Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia con efecto inmediato
El Gobierno de Honduras anunció este jueves su retiro inmediato del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia(CCJ), una decisión que, según las autoridades, permitirá ahorrar más de $720,000 anuales para destinarlos a prioridades nacionales.
La medida fue comunicada oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, que señaló que el retiro se realiza en ejercicio de la soberanía del país y conforme al derecho internacional.
El Gobierno hondureño argumentó que la CCJ operaba únicamente con dos Estados parte, situación que, a su criterio, modificó sustancialmente las condiciones originales del convenio y redujo la operatividad, representatividad y carácter multilateral del organismo regional.
La Cancillería indicó además que la decisión forma parte de la Agenda Presidencial 2026-2030, enfocada en la eficiencia institucional y el saneamiento de las finanzas públicas, mediante la reducción de gastos y la reorganización de estructuras estatales.
Centroamérica
FGR destruye más de 85 mil gramos de droga valorados en $333 mil
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), destruyó más de 85 mil gramos de droga valorados en $333,786.85, como parte de las acciones contra el narcotráfico desarrolladas en diferentes puntos del país.
De acuerdo con las autoridades, los estupefacientes fueron incautados en operativos realizados en Santa Ana, San Miguely San Salvador.
La FGR indicó que algunos de los casos corresponden a condenados que ya cumplen penas de prisión, mientras que otros imputados continúan enfrentando procesos judiciales por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Entre las sustancias destruidas se contabilizaron 83,712.07 gramos de marihuana, 13 plantas de cannabis, 1,487.51 gramos de cocaína y 25.35 gramos de metanfetamina.
Centroamérica
Fiscalía decomisa más de 20 mil medicamentos irregulares en San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con diversas instituciones gubernamentales, continúa desarrollando operativos en inmuebles de San Salvador donde han sido encontrados medicamentos de dudosa procedencia presuntamente distribuidos en tiendas y farmacias del país.
Según informó la institución fiscal, hasta el momento han sido decomisados más de 20,000 fármacos que no cuentan con registro sanitario ni con permisos legales para su comercialización y consumo en territorio salvadoreño.
Las autoridades señalaron además que algunos de los productos incautados presentaban viñetas falsificadas con nombres de reconocidos laboratorios farmacéuticos, lo que incrementa las sospechas sobre una posible red de distribución ilegal de medicamentos.
En los procedimientos participan elementos de la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y la Dirección General de Aduanas.
“Se ha determinado que estos medicamentos pudieron ser ingresados al país de manera ilícita. Se prevé que los registros continúen en los próximos días”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.
Los operativos forman parte de una investigación iniciada tras el allanamiento realizado el pasado 29 de abril en dos locales ubicados en las cercanías del mercado Central de San Salvador Centro.
En esos inmuebles, las autoridades encontraron medicamentos sin registros sanitarios y productos identificados con etiquetas presuntamente falsificadas. La investigación busca determinar el origen de los fármacos y la posible existencia de estructuras dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de medicinas.
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