Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Costa Rica desarticula el mayor cartel local de su historia
Las autoridades de Costa Rica desarticularon este martes al cartel Caribe Sur, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del país, responsable del envío de droga hacia Estados Unidos y Europa, y considerado por las fuerzas de seguridad como la mayor estructura criminal local en la historia costarricense.
El operativo, catalogado como sin precedentes por su alcance y despliegue, involucró a unos 1,200 policías que realizaron 64 allanamientos de manera simultánea en distintas provincias del país, informó Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Este grupo captaba los alijos de droga para venderlos a otros narcotraficantes del país y además mantenía una ruta hacia Europa y Estados Unidos”, detalló el funcionario.
Los registros se efectuaron en Alajuela (2), Limón (44), Cartago (2), Puntarenas (6) y San José (10). También participaron 11 equipos caninos, al menos tres helicópteros y 17 unidades de transporte especial, según datos recopilados por el Semanario Universitario.
La investigación contra el cartel inició en 2021, luego de una masacre de ocho personas en una comunidad del Caribe. Desde entonces, se han decomisado 13.7 toneladas de cocaína y marihuana, de acuerdo con el OIJ.
La Fiscalía reportó 28 detenciones y el aseguramiento de bienes de lujo, vehículos y embarcaciones. En la investigación han colaborado autoridades de Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Uno de los líderes de la organización se encuentra preso desde 2024 en Inglaterra, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Otro de los cabecillas permanece recluido en Costa Rica, también pendiente de extradición.
Centroamérica
Guatemala avanza en planes para una nueva cárcel de máxima seguridad
El viceministro de Política de Defensa y Planificación de Guatemala, José Giovani Martínez, confirmó que ya se cuenta con los planos de la nueva cárcel anunciada por el presidente Bernardo Arévalo. El funcionario detalló que el terreno donde será construida la prisión ya fue ubicado y únicamente falta la realización de los estudios de suelo para iniciar la obra.
El proyecto estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y comenzará tan pronto como se asigne el presupuesto. La construcción está prevista para ejecutarse en un plazo de 12 meses y se planea la contratación de 577 trabajadores.
La inversión estimada es de $133 millones —sin incluir equipamiento— y la infraestructura tendrá capacidad para albergar a 2,000 reclusos considerados de alta peligrosidad. Martínez afirmó que el centro penitenciario contará con tecnología de última generación y aseguró que será “mejor que el CECOT de El Salvador”.
No obstante, el diputado José Chic insistió en que la población espera un modelo similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo salvadoreño.
El anuncio forma parte de la estrategia del Gobierno para reformar el sistema penitenciario, tras la reciente fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 en la cárcel Fraijanes 2. La nueva instalación buscará reforzar la seguridad y evitar futuras evasiones.
Centroamérica
El Salvador despliega ayuda humanitaria en zonas afectadas por el huracán Melissa en Jamaica
Los equipos salvadoreños de ayuda humanitaria ya operan en las comunidades de Frome, Falmouth, Black River y Darliston, en Jamaica, para apoyar a la población afectada por el paso del huracán Melissa.
Las autoridades salvadoreñas informaron que en Frome, distrito de Westmoreland, se han registrado daños severos: viviendas destruidas, vías bloqueadas y suspensión de servicios básicos. El contingente nacional ha comenzado labores de asistencia, evaluación de daños y coordinación logística en la zona.
«El campamento de operaciones en Frome ha sido instalado estratégicamente para funcionar como centro logístico de la misión humanitaria. Desde este punto se coordina el traslado de insumos, la evaluación de daños y la planificación de intervenciones en comunidades cercanas. Además, se articulan acciones con otros puntos de despliegue para asegurar que la asistencia llegue con rapidez y eficiencia», informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia en sus redes sociales.
Como parte de las operaciones, un equipo fue desplazado hacia Burnt Savannah, también en Westmoreland, donde apoyará a familias refugiadas en la Mount Grace Primary & Junior High School.
«Desde el campamento instalado en el centro educativo, los equipos salvadoreños acompañan las labores de asistencia y la entrega de paquetes alimentarios a las familias refugiadas. El objetivo es fortalecer la respuesta inmediata ante las necesidades más urgentes», añadió la institución.
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