Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Guatemala entrega a El Salvador a pandillero de la MS-13 que huyó del régimen de excepción
En un operativo coordinado entre autoridades de seguridad de Guatemala y El Salvador, fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña un presunto integrante de la MS-13 que se había refugiado en territorio guatemalteco para evadir la justicia.
El detenido fue identificado como Brando Steven De los Reyes Morales, alias “Planton”, perfilado como “homeboy” de la estructura criminal y con órdenes de captura vigentes en El Salvador, según informaron fuentes policiales.
La entrega se realizó en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán Centro, donde agentes de la PNC procedieron a su detención y traslado hacia bartolinas policiales, a la espera de ser presentado ante los tribunales correspondientes.
De acuerdo con las autoridades, De los Reyes Morales posee antecedentes por el delito de organizaciones terroristas y una orden de captura vigente por proposición y conspiración para cometer homicidio agravado.
Asimismo, será remitido a los juzgados por el delito de agrupaciones ilícitas, por el cual podría enfrentar una condena superior a los 20 años de prisión.
Centroamérica
Capturan en Guatemala a salvadoreño reclamado por EE. UU. por narcotráfico
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó en el municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, conocido con los alias “Lucas” o “Pepe”, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según informaron las autoridades, la detención fue ejecutada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), como parte de operativos contra estructuras criminales transnacionales. La PNC calificó el procedimiento como “un nuevo golpe a redes vinculadas al narcotráfico”.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala detalló que la captura responde a una orden emitida el 4 de marzo de 2026, en atención a una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Con este caso, suman 21 las extradiciones gestionadas hacia ese país.
De acuerdo con la investigación, Escobar Rodríguez —quien posee nacionalidad salvadoreña y guatemalteca— es señalado por conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo, además de portar un arma de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Al momento de su detención, las autoridades le incautaron una pistola con 16 municiones, mientras se desplazaba en un vehículo tipo pick-up. Las investigaciones en Estados Unidos lo vinculan directamente con redes dedicadas al tráfico de drogas.
Centroamérica
Más de 100,000 elementos serán desplegados en Plan Verano 2026 por Semana Santa
A las puertas de la Semana Santa, el Gobierno de El Salvador desplegará más de 100,000 profesionales como parte del Plan Verano 2026, informó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
El operativo contempla la presencia de personal en playas, parques recreativos, carreteras, centros de salud, así como en actividades religiosas y eventos de alta concentración de personas.
“Con el objetivo de brindar atención oportuna a todas las personas, tanto salvadoreños como extranjeros, estamos lanzando este día el Plan Verano, que es un esfuerzo articulado de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil”, afirmó Amaya.
El funcionario detalló que el plan priorizará escenarios vinculados a la Semana Santa, especialmente en ciudades con alta tradición religiosa como Sonsonate, San Miguel, San Vicente y San Salvador.
En cuanto a la seguridad en destinos turísticos, se desplegarán equipos de la Unidad de Guardavidas en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos. En total, se habilitarán cerca de 180 puntos de monitoreo con 342 especialistas.
Además, se implementarán controles vehiculares para reducir la siniestralidad vial durante el periodo vacacional.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional permanecerá activo desde este viernes hasta el 6 de abril, coordinando la respuesta interinstitucional y la toma de decisiones operativas.
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