| Por AFP | Carlos Mandujano y Ernesto Tovar |

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, negocia el viernes la formación de un nuevo gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista, pero el descontento crece en las calles, donde seguidores del exmandatario exigieron su liberación y la convocatoria a elecciones.

Dos días después del fracaso de su tentativa de golpe de Estado, el expresidente izquierdista comparte centro de reclusión con el exmandatario Alberto Fujimori en la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima. 

La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar en su contra.

En las calles, en tanto, las manifestaciones crecen y atizan la incertidumbre sobre la posibilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir el miércoles.

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En Lima, una protesta de cerca de un millar de personas marchó el jueves hacia el Parlamento, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos y donde se produjo la detención de al menos tres manifestantes, constató la AFP.   

Manifestantes bloquearon el jueves la carretera Panamericana Sur utilizando piedras, troncos y quemando neumáticos en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso.

En Ica, a unos 300 km de Lima, varias decenas de manifestantes paralizaron el transporte de pasajeros y vehículos de carga, según un reporte del canal Latina. En Arequipa, a 1.000 km al sur de Lima, también se produjeron bloqueos en la Panamericana sur.

Movilizaciones callejeras también se reportaron en otros puntos del interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado «a toda la ciudadanía a la tranquilidad y la responsabilidad». «El uso de medios violentos durante las movilizaciones de protesta están prohibidos», indicó en un mensaje en Twitter.

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Las miradas están puestas también este viernes en una ceremonia del ejército peruano por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló el fin de la dominación colonial de España en América Latina. 

Boluarte debe asistir al evento y pronunciar un discurso ante los militares, que jugaron un rol clave en la caída de Castillo al no respaldar el régimen de excepción que propuso.

Castillo intentó disolver el legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por las Fuerzas Armadas y el Congreso.

«No lo han dejado trabajar»

Miles de manifestantes exigieron el jueves la renuncia de la flamante presidenta, la primera mujer en dirigir a Perú y a quien algunos izquierdistas tildan de «traidora» por haber asumido el cargo. 

«Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo. Desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar», dijo a la AFP Mery Colque, una manifestante en Lima.

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«Vivimos en un golpe de Estado decretado por el Congreso golpista. No puede ser que un grupito de 100 personas saque a un presidente elegido por millones», cuestionó Ana Zevallos, otra simpatizante de Castillos que participó en la protesta.

Rebelión

Castillo, un maestro rural de 53 años lejano a las élites peruanas, lució abrumado y con el rostro desencajado en una audiencia judicial celebrada el jueves. Vestía la misma casaca azul que llevaba cuando fue detenido.  

Visiblemente nervioso, declinó hacer uso de su derecho a defensa para replicar las imputaciones, y cedió la palabra a sus abogados.

«Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión» porque este no se concretó, alegó su defensa.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 10 y 20 años de prisión.

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Tras anunciar la disolución de los poderes y declarar el estado de excepción el miércoles, Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México en Lima a solicitar asilo político.

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, su férreo defensor, dijo que realiza consultas con el nuevo gobierno peruano para otorgarle el asilo, informó el canciller Marcelo Ebrard.

Durante la seguidilla de eventos que desembocaron en su destitución, Estados Unidos y otros países de la región, así como España, condenaron su intento de romper el orden constitucional y llamaron a respetar el Estado de derecho en Perú.

Pero López Obrador, el venezolano Nicolás Maduro y el colombiano Gustavo Petro responsabilizaron a las élites peruanas de arrinconar a Castillo desde su llegada al poder.

Presidenta sin gobierno

En su primer día como presidencia, Boluarte, una abogada de 60 años, recibió a líderes de las bancadas derechistas en el Congreso en busca de un consenso para formar un nuevo gobierno. 

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Perú lleva dos días sin gabinete ministerial dado que todos los ministros de Castillo renunciaron en cascada en rechazo a lo que consideraron un autogolpe.

Aunque inicialmente dijo que pensaba gobernar hasta completar el mandato en julio de 2026, el jueves se mostró más cauta y no descartó del todo la posibilidad de llamar a elecciones generales en medio de la incertidumbre sobre el porvenir del país.

«Hay algunas voces que indican adelanto de elecciones, creo que la asunción a la presidencia es para reorientar lo que sucede en el país. Más adelante, en coordinaciones con otras organizaciones, estaremos viendo alternativas de (cómo) mejor reorientar los destinos del país», dijo a la prensa al ser consultada sobre si evalúa convocar elecciones a corto plazo.