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Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

Panamá y Estados Unidos inician entrenamiento conjunto para proteger el canal

Unos 50 efectivos de la Marina de Estados Unidos y unidades de seguridad de Panamá iniciaron este lunes un entrenamiento conjunto que se extenderá hasta febrero y que tiene como objetivo fortalecer la protección del canal interoceánico, informaron autoridades panameñas.

Se trata del primer adiestramiento combinado de varias jornadas programado para 2026 entre ambos países. Durante 2025, Panamá y Estados Unidos realizaron tres ejercicios conjuntos en materia de seguridad.

Según un comunicado del Ministerio de Seguridad de Panamá, el entrenamiento se desarrollará del 12 de enero al 26 de febrero de 2026 en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en las instalaciones de la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez.

En las maniobras participarán 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto con 50 infantes de la Marina estadounidense.

El programa de entrenamiento busca mejorar la preparación profesional de las fuerzas participantes y reforzar su capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales. De acuerdo con el ministerio, estas actividades forman parte de una estrategia más amplia orientada a garantizar la seguridad y protección del canal de Panamá.

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El anuncio se produce semanas después de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, diera por superada el pasado 2 de enero la crisis diplomática con Estados Unidos, originada tras declaraciones del presidente Donald Trump en 2025, cuando amenazó con “recuperar” el canal al alegar que estaba bajo control de China.

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Centroamérica

Gobierno atiende inundaciones en Ciudad Marsella y suspende permisos a constructora

Tras los reportes de inundaciones registradas durante la noche del sábado en la residencial Ciudad Marsella, en San Juan Opico, los equipos de primera respuesta del Gobierno se movilizaron de manera inmediata para verificar la situación y brindar atención a las familias afectadas.

Personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento de agua, así como para iniciar labores de limpieza en las viviendas impactadas. Estas acciones, según se informó, están a cargo de la empresa constructora responsable del proyecto habitacional.

Como parte del acompañamiento institucional, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó en la residencial para realizar inspecciones técnicas y constatar las afectaciones en las viviendas. Durante su visita, reiteró el respaldo del Gobierno a las familias perjudicadas y afirmó que se exigirán las responsabilidades correspondientes a la empresa involucrada.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria informó sobre la suspensión, a nivel nacional, de los permisos de construcción y parcelación otorgados a la empresa Salazar Romero, hasta que se garantice el cumplimiento de los procesos legales y se indemnice a las familias afectadas.

Sol añadió que, de manera preliminar, se han identificado posibles fallas en el sistema de drenaje del proyecto habitacional, situación que será confirmada mediante una inspección técnica especializada.

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Centroamérica

Bukele y Chaves refuerzan cooperación en seguridad con visita al futuro Cacco

La visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Costa Rica, prevista para la próxima semana, representa un mensaje político y simbólico de lucha frontal contra el crimen organizado, según explicó el politólogo Óscar Martínez.

El encuentro entre Bukele y su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, fue anunciado esta semana por el propio mandatario tico y contempla una agenda centrada en temas de seguridad. Entre las actividades previstas destaca una visita al sitio donde se construye el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), un proyecto inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, que Chaves recorrió durante su visita oficial al país en diciembre del año pasado.

De acuerdo con Martínez, la reunión entre ambos presidentes va más allá del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. “No solamente consiste en afianzar los lazos de fraternidad entre ambos Estados, sino que tiene un alto contenido simbólico, porque el modelo Bukele se ha convertido en un paradigma exitoso a nivel mundial en materia de seguridad ciudadana y jurídica”, señaló.

El analista, quien además es doctor en Ciencias Sociales, explicó que la visita de Bukele al Cacco permitirá al mandatario salvadoreño constatar directamente el avance del proyecto y el interés del Gobierno costarricense por replicar una estrategia de combate al crimen organizado, en un contexto marcado por el aumento de la delincuencia en Costa Rica.

Según Martínez, esta situación ha generado una creciente preocupación entre la población costarricense, lo que ha llevado al presidente Chaves a buscar referentes regionales para reforzar su política de seguridad.

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