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Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

El Salvador aplica 26,000 vacunas contra el sarampión en una semana

El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, informó este lunes que el país ha aplicado cerca de 26,000 vacunas contra el sarampión en el transcurso de una semana, como parte de la campaña nacional de inmunización.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario destacó que esta cifra refleja una alta aceptación de la población hacia la vacuna. “Esto nos dice que la aceptación ha sido importante”, afirmó.

La jornada de vacunación es impulsada por el Ministerio de Salud, que desde el pasado 10 de abril activó una campaña especial dirigida a reforzar la protección contra el sarampión, especialmente en la primera infancia.

Como parte de esta estrategia, se incorporó una dosis adicional para niños de entre 6 y 11 meses de edad, con el objetivo de inmunizarlos antes de cumplir el primer año, etapa en la que tradicionalmente se administra la primera vacuna según el esquema nacional.

Alabi recordó que el esquema regular contempla la aplicación de dosis a los 12 y 18 meses. En ese sentido, destacó que en 2025 se alcanzó una cobertura del 98.4 % en la primera dosis y del 96.6 % en la segunda, superando el umbral del 95 % recomendado para garantizar la protección colectiva.

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Centroamérica

Transportistas buscan acuerdos con el Gobierno ante alza de combustibles en El Salvador

El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, aseguró que existe apertura por parte del Gobierno de El Salvador para dialogar sobre medidas que permitan mitigar el impacto del alza en los combustibles sobre el transporte público.

El acercamiento se realiza a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, encabezado por Romeo Rodríguez, con quien los transportistas sostuvieron una reunión para plantear distintas propuestas.

Regalado explicó que el incremento actual en el precio del combustible, que ronda los $0.88 por galón, eleva significativamente los costos operativos. “Con 25 galones diarios promedio que consume una unidad, son $22 adicionales, lo que significa que necesito alrededor de $120 para operar”, detalló.

Entre las principales solicitudes del sector se encuentra el establecimiento de un precio máximo para el diésel, así como la revisión de la nivelación tarifaria, al considerar que el transporte público es uno de los pocos sectores que no ha registrado ajustes en sus tarifas en los últimos años.

“Consideramos que fijar el precio del combustible para el sector transporte aliviaría significativamente el costo operativo diario, sin eliminar la compensación. También se propuso autorizar un galonaje específico, revisar la nivelación tarifaria y aumentar la compensación”, añadió el vocero.

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Asimismo, Regalado indicó que el titular del MOPT se comprometió a cancelar el saldo pendiente correspondiente al subsidio destinado a los empresarios del transporte público.

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Centroamérica

Congresista de EE.UU. destaca “dramática transformación” en seguridad de El Salvador

Banca privada busca trabajar con el Gobierno para mejorar perfil de deuda local
El congresista republicano Chris Smith destacó la transformación en materia de seguridad de El Salvador durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos titulada “A cinco años del régimen de excepción”.

El legislador, representante por Nueva Jersey, aseguró que cualquier análisis serio sobre el país debe partir de lo que calificó como “un hecho básico e innegable”: el cambio significativo en las condiciones de seguridad bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

“Hace apenas unos años, El Salvador estaba entre los países más violentos del mundo, con pandillas que ejercían control sobre la vida diaria, extorsionaban a las familias, reclutaban niños y aterrorizaban comunidades enteras”, afirmó Smith durante su intervención.

El congresista sostuvo que ese panorama ha cambiado de forma drástica en los últimos años. “Las tasas de homicidio se han desplomado, la extorsión ha disminuido y los salvadoreños pueden realizar sus actividades diarias con un nivel de seguridad antes inimaginable. Hoy, El Salvador es una de las comunidades más seguras del mundo”, agregó.

Las declaraciones fueron emitidas en un espacio en el que participaron abogados y representantes de diversas organizaciones, entre ellas APES, Cristosal, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, quienes también expusieron sus posturas sobre la situación de derechos humanos en el país.

Durante su participación, Smith recordó sus visitas a El Salvador en años anteriores, cuando —según relató— el país enfrentaba altos niveles de violencia, y contrastó esa experiencia con la situación actual.

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