Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
El Salvador reporta 109 días sin homicidios en lo que va de 2026
La Policía Nacional Civil informó que el lunes 11 de mayo cerró con cero homicidios a nivel nacional, convirtiéndose en la octava jornada del mes sin muertes violentas y en la número 109 en lo que va de 2026.
De acuerdo con los datos oficiales, los ocho días sin asesinatos registrados en mayo se suman a las 27 jornadas sin homicidios en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero, acumulando así 109 días sin muertes violentas en el presente año.
Las estadísticas de la corporación policial también indican que durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han contabilizado 1,211 días sin homicidios en total. De ese periodo, 1,097 días corresponden al lapso comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 11 de mayo de 2026, bajo la implementación del régimen de excepción.
Las autoridades señalan que las medidas de seguridad han influido en la reducción de la violencia, permitiendo además que El Salvador cerrara el año 2025 como el país con menor número de homicidios en Centroamérica.
Según las cifras oficiales, en 2025 el país registró 82 asesinatos, mientras que en la región Guatemala reportó 3,022 homicidios, Honduras 2,330, Costa Rica 856 y Panamá 588 casos.
Centroamérica
EE. UU. y El Salvador fortalecen agenda de inversión en reunión entre Bukele y subsecretario Orr
El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, sostuvo una reunión con el presidente de Nayib Bukele durante su visita oficial al país, en la que se abordaron temas relacionados con inversión y cooperación económica bilateral.
La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que detalló a través de la red social X que ambos funcionarios comparten el objetivo de “explorar cómo el panorama actual de inversión en El Salvador está creando oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países”.
A su llegada al país, Orr fue recibido por la encargada de Negocios de la misión diplomática estadounidense, Naomi Fellows.
La embajada señaló además que el subsecretario encabeza una delegación integrada por representantes del sector privado y de distintas agencias del Gobierno estadounidense.
El objetivo de la visita es identificar oportunidades de inversión en áreas estratégicas como energía, infraestructura digital, transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial, en el marco del fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.
Centroamérica
Requisas revelan ingreso constante de armas, droga y celulares a cárceles de Guatemala
A pesar de las constantes requisas realizadas por las autoridades, las cárceles de Guatemala continúan siendo escenario del ingreso y posesión de artículos ilícitos por parte de pandilleros recluidos en distintos centros penitenciarios.
En los últimos dos años se han ejecutado al menos 10 operativos de requisa en diferentes penales del país, donde las autoridades han decomisado celulares, televisores, bocinas, ventiladores, cigarros, bebidas alcohólicas, armas de fuego, objetos cortopunzantes y droga.
Uno de los operativos más recientes ocurrió el pasado 26 de abril en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada en Quetzaltenango. La intervención fue desarrollada por la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala.
Durante la requisa, las autoridades encontraron teléfonos celulares y cargadores, radios de largo alcance, televisores, bocinas y ventiladores. Además, decomisaron bebidas alcohólicas, cigarros y diferentes tipos de droga, entre ellas marihuana, cocaína y crack.
Las autoridades consideran que estos hallazgos evidencian la forma en que los reclusos logran vulnerar los controles de seguridad para introducir artículos prohibidos y mantener comunicación con estructuras criminales fuera de prisión, presuntamente con apoyo de redes de corrupción.
Otro operativo similar se realizó el 11 de marzo en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, donde también fueron decomisados celulares, armas, licor, droga y equipo utilizado para generar conexión a internet.
Tras esa intervención, surgieron cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario. En dicho centro carcelario permanecen recluidos más de 3,100 privados de libertad.
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