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Centroamérica

Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino

Foto: Marvin Recinos / AFP

| Por AFP | Oscar Batres |

Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.

Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.

«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.

Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.

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«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.

«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.

A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.

«Sin mareros no pagamos extorsión»

Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.

Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.

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Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.

«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.

En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.

Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.

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«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.

«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.

Cuentas por acciones en seguridad

Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.

«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.

Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.

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«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.

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Centroamérica

Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, pierde su visa estadounidense tras criticar al gobierno de Trump

Este martes, se informó que el gobierno de Donald Trump canceló la visa estadounidense al expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien ha sido un firme crítico del actual mandatario de la Casa Blanca. Arias, quien presidió el país centroamericano en dos periodos, primero de 1986 a 1990 y luego de 2006 a 2010, expresó su sorpresa ante la medida, pero reafirmó su postura de seguir siendo un crítico del gobierno de EE. UU.

En respuesta a la cancelación, Arias dijo: «Crítique al gobierno de EE. UU., tanto al actual como al pasado», y aseguró que, a pesar de perder la visa, continuará denunciando lo que considera injusticias, especialmente en temas de migración. «La pobreza no necesita pasaporte para viajar, ni con un muro ni con un mar de por medio», agregó el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1987.

Aunque la cancelación de su visa sorprendió a Arias, recordó que lleva más de 50 años siendo un crítico del gobierno estadounidense en cuestiones relacionadas con la migración.

Arias no es el primer exmandatario centroamericano en ser privado de su visa estadounidense; sin embargo, en casos previos, los afectados generalmente estaban involucrados en procesos judiciales por corrupción en sus países. Además de Arias, el gobierno de Trump también revocó las visas de varios diputados costarricenses, incluidos Francisco Nicolás (PLN), Vanessa Castro (social cristiana), y los independientes Johanna Obando y Cynthia Córdoba, según reportes de medios locales.

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Centroamérica

Reino Unido congela activos y prohíbe la entrada a siete funcionarios guatemaltecos por socavar la democracia

El gobierno del Reino Unido anunció este miércoles que tomará medidas contra «siete actores corruptos» de Guatemala, incluido el expresidente Alejandro Giammattei, a quienes se les imponen sanciones por sus acciones que, según el Reino Unido, han socavado la democracia y el estado de derecho en ese país.

Además de Giammattei, quien fue presidente de Guatemala entre 2020 y 2024, también está incluida en la lista la fiscal general María Consuelo Porras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico explicó en un comunicado que estas sanciones son una reafirmación de su compromiso para combatir la corrupción y proteger las instituciones encargadas de exigir responsabilidad a individuos corruptos.

Según el comunicado, las sanciones incluyen prohibiciones de viaje y la congelación de activos, lo que impedirá a los sancionados ingresar al Reino Unido o mantener fondos o recursos económicos en este país.

Los otros cinco guatemaltecos sancionados son José Curruchiche y Cinthia Monterroso, quienes ocupan cargos de responsabilidad en la Fiscalía Especial contra la Impunidad; Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Melvin Quijivix, exresponsable del Instituto Nacional de Electrificación; y Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno.

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Centroamérica

El Salvador registra los niveles más bajos de homicidios en el primer trimestre de 2025

Las autoridades de El Salvador han cumplido su promesa de mejorar la seguridad, reflejándose en las cifras más bajas de crímenes contra la vida durante el primer trimestre de 2025. Con un promedio de 0.18 homicidios por día, el país ha logrado una notable disminución en comparación con años anteriores.

En los primeros tres meses de 2025, El Salvador ha registrado el promedio más bajo de homicidios. Por ejemplo, en el mismo periodo de 2024, el promedio fue de 0.27 homicidios diarios, y en 2023 fue de 0.41. Según datos de la Policía Nacional Civil, el número total de homicidios también ha disminuido: en enero de 2025 hubo seis homicidios, en 2024 fueron nueve y en 2023 fueron 11. En febrero, el país reportó tres homicidios, en 2024 fueron seis y en 2023 fueron 14. En marzo de 2025, hubo ocho homicidios, comparado con 10 en 2024 y 12 en 2023.

La reducción sostenida de homicidios en los últimos años es, según las autoridades de seguridad, el resultado de las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

Además, las autoridades han señalado que las muertes violentas ya no se deben principalmente a las pandillas, como ocurría en el pasado, sino a situaciones de intolerancia, como peleas entre personas ebrias y crímenes pasionales. En 2024, de los 114 homicidios reportados, el 70% fueron atribuibles a estos factores de intolerancia social y familiar.

La significativa disminución de homicidios ha convertido a El Salvador en un referente internacional de cambio. De una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, el país llegó a una tasa de 1.9 al final de 2024, el año más seguro en su historia.

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«Lo que por décadas fue impensable para los salvadoreños, vivir sin miedo, con paz y libertad, ahora es una realidad. Somos el país más seguro del hemisferio occidental y vamos a continuar trabajando para garantizar que dentro de nuestro territorio no haya ni un solo criminal», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

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