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Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

El Salvador suma 273 días sin homicidios en 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 22 y domingo 23 de noviembre no se reportaron homicidios en el territorio salvadoreño.

“Finalizamos el domingo 23 de noviembre con 0 homicidios en el país”, destacó la institución a través de su cuenta oficial en X, señalando que con estas cifras El Salvador acumula 273 días sin muertes a causa de la violencia en lo que va del año.

En el caso de noviembre, los días sin homicidios corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de este mes.

Las estadísticas también reflejan resultados sostenidos en periodos anteriores:

  • Enero: 25 días sin homicidios

  • Febrero: 26

  • Marzo: 22

  • Abril: 25

  • Mayo: 25

  • Junio: 25

  • Julio: 29

  • Agosto: 27

  • Septiembre: 23

  • Octubre: 24

Las autoridades destacan que estas cifras son parte de la reducción histórica en los índices de violencia que experimenta el país.

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Centroamérica

Al menos ocho muertos en accidente durante caravana política en Honduras

Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas este domingo luego de que un camión que transportaba simpatizantes de los partidos opositores Liberal y Nacional se volcara durante una caravana política en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.

La secretaria del Parlamento hondureño, Angélica Smith, confirmó el trágico incidente y expresó sus condolencias a las familias afectadas. “Un trágico accidente en la caravana de los partidos PNH y PLH ha dejado, hasta el momento, un saldo de 8 personas fallecidas”, publicó en la red social X.

Según información preliminar, los ocupantes del vehículo regresaban de un mitin político y se dirigían hacia la aldea San Miguel de Lajas cuando ocurrió el percance. Las autoridades no han detallado si entre las víctimas hay menores de edad.

Smith aseguró que mantiene comunicación con los alcaldes Luis Perdomo y Amable de Jesús Hernández, quienes activaron equipos de emergencia para atender a los lesionados y trasladarlos a distintos centros asistenciales.

Cuerpos de socorro y agentes de tránsito permanecen en la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte analiza si el accidente pudo haber sido provocado por exceso de velocidad o sobrecarga del camión.

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Los accidentes de tránsito continúan siendo la segunda causa de muertes violentas en Honduras, impulsados por la velocidad inadecuada, la distracción de los conductores, el consumo de alcohol y la imprudencia de peatones. Ninguna carretera del país está clasificada como de alta velocidad.

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Centroamérica

Honduras vota entre tensión política y denuncias anticipadas de fraude

Honduras se encamina a elegir a su próximo presidente el domingo 30 de noviembre, en un contexto marcado por la tensión política, denuncias anticipadas de fraude y episodios de violencia reportados por organizaciones civiles. Más de seis millones de ciudadanos están convocados a las urnas para definir el rumbo del país, mientras el mandato de la presidenta Xiomara Castro finaliza el 27 de enero.

En esta recta final, tres aspirantes concentran la mayor intención de voto: Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry Asfura, del Partido Nacional. Los dos últimos representan históricas fuerzas conservadoras del país, mientras que Moncada, abogada de profesión, propone dar continuidad al modelo de socialismo democrático promovido por Castro y el expresidente Manuel Zelaya, su esposo y actual coordinador de Libre. Nasralla, ingeniero, y Asfura, empresario, enfocan sus propuestas en la economía y la seguridad desde una línea conservadora.

La campaña electoral, que inició el 1 de septiembre, ha estado marcada por un clima crispado, ataques verbales y pocas propuestas programáticas. Los candidatos han intercambiado acusaciones de preparar fraudes, sin ofrecer a los votantes una hoja de ruta clara para enfrentar la crisis social y económica que atraviesa el país.

El proceso también ha reflejado tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por tres consejeros que han mostrado divisiones internas. Aun así, el organismo inició el jueves el traslado del material electoral hacia los 18 departamentos, bajo custodia de las Fuerzas Armadas, tal como establece la legislación hondureña.

Organizaciones como el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), registraron entre septiembre y noviembre más de 1,000 incidentes vinculados al proceso electoral, de los cuales 275 corresponden a hechos de violencia política. Aunque no todos derivaron en homicidios, incluyen amenazas, coacción, acoso y agresiones físicas o simbólicas.

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Las denuncias de fraude se han adelantado incluso antes de la votación. El exconsejero electoral Denis Gómez explicó a EFE que este proceso es inédito: “Lo nuevo es que se denuncie un fraude antes de la elección y que tanto el oficialismo como la oposición estén lanzando esas acusaciones”.

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