Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.