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Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

Misión de la UE descarta fraude en elecciones de Honduras 2025 y reconoce triunfo de Asfura

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) aseguró este martes que en las elecciones generales de Honduras celebradas el 30 de noviembre de 2025 no hubo “fraude” ni “golpe electoral”, aunque el proceso se desarrolló en un contexto de alta polarización y tensiones institucionales.

“No ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que el presidente de la República es quien ganó las elecciones y eso es muy importante porque es la esencia de la vida democrática. No ha habido ningún golpe electoral”, afirmó el jefe de la misión, el eurodiputado Francisco Assis, al presentar el informe final en Tegucigalpa.

En los comicios resultó electo Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien asumió el poder el 27 de enero. Durante la campaña, su candidatura recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó duramente a la aspirante oficialista.

Retrasos y disputas institucionales

La misión europea señaló que el recuento avanzó con lentitud y registró numerosas interrupciones, lo que retrasó por varias semanas la publicación de los resultados definitivos.

“Nuestros observadores percibieron que ha habido algunos problemas, muchas dificultades, lo que pasó no se debe repetir (…), pero al final estamos en condiciones de decir que quien está gobernando es quien ganó las elecciones y quien está en la oposición es quien perdió”, subrayó Assis, quien llamó a asumir la alternancia democrática “sin dramatismos excesivos”.

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El informe advierte que el proceso ocurrió en un “clima de alta polarización y tensión política”, con disputas constantes que afectaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que evidenció la “vulnerabilidad institucional ante la parálisis y posibles injerencias políticas”.

Preocupaciones y recomendaciones

La MOE-UE expresó preocupación por la “instrumentalización política” de instituciones como la Fiscalía y por la “injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país”, aunque destacó que la jornada electoral transcurrió de forma pacífica.

Entre sus recomendaciones, instó al Parlamento hondureño a impulsar antes de las elecciones de 2029 una reforma integral del marco legal electoral y a reforzar la independencia y rendición de cuentas del CNE, “evitando injerencias partidarias y estableciendo salvaguardas que impidan su parálisis por motivos políticos”.

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Centroamérica

Maradiaga: “Ortega y Murillo enfrentan su mayor aislamiento internacional”

El dirigente opositor Félix Maradiaga aseguró este martes que la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo atraviesa su momento de mayor aislamiento internacional, debido a su apuesta por un “anti-americanismo anacrónico” y por alianzas con gobiernos que, según él, han colapsado o perdido relevancia geopolítica.

En una declaración titulada “El colapso del eje autoritario: Ortega y Murillo más aislados que nunca”, Maradiaga consideró que la caída de aliados como Irán —por eventos recientes que debilitan su influencia— y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro representan “golpes demoledores” para el eje político que la pareja ha construido en medio de lo que describió como “oportunismo ideológico”.

Maradiaga, desterrado hace tres años junto a otros 222 presos políticos hacia Estados Unidos y despojado de su nacionalidad y bienes por el gobierno nicaragüense, afirmó que la caída de esos apoyos deja al mandatario y a Murillo “sin respaldo geopolítico”.

El opositor, quien preside desde el exilio el partido Ruta del Cambio, aseguró además que las alianzas de Nicaragua con regímenes considerados enemigos de Washington “nunca trajeron desarrollo real” al país y estuvieron basadas en un profundo rechazo a Estados Unidos, en lugar de en beneficios concretos para la población.

Maradiaga también señaló que el debilitamiento de aliados como Venezuela, junto a cambios en la política internacional de países como Cuba e Irán, ha contribuido a aumentar el aislamiento diplomático de Managua y a cerrar lo que él describe como un “cerco” alrededor del régimen sandinista.

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Centroamérica

Embajada de EE. UU. en Guatemala rechaza injerencia en elección de la Corte de Constitucionalidad

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala rechazó este martes señalamientos sobre una supuesta intervención en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en medio de tensiones políticas por la designación de cargos clave.

“No toleraremos que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en las elecciones de segundo grado en Guatemala, afirmó el encargado de Negocios de la sede diplomática, John Barrett, en una publicación difundida en la cuenta oficial de X de la embajada.

El diplomático subrayó además que estos procesos “son guatemaltecos, que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos”, en respuesta a versiones que apuntaban a una supuesta inclinación de la misión estadounidense hacia determinados candidatos.

Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Bernardo Arévalo señalara en conferencia de prensa la “intención de aparentar que la Embajada de Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros”, en referencia al actual magistrado Roberto Molina Barreto y a la fiscal general Consuelo Porras, ambos señalados en casos de presunta corrupción.

Arévalo advirtió que la situación es “altamente irregular y preocupante” y sostuvo que podría afectar el estado de las relaciones bilaterales. Por ello, indicó que su gobierno inició consultas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para esclarecer el tema.

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El pronunciamiento ocurre en un momento clave del proceso de designación. Este martes, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) eligió a su magistrado titular y suplente ante la CC, mientras que el Congreso de la República de Guatemala tenía previsto realizar su respectiva selección.

En paralelo, la fiscal general Porras no logró integrar la máxima corte del país, un cargo que le habría otorgado inmunidad frente a acusaciones de corrupción por las que ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

La elección de magistrados a la CC es considerada un proceso determinante para el equilibrio institucional y el rumbo del sistema judicial guatemalteco.

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