendo”, explicó Nae.

El representante de Google Cloud detalló que la plataforma permite realizar videollamadas entre el paciente y un médico. Tras la consulta, el usuario recibirá un código QR válido en cualquier farmacia de la red hospitalaria del país, así como para ordenar exámenes de laboratorio.

Además, la aplicación incorpora un mecanismo de retroalimentación para que el paciente evalúe el servicio recibido. Nae destacó que, a nivel mundial, los mejores médicos alcanzan una asertividad diagnóstica del 80 %, mientras que el sistema de Doctor SV supera el 90 % gracias al apoyo de la IA.

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La plataforma incluye la tecnología del asistente de inteligencia artificial Gemini, integrada con bases de datos médicas para proporcionar apoyo adicional a los profesionales de turno. El sistema se actualiza de manera constante para mantenerse al día con los avances del conocimiento médico.

Asimismo, la aplicación permitirá al usuario evaluar la atención médica, así como el servicio recibido en farmacias y laboratorios, con el fin de asegurar una mejora continua dentro del sistema.

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Centroamérica

Gobierno de Bukele ofrece asistencia técnica a Bolivia para reforma carcelaria

El Gobierno del presidente Nayib Bukele brindará apoyo a Bolivia para mejorar su sistema carcelario, según confirmó el medio boliviano El Deber, luego de la solicitud hecha por el mandatario Rodrigo Paz.

A finales del mes pasado, Paz reveló en una entrevista televisiva que sostuvo una conversación telefónica con Bukele —a quien describió como “una persona muy franca y muy directa”— para pedir asistencia técnica destinada a la construcción de un nuevo sistema penitenciario en Bolivia.

La respuesta oficial llegó a través del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien visitó recientemente Bolivia con motivo de la investidura presidencial. Durante ese viaje, Ulloa transmitió el respaldo del Gobierno salvadoreño.

“El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, manifestó que su país está listo para ‘extender la mano amiga’ al gobierno de Rodrigo Paz y Edmand Lara”, reportó El Deber en su publicación.

Bolivia se suma a otros gobiernos de la región que han mostrado interés en replicar o adaptar algunas de las medidas impulsadas por Bukele, entre ellas el régimen de excepción y el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) para combatir el crimen y recluir a pandilleros.

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“Cuando él (Rodrigo Paz) dijo que Bolivia se abría al mundo y que el mundo venía a Bolivia, estaba explicando que iniciaba una nueva época, y nosotros estamos listos para extender la mano amiga de nuestro país”, declaró Ulloa al medio boliviano.

De acuerdo con El Deber, ambos gobiernos buscan fortalecer los lazos de cooperación bilateral. “El vicepresidente salvadoreño manifestó que en la última reunión que tuvo con Paz Pereira le transmitió personalmente el mensaje de Bukele, en el cual le hizo conocer ‘cuáles son todas esas buenas intenciones, el espíritu de colaboración y esa mano amiga’ que El Salvador se encuentra extendiendo al Gobierno de Rodrigo Paz”, publicó el medio.

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Centroamérica

Chaves advierte “golpe de Estado” ante posible levantamiento de su fuero

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, deberá comparecer este viernes ante una comisión legislativa que analiza la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para retirarle la inmunidad, debido a señalamientos de intervención ilegal en el proceso político rumbo a las elecciones generales del 1 de febrero de 2026.

Este es el segundo intento de desafuero contra el mandatario. El primero, promovido por una denuncia de la Fiscalía por presunto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue desestimado en septiembre al no obtener los votos necesarios.

Según el expediente enviado por el TSE, se han agrupado 15 denuncias por beligerancia política contra Chaves. Los señalamientos indican que habría utilizado actos oficiales para atacar a líderes de oposición y favorecer su influencia en la campaña electoral. La legislación costarricense prohíbe a funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, participar en actividades político-electorales, ante la imposibilidad de reelección consecutiva.

Chaves afirmó que, si el proceso avanza, “Costa Rica estaría viviendo un golpe de Estado”, y acusó al TSE de extralimitarse en sus funciones, asegurando que el organismo está asumiendo “potestades que no le competen por la Constitución”.

La comisión legislativa, integrada por tres diputados, elaborará un informe tras la audiencia y recomendará si debe levantarse el fuero al presidente. La decisión final quedará en manos de la Asamblea Legislativa, conformada por 57 congresistas, y requerirá 38 votos para que el desafuero proceda.

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El TSE sostiene que tiene las facultades legales para sancionar actos que violen las normas de neutralidad electoral. Las posibles penas incluyen inhabilitación de dos a cuatro años para ejercer cargos públicos o incluso la destitución inmediata del mandatario.

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