Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Asfura promete austeridad y prioriza salud, seguridad y educación al asumir el poder
Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central, asumirá este lunes la Presidencia de Honduras, tras varias semanas de tensión política marcadas por denuncias de irregularidades en el conteo de votos y presiones de sectores que impulsaron un nuevo escrutinio electoral.
Pese al clima de incertidumbre, Asfura —conocido popularmente como “Papi a la orden”— fue ratificado como ganador del proceso electoral y tomará posesión del cargo en una ceremonia austera que se celebrará en el Congreso Nacional, y no en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, como es tradición. El cambio de sede responde a la política de austeridad anunciada por el nuevo gobierno.
El mandatario electo confirmó que no habrá invitados internacionales y que únicamente asistirán diplomáticos acreditados en Honduras. “El país no está para que estemos gastando. Tenemos que trabajar con austeridad. Se hará una ceremonia sencilla y rápida en el Congreso y nos pondremos a trabajar porque el reloj ya empezó a correr”, afirmó.
Un día antes, durante la ceremonia de traspaso de mando de la Alcaldía del Distrito Central, Asfura anunció un recorte al gasto administrativo del Estado, que oscilará entre 10,000 y 15,000 millones de lempiras, equivalentes a entre 379 y 568 millones de dólares, según explicó. El objetivo, señaló, es eficientizar la gestión pública y destinar los recursos ahorrados a salud y obras públicas.
Entre sus primeras prioridades, el nuevo presidente adelantó que buscará reducir la mora quirúrgica y que enviará al Congreso una propuesta de ley para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud hondureño.
Asfura afirmó que los principales retos de su administración estarán centrados en seguridad, salud y educación, áreas que, aseguró, marcarán la hoja de ruta de su gobierno.
Centroamérica
El Salvador registra siete días consecutivos sin homicidios
El pasado lunes 26 de enero cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con esta nueva jornada, el país acumula siete días consecutivos sin muertes violentas, además de 19 días sin homicidios en lo que va del año, según los registros policiales.
Las cifras también reflejan que, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, El Salvador ha contabilizado un total de 1,124 días sin homicidios, conforme a los datos oficiales de la PNC.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas orientadas a combatir a las pandillas y reducir los índices de violencia en el país.
Centroamérica
Gabinete de Seguridad frena operaciones de redes colombianas que operaban en El Salvador
En los últimos años, el Gabinete de Seguridad Ampliado ha asestado duros golpes a diversas estructuras criminales de origen colombiano que operaban en el país, dedicadas a delitos como extorsión, estafa, lavado de dinero, fraude digital y tráfico de drogas, según informaron autoridades de seguridad.
Las investigaciones permitieron desarticular organizaciones que utilizaban distintos métodos para cometer ilícitos, afectando a cientos de víctimas a nivel nacional y regional. Entre los delitos más recurrentes figuran el tráfico de drogas, las agrupaciones ilícitas, el lavado de activos y las estafas telefónicas y digitales.
Uno de los golpes más recientes contra estas redes fue anunciado el sábado 24 de enero, cuando las autoridades revelaron la desarticulación de una estructura de estafa telefónica de carácter transnacional, que utilizaba números internacionales y operaba desde un centro penitenciario en Colombia, afectando a víctimas en El Salvador.
Modalidad “Gota a gota”
En 2024, las autoridades también lograron desbaratar una red colombiana que operaba bajo la modalidad conocida como “Gota a gota”, en la que los delincuentes simulaban ser microfinancieras para otorgar créditos exprés con intereses excesivos, los cuales posteriormente eran cobrados mediante amenazas de muerte.
Otra de las modalidades detectadas consistía en la oferta de productos y servicios financieros falsos a través de redes sociales, entre ellos teléfonos celulares, aires acondicionados y supuestos créditos bancarios a nombre de distintas instituciones financieras del país. Una vez que la víctima mostraba interés, los estafadores solicitaban el pago de una “prima” para iniciar el trámite.
Las investigaciones establecieron que, tras recibir el depósito, los delincuentes bloqueaban todo contacto con las víctimas y transferían el dinero a cuentas bancarias en Colombia. El monto total del dinero remitido por esta vía supera el millón de dólares, de acuerdo con los informes oficiales.
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