| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |

El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral» y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.

Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, bajo detención policial por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el parlamento.

Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció el miércoles que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.

Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.

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La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa de Estado y dijo que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.

Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, anunció que «hay una comisión de un hecho en flagrancia» y que Castillo «está en calidad de detenido».

Una fuente de la fiscalía dijo a la AFP que Castillo es investigado por el delito de «rebelión».

El presidente caído fue trasladado a una base policial en el este de Lima desde la Prefectura donde permanecía detenido. En ese lugar cumple su condena a prisión el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En simultáneo, la fiscalía ingresó la noche del miércoles a la sede de palacio de gobierno y ministerios para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción.

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«¡No era presidente; era un delincuente!», gritaban opositores frente a la sede policial.

Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.

La salida del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.

Tras su destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó rápidamente a Castillo de «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.

Autogolpe

Tras el mensaje de Castillo a la nación, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.

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«Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional», dijo Boluarte en Twitter.

«Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico», dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional».

Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es «un autogolpe».  

«El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe», dijo a la AFP.

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Varios cientos de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron frente al Parlamento.

«Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte», dijo a la AFP Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.

«No puede disolver el Congreso, lo ha cerrado sin ningún motivo, se va a ir a la cárcel. Lo siento por él y su familia», señaló la comerciante Roxana Torres, de 48 años.

«Que la vicepresidenta Boluarte trabaje bien, que se rodee de gente que la asesore bien», pidió por su lado Ricardo Palomino, un ingeniero en sistemas de 50 años que calificó de «totalmente inaceptable e inconstitucional» lo ocurrido.

Pero Sissy, una obrera municipal de 50 años que no quiso dar su apellido, pidió «respetar el voto del pueblo». 

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«Desde que entró el presidente lo han humillado, no han aceptado a un presidente de provincias, el pueblo no es Lima, es todo el Perú, por eso no vamos a permitir» que saquen a Castillo, exclamó indignada.

Ola de renuncias

Después de que Castillo anunciara que disolvería el Congreso varios ministros y funcionarios de organismos internacionales presentaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.

El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a «la ruptura (…) del orden constitucional».

«A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores», dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

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Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.