Centroamérica
Honduras despliega cientos de policías al activar «estado de excepción» contra pandillas
| Por AFP | Noe Leiva |
Cientos de policías fueron desplegados este martes en Honduras al entrar en vigencia el «estado de excepción» decretado por la presidenta Xiomara Castro para enfrentar a los pandilleros, que aterrorizan las barriadas pobres de las principales ciudades.
En una ceremonia en un polvoriento campo de fútbol del barrio residencial La Alemán, en el sur de la capital, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, ordenó a 600 oficiales y agentes iniciar el despliegue hacia barrios de la ciudad controlados por estas bandas.
Esta operación «es para hacerles frente a las estructuras criminales llamadas Pandilla 18 y MS-13», en referencia a Mara Salvatrucha-13, así como a otras «estructuras del crimen organizado que se dedican a la narcoactividad», dijo el director en rueda de prensa, antes del despliegue.
20 000 policías
«Vamos de frente contra el crimen organizado», sentenció el funcionario.
Según Sánchez, en la operación participarán 20.000 policías en turnos rotatorios, incluyendo efectivos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada por el anterior presidente Juan Orlando Hernández con efectivos de batallones, que fueron enviados hacia las fronteras con Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
El pasado jueves, Castro anunció «un estado de excepción» en el marco de «una emergencia nacional» para combatir a las pandillas, ante la constante presión de la ciudadanía que reclama seguir el ejemplo del vecino El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele logró reducir la acción de estos grupos amparado en un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
La presidenta destacó que la ofensiva se enfoca sobre todo a combatir los extorsionistas, «una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios».
Especialmente los transportistas han exigido al gobierno combatir a los pandilleros al haberse aumentado las extorsiones durante el gobierno de Castro, que se inició en enero.
Un decreto aprobado por Castro anotó que «en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados (…) se resuelve: suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República».
A la Policía Nacional «se le faculta para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes» en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula entre el 6 de diciembre y el 6 de enero próximo, establece el decreto.
Control en cárceles
El director de las Fuerzas Especiales de la Policía, Miguel Pérez, dijo a la AFP que entre otras medidas contempladas en el decreto de emergencia se incluye el control de la venta de números de teléfonos móviles, porque la falta de control facilita su adquisición por extorsionistas y sicarios.
Asimismo, que el «espectro radioeléctrico en los centros penales sea totalmente bloqueado para evitar llamadas extorsivas» desde su interior.
El estado de excepción «está bien por la inseguridad. A mí me asaltaron, me pusieron una pistola en la cabeza y me quitaron el celular. Avisé a la policía y no hicieron nada», dijo a la AFP la vendedora de una tienda del barrio La Alemán, que se identificó como Victoria Ruiz, de 35 años.
Narcotraficantes y pandilleros han llevado a Honduras a registrar una tasa de cerca de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de cuatro veces del promedio mundial.
Centroamérica
Autoridades de Guatemala rescatan a 160 niños de propiedad de la secta Lev Tahor
Las autoridades de Guatemala anunciaron el rescate de 160 niños de una propiedad de la secta , grupo judío ultraortodoxo acusado de violencia sexual contra menores.
«La operación permitió rescatar a 160 menores que presuntamente fueron víctimas de abusos por parte de un miembro de la secta Lev Tahor», dijo el ministro Francisco Jiménez.
El rescate se logró tras el registro del inmueble en el municipio de Oratorio, Santa Rosa, a unos 60 kilómetros de la capital, donde la secta se estableció en 2016, añadió el ministro del Interior.
El operativo se llevó a cabo después de recibir múltiples denuncias.
Centroamérica
Nayib Bukele, el líder mejor evaluado en América Latina por segundo año consecutivo
El presidente Nayib Bukele se mantiene como el líder mundial mejor evaluado, según el último estudio de Latinobarómetro, que analiza la opinión pública en 18 países de América Latina. Por segundo año consecutivo, Bukele encabeza la lista de líderes más valorados, con una calificación general de 7.7.
El estudio revela que el mandatario salvadoreño obtiene calificaciones superiores a 6.1 en la mayoría de los países de la región, destacando especialmente en Honduras, donde su evaluación llega a 9.1, la más alta en América Latina. Otras calificaciones sobresalientes se registran en Panamá (8.8), Paraguay y Guatemala (8.6), y Ecuador y Costa Rica (8.5). En su país natal, El Salvador, recibe una nota de 8.2.
Sin embargo, la popularidad de Bukele varía significativamente entre los países, obteniendo las calificaciones más bajas en Brasil (4.2), seguido de Uruguay (6.1), Chile (6.3), México y Argentina (6.5), y Colombia (7.2).
Centroamérica
Endurecen penas por conducción peligrosa en El Salvador
La Asamblea Legislativa aprobó reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal para endurecer las sanciones contra el delito de conducción peligrosa, en una iniciativa impulsada por la Presidencia de la República para garantizar la seguridad de los salvadoreños frente a conductores irresponsables.
La nueva normativa establece cero tolerancia al consumo de alcohol y estupefacientes al conducir, prohíbe manejar bajo cualquier grado de influencia de estas sustancias y aumenta las penas de cárcel asociadas a tragedias viales causadas por esta conducta.
En la reforma al artículo 147-E del Código Penal, las penas para percances con vehículos automotores livianos aumentan de 1-3 años a 2-5 años de prisión. En accidentes con transporte público o pesado, las sanciones se incrementan de 5-10 años.
Además, si las tragedias implican homicidio culposo o lesiones graves, las penas alcanzan un máximo de 10 años para accidentes con vehículos livianos y hasta 15 años para transporte colectivo o de carga.
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