Centroamérica
Justicia de Guatemala falla sobre expresidente preso por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderon |
Un tribunal de Guatemala debe dictar este miércoles la sentencia del juicio contra el expresidente Otto Pérez, un general retirado que llegó al poder en 2012 con la promesa de acabar con la corrupción y renunció tres años después por un fraude en las aduanas.
El Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, presidido por la jueza Irma Jeannette Valdés, será el encargado de emitir el fallo condenatorio o absolutorio.
Pérez renunció al cargo y fue encarcelado en setiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El tribunal fallará también sobre su vicepresidenta Roxana Baldettil, quien renunció en abril de ese mismo año por el escándalo de corrupción.
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafias han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
Un parteaguas
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios y que inició hace unos once meses, rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una eventual condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
Cux y Martínez coinciden que la absolución de Pérez no provocará grandes protestas debido al temor de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad.
El expresidente ha reiterado su inocencia y asegura que su caso fue un golpe de Estado «blando» fraguado por la CICIG y los anteriores operadores de justicia, como Sandoval y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018), también exiliada en Estados Unidos.
«Los casos de la CICIG fueron armados con un propósito ideológico-político y por supuesto adueñarse del poder en Guatemala», afirmó.
Por último, calificó como «una violación, una aberración en Guatemala y cualquier parte del mundo» los siete años y tres meses que llevan detenidos en prisión provisional.
Centroamérica
Guatemala despliega el Operativo Centinela para recuperar control del penal Renovación 1
Desde tempranas horas de este martes, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, con apoyo del Ejército y del Sistema Penitenciario, ejecutan el Operativo Centinela con el objetivo de retomar el control del centro penitenciario Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla, informó el Ministerio de Gobernación mediante transmisiones en vivo desde su cuenta oficial en X.
Las fuerzas de seguridad desarrollan requisas simultáneas en la Cárcel de Máxima Seguridad para Varones Renovación 1, como parte de una estrategia para reducir la incidencia criminal, prevenir delitos y frenar el ingreso y traslado de objetos ilícitos dentro y en los alrededores del penal, detalló la cartera de Gobernación.
De acuerdo con información publicada por el medio guatemalteco Prensa Libre, el operativo responde a investigaciones que señalan que estructuras de pandillas ejercen control sobre comercios y terrenos cercanos al centro penitenciario, los cuales serían utilizados como puntos de vigilancia y para ocultar drogas, armas y otros objetos ilegales.
“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, afirmó el Sistema Penitenciario, citado por el medio local.
Durante el despliegue, las autoridades realizaron un acto protocolario para dar inicio formal al Operativo Centinela, encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos; la gobernadora departamental de Escuintla, Vivian Mayorga; el director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo; y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, entre otros funcionarios.
“Este operativo se formula para proteger a la población, tomar el control del territorio y devolvérselo al pueblo digno. No venimos a improvisar, venimos a ejecutar; no venimos a ver qué pasa, venimos a tomar el control”, afirmó el ministro Villeda, quien subrayó que el objetivo es recuperar el orden, la seguridad y la gobernabilidad en zonas afectadas por la presencia de maras.
El operativo se desarrolla en un contexto de reciente incremento de hechos violentos en Escuintla, entre ellos el asesinato de una joven madre y su bebé, ocurrido en una zona rural del departamento, hecho que conmocionó a la población.
Centroamérica
OEA y BID destacan avances de El Salvador en legislación y estrategia de ciberseguridad
El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).
De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.
El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.
Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.
El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.
En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.
Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.
Centroamérica
El Salvador cierra 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia
El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.
De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.
“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.
Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.
El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.
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