Centroamérica
Justicia de Guatemala falla sobre expresidente preso por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderon |
Un tribunal de Guatemala debe dictar este miércoles la sentencia del juicio contra el expresidente Otto Pérez, un general retirado que llegó al poder en 2012 con la promesa de acabar con la corrupción y renunció tres años después por un fraude en las aduanas.
El Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, presidido por la jueza Irma Jeannette Valdés, será el encargado de emitir el fallo condenatorio o absolutorio.
Pérez renunció al cargo y fue encarcelado en setiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El tribunal fallará también sobre su vicepresidenta Roxana Baldettil, quien renunció en abril de ese mismo año por el escándalo de corrupción.
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafias han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
Un parteaguas
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios y que inició hace unos once meses, rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una eventual condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
Cux y Martínez coinciden que la absolución de Pérez no provocará grandes protestas debido al temor de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad.
El expresidente ha reiterado su inocencia y asegura que su caso fue un golpe de Estado «blando» fraguado por la CICIG y los anteriores operadores de justicia, como Sandoval y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018), también exiliada en Estados Unidos.
«Los casos de la CICIG fueron armados con un propósito ideológico-político y por supuesto adueñarse del poder en Guatemala», afirmó.
Por último, calificó como «una violación, una aberración en Guatemala y cualquier parte del mundo» los siete años y tres meses que llevan detenidos en prisión provisional.
Centroamérica
Homicidios bajan 50 % y extorsiones 32 % durante el estado de sitio en Guatemala
Las autoridades guatemaltecas informaron este miércoles que los homicidios se redujeron en un 50 % y las extorsiones en un 32 % desde la entrada en vigor del estado de sitio decretado el pasado 18 de enero, tras un ataque atribuido a pandilleros que dejó 11 policías muertos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó en conferencia de prensa que, en comparación con el mismo período del año anterior, la estrategia de seguridad aplicada bajo la medida de excepción, vigente hasta el 18 de febrero, refleja una mejora en la situación del país.
Según el funcionario, desde el inicio del régimen especial se contabilizan 95 homicidios menos, mientras que las denuncias de extorsión vinculadas a pandillas han disminuido en casi un tercio. En ese mismo lapso, las fuerzas de seguridad ejecutaron 3,548 operativos que derivaron en cerca de 3,000 capturas.
Villeda detalló que entre los detenidos hay 78 presuntos pandilleros —catalogados como terroristas por el Estado guatemalteco—, 100 personas acusadas de extorsión y seis individuos requeridos en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También reportó la desactivación de 15 cámaras de videovigilancia que, según las autoridades, eran operadas clandestinamente por estructuras criminales en un sector popular de la capital.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el estado de sitio permitió interrumpir las comunicaciones entre los reclusos y sus colaboradores en el exterior, lo que calificó como un paso clave para desarticular redes de alta peligrosidad.
“El éxito se demuestra en operativos ejecutados de manera quirúrgica para no interferir con la normalidad de los ciudadanos”, sostuvo el mandatario.
El Gobierno decretó la medida excepcional luego de la crisis provocada por motines simultáneos en tres cárceles del país, encabezados por integrantes del Barrio 18 el 17 de enero. Los disturbios derivaron, al día siguiente, en ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, que dejaron 11 agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, en represalia por las acciones estatales para retomar el control de los penales.
Centroamérica
Honduras lamenta decisión de EE. UU. de cancelar el TPS para sus ciudadanos
El gobierno de Honduras expresó este lunes su pesar ante la decisión de la administración del presidente Donald Trump de mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que residen en Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional afirmó que los beneficiarios del programa «han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley» y que su permanencia dentro del sistema constituye «una prueba irrefutable de conducta intachable».
«Lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal», reiteró la cancillería.
Más temprano, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de retirar el beneficio del TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal que viven en ese país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la resolución como «una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos». Añadió que el TPS fue concebido, como su nombre lo indica, para ser temporal, pero sostuvo que «administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas».
La administración estadounidense argumentó que Honduras ya no cumple las condiciones que justificaban mantener la designación del TPS.
Centroamérica
Fuerzas de seguridad retiran cámaras presuntamente instaladas por el Barrio 18 en la zona 18
Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), junto a agentes de la Comisaría 12, la Policía Municipal y miembros de las Fuerzas Armadas, desinstalaron cámaras de videovigilancia colocadas en postes de distintas colonias de la zona 18 de la capital guatemalteca.
El operativo se desarrolló este lunes tras una denuncia ciudadana recibida en el centro de llamadas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los puntos intervenidos figuran la 31 avenida y 9ª calle de la colonia Paraíso II, así como la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, sectores que, según las autoridades, son dominados por la organización Barrio 18.
De acuerdo con la PNC, se presume que estos dispositivos eran utilizados por integrantes de la pandilla para vigilar a los habitantes y, dependiendo de sus intereses, convertirlos posteriormente en víctimas.
Hasta las 18:00 horas del lunes, las autoridades reportaban nueve cámaras incautadas: una en la colonia Paraíso II y ocho más en San Rafael II.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha intensificado las acciones contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 desde la instauración del estado de sitio el pasado 18 de enero. La medida fue adoptada tras la ofensiva de estos grupos, que incluyó la toma de tres prisiones y el asesinato de diez agentes policiales, en protesta por la recuperación del control penitenciario y la negativa a otorgarles concesiones especiales dentro de los centros penales.
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