Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Félix Ulloa expone en París sobre el modelo de seguridad de El Salvador
Félix Ulloa impartió una conferencia en la École de Guerre Économique, en el marco de su agenda oficial en Francia, bajo el título: «El Salvador y el restablecimiento de la seguridad nacional: un cambio que redefine los desafíos de América Latina».
Durante su ponencia, el vicepresidente explicó cómo el país logró revertir décadas de violencia a través de las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Según informó la Vicepresidencia, Ulloa subrayó que la seguridad se ha convertido en un motor para el crecimiento económico, la atracción de inversión y la mejora en la calidad de vida, posicionando a El Salvador como un referente regional en transformación institucional.
La actividad reunió a académicos, estudiantes de posgrado y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Francia, quienes analizaron el impacto de la seguridad en la estabilidad política y el desarrollo económico.
Como parte de su agenda en París, Ulloa también sostuvo una reunión con el subsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Yasushi Masaki; la directora del Centro de Desarrollo, Ragnheiður Elín Árnadóttir; y otros altos funcionarios del organismo.
En el encuentro, se destacó la mejora del clima de negocios en El Salvador, que ha favorecido la llegada de empresas internacionales como Tether y Google.
Centroamérica
Bethy Arana genera polémica por declaraciones sobre apoyo a Bukele
La analista Bethy Arana cuestionó el respaldo ciudadano al Gobierno del presidente Nayib Bukele durante su participación en el programa televisivo Encuentro TV, donde afirmó que el mandatario cuenta con el aval de un sector de la población al que calificó como “pueblo ignorante” y “fanático”.
“Tiene ahorita el aval del pueblo ignorante que les aplaude todo, del pueblo fanático que les aplaude todo”, expresó Arana en la entrevista.
Asimismo, sostuvo que quienes no respaldan la gestión del Ejecutivo son personas que, a su juicio, “ocupan la cabeza”, y señaló que no todos los salvadoreños comparten la misma postura frente al Gobierno.
Las declaraciones se dan en un contexto en el que la más reciente encuesta de CID Gallup indica que el 93 % de la población aprueba la gestión presidencial, cifra similar a la reflejada en estudios de Iudop-UCA y LPGDatos.
Durante su intervención, Arana también criticó la entrega de equipo tecnológico a estudiantes del sector público, programa impulsado por el Gobierno con el objetivo de fortalecer el proceso académico.
Centroamérica
Decretan detención provisional contra hondureño acusado de tráfico de menor en El Amatillo
El Juzgado de Paz de Pasaquina, en el departamento de La Unión, decretó instrucción formal con detención provisional contra Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, y Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37, ambos de nacionalidad hondureña, acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de un adolescente.
Zúniga Cruz, conocido en redes sociales como el “apóstol Santiago”, continuará bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada el jueves 19 de febrero.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero en la frontera terrestre de El Amatillo, tras una intervención realizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad identificado con las iniciales Y. J. G. C., quien —según el reporte policial— no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras.
La captura fue dada a conocer el 5 de febrero. Desde entonces, Zúniga Cruz ha permanecido privado de libertad en la delegación policial de La Unión, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El equipo de prensa de Centros Judiciales informó que el proceso mantiene reserva total, a solicitud de la Fiscalía, por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad.
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