Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Plan Control Territorial y régimen de excepción llevan al país a mínimos históricos de homicidios
Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido a las autoridades asestar duros golpes a las estructuras criminales, al tiempo que han contribuido a una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, estas medidas han derivado en la captura de 90,639 pandilleros y colaboradores, así como en la incautación de 5,162 armas de fuego, 11,822 vehículos y 23,917 teléfonos celulares utilizados por las estructuras delictivas. Paralelamente, los homicidios han registrado una disminución drástica en los últimos años.
En ese contexto, el experto en seguridad pública y criminólogo Ricardo Sosa proyectó que El Salvador cerrará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales, un hecho sin precedentes en los 204 años de vida republicana del país.
“El Salvador finalizará el año 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en su historia. Esto significa que, por primera ocasión, el país no registrará una cifra de tres dígitos en violencia homicida. Se trata de vidas salvadas y de evitar el luto y el dolor en las familias salvadoreñas, un resultado que muchos se resisten a reconocer como fruto del régimen de excepción y del Plan Control Territorial”, afirmó Sosa.
El especialista agregó que este enfoque orientado a la prevención y el control de la violencia también ha tenido impactos en otros ámbitos sociales. Según señaló, el país suma cuatro años sin reportes de asesinatos de estudiantes y ha logrado una reducción significativa en los niveles de deserción escolar, como consecuencia de la mejora en las condiciones de seguridad.
Centroamérica
Analistas confían en la participación electoral salvadoreña para los comicios de 2027
En un escenario marcado por cambios políticos y sociales, la conciencia electoral de la ciudadanía salvadoreña adquiere un papel determinante de cara a las elecciones generales previstas para 2027, coinciden analistas y expertos en materia electoral.
Juan Contreras, abogado y máster en Ciencias Políticas, subrayó que fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de acudir a las urnas y ejercer el voto fortalece no solo el proceso electoral, sino también la democracia del país. A su juicio, una participación activa envía además un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre la solidez de la cultura democrática en El Salvador.
Contreras señaló que existe confianza de la población en el próximo proceso electoral, que estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable de organizar la elección de presidente de la república, diputados y concejos municipales. Indicó que el país ha demostrado que las elecciones continúan siendo el mecanismo idóneo para la toma de decisiones políticas.
Asimismo, recordó que las misiones de observación electoral han destacado la transparencia de los procesos electorales salvadoreños en los últimos años. “Después de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ingresó indudablemente a un estado democrático”, afirmó el especialista.
En cuanto a la participación ciudadana, Contreras indicó que los índices de votación históricamente se han mantenido por encima del 50 % y consideró que esta tendencia podría continuar en los próximos comicios. No obstante, señaló que será clave conocer las campañas que impulse el TSE para incentivar una mayor participación.
Sobre la decisión de votar o abstenerse, el experto explicó que esta responde a factores personales, culturales o religiosos. “Generalmente, quien tiene una cultura del voto lo hace de manera constante; es decir, si una persona ha votado anteriormente, suele mantener ese comportamiento”, explicó.
Finalmente, destacó que las plataformas digitales se han consolidado como una herramienta fundamental para informar a la población sobre los procesos electorales y como una nueva forma de hacer política en los últimos años.
Centroamérica
Gobierno refuerza señalización en zonas escolares para reducir accidentes de tránsito
La señalización vial en zonas escolares es un elemento clave para proteger la vida de estudiantes, docentes y padres de familia durante los horarios de ingreso y salida de los centros educativos, al reducir riesgos y ordenar la circulación vehicular.
En ese marco, el Gobierno, a través del Fondo de Conservación Vial (Fovial), ejecuta anualmente un proyecto de señalización vial enfocado en disminuir la siniestralidad, regular el tránsito y reducir la velocidad de los vehículos en áreas de alta afluencia escolar.
Entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, el proyecto intervino 37 centros educativos ubicados en las zonas occidental, central y oriental del país, beneficiando directamente a 15,497 estudiantes. Las instituciones atendidas fueron catalogadas como de alto riesgo vial por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) y el Ministerio de Educación (Mined), en el marco de sus atribuciones dentro del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi).
Las obras incluyeron la instalación de señalización vertical, como postes con señal de escuela, paneles reflectivos y señales informativas, así como señalización horizontal, entre ellas bandas alertadoras y logarítmicas, líneas continuas y discontinuas en colores blanco y amarillo, pintura de pasos peatonales, flechas sencillas y dobles, señalización escolar sobre el pavimento y vialetas reflectivas de una y dos caras.
Además, el proyecto contempló la colocación de boyas metálicas conocidas como “sapitos”, pintura de separadores centrales, delineadores verticales flexibles, separadores de carriles de polietileno y señalización de túmulos, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en los entornos escolares.
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