Centroamérica
Justicia de Guatemala falla sobre expresidente preso por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderon |
Un tribunal de Guatemala debe dictar este miércoles la sentencia del juicio contra el expresidente Otto Pérez, un general retirado que llegó al poder en 2012 con la promesa de acabar con la corrupción y renunció tres años después por un fraude en las aduanas.
El Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, presidido por la jueza Irma Jeannette Valdés, será el encargado de emitir el fallo condenatorio o absolutorio.
Pérez renunció al cargo y fue encarcelado en setiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El tribunal fallará también sobre su vicepresidenta Roxana Baldettil, quien renunció en abril de ese mismo año por el escándalo de corrupción.
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafias han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
Un parteaguas
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios y que inició hace unos once meses, rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una eventual condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
Cux y Martínez coinciden que la absolución de Pérez no provocará grandes protestas debido al temor de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad.
El expresidente ha reiterado su inocencia y asegura que su caso fue un golpe de Estado «blando» fraguado por la CICIG y los anteriores operadores de justicia, como Sandoval y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018), también exiliada en Estados Unidos.
«Los casos de la CICIG fueron armados con un propósito ideológico-político y por supuesto adueñarse del poder en Guatemala», afirmó.
Por último, calificó como «una violación, una aberración en Guatemala y cualquier parte del mundo» los siete años y tres meses que llevan detenidos en prisión provisional.
Centroamérica
Bukele defiende medidas de seguridad y cuestiona a organizaciones de derechos humanos
El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que la prioridad de su Gobierno es garantizar los derechos de las personas honradas, y no los de los criminales que, según señaló, son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que afirman trabajar en favor de los derechos humanos.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario citó declaraciones brindadas previamente a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado sobre las críticas de algunas entidades y medios de comunicación a las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.
«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», expresó Bukele.
Debate sobre derechos humanos
En el video adjunto a la publicación, el jefe de Estado señaló que los criminales poseen derechos humanos, pero cuestionó que algunas organizaciones prioricen su defensa frente a las víctimas de la violencia que afectó al país durante décadas.
Las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno, agregó, cuentan con el respaldo del 96 % de la población, según ha señalado el mandatario en diferentes ocasiones al referirse a los resultados obtenidos en la reducción de la criminalidad.
Ulloa habla de delitos de lesa humanidad
Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recordó que los actos cometidos por grupos terroristas pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad.
Ulloa sostuvo que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 puede calificarse como un genocidio, periodo en el que —según indicó— fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños.
El vicepresidente señaló que estos delitos no prescriben, por lo que deberían ser investigados y juzgados, y cuestionó que organizaciones de derechos humanos no hayan impulsado denuncias al respecto.
Asimismo, planteó si organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas deberían investigar estos hechos de oficio.
Centroamérica
Alcaldesa de Ibagué busca conocer modelo de seguridad aplicado en El Salvador
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó su interés en conocer de cerca la estrategia de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
«Nos interesa, especialmente, conocer de cerca el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele que hoy es referente internacional, para seguir fortaleciendo la tranquilidad de nuestra gente», publicó la funcionaria en su cuenta de Instagram.
Reunión con diplomáticos salvadoreños
Las declaraciones de Aranda se producen luego de una reunión oficial que sostuvo con representantes de la Embajada de El Salvador en Colombia, con el objetivo de impulsar alianzas institucionales y mecanismos de cooperación.
Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de promover el hermanamiento de ciudades, específicamente entre Ibagué y las ciudades salvadoreñas de San Vicente y Santa Tecla.
Intercambio de estrategias
En declaraciones a medios colombianos como El Olfato, la alcaldesa explicó que la iniciativa también busca explorar estrategias que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del departamento de Tolima.
La funcionaria señaló que estas acciones se desarrollan en el marco de posibles acuerdos de cooperación entre ciudades, con el fin de intercambiar experiencias en temas de seguridad y gestión municipal.
Centroamérica
FGR y PNC golpean estructura que traficaba marihuana, cocaína y cristal
La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, desarticuló este viernes una estructura de narcotráfico que introducía drogas desde Guatemala hacia El Salvador.
Durante el operativo, las autoridades capturaron a cinco personas identificadas como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica del Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.
De acuerdo con la Fiscalía, los miembros de la organización criminal introducían marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal) al territorio salvadoreño.
Movilizaban droga por tierra y mar
Las investigaciones determinaron que la droga era trasladada mediante lanchas y vehículos, para luego ser distribuida en distintos sectores del occidente del país, principalmente en los municipios de San Francisco Menéndez, así como en zonas de Ahuachapán y Sonsonate.
Según la FGR, esta red operaba como parte de una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en la región.
Delitos que enfrentarán
Los cinco detenidos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas, informaron las autoridades.
Las capturas forman parte de las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad para combatir las redes de narcotráfico que operan en el país.
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